Facundo Hernández Panuaya
Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2017
Partes del expediente
- Facundo Hernández Panuaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la copia del oficio del Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por medio del cual informa las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el contenido de las constancias que remite la autoridad antes citada, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Facundo Hernández Panuaya acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguientes (fojas 2 a 5): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje. ACTO RECLAMADO.- Lo es, la omisión de acordar de conformidad la petición realizada en escritos el primero de fecha 15 de octubre del año 2015 y su correlativo segundo de fecha 5 de octubre del año 2016, presentados por la parte actora dentro del expediente marcado con el número D-1/879/2013". Ahora, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe manifestó que con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, resulta importante reiterar que Facundo Hernández Panuaya acude a esta instancia constitucional a inconformarse con la omisión de acordar de conformidad las peticiones realizadas en escritos quince de octubre de dos mil quince y cinco de octubre de dos mil dieciséis, presentados por la parte actora dentro del expediente marcado con el número D-1/879/2013. Como se dijo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el veintiuno de febrero de la presente anualidad, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil quince acordó la petición del quejoso presentada el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si bien respecto del escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, fue acordado con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, su contenido le fue hecho saber hasta el veinticuatro de enero de este año. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara las peticiones realizadas por el quejoso dentro del expediente laboral D-1/879/2013; aquéllas se vieron satisfechas en la medida en que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo Facundo Hernández Panuaya, en el pleno goce del derecho humano que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Facundo Hernández Panuaya reclamó a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen el expediente laboral D-1/879/2013, previa copia certificada que quede agregada en autos, esto con la finalidad de no entorpecer el juicio de origen y no quede paralizado, solicitando el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el contenido de las constancias que remite la autoridad antes citada, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Facundo Hernández Panuaya acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguientes (fojas 2 a 5): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje. ACTO RECLAMADO.- Lo es, la omisión de acordar de conformidad la petición realizada en escritos el primero de fecha 15 de octubre del año 2015 y su correlativo segundo de fecha 5 de octubre del año 2016, presentados por la parte actora dentro del expediente marcado con el número D-1/879/2013". Ahora, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe manifestó que con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, resulta importante reiterar que Facundo Hernández Panuaya acude a esta instancia constitucional a inconformarse con la omisión de acordar de conformidad las peticiones realizadas en escritos quince de octubre de dos mil quince y cinco de octubre de dos mil dieciséis, presentados por la parte actora dentro del expediente marcado con el número D-1/879/2013. Como se dijo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el oficio recibido el veintiuno de febrero de la presente anualidad, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil quince acordó la petición del quejoso presentada el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete; y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues si bien respecto del escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, fue acordado con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, su contenido le fue hecho saber hasta el veinticuatro de enero de este año. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara las peticiones realizadas por el quejoso dentro del expediente laboral D-1/879/2013; aquéllas se vieron satisfechas en la medida en que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, acordó el escrito presentado por el quejoso el quince de octubre de dos mil quince y notificado en forma personal el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y respecto de los escritos depositados el cinco y siete de octubre de dos mil dieciséis, fueron acordados el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete y notificados en la misma fecha. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo Facundo Hernández Panuaya, en el pleno goce del derecho humano que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Facundo Hernández Panuaya reclamó a la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen el expediente laboral D-1/879/2013, previa copia certificada que quede agregada en autos, esto con la finalidad de no entorpecer el juicio de origen y no quede paralizado, solicitando el acuse de recibo correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido a través del correo institucional por el Director para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal; visto su contenido, se acuerda: Téngase a la autoridad oficiante solicitando se comunique el trámite realizado con relación a la solicitud relacionada con el oficio UT/DTSAI/9921/2016-0320000154916-S de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se requiere lo siguiente "Modalidad de entrega: Entrega por Internet en la PNT --- Deseo que en forma escaneada o en medios digitalizados me den a conocer la demanda de garantías, todos los informes previos y justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, así como la sentencia o resolución de sobreseimiento, que obran dentro del juicio de amparo indirecto 430/2016 del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Civil, Administrativa y Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, del Sexto Circuito, con número de expediente único nacional 18665241, número de expediente asignado 430/2016 y número de control de oficina de correspondencia común 002600/2016 En el que se señaló como acto reclamado la diligencia de extracción de bienes de 15 de enero de 2016" Al respecto, debe destacarse que por medio del diverso oficio UT/DTSAI/9836/2016-0320000154716-R de siete de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad oficiante solicitó la misma información; comunicación que se acordó en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y cuya determinación se hizo del conocimiento de la Dirección para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del Consejo de la Judicatura Federal en la misma fecha e incluso, el dieciséis siguiente, se recibió el acuse de recibo correspondiente. No obstante lo anterior, atendiendo a que el número de oficio con el que se realiza la solicitud respectiva es diverso, se reitera que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 100, 106, 113, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 86 y 87 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos y archivos, resulta improcedente entregar la información solicitada. A fin de evidenciar la anterior afirmación se estima necesario traer a contexto los invocados preceptos relativos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Ley General, los cuales determinan: LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. "Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de manera supletoria y en el siguiente orden de prelación, las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo." "Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." "Artículo 113. Se considera información confidencial I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." "Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. Por ley tenga el carácter de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA "Artículo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las Entidades Federativas." "Artículo 106. La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que: I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; II. Se determine mediante resolución de autoridad competente, o III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley." "Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." "Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales." "Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información. No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público; II. Por ley tenga el carácter de pública; III. Exista una orden judicial; IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el organismo garante deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información." La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite advertir que aun cuando conforme a la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se busca preservar el principio de máxima publicidad; sin embargo, a través de los artículos 110 y 113 de dicho ordenamiento con relación al diverso 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos invocados en términos del numeral 7 previamente transcrito, el legislador estableció casos excepcionales en los que no será procedente otorgar la información solicitada. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio constitucional, es posible advertir que mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, las personas morales denominadas "Folios Mexicanos Digitales", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturación", Sociedad Anónima de Capital Variable, "Facturación Ilimitada", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Simplificando la vida con tecnología", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Adolfo Ernesto Hernández Martínez, promovieron juicio de amparo en contra de las órdenes de visita domiciliaria 500-05-2016-1028 y 500-05-2016-1027 de quince de febrero de dos mil dieciséis emitidas por el Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal dependiente de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con residencia en la Ciudad de México con la finalidad de verificar física y documentalmente la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de mercancías de procedencia extranjera localizadas en el domicilio visitado. Sobre ese contexto, a consideración de esta potestad federal si bien en el presente expediente consta la demanda de amparo, así como los informes justificados rendidos por las responsables y al encontrarse glosado el incidente de suspensión, también los informes previos respectivos; empero, se estima que resulta improcedente entregar la información solicitada ya que ésta se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 113, fracciones VI y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se afirma lo anterior pues el acto reclamado en el presente juicio constitucional precisamente versa sobre las visitas domiciliarias realizadas por una autoridad administrativa a fin de verificar el cumplimiento de leyes fiscales y de las constancias de autos no es posible advertir que en el procedimiento administrativo de origen se haya dictado la resolución correspondiente y ésta haya causado estado. Cierto, aun cuando en términos de la actual legislación en materia de transparencia es necesario preservar el principio de máxima publicidad; sin embargo, el propio legislador estableció un catálogo específico de supuestos en los que no se deberá otorgar la información solicitada por estimar que debe preservarse el interés del Estado en que no se entorpezcan los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, ni las facultades de comprobación de las autoridades. Así, en términos del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se considera que al aplicar la prueba de daño, se constata la improcedencia del otorgamiento de la información solicitada, por las razones siguientes I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público Se estima que la divulgación de la información solicitada constituye un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, ya que de las constancias de autos es posible advertir que los documentos sobre los que se solicita la información tienen relación directa con un procedimiento seguido en forma de juicio en el que no se advierte se haya dictado resolución firme y éste versa sobre las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, lo que implica que de concederse la información solicitada se podría obstruir esa facultad, así como la correcta conducción del procedimiento de origen. II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda De acuerdo a lo dispuesto por el propio legislador, existe un interés del Estado en no obstaculizar las facultades de comprobación de las autoridades, así como los procedimientos seguidos en forma de juicio y en el caso, conforme a las constancias de autos es posible advertir que los documentos respecto de los que se solicita información tienen estrecha relación con estos temas, por lo que a fin de evitar se entorpezca el procedimiento de origen y el actuar de las autoridades administrativas tendentes a velar por el cumplimiento de la normatividad respectiva, se estima que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada supera el interés general de que se difunda. III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio La doctrina especializada ha señalado que los derechos fundamentales y sus respectivos límites externos operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con ayuda del test de proporcionalidad. En el caso, se estima que las hipótesis previstas en los preceptos invocados, tienen como finalidad preservar la certeza jurídica y facultades que la propia Constitución General de la República establece, pues de esta manera se asegura que los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio no se obstaculicen y así el Estado verifique que efectivamente se cumpla con la normatividad respectiva. Asimismo, a criterio de este juzgador la medida adoptada es idónea, pues sólo así se evitara que se difunda información que podría obstaculizar las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, así como un procedimiento del que no existe constancia de que se haya dictado resolución firme. De igual forma, esa medida es necesaria pues con ello se asegura el objetivo que persiguió el legislador al establecer las hipótesis previstas en el artículo 113, fracciones VI y XI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el mismo tenor, se considera que dicha medida es la menos restrictiva disponible para evitar el perjuicio, en tanto que aun cuando el presente juicio constitucional ha concluido, ya que el veinte de octubre de dos mil dieciséis, causó estado el auto en el que se sobreseyó en el juicio ante el desistimiento de la parte quejosa, la información solicitada versa sobre las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio en el que no existe constancia se haya dictado resolución firme. Consecuentemente, no se advierte una medida diversa menos restrictiva que evite que de otorgarse la información solicitada se obstaculice la facultad de comprobación de la autoridad fiscal o incluso se pueda obstaculizar la debida substanciación del procedimiento de origen. En ese sentido, por las razones expuestas, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó que la información solicitada tenía un periodo de reserva de cinco años como lo establece el artículo 101 de la Ley General invocada, con relación a los diversos 113, fracciones VI y XI, del propio ordenamiento; tiempo que se estimó suficiente para que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. Además, la documentación solicitada contiene información confidencial, en términos del numeral 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque gran parte de ella se refiere a datos personales del quejoso, respecto de los cuales éste no ha otorgado su consentimiento para su publicación como lo ordena el diverso dispositivo 120 del propio ordenamiento. Consecuentemente, como se determinó en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciséis y se reitera en esta determinación, a criterio de esta potestad federal, resulta improcedente otorgar la información solicitada por tener las características de reservada y confidencial en los términos expuestos. Comuníquese la presente determinación a la autoridad oficiante, a través del correo dtsai@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente.
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