Fabricio Rosales Cano

Expediente 1409/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1409/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Fabricio Rosales Cano
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    ...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, a veintisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo remitida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por Fabricio Rosales Cano, por propio derecho; contra actos del JUEZ CÍVICO MUNICIPAL DE QUERÉTARO y la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO Y SUS ELEMENTOS ADSCRITOS, fórmese y regístrese bajo el número 1409/2022. Ahora, considerando que del estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele de los siguientes actos: a) La privación de la libertad (arresto) fuera de procedimiento, del que dice fue objeto el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, así como de los golpes, malos tratos, y azotes recibidos durante tal arresto, así como la tortura psicológica inferida por sus captores; b) Una multa de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.); y, c) La negativa a permitirle trabajar como prestadora de servicios sexuales, en la ubicación conocida entre la carretera 57 y Avenida Pasteur, del Municipio de Querétaro. Al respecto, si bien el primero de esos actos está prohibido por los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y merece tratamiento urgente, lo cierto es que en ocasión a dicho acto se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; ." Lo anterior, porque en ocasión a dicho acto la quejosa narra en su demanda que el día veintinueve de octubre de dos mil veintidós, se encontraba prestado sus servicio como "trabajador masculino transexual", en la carretera 57 y Avenida Pasteur, del Municipio de Querétaro, Querétaro, y siendo aproximadamente las dos horas, fue arrestada en compañía de compañeras de profesión, siendo objeto de golpes, malos tratos, y azotes, así como la tortura psicológica, y posteriormente fue remitida con dichas compañeras al juzgado cívico de Querétaro, en donde el Juez cívico le impuso una multa por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.) por supuestas faltas a la moral y exhibirse en vía pública, por lo que una vez pagada tal multa, en la propia fecha, obtuvo su libertad. Como se ve, a pesar de que la quejosa reclama una privación fuera de procedimiento, acompañada de golpes, malos tratos, y azotes, así como la tortura psicológica, de su demanda se aprecia que la misma se ejecutó el veintinueve de octubre de dos mil veintidós desde el momento de su detención hasta su liberación, de modo que el tiempo que duro dicha privación de la libertad y demás actos prohibidos se encuentra ejecutado de modo irreparable por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal durante ese lapso, así como los golpes, malos tratos, azotes, y la tortura psicológica, que sufrió durante dicho arresto, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos como el amparo restituir a la parte quejosa en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privada durante ese día. Ante lo cual, resulta improcedente el juicio de amparo, en ocasión a los consabidos actos identificados en el inciso a) de este acuerdo, y por ende, acorde a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda al ser notoriamente improcedente respecto de tal acto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, registro 171537, que señala: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." Asimismo, procede desechar la demanda de amparo en ocasión a los actos reclamados identificados en los incisos b) y c), dado que en ocasión a ellos, se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Atendiendo al contenido de ese precepto, es claro que el legislador estableció que el juicio de amparo sería improcedente, si el amparo se promueve fuera de los plazos establecidos en la Ley de Amparo para tal efecto atendiendo al tipo y naturaleza de los actos reclamados, pues si la promoción del juicio de amparo se realiza en forma extemporánea, ello implica que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, precisamente por no haber reclamado su inconstitucionalidad en el plazo que la ley le otorga. En ocasión a los plazos para la presentación de la demanda de amparo y la forma en que deben computarse, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Esos numerales establecen como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados: 1) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama, conforme a ley que rija el procedimiento del que emana el acto; o bien, 2) Al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, 3) Al día siguiente en que el impetrante de garantías se ostente sabedor del acto o de su ejecución. Ello, salvo que los actos reclamados encuadren en alguna de las hipótesis definidas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 17, de la Ley de Amparo, esto es: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Hipótesis que en este asunto no se actualizan atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda (multa y negativa a permitir trabajar a la parte quejosa como "trabajador masculino transexual"), pues no se está impugnando una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, tampoco se reclama una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, ni se trata de aquellos actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni mucho menos, se trata de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Por ende, para determinar si la demanda origen de este asunto, es oportuna, debe atenderse al plazo genérico de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17, de la Ley de Amparo; y el cual debe computarse, conforme a la primera de las hipótesis a que alude el artículo 18 de la Ley de Amparo, es decir, a partir del día siguiente al en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. A fin de determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado, es relevante señalar que atendiendo a la narrativa que realiza la parte quejosa en la demanda de amparo, se aprecia que ésta bajo protesta de decir verdad, confesó que desde el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, se verificó la negativa a permitirle trabajar como trabajador masculino transexual", en la carretera 57 y Avenida Pasteur, del Municipio de Querétaro, así como que en la misma fecha se le impuso la consabida multa que ese día fue pagada. Lo cual implica que, al menos desde esa fecha, es decir, el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, la quejoso conoció de la existencia de los actos reclamados por virtud de su ejecución, de modo que el plazo del cual disponía tal quejosa para promover la demanda de amparo comenzó a computarse el día hábil siguiente, es decir, el tres de noviembre de dos mil veintidós, y feneció el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, conforme al siguiente calendario: Noviembre 2022 sábado domingo lunes martes Miércoles Jueves viernes 29 de Octubre Día en que la quejosa conoció del acto reclamado, por virtud de su ejecución 30 de Octubre 31 de Octubre 1 2 3 1/15 4 2/15 5 6 7 3/15 8 4/15 9 5/15 10 6/15 11 7/15 12 13 14 8/15 15 9/15 16 10/15 17 11/15 18 12/15 19 20 21 inhábil 22 13/15 23 Día 14/15 24 Día 15/15. Último día para promover la demanda. 25 Día 16/15 26 27 Día en que se promueve el juicio de amparo 28 29 30 31 Entonces, si la quejosa no promovió la demanda de amparo dentro del plazo de quince días del cual disponía quejoso para reclamar en amparo biinstancial tanto la multa como la negativa a permitir trabajar a la parte quejosa como "trabajador masculino transexual", que se ejecutaron el veintinueve de octubre de dos mil veintidós, con motivo de su arresto; dichos actos deben entenderse consentidos para efectos de procedencia del juicio de amparo. Ello, porque la demanda de amparo origen del presente juicio, se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, hasta las nueve horas con cincuenta y cinco minutos y nueve segundos de este día veintisiete de noviembre de dos mil veintidós, según se aprecia de los folios del juicio en línea correspondientes a la demanda origen de este amparo, a la cual le correspondió el número 4327595/2022, ante lo cual es claro que su presentación es notoriamente extemporánea. Es aplicable, el criterio contenido en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página setenta y uno, Primera Parte, Volumen 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En consecuencia, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) de este acuerdo, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, en ocasión a ellos. Asimismo, considerando que el quejoso no está imposibilitado para firmar la demanda de amparo por sí, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, al no estar privado de su libertad, en ocasión a los actos reclamados identificados con los incisos b) y c) de este acuerdo, este juzgado considera también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo vigente, los cuales disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107 fracción I de la Constitución Federal dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que, entre otros, rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece como regla general a seguir para la procedencia del sumario constitucional, que este únicamente puede promoverse por aquella persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado por sí, por representante legal o por su apoderado; apreciándose que en caso excepcional, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverse por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15, de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, en los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Puede promover el representante legal o apoderado; 2.- Podrá promover por conducto de su defensor o de cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley; 3.- Podrá promover cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, o destierro, extradición, desaparición forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Explicado de mejor manera, de conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien, la firma electrónica de conformidad con el ordinal 3o. de la multicitada ley. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx); ahora, dicha circunstancia no exime a la promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte) La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. En la inteligencia que el registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles únicamente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, es decir, que en los demás casos, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En el caso concreto, por virtud de los actos reclamados señalados por la parte quejosa, como ya se precisó al momento de la presentación de su demanda ésta no se encuentra privada de su libertad, por lo no etsá en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni en el precepto 22 de la Constitución Federal, tal como se hizo constar líneas arriba, razón por la cual resulta necesario para la tramitación del ocurso que se acuerda la firma electrónica correspondiente a quien promueve. Ahora, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda, haya sido firmado electrónicamente por el accionante de amparo Fabricio Rosales Cano. Entonces, al no encontrarse la demanda de amparo firmada por la promovente no se encuentra manifiesta la voluntad de ésta y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la multicitada ley. Pues se insiste, es patente que el numeral 3º de la ley de la materia, dispone que las promociones se deberán presentar por escrito y que siempre deberán contar con firma electrónica o autógrafa del quejoso o de su apoderado o representante legal; disposición de la que se obtiene que la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma por parte del quejoso o de su representante o apoderado legal, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico y/o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. En el caso concreto, el escrito de demanda que se atiende, se presentó de manera electrónica de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, dicho escrito carece de la firma de su promovente Fabricio Rosales Cano, por consiguiente, no se le puede dar valor probatorio alguno por haber sido presentada sin la firma electrónica (evidencia criptográfica) de quien la promueve, aunado a que los actos reclamados en la demanda de amparo, -los identificados con los incisos b) y c)- como ya se dijo en líneas precedentes, no se encuentran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo ni 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se precisó. Lo anterior, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente, o como en el presente caso, a través de la firma electrónica correspondiente a la parte quejosa, o bien de su representante o apoderado legal, y en esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de firma electrónica de Fabricio Rosales Cano,, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo, dado que carece de voluntad del promovente En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior, se insiste en atención al principio de instancia de parte agraviada, el cual implica que la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por el quejoso o por quienes legalmente los representen; pues la firma electrónica que establece el Poder Judicial de la Federación, es el medio de ingreso al Sistema Electrónico del citado Poder de la Unión, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales; de ahí, que la firma electrónica surte los mismos efectos que la firma autógrafa. Cabe destacar que en ese mismo sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión del ocho de octubre de dos mil dieciocho, por mayoría de ocho votos, la contradicción de tesis 47/2018. Obteniéndose de la misma de manera substancial, que la demanda de amparo que es presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente por parte del autorizado de la quejosa, no se está ante una irregularidad subsanable mediante prevención en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, siendo susceptible de ser desechada de plano, al carecer de voluntad de la persona que figura como promovente Lo anterior, prevaleciendo el principio constitucional de instancia de parte agraviada contenido en la fracción I del artículo 107 Constitucional. Sin que sea omiso que la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, tiene como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita, simplificando la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales (firma electrónica), con los mimos efectos para el caso de la firma autógrafa, sin que tal innovación presupueste soslayar los principios rectores del juicio de amparo(instancia de parte agraviada). Por ende es de concluirse que la demanda de amparo presentada electrónicamente mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra firmada con la firma electrónica del quejoso, por lo que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente y directo agraviado. Entonces, si al promover la demanda de amparo, Fabricio Rosales Cano, mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin que se acompañara la evidencia criptográfica que evidenciara que cuenta con la firma electrónica correspondiente certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), procede entonces desechar de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, en armonía con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XXIII, 5, fracción I, párrafo primero, 6°, y 15, interpretados a contrario sensu de la Ley de Amparo, pues no exteriorizó en la demanda de amparo su voluntad de dar inicio al presente juicio constitucional. Cobra aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia número 32/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente; Cobra aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia número 32/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son el siguiente; "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Además, es hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la posibilidad de tramitar y obtener la firma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación1 , cumpliendo con diversos requisitos que pide el propio sistema sin necesidad de asistir a las instalaciones de manera presencial. Así como también la dirección electrónica2 , donde se advierte que es factible como usuario la tramitación del juicio en línea. De modo que para acceder a los servimos que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas interesadas cuenten con dicha firma electrónica y se registren en el sistema, en donde sólo deberán indicar su nombre, correo electrónico y la clave de registro único de población, para después crear un nombre de usuario, y una contraseña; y vincular su firma electrónica al registro respectivo. De ahí, que si la demanda se presenta a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es requisito indispensable que cumpla con el requisito de la firma electrónica, al ser un mecanismo de identidad de la persona que está promoviendo y sobre todo que da certeza de su voluntad para promover en el juicio. Y si bien, es un hecho notorio la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y las medidas sanitarias, no se aprecia en el caso particular que la quejosa, se encontrara imposibilitada para realizar los trámites para la obtención de la firma electrónica o el registro en el portal aludido, a efecto de presentar la demanda que nos ocupa, es decir, que no contara con las herramientas tecnológicas para tal efecto; aunado a que de conformidad con el artículo 1 del citado Acuerdo General 13/2020, incluso podía firmar 1 Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación - Consejo de la Judicatura Federal (pjf.gob.mx) 2 Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación - Consejo de la Judicatura Federal (pjf.gob.mx) electrónicamente el ocurso haciendo uso no sólo de la "FIREL", sino también de la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), pues la "firma electrónica" las comprende a ambas. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Décima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo Materia Común, tesis P./J. 8/2019 (10a.), página 79, del rubro y texto siguientes: Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida en la Décima Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo Materia Común, tesis P./J. 8/2019 (10a.), página 79, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.39 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2679, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada 26/11/23 14:20:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.20 LEONARDO DANIEL ANAYA ARIAS contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio." Así como el criterio III.4o.T. J/5 sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Asimismo, tiene apoyo en la Tesis Aislada I.1o.A.38 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2017553 la cual es del rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). SI LA DEMANDA LA SUSCRIBE EL REPRESENTANTE O APODERADO DEL QUEJOSO, DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE ESE CARÁCTER De la interpretación armónica de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3o. y 6o., primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como de los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, se colige que el juicio de amparo puede promoverse vía electrónica, a través de las tecnologías de la información, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), ya sea por el quejoso, por su propio derecho, o bien, por quien ostente su representación. Así, en el segundo supuesto, no basta ser titular de la firma electrónica certificada con la que se suscriba la demanda para estimar satisfecho el principio de instancia de parte agraviada, sino que es indispensable, además, acreditar fehacientemente el carácter de representante o apoderado con que se actúa pues, por una parte, en los acuerdos citados se establece que el registro de cada usuario en el sistema constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse en nombre de otro -lo que implica que la firma electrónica certificada es personal e intransferible- y, por otra, aun cuando el artículo 11 de la Ley de Amparo faculta a quien afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para actuar en el juicio en nombre del quejoso o del tercero interesado, debe acreditarse plenamente el carácter de representante o apoderado de la persona en nombre de quien se promueve." Como corolario de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Fabricio Rosales Cano, por ser notoriamente improcedente, al actualizarse las causas de improcedencia aludidas en líneas precedentes. En diverso orden de ideas, como lo solicita la quejosa, se ordena notificarle mediante lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, y de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como su autorizado, en términos restringidos de tal precepto, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a Roberto Flores Moya, en razón de que NO se encontró registrada su cédula profesional para ejercer la licenciatura en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que con posterioridad pueda acreditar contar con dicha cédula profesional y le sean reconocidas las diversas facultades que le fueron conferidas. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 48 fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, remítase a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materias Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, copia de la demanda de amparo que nos ocupa, a efecto de que realice en el sistema de turno la compensación correspondiente a favor de este juzgado y emita la boleta de turno respectiva. NOTIFÍQUESE.

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