Facunda Rodríguez Hernández

Expediente 1592/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1592/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Facunda Rodríguez Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1592/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Facunda Rodríguez Hernández, reclama del Congreso del Estado de Morelos y la Comisión de Trabajo, previsión y seguridad Social, la negativa de expedir el decreto en donde se le conceda su pensión por jubilación, solicitada mediante escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, este juzgado federal proveyó sobre la suspensión provisional, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Sin embargo de estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa, adjuntó a su escrito inicial de demanda adjuntó copia de la petición de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, recepcionada por la autoridad responsable, sin que la misma en su informe previo hiciera manifestación alguna al respecto, por lo que debe tenerse como cierto el acto reclamado. En tales circunstancias, toda vez que, el acto reclamado constituye un acto negativo, pues implica la negativa de la autoridad responsable de actuar de determinada manera. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos. Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a las negativas simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una abstención, esto es, un no actuar de la autoridad, consistente en el hecho de confirmar la determinación ministerial del no expedir el decreto en donde le se le conceda su pensión por jubilación, a Facunda Rodríguez Hernández, misma que fue solicitada mediante escrito de diecisiete de agosto del presente año; lo que se traduce en un no actuar en la manera que la parte quejosa pretende. Por ello, al estar ante un acto negativo, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado, ya que por su naturaleza son de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica una omisión de la autoridad que se genera al no actuar de determinada manera, es decir, expedir el decreto en donde le se le conceda su pensión por jubilación a la hoy quejosa; aunado, a que dicha omisión evidencia que no se ha constituido un derecho a la parte quejosa. Por tanto, conceder la medida suspensiva tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, lo que implicaría que perdurara la negativa combatida y no así otorgar efectos constitutivos, al obligar a la autoridad responsable a actuar en la forma que la quejosa pretende, esto es, para obligar a la autoridad responsable a expedir el decreto en donde le se le conceda su pensión por jubilación a la hoy quejosa, dejaría sin materia el juicio de amparo del que emana la presente cuerda incidental. Además, en todo caso ello es materia del fondo del asunto en la sentencia de amparo en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." toda vez que el efecto de la suspensión es "mantener las cosas en el estado que guardaban antes del acto reclamado", el cual sería un estado omisivo (ausencia de actuar de la autoridad), por lo que la medida suspensional resulta improcedente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Erik Calderón Ocampo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite las constancias de notificación realizadas a las partes del auto que dictó el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, donde señaló el seis de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo la diligencia de sustitución patronal en autos del juicio laboral 01/391/09-III. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la diligencia que señaló para el seis de diciembre del año en curso, data en que tendrá verificativo la diligencia de sustitución patronal en autos del juicio laboral 01/391/09-III. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 19, fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado. Respecto del cuaderno original, toda vez que se concedió la medida cautelar de manera definitiva, con apoyo en el artículo 17, fracción III, se determina que es susceptible de conservación, una vez transcurra la temporalidad señalada en dicho numeral. Devolución de documentos Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra integrándose el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Director General del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Morelos, contra del acuerdo de once de octubre de dos mil veintitrés, por el que se admitió la ampliación de la demanda de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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