FANNY SALAS OCAMPO y Otros.

Expediente 1376/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1376/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
22/11/2017

Partes del expediente

  • FANNY SALAS OCAMPO y Otros.
  • GERARDO SALCEDO ENRIQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso pudieran perjudicarle las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y seis minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, da inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo 1376/2017, promovido por Fanny Salas Ocampo, Gerardo Salcedo Enríquez y Edith Gutiérrez Muñoz, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. A Continuación la secretaria procede a efectuar relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia: escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 206494, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales a que haya lugar; además, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia constitucional. Acto continuo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que como anexo remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, misma que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento, mismo que se encuentra agregado debidamente en autos, y de ser necesario será tomado en cuenta al momento de resolver el presente juicio. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. Doy fe. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo 1376/2017, promovido por Fanny Salas Ocampo, Gerardo Salcedo Enríquez y Edith Gutiérrez Muñoz, por su propio derecho, por violación a los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y: R E S U L T A N D O Único. Por escrito recibido el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; Fanny Salas Ocampo, Gerardo Salcedo Enríquez y Edith Gutiérrez Muñoz, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra los actos que atribuyó a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, y los actos que hizo consistir en: "ACTO IMPUGNADO: Lo constituye la omisión por parte de la responsable de desahogar el procedimiento cumpliendo con los plazos y términos de la Ley Federal del Trabajo, en especial emitir la resolución incidental de competencia que se reservó acordar en la audiencia de catorce de enero de dos mil dieciséis. En acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda promovida, en este juicio, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; además, en el citado proveído igualmente, se hizo del conocimiento de las partes que, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sentencia se testaran los datos reservados o clasificadas, indicándose dichos datos de manera genérica. En este contexto, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que ahora se emite, en los términos siguientes; C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, por lo que debe analizarse íntegramente el escrito de demanda a fin de atender lo que quiso decir el quejoso y no únicamente lo que en apariencia dijo, ello a fin de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 192097, que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de una interpretación íntegra de la demanda de amparo así como de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: 1. La omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución incidental de competencia que se reservó acordar en la audiencia de catorce de enero de dos mil dieciséis. Tercero. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el órgano jurisdiccional que conozca del mismo debe analizar, en primer lugar, la certeza o inexistencia de los actos reclamados y solo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular. Lo anterior es así, ya que de no ser ciertos los actos combatidos sería innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia; es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo expuesto en el párrafo que antecede la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 212775, cuyo rubro y texto establecen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En este contexto, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado negó expresamente la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiere desvirtuado dicha negativa, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Al respecto se invoca la jurisprudencia 284, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En efecto, Fanny Salas Ocampo, Gerardo Salcedo Enríquez y Edith Gutiérrez Muñoz, reclamaron La omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución incidental de competencia que se reservó acordar en la audiencia de catorce de enero de dos mil dieciséis; acto que no existe, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, la responsable procedió a dictar la interlocutoria en la que incluso, consideró que carecía de competencia para conocer del asunto que le planteó la parte actor en la contienda laboral de origen, ordenando remitir el expediente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, adjuntando asimismo el oficio número 1012/16, de catorce de noviembre del año anterior, con el que, aduce la autoridad, remitió el indicado expediente a la autoridad considerada competente, documentos que se pusieron a la vista de los quejosos, en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, sin que al efecto hicieran manifestación alguna. Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las copias certificadas y remitidas por el tribunal laboral, tienen pleno valor probatorio. En ese contexto, como se adelantó, no existe el acto reclamado por la quejosa consistente en La omisión de la autoridad responsable de emitir la resolución incidental de competencia que se reservó acordar en la audiencia de catorce de enero de dos mil dieciséis, debido a que la interlocutoria se dictó el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en tanto que la demanda de amparo se presentó el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo en que se actúa. En atención al sentido del fallo, no es dable el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto que se analiza. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fanny Salas Ocampo, Gerardo Salcedo Enríquez y Edith Gutiérrez Muñoz, contra los actos y autoridades señaladas en la presente resolución, en términos del considerando tercero de la misma. Segundo. Por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez Jorge Carenzo Rivas, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil diecisiete. Glósese la intervención ministerial número MPF/415/2017, suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva. Por cuanto a su petición en el sentido de que le sean proporcionadas copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, deberá promover lo relativo en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede, de donde se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se encontraba señalada para el día veintiuno de septiembre del año en curso, mismo que resulta inhábil de conformidad con los avisos de veintidós y veinticuatro septiembre del año en curso, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, en los que dado los acontecimientos del sismo de esa fecha, se decidió declarar inhábiles el día miércoles veinte, jueves veintiuno, viernes veintidós y lunes veinticinco de septiembre del año en curso; en consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

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