Fanny Liliam Domínguez Cortes
Expediente 1103/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Fanny Liliam Domínguez Cortes
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno (acuerdo 1), en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, tres de diciembre de dos mil veintiuno. SE REMITE QUEJA De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 101 de la Ley de Amparo para que las partes señalaran las constancias que consideraran pertinentes para remitir el recurso de queja interpuesto por el quejoso contra los proveídos de doce y dieciséis de noviembre del presente año, sin que lo hayan hecho. En ese sentido, tomando en consideración que las partes se encuentran debidamente notificadas del medio de impugnación interpuesto, como está ordenado en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, remítase el original del escrito de expresión de agravios, con testimonio de las constancias que integran el presente cuaderno de antecedentes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Boca del Río, Veracruz, para la sustanciación del aludido medio de impugnación, solicitando previamente el turno respectivo acorde con lo ordenado en auto de veinticinco de noviembre pasado. INFORMA MEDIDAS Por otra parte, visto el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En atención a su contenido, se tiene a la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, autoridad vinculada, atendiendo al requerimiento realizado por auto de veinticinco de noviembre del año actual y al efecto remite copia de la respuesta que recibió a su oficio*****, obtenida a través del diverso ****de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, a través del cual la Presidenta de la Mesa Directiva del citado Congreso le hace del conocimiento a la ocursante que le fue turnado dicho comunicado, a efecto que se ponga en conocimiento y a consideración de la Junta de Coordinación Política para que sea esta quien, conforme a sus atribuciones, acuerde legislativamente lo que corresponda. También, informa las etapas de las que constan los procesos legislativos que se realizan en dicho órgano del Estado, especificando cual es el objeto de cada una de ellas, reiterando que dichos procesos requieren un tiempo mayor al plazo de tres días que se le otorga para el cumplimiento, porque se requiere poner en marcha el ejercicio deliberativo a cargo de sus representados para atender el requerimiento. Indica que de ser el caso -así lo refiere-, que fuera requerido un procedimiento legislativo para dar cumplimiento al fallo protector, sería necesario turnar el asunto al órgano legislativo competente para el análisis correspondiente. Además, aduce que el presente asunto no se trata de un asunto urgente o que implique notorio perjuicio porque considera, en primer lugar, que el acto reclamado por el quejoso deriva de una manifestación verbal realizada por el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia como autoridad responsable, mientras que las circunstancias por las cuales se le ordena el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dice no fueron materia de estudio en el presente juicio; en segundo término, porque aduce que se inadvierte la posibilidad de un notorio perjuicio, porque las funciones jurisdiccionales que en su momento realizaba el quejoso son desarrolladas por diversa magistrada, por lo cual estima "no le depara perjuicio alguno" y en cambio sí permite al ente legislativo, como representante de la ciudadanía veracruzana, cumplir a cabalidad con la encomienda de los ciudadanos respetando las Leyes que rigen su actuar. Asimismo, solicita una prórroga razonable para que de ser el caso (así lo manifiesta), poder cumplir con la ejecutoria de amparo. En atención a lo que expone, se le contesta lo siguiente: Por cuanto a que los procesos legislativos conllevan ciertas etapas que requieren cierto tiempo cada una de ellas, este Juzgado no desconoce que así sea, conforme a las Leyes que rigen a la autoridad que nos ocupa; sin embargo, en el caso la autoridad vinculada a través de los diversos oficios que ha presentado para atender los requerimientos que se le realizan, SE HA LIMITADO A REITERAR LA MISMA SITUACIÓN relativa a que los procesos conllevan sus etapas, pero NO HA ACREDITADO ALGUNA MEDIDA QUE PERMITA EVIDENCIAR que por cuanto al proceso específico que se requiere para que dé cumplimiento al fallo protector, haya iniciado alguna de las etapas respectivas. Máxime que de las propias manifestaciones que vierte en el oficio que se provee se advierte que no tiene claridad sobre el proceso que dice debe llevarse a cabo, toda vez que en la foja seis de su oficio expone: "Por tal motivo y, de ser el caso, fuera requerido un procedimiento legislativo para dar cumplimiento al fallo protector, sería necesario turnar el asunto al órgano legislativo competente para el análisis correspondiente"; aunado a que de la copia del oficio PRES/1790/21 que adjunta para acreditar las medidas que dice a adoptado, se advierte también que en el mismo se expresa: "(.) Por lo que hace al oficio DA/LXV/025/2021 fue turnado a la Secretaría General de este H. Congreso con el número de oficio PRES/1749/21 con fecha veintidós de noviembre de 2021, a efecto de que por su conducto se ponga en conocimiento y a consideración de la Junta de Coordinación Política, para que la misma -conforme a sus atribuciones- acuerde legislativamente lo que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria que nos ocupa (.)". De lo que se sigue que la autoridad vinculada aún no tiene definido el procedimiento que se va a seguir, por lo cual no resulta viable otorgarle la prórroga que solicita, hasta en tanto acredite que se ha iniciado el procedimiento conforme al cual se dará cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio. En cuanto sus manifestaciones en el sentido que el presente asunto no se trata de un asunto urgente o que implique notorio perjuicio por los motivos que expone, debe decirse que el derecho del quejoso a permanecer en el cargo de magistrado por el tiempo que contempla el nombramiento expedido a su favor ya fue definido en la sentencia dictada en este juicio, la cual se encuentra firme y el efecto de dicha sentencia no conlleva únicamente la reinstalación, sino el pago de las percepciones que se le dejaron de cubrir, por lo cual es evidente que si a la fecha no se ha cumplido ninguna de esas dos condiciones, persiste la vulneración de los derechos del quejoso, aunado a que no corresponde a la autoridad vinculada determinar si estamos frente a actos que le deparan o no perjuicio, porque esa cuestión ya fue definida en la sentencia de amparo, la cual al ser sentencia FIRME, resulta una cuestión de ORDEN PÚBLICO su cumplimiento. Máxime que en este asunto ya se definió mediante el auto de doce de abril del presente año que para el cumplimiento completo de la ejecutoria de amparo se requiere que el Congreso deje insubsistentes los acuerdos de seis y treinta de julio, ambos de dos mil veinte; auto que quedo firme al resolverse la queja ****, por lo cual los argumentos que expone no resultan válidos para obstaculizar o retrasar el cumplimiento del fallo protector. Y aun cuando aduzca que las circunstancias por las que se le ordena el cumplimiento de la ejecutoria, como autoridad vinculada, no fueron materia del presente juicio, debe resaltarse que en el recurso de inconformidad 18/2020 resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, ya fue analizada la situación relativa a la vinculación que se realizó para que el Congreso del Estado participe en el cumplimiento de la sentencia protectora, aunado a que en el recurso de queja 216/2021 resuelto por el citado Tribunal, se determinó que fue correcto que el suscrito Juzgador determinara cuáles eran las acciones que debían realizar la autoridad responsable y las vinculadas a fin de dar cumplimiento pleno a la sentencia protectora, entre las que se contemplan el dejar insubsistentes los acuerdos de siete y treinta de julio de dos mil veinte, por ser los que obstaculizan el cumplimiento total de la sentencia amparadora y que fueron emitidos con posterioridad a que se había reconocido en el fallo amparador el derecho del quejoso a permanecer en el cargo del magistrado por el periodo comprendido en el nombramiento que le fue otorgado el veintisiete de noviembre de dos mil quince, esto es, por diez años. En ese sentido, se le reitera a la autoridad vinculada que nos encontramos ante el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que constituye una cuestión de orden público, siendo que al menos desde el veinte de septiembre del presente año, en que se reanudaron los requerimientos de cumplimiento del fallo protector al haberse recibido el testimonio de la recusación intentada en estos autos, así como la resolución que declaró sin materia el recurso de reclamación interpuesto contra la misma, la autoridad que nos ocupa no ha acreditado alguna medida eficiente que tienda a acatar el fallo, aun cuando afirme lo contrario, máxime que, como se dijo, no tiene claridad sobre el proceso que dice va a desarrollar. Por ello, previo a considerar viable el otorgamiento de una prórroga, resulta necesario que la autoridad vinculada informe qué proceso se requiere para dejar insubsistentes los acuerdos de siete y treinta de julio de dos mil veinte, que obstaculizan el cumplimiento total de la sentencia amparadora y además indique las fechas en que se llevarán a cabo cada una de las etapas del mismo, sin pasar inadvertido que refiera que tiene la encomienda de emitir leyes, acuerdos o decretos que son actos de orden público, pues de ninguna manera se le está solicitando que desatienda otros asuntos para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sino que lleve a cabo acciones concretas para acatarlo, máxime que en el caso se trata de que deje insubsistentes los acuerdos referidos, lo cual se comprende no se equipara en modo alguno a la creación de una norma, que por supuesto conlleva mayor tiempo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Congreso del Estado de Veracruz, para que dentro del término de TRES DÍAS, legalmente computado, realice lo siguiente: a) Informe cuál es el proceso en concreto que se seguirá para dejar insubsistentes los acuerdos de siete y treinta de julio de dos mil veinte, que obstaculizan el cumplimiento total de la sentencia amparadora. b) Indique las fechas en que se llevarán a cabo cada una de las etapas del mismo, las cuales deberá programar con la debida diligencia ya que nos encontramos ante el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior se hará efectiva la multa con que se le previno en auto de dieciséis de noviembre del año en curso y se dará vista a la superioridad para los efectos legales conducentes en el incidente de inejecución tramitado en autos. Con la determinación adoptada, dese vista el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que obre como corresponda en el expediente de inejecución 2/2021 de su índice. En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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