Farah Ochoa Infante

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Farah Ochoa Infante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita se deje disponible para su consulta electrónica el expediente en que se actúa; sin embargo, como de la constancia secretarial que antecede, en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, se comisionó a la Analista Jurídico (SISE), para que dejara disponible el expediente en que se actúa con el diverso... del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, para el efecto de la vinculación relativa; no obstante ello, se comisiona a dicha analista, a fin de que corrobore dicha información. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia esta ciudad; atento a su contenido y como lo solicita se comisiona a la Analista Jurídico (SISE), para que ponga disponible el expediente en que se actúa con el diverso III-220/2023-DSS de su índice, para el efecto de la vinculación relativa. Notifíquese.

  3. Principal

    Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de veintinueve de noviembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha, se haya recibido recurso alguno o manifestación ante este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la superioridad; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, mientras que el original de dicha incidencia es susceptible de depuración, pues se sobreseyó en el presente juicio y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso (a, 20, fracción II, inciso a), y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que obren en autos el disco óptico relativo a la causa penal ..., que el Juez responsable, adjuntó a su informe justificado, se ordena devolverlo, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, que la resolución de veintinueve de noviembre pasado, pronunciada dentro del juicio de amparo en que se actúa, no se encuentra listada ni publicada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se ordena la publicación del mismo en esta data y se comisiona a la Actuaria adscrita, para que lleve a cabo la notificación personal a las partes de la resolución en cita, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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