Facter Vázquez Rivera
Expediente 2125/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2125/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/12/2021
Partes del expediente
- Facter Vázquez Rivera
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCION DE SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIEZ SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA:V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 301/2021, promovido por ***, contra los actos reclamados al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y, Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, *** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Actos reclamados: Falta de llamamiento y publicación de la convocatoria para el concurso de cambio de categoría de plazas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de dos de febrero de dos mil veintiuno. Falta de regulación, estudios y dictámenes para autorizar las plazas a que se hacen referencia en la convocatoria en comento. Autoridades responsables: Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 1 Fojas 2 a 5 de autos. Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la cual se radicó bajo el número de expediente ***, y en auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, previos requerimientos, se admitió a trámite, requiriendo a las autoridades responsables su informe justificado, y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Luego, tramitado que fue el presente juicio constitucional, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; así como 2 Fojas 28 a 34 ibídem. los diversos 57, 58, 60 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, escrito aclaratorio y de la totalidad de las constancias que integran el presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Falta de llamamiento y publicación de la convocatoria para el concurso de cambio de categoría de plazas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de dos de febrero de dos mil veintiuno. Falta de regulación, estudios y dictámenes para autorizar las plazas a que se hacen referencia en la convocatoria en comento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y, Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, negaron la existencia de los actos que se les reclaman; por tanto, en la especie, se actualiza la hipótesis de 3 Fojas 41 a 48 ibídem. 4 Fojas 51 a 59 ibídem. sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, que dice: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo anterior, toda vez que no fue acreditada la existencia de los actos reclamados ante la negativa planteada por las autoridades responsables a que se refiere este considerando. En el caso, se advierte que al rendir sus informes justificados, las autoridades responsables adujeron que no existía omisión de expedir un acuerdo conforme al artículo 86 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así 5 Artículo 86. La Coordinación de la Oficina tiene como titular a un funcionario público denominado Coordinador de la Oficina, el cual tiene las facultades siguientes: I. Coordinar las actividades de asesoría para el Presidente Municipal; II. Realizar análisis de los temas coyunturales y del impacto político de las decisiones tomadas por el Gobierno Municipal; III. Analizar e informar al Presidente Municipal sobre el estado de la opinión pública para mejorar la toma de decisiones y el ejercicio de gobierno; IV. Diseñar, evaluar y dar seguimiento al mensaje político y gubernamental del Presidente Municipal; V. Generar investigación y análisis de los temas de interés público para auxiliar al Presidente Municipal en la toma de decisiones; VI. Generar material de apoyo para las Como de realizar los estudios, dictámenes técnicos contables y financieros, para la creación de nuevas plazas, toda vez que la convocatoria para el concurso de cambio de categoría de plazas de dicho Ayuntamiento, de dos de febrero de dos mil veintiuno, no corresponden a plazas nuevas. actividades del Presidente Municipal cuando éste lo requiera; VII. Coadyuvar con las dependencias de la administración pública municipal, en el análisis de información cuando éstas lo soliciten; VIII. Proponer y ejecutar los proyectos de comunicación institucional para informar sobre las actividades del Gobierno Municipal; IX. Coordinar la aplicación de estrategias para construir la relación y comunicación del Gobierno Municipal con los ciudadanos y otras instituciones; X. Definir la política en materia de comunicación que deben seguir las dependencias de la administración pública municipal, para la alineación y el fortalecimiento de la imagen institucional; XI. Dirigir las acciones de comunicación interna y externa del Gobierno Municipal; XII. Coordinar y supervisar, directamente o a través de terceros, la comunicación a través de plataformas digitales, de las dependencias de la administración pública municipal; XIII. Diseñar y ejecutar, directamente o a través de terceros, proyectos y herramientas de comunicación para la difusión de las actividades de las dependencias de la administración pública municipal; XIV. Establecer los mecanismos de la comunicación interna de la administración pública; XV. Diseñar y ejecutar las campañas y herramientas de comunicación interna del Gobierno Municipal; XVI. Rendir los informes inherentes a sus funciones que le sean requeridos por el Presidente Municipal; y XVII Recibir y dar seguimiento a las peticiones y gestiones de la sociedad civil con las demás Instituciones Estatales y Federales. XVIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable o que le instruya el Presidente Municipal. Sin que la parte quejosa haya desvirtuado dichas negativas, pues no exhibió medio de convicción alguno tendiente a demostrar la participación de dichas autoridades responsables en las omisiones que se les reclaman. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia que dice: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a dichas autoridades responsables. Las consideraciones anteriores, encuentran sustento en la Jurisprudencia siguiente: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado; lo cual constituye una confesión expresa que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6 Fojas 61 a 68 ibídem. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se corrobora con las copias certificadas aportadas por dichas autoridades responsable en apoyo a su informe con justificación, así como las solicitadas por este órgano de control constitucional, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2 QUINTO. Causal de sobreseimiento. En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los arábigos 1, fracción I, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en virtud que la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, carece de la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues sus actuaciones no revisten las características de unilateralidad y obligatoriedad, al encontrarse en un plano de coordinación con la parte quejosa. Los numerales en comento, disponen lo siguiente Artículo 1 El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5 Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la interpretación sistemática de los preceptos en comento, es dable inferir que la procedencia del juicio de derechos fundamentales se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; por tanto, interpretados a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente en contra de aquellos entes que no les recaiga tales características. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio), a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan aducido en su contra. Es aplicable a lo anterior, la tesis que dice: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o 2 ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.. Nota: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 300, de rubro: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO., publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, página 519. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre la persona y el responsable es preponderante para determinar en carácter de autoridad de esta última, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que el juicio de amparo sea procedente, como medio de salvaguarda de los derechos fundamentales. En este tenor, es fundamental que el órgano de amparo, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre la persona y a quien señala como autoridad responsable, efectivamente provenga de una genuina relación de supra a subordinación, entre gobernante gobernado, premisa que en la especie no satisface el acto reclamado en análisis. Así, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros actúan en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y el interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Por su parte, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos, debiéndose resaltar que la nota distintiva de las relaciones de coordinación consisten en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De igual modo, deviene pertinente destacar que tratándose de relaciones de coordinación, es posible que se pacte la posibilidad de que la parte que se ha visto perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de suministrar las prestaciones y beneficios objeto de la relación jurídica; lo anterior, en razón de que los contratos entre particulares se rigen por la autonomía de la voluntad de las partes, concediéndose derechos y obligaciones en forma bilateral, lo que, en su caso, genera que ante el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de retención de la obligación a favor de la parte afectada mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas distintivas que caracterizan a los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En la misma línea interpretativa se orienta la Jurisprudencia siguiente: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, los artículos 16, 57 y 58, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los numerales 6, 8, 12 y 15 del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, disponen: Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios Artículo 16. Solo se podrá otorgar nombramiento definitivo o temporal cuando exista disponibilidad presupuestal para ello. Sólo se considerará nombramiento definitivo el que expresamente así lo manifieste y siempre que se cumpla con lo señalado en esta ley. Artículo 57. Para los efectos de este Ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los mismos, conforme a las bases establecidas en el Reglamento respectivo. Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos simultáneamente en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera. Artículo 58. En cada entidad pública se constituirá una comisión mixta de escalafón que se integrará con un representante de la entidad, otro por el sindicato de la unidad burocrática que corresponda y un tercero, que nombrarán los anteriores miembros. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón resolverá en definitiva la controversia, con excepción de lo relativo a los servidores públicos que pertenezcan a los Tribunales a que se refiere el primer párrafo del art. 39, de la Constitución Política del Estado, toda vez que será el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien las resuelva los Integrantes de la Comisión durarán en su encargo tres años. Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Artículo 6. Los movimientos de personal de base que se efectúen de acuerdo a este Reglamento, y debidamente aprobados por la Comisión, no podrán modificarse o revocarse sino por resolución expresa del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Artículo 8. La Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón es el órgano colegiado que tiene por objeto organizar y desarrollar el sistema de escalafón y capacitación del personal de base del Ayuntamiento de Tonalá, a efecto de cubrir las plazas vacantes en forma definitiva, los puestos de nueva creación y realizar las permutas conforme al procedimiento escalafonario previsto en la normatividad aplicable. El Presidente Municipal, efectuará las gestiones pertinentes y necesarias a fin de iniciar con los trabajos inherentes a la Comisión, dicho órgano se integra de la siguiente forma; I. El Presidente Municipal, o en su defecto el funcionario que éste designe para tal efecto, mismo que presidirá la Comisión; II. El Secretario General o titular del Sindicato de trabajadores que acredite el mayor número de agremiados; III. Un miembro designado de común acuerdo entre las partes señaladas en las fracciones precedentes; y IV. Mediante invitación del Presidente Municipal, un representante de los sindicatos minoritarios, posición que podrá renovarse cada seis meses para efecto de rotar al representante y dar la oportunidad a todos los sindicatos de participar. Artículo 12. Los acuerdos de la Comisión serán válidos con la aprobación de la mayoría de sus miembros. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de ésta, se estará a lo que para tal efecto resuelva en definitiva el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de conformidad a lo estipulado en el artículo 58 de la Ley Para Los Servidores Públicos Del Estado De Jalisco y Sus Municipios. Artículo 15. La Comisión tendrá las siguientes facultades: I. Proveer lo necesario para el ejercicio de los derechos escalafonarios en las plazas de ascenso de los trabajadores de base del Ayuntamiento; II. Convocar, dictaminar y en su caso aprobar los concursos o exámenes de aptitud para ocupar plazas vacantes; III. Emitir resolución respecto de los ascensos, movimientos y nombramientos, previo estudio y determinación de la calificación de los factores escalafonarios; IV. Promover y fomentar la detección oportuna de necesidades de capacitación y desarrollo; V. Revisar conforme a derecho, los planes generales para la ubicación del personal cuyas actividades y condiciones de trabajo se hayan visto modificadas debido a la modernización y/o tecnificación; VI. Promover entre el personal las actividades educativas en aspecto técnicos, administrativos y culturales; VII. Revisar periódicamente la estructura de organización y las funciones de los puestos más representativos para proponer mejoras que incrementen el desarrollo, la satisfacción y la productividad del personal; VIII. Promover con el área de capacitación del Ayuntamiento, el diseño y aplicación de encuestas y exámenes con el objeto de recabar información y verificar conocimientos, habilidades, capacidades del personal o en su caso, aspectos susceptibles de mejora en el mismo; IX. Promover la publicación y difusión de la información relativa a cursos, seminarios, programas técnicos y universitarios, becas, visitas a centros de trabajo y de interés profesional o cultural en el Municipio o fuera de él. X. Comunicar a la Dirección de Recursos Humanos y a los titulares de las dependencias y entidades del Ayuntamiento dentro del término de tres días las resoluciones emitidas en materia de ascensos y movimientos para su debido cumplimiento; XI. Estudiar, modificar y aprobar en su caso los diversos cuestionarios a que deban sujetarse los aspirantes a ascenso; XII. Resolver las inconformidades que presenten los trabajadores en materia de capacitación y escalafón; y XIII. Las demás que determinen mediante acuerdo los integrantes de la Comisión, así como las demás que se desprendan del marco jurídico aplicable. De los citados numerales se advierte que las funciones de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es organizar y desarrollar el sistema de escalafón y capacitación del personal de base de dicho ayuntamiento. En el caso concreto, la responsable realizó una convocatoria, precisamente, para el concurso de cambio de categoría de plazas del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, de dos de febrero de dos mil veintiuno; lo que evidencia que su actuar no es de autoridad gobernado, es decir de supra a subordinación, que es lo que caracteriza esa clase de relaciones, sino en un plano de coordinación de escalafón dentro de dicho ayuntamiento, por lo que el juicio de amparo es improcedente, por reclamarse actos que no son de autoridad. Sirven de fundamento a lo anterior, las tesis que dicen: TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFON. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL AMPARO. Si el órgano colegiado que niega tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo es una comisión mixta de escalafón de las creadas por los artículos 54, 56 y relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debe decirse que no es autoridad sino órgano de consulta que carece de jurisdicción y de imperio. En efecto, las comisiones mixtas de escalafón son órganos consultivos de los titulares de las dependencias gubernamentales, pero no ordenan ni ejecutan acto alguno, sino que solamente emiten opiniones o dictámenes que deben ser acatados por aquellos titulares si se ajustan a las disposiciones jurídicas laborales correspondientes; pero si resultan ilegales, no están obligados a acatarlos. Así las cosas, no es el acto de la comisión mixta de escalafón el que puede agraviar, en su caso los derechos del trabajador, sino que lo será el acto del patrón, por ser éste el que consumaría los hechos en perjuicio de aquél. Dicho de otro modo, no es verdad que los titulares de las diversas dependencias gubernamentales no intervengan en el otorgamiento o asignación de las plazas a los empleados, y que solamente acaten o cumplan los dictámenes de las comisiones de escalafón, ya que la verdad es que dichos titulares son los representantes del poder público en la relación jurídica de trabajo establecida entre aquél y sus servidores y por eso tienen la facultad de expedir nombramientos y de cesar los mismos. En cambio, como las comisiones mixtas de escalafón no tienen el carácter de autoridades, sus dictámenes no tienen fuerza ejecutiva, requiriéndose para su realización que el funcionario que esté al frente de cada dependencia gubernamental, lo acepte y haga suyo. Consecuentemente, los actos de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sean estos negativos, o positivos, no son actos emanados de autoridad alguna, sino de un órgano consultivo, y por esta razón es correcto lo afirmado por el Juez de Distrito si dijo que la comisión que se señala como responsable carece de fuerza pública y en consecuencia de carácter de autoridad para efectos del amparo. Tipo: Aislada COMISIONES MIXTAS DE ESCALAFON, NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 1. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procede contra leyes o actos de autoridad, y autoridad es la potestad o facultad que uno tiene para hacer alguna cosa, el carácter o representación que tiene alguna persona por la función o empleo que desempeña y el poder que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, y de acuerdo con esta definición, las comisiones mixtas de escalafón carecen de potestad o facultad de imperio, por ser organismos de consulta que no tienen poder; por lo que en contra de sus actos no procede el juicio de amparo. En consecuencia, la convocatoria realizada por la autoridad responsable en estudio es una facultad otorgada en el Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sin embargo, no contiene la nota distintiva para que pueda considerarse como acto de autoridad, dado que, tal y como lo precisa, el citado reglamento en su artículo 6, los movimientos que se efectúen de personal y que sean aprobados por la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, pueden modificarse o revocarse por resolución expresa del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis que dice: RECONSIDERACIÓN. ES OPTATIVO PARA EL TRABAJADOR AGOTAR DICHO RECURSO CONTRA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE UNA PLAZA VACANTE SUJETA A CONCURSO DEL PERSONAL DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. Los artículos 78 y 79 del Reglamento de la Ley de Escalafón del Departamento de Educación Pública del Estado de Jalisco prevén que los trabajadores inconformes con un dictamen escalafonario podrán pedir un nuevo estudio del mismo ante la Comisión Mixta de Escalafón, señalando el último dispositivo que la reconsideración "deberá" solicitarse dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se comunique a los interesados el dictamen; empero, no es factible asumir una interpretación aislada de este último precepto, sino que es preciso atender integralmente a las disposiciones que rigen el tema y una interpretación conforme al derecho fundamental de tutela judicial efectiva. De esta forma, el citado recurso es un medio de impugnación adicional y optativo para el afectado, si se toma en cuenta que el artículo 30 de la Ley de Escalafón del Personal de Base del Departamento de Educación Pública del Estado de Jalisco dispone que las personas afectadas podrán inconformarse contra las determinaciones de la comisión conforme tal tipo de recursos, así como el numeral 78 del citado reglamento que reitera su interposición como una potestad y no una obligación. Lo que, además, debe ser armonizado con la interpretación sistemática del artículo 58 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 15 de la referida ley de escalafón, que contemplan la facultad del tribunal laboral burocrático para resolver en definitiva las controversias de los trabajadores afectados con las decisiones de la Comisión Mixta de Escalafón, como sería el señalado dictamen. Lo anterior porque dichas normas, como se señaló, pueden ser interpretadas conforme al derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia en materia laboral, en términos de los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XII, en relación con el diverso 116, fracción VI, de la Constitución Federal, en el sentido de privilegiar el derecho de acceder de manera efectiva a la función jurisdiccional, concretamente a la tutela de los tribunales laborales para dirimir controversias en esa materia a favor de los afectados. Por tanto, el recurso de reconsideración no es obstáculo para que los gobernados puedan instar de manera efectiva, directa y sencilla su reclamo ante el tribunal competente y, en razón de lo anterior, se concluya que el afectado puede optar entre: a) dirimir tal situación ante la Comisión Mixta de Escalafón, para que reconsidere su decisión de asignación de plaza sujeta a concurso, o bien, b) reclamar el dictamen directamente ante el órgano de justicia laboral burocrático. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. En ese orden, resulta incuestionable que los actos reclamados en estudio, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 1, fracción I, 5, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, relativos a combatir los referidos actos, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Asimismo, es innecesario hacer mayor pronunciamiento respecto de las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades responsables, pues de hacerlo no cambiaría el sentido del fallo. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis siguiente: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados al ***, Jalisco; Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y, Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, precisados en el considerando segundo, por las razones vertidas en los considerandos tercero y último de este fallo. Notifíquese personalmente
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Visto el escrito de cuenta, signado por ***** autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se gire oficio al Juez Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial, con residencia en Ocotlán, Jalisco, para los efectos precisados; agréguese a los autos e infórmese que en acuerdo de veintinueve de octubre del año lectivo, se giró oficio 27024/2021, a través del cual se informó lo solicitado.
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Zapopan, Jalisco, once de noviembre de dos mil veintiuno. Autoridad en vías de cumplimiento. Visto el primer oficio de cuenta firmado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa que se encuentra realizando las gestiones a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, es decir, es decir, acredite que realizó el pago a favor de la parte quejosa de la cantidad que enteró por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veintiuno; descontándose la cantidad fija mínima que contempla la fracción I, inciso a), del artículo 16 de la Ley de Ingresos aplicable, es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, por ende, deberá regresarse la cantidad de ***, documentada mediante el recibo oficial ***, la cual deberá estar debidamente actualizada como si se tratara de pago de lo indebido. Lo anterior, remitiendo constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. Apercíbase a la autoridad que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá, en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, aplicado en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, y 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad encargada del cumplimiento, para que ordene a la referida Secretaría, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento. Superior conmina. Por otra parte, se tiene por recibido el segundo de los comunicados de cuenta signado por el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual informa, que en su carácter de superior jerárquico del Secretario de la Hacienda Pública de la mencionada Entidad Federativa, requirió a este último, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio ***; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, informando en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo, dictada en el presente juicio.
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