Facter Vazquez Rivera
Expediente 1351/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1351/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/02/2021
Partes del expediente
- Facter Vazquez Rivera
Actuaciones
- Principal
con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida resolución ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la autoridad responsable el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el pasado diez de octubre de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, en el que establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. Asimismo, de conformidad el segundo párrafo, de la fracción V, del punto vigésimo primero, capitulo quinto, del Acuerdo General invocado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe Juez Décimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; atento a su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Luego, se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que allega a su comunicado de cuenta, lo anterior de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del informe justificado remitido por la autoridad oficiante, así como de las constancias que anexó se advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la falta de proveído respecto del escrito presentado por la parte quejosa, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de origen 2042/2010, del índice de la responsable. Con el propósito de demostrar la operancia de la causal de improcedencia de que se trata, se requiere de la transcripción del precepto jurídico en mención, el cual dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la norma legal transcrita, se infiere que los efectos de un acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y, esto, da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto reclamado; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto reclamado, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. En ese contexto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 71, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sentado lo anterior, quien acude por esta vía constitucional combate, esencialmente, la falta de proveído respecto del escrito presentado por la parte quejosa, el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de origen 2042/2010, del índice de la responsable. Ahora bien, de las pruebas documentales aportadas por la Junta responsable, mismas que merecen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del arábigo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se desprende que con el veintiséis de noviembre pasado, proveyó el escrito que le fue presentado el quejoso en el juicio de origen el veinticinco de septiembre del año en curso. Sentado lo anterior, se concluye que, sin lugar a dudas, que en el caso a estudio, han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la autoridad responsable proveyó el escrito del quejoso. En esa tesitura, es claro la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, si se tiene en cuenta que la razón que lo justifica no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, que amerite ser reparado por el otorgamiento de una sentencia concesoria de amparo, pues ante la situación acaecida dentro de la tramitación del juicio que nos ocupa, resulta concluyente que han cesado los efectos del acto que por esta vía se combate, puesto que lo que pretende la parte quejosa con la promoción de este juicio de garantías, es que se proveyera el escrito del quejoso; y, si se advierte que lo anterior ya aconteció, resultaría ocioso entrar al estudio de su constitucionalidad. Por consiguiente, lo que amerita es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63, apartado V, ambos de la Ley de Amparo. Sobre el particular, resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente asunto, a saber, las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el primero de los oficios que suscribe el Coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, en consecuencia, téngasele en vías de cumplimiento. Con independencia de lo anterior, en términos de los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere al Congreso del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, bajo apercibimiento de ley Por otra parte, téngase por recibido el segundo de los oficios signado por ---- Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual comunica las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada téngase a la oficiante en vías de cumplimiento. Con independencia de lo anterior, en términos de los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo,
- Principal
agréguense a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista y correr traslado a la parte quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector,
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