Facundo Victoria Gonzalez

Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
675/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Facundo Victoria Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido

  2. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA JUICIO DE AMPARO 675/2023-V.. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por +++++++ quien se ostenta como defensora particular del procesado +++++++, contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo Se hace saber al quejoso, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la defensora del quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierten los reclamados atribuidos a las siguientes autoridades: Autoridad ordenadora: Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; y Autoridad ejecutora: Diligenciario Par del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Actos reclamados: 1) El auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 190/2004, instruido contra Facundo Victoria González. 2) La notificación de ese auto realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Primeramente, se realizara el pronunciamiento respecto del acto identificado con el numeral "1", la mencionada resolución fue notificada a la defensa del quejoso, el cinco de junio del año en curso, como se advierte de los antecedentes de la demanda de amparo, que señaló bajo protesta de decir verdad. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales,4 contra el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal +++++++++, instruido contra Facundo Victoria González, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal5 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.6 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene una manifestación de la defensora del quejoso en los antecedentes, sobre la fecha cuando le fue notificada el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la notificación de cinco de junio de dos mil veintitrés. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que no manifestó en su demanda que existiera alguna resolución que hubiera declarado su nulidad. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificado la defensora del quejoso de la mencionada resolución. Ello, de la forma siguiente: el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, fue notificada a la defensora del quejoso el cinco de junio de dos mil veintitrés; y surtió efectos ese mismo día, según el artículo 487 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto del auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, inició el seis de junio de dos mil veintitrés (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio: el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días Por tanto, se concluye que el citado acto reclamado por el quejoso en la demanda de este juicio, debe subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada ++++++++ quien se ostenta como defensora particular del procesado Facundo Victoria González, porque los actos delimitados en esta pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. En segundo lugar, se procede a realizar el pronunciamiento respecto del acto identificado con el numeral "2" consistente en la notificación del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 190/2004, instruido contra Facundo Victoria González, realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Como se ve, la parte quejosa combate en esta vía de amparo la notificación del citado auto realizada por un funcionario judicial. Dicho acto permite visualizar desde este momento, una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no acató el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa en el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es indispensable que la parte quejosa agote el recurso o medio de defensa ordinario por el cual, el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el apoderado del quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió la notificación del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, a través del medio ordinario de defensa, esto es, el incidente no especificado -nulidad de notificación- previsto en el artículo 349, en relación con el diverso 46, fracción XIV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, la desatención al principio de definitividad, respecto del citado acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del citado acto reclamado, pues la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha la demanda de amparo respecto al citado acto combatido, antes puntualizado, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis9 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ++++++++++, porque los actos delimitados encontraron las causales de improcedencia antes citadas. Desechamiento que se apoya en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el señalado en su demanda. Asimismo, se tienen únicamente para recibir notificaciones, las personas señaladas en la demanda, pues omitió otórgales las facultades amplias del artículo 12, de la Ley de Amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto el correo electrónico señalado en la demanda, pues la ley de la materia, no lo contempla para recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la parte quejosa y a sus autorizados que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 675/2023-V.. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por +++++++ quien se ostenta como defensora particular del procesado +++++++, contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo Se hace saber al quejoso, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por la defensora del quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierten los reclamados atribuidos a las siguientes autoridades: Autoridad ordenadora: Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; y Autoridad ejecutora: Diligenciario Par del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla. Actos reclamados: 1) El auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 190/2004, instruido contra Facundo Victoria González. 2) La notificación de ese auto realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Primeramente, se realizara el pronunciamiento respecto del acto identificado con el numeral "1", la mencionada resolución fue notificada a la defensa del quejoso, el cinco de junio del año en curso, como se advierte de los antecedentes de la demanda de amparo, que señaló bajo protesta de decir verdad. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales,4 contra el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal +++++++++, instruido contra Facundo Victoria González, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal5 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.6 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene una manifestación de la defensora del quejoso en los antecedentes, sobre la fecha cuando le fue notificada el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la notificación de cinco de junio de dos mil veintitrés. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que no manifestó en su demanda que existiera alguna resolución que hubiera declarado su nulidad. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificado la defensora del quejoso de la mencionada resolución. Ello, de la forma siguiente: el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, fue notificada a la defensora del quejoso el cinco de junio de dos mil veintitrés; y surtió efectos ese mismo día, según el artículo 487 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto del auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, inició el seis de junio de dos mil veintitrés (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio: el auto dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días Por tanto, se concluye que el citado acto reclamado por el quejoso en la demanda de este juicio, debe subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada ++++++++ quien se ostenta como defensora particular del procesado Facundo Victoria González, porque los actos delimitados en esta pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. En segundo lugar, se procede a realizar el pronunciamiento respecto del acto identificado con el numeral "2" consistente en la notificación del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 190/2004, instruido contra Facundo Victoria González, realizada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Como se ve, la parte quejosa combate en esta vía de amparo la notificación del citado auto realizada por un funcionario judicial. Dicho acto permite visualizar desde este momento, una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque la parte quejosa no acató el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para analizar la actualización de dicha causa, es conveniente citar el contenido textual de dicho dispositivo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causa de improcedencia que descansa en el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción de amparo, es indispensable que la parte quejosa agote el recurso o medio de defensa ordinario por el cual, el acto combatido de origen, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el apoderado del quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió la notificación del auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano el incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, a través del medio ordinario de defensa, esto es, el incidente no especificado -nulidad de notificación- previsto en el artículo 349, en relación con el diverso 46, fracción XIV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, la desatención al principio de definitividad, respecto del citado acto combatido en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del citado acto reclamado, pues la parte quejosa debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha la demanda de amparo respecto al citado acto combatido, antes puntualizado, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis9 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ++++++++++, porque los actos delimitados encontraron las causales de improcedencia antes citadas. Desechamiento que se apoya en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio y autorizados. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el señalado en su demanda. Asimismo, se tienen únicamente para recibir notificaciones, las personas señaladas en la demanda, pues omitió otórgales las facultades amplias del artículo 12, de la Ley de Amparo. Además, se tiene únicamente como medio de contacto el correo electrónico señalado en la demanda, pues la ley de la materia, no lo contempla para recibir notificaciones. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la parte quejosa y a sus autorizados que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a la promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano