Facundo Javier Parada Ovalle
Expediente 170/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/04/2018
Partes del expediente
- Facundo Javier Parada Ovalle
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 155 a 158), que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
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CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO ACTUAL, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos oficios signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar del Procurador General de la República en el Estado de Chiapas y el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional, ambos con residencia en esta ciudad, por medio de los cuales dan cumplimiento a lo ordenado en proveído de catorce de marzo del año que transcurre y remiten copia certificada del dictamen con número de folio 117/2018, de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de la averiguación previa **********. Ahora, cabe precisar, que en el caso concreto, la parte quejosa reclama: "La denegación de justicia por parte de la responsable consistente en la DILACIÓN EN DETERMINAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL dentro de la indagatoria AP/**********, máxime que, se extinguió la acción penal, en virtud de la celebración y cumplimiento del acuerdo reparatorio de fecha veintitrés de octubre de dos mil diecisiete; omisión de la responsable que transgrede mis derechos fundamentales de SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO, y ACCESO A LA JUSTICIA, al situarme en un estado de dubitación e incertidumbre respecto de mi situación jurídica dentro de la averiguación previa de mérito". De donde se colige que el acto reclamado lo constituye la falta de determinación de no ejercicio de la acción penal en los autos de la averiguación previa **********. De igual forma, del informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora en la Unidad del Sistema Tradicional, con domicilio en esta ciudad, deriva que dicha fiscal propuso el no ejercicio de la acción penal, dentro de la citada averiguación previa, que remitió por medio del comunicado 101/2018 de seis de febrero de dos mil dieciocho, a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Auxiliar del Procurador General de la República en el Estado de Chiapas, a efecto de que emitiera el dictamen de aprobación correspondiente. Ahora, de los oficios y anexos de cuenta, se advierte que dicha autoridad ministerial, emitió dictamen en el que determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal, propuesta por la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora en la Unidad del Sistema Tradicional, con domicilio en esta ciudad, en los autos de la averiguación previa **********. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de marzo de dos mil dieciocho.********************Vista la certificación secretarial que antecede y el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora en la Unidad del Sistema Tradicional, con domicilio en esta ciudad, hasta esta fecha no ha remitido la determinación que recayó respecto de la resolución de uno de febrero del año en curso, en la cual, realizó acuerdo de no ejercicio de la acción penal, dentro de la averiguación previa ********************.********************No pasa inadvertido que el citado agente informó que a través del comunicado ********************, de seis de febrero de dos mil dieciocho, remitió dicha resolución a la agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador en Chiapas, a efecto de que ésta emita el dictamen de aprobación.********************En consecuencia, de conformidad con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del precepto 2, requiérase al agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Segunda Investigadora en la Unidad del Sistema Tradicional, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba la comunicación correspondiente, remita a éste órgano de control constitucional, la determinación que recayó en cuanto a la resolución de uno de febrero de esta anualidad, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. ********************Asimismo, solicítese al agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliar del Procurador en Chiapas, que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe si ya emitió el dictamen de aprobación relativo a la resolución de uno de febrero del año en curso, en que se determinó el no ejercicio de la acción penal, en los autos de la averiguación previa ********************, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello.******************** Con el apercibimiento a los citados agentes que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se harán acreedores a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo.********************Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo V, febrero de 1997, página 108, del rubro y texto siguiente:********************"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".********************Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.******************** Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de marzo de dos mil dieciocho. Visto la certificación que antecede y el estado de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho (foja 62-64), para que ratificara el escrito presentado el veintidós de febrero de esta anualidad (foja 61), ante la oficialía de partes de este juzgado, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo mencionado, por lo que se tiene por no presentado el ocurso recibido el veintidós de febrero del actual en este órgano de control constitucional. Notifíquese.
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