Fanny Emelia o Fanny Velasco Cruz

Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Fanny Emelia o Fanny Velasco Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 823/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa *************** o ********** interpusiera recurso de queja contra la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por la cual se desechó su demanda de amparo; no obstante la notificación electrónica de veintiocho del mismo mes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo. En virtud que en resolución de veinticinco de agosto pasado se desechó la demanda de amparo, y en esta fecha queda firme, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, fracción IV, y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo. Conforme al artículo 20, fracción IV, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, 1º que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y 2º que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 823/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Con el oficio de la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, al que acompaña la demanda de amparo original promovida por ********************o********************contra un acto del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Región de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, Oaxaca; se ordena formar expediente con el registro 823/2023. Se acepta competencia. Visto el oficio de cuenta, se advierte que mediante determinación de veintitrés de agosto de este año el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************o********************, en atención a que si bien el acto reclamado es una resolución que decidió la controversia en lo principal (sentencia de diez de julio de dos mil veintitrés dictada en la causa penal ******************** del índice del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Región de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, Oaxaca), contra la misma no procede el amparo directo, puesto que la ley del acto concede recurso para ser susceptible de modificarse o revocarse, en el caso, el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual debe ser analizado en la vía indirecta respecto a su procedencia. Por ello, declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, en turno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo se asume la competencia declinada y este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo correspondiente, preferentemente vía interconexión. 3. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...)" "Art. 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - -- - [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De los artículos transcritos se advierte como requisito indispensable que, previo a promover el juicio de amparo, se debe atender al principio de definitividad, el cual consiste en que el quejoso, antes de acudir a la instancia constitucional, debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio. Por tanto, los actos contra los cuales procede el juicio de amparo, cuando derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, entendidos como aquellos que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. No obstante, la normativa transcrita también establece diversas excepciones el principio de definitividad, es decir, la parte quejosa no está obligada a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que proceden contra los actos reclamados en los siguientes casos: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con registro digital 191539 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Así, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que, previo a instar la acción constitucional, se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro digital 2005039 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Puntualizado lo anterior, se recuerda que la parte quejosa reclama del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Región de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, Oaxaca: La sentencia condenatoria de diez de julio de dos mil veintitrés dictada en la causa penal ******************** por el hecho que ley señala como delito de fraude. Al respecto, los artículos 468 y 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 468. Resoluciones del Tribunal de enjuiciamiento apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Tribunal de enjuiciamiento: I. Las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; II. La sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso." "Artículo 479. Sentencia La sentencia confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada, o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. En caso de que la apelación verse sobre exclusiones probatorias, el Tribunal de alzada requerirá el auto de apertura al Juez de control, para que en su caso se incluya el medio o medios de prueba indebidamente excluidos, y hecho lo anterior lo remita al Tribunal de enjuiciamiento competente." De la interpretación de dichos preceptos, en lo sustancial, se advierte que el recurso de apelación es el medio de impugnación mediante el cual puede ser confirmada, modificada o revocada una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, la sentencia condenatoria de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada en la causa penal ********************, del índice del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de la Región de la Mixteca, con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, es susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación, por tratarse de una resolución que por sus características puede ser revisado por el superior. Cabe señalar que, en el caso particular, no se configura alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que: En la demanda de amparo no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclamó orden de aprehensión o reaprehensión; que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, distinta de la sentencia definitiva. El acto reclamado no afecta a personas extrañas al juicio. No se trata de un auto de vinculación a proceso. El medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues el medio ordinario de defensa, como se dijo anteriormente, se encuentra previsto expresamente en el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es aplicable al caso la jurisprudencia con registro digital 2017117 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, tomando en cuenta que la parte quejosa tiene el carácter de sentenciada en la causa penal de donde emana el acto reclamado, tiene a su alcance el recurso ordinario de apelación para impugnarlo; por tanto, está obligada a agotarlo previamente a solicitar la protección constitucional. En efecto, se reitera que aun cuando el acto reclamado cause un perjuicio irreparable, existe la obligación de agotar el recurso procedente, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, aunado a que el recurso de que se trata resulta procedente, eficaz e idóneo para obtener la pretensión de la parte quejosa. Además, se precisa que, al declinar competencia a este Juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito destacó la existencia del recurso de apelación para combatir el acto reclamado, previo a acudir al juicio de amparo. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por ********************o********************, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Consulta y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte quejosa, con apoyo en los artículos 3 y 30 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle mediante la vía electrónica, a través del usuario "********************", únicamente los autos que deban ser notificados personalmente y que deban comunicarse por la importancia para dicha parte; de ahí que en este expediente los autos de mero trámite se notificarán por lista de acuerdos (en observancia a lo determinado en la jurisprudencia con registro 2026122-); además, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario referido. Autorizados. Se tienen como autorizado de la parte quejosa, con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registro de cédula profesional que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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