Fabricio Mayen Santiago

Expediente 906/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
906/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Fabricio Mayen Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción III, inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra dentro de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 906/2023-VII-A promovido por Fabricio Mayen Santiago, contra el acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 906/2023-VII-A y se admitió a trámite; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tiene lugar conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El auto de once de mayo de dos mil veintitrés, por medio del cual se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se fijó la medida provisional de alimentos a favor de su hijo menor de edad de iniciales E. M. S. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (promoción 10676), corroborado con las documentales que adjuntó al mismo. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Estudio de los conceptos de violación. Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Mariana Solís Estrada, promovió juicio de divorcio incausado en contra de Fabricio Mayen Santiago (quejoso), formándose el expediente 64/2021. (fojas 3 a 7 del anexo de este expediente) 2. Derivado de lo anterior, la Juez responsable admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado de la misma al hoy quejoso, para que la conteste. (fojas 10 y 11 del anexo de este expediente) 3. En fecha cinco de abril de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio al aquí quejoso. (foja 16 del anexo de este expediente) 4. Con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, se fijaron alimentos provisionales a favor del menor de edad de iniciales E. M. S., y a cargo del aquí quejoso por la cantidad de $1,800.00 (son: mil ochocientos pesos, moneda nacional). (fojas 84 a 86 del anexo de este expediente) 5. Mediante escritos de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el hoy quejoso y la aquí tercera interesada Mariana Solís Estrada, interpusieron recurso de revocación en contra del auto de veinte mayo citado. (fojas 87 a 94 del anexo de este expediente). 6. Por diversas resoluciones, ambas de fecha cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se declararon improcedentes los recursos de revocación y se confirmó el auto de veinte de mayo de ese propio año, en la parte conducente en que se decretó alimentos provisionales. (fojas 141 a 148 del anexo de este expediente). 7. Contra la determinación de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, Mariana Solís Estrada interpuso juicio de amparo indirecto el cual le correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, que se radicó con el número 1760/2021-VIII, del índice de ese Juzgado, el cual en sentencia ejecutoria firmada el trece de junio de dos mil veintidós, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la ahí quejosa para el efecto de que la juez responsable: "Deje insubsistente el acto reclamado únicamente en lo referente a la pensión alimenticia provisional. Hecho lo anterior, deberá recabar la información indispensable para conocer la capacidad económica del deudor alimentario. Finalmente, con libertad de jurisdicción, resuelva fundada y motivadamente, lo que en derecho corresponde." (fojas 187 y 188 y 616 a 628 del anexo de este expediente). 8. Por acuerdo de trece de abril dos mil veintitrés, en cumplimiento a lo resuelto en el juicio de amparo 1760/2021-VIII, la juez responsable modificó el acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintiuno, en cuanto a la medida provisional de alimentos fijada, estableciendo como nueva cantidad en concepto de pensión alimenticia provisional a favor del menor de edad de iniciales E. M. S., y a cargo del hoy quejoso la cantidad equivalente al treinta y cinco por ciento del total de sueldos o emolumentos, comisiones, y demás prestaciones, menos las deducciones, únicamente las de carácter legal, como lo son, las fiscales y las de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 110 fracción V de la Ley Federal del Trabajo, que devenga mensualmente el hoy quejoso, como empleado de la empresa denominada PEMEX LOGÍSTICA, y en caso de baja laboral, en cualquier otro centro de trabajo donde labore con posterioridad. (fojas 629 a 632 del anexo de este expediente) 9. Mediante memorial de veinte de abril de dos mil veintitrés, Luis Rubén Martínez Arellano, en su carácter de asesor jurídico patrono del aquí quejoso Fabricio Mayen Santiago, interpuso recurso de revocación en contra del auto de trece de abril de dos mil veintitrés, que fijó nueva cantidad en concepto de alimentos. (fojas 358 a 365 del anexo de este expediente) 10. En auto de once de mayo de dos mil veintitrés, la Juez responsable emitió el pronunciamiento respectivo en los términos siguientes: "Mérida, Yucatán a once de mayo del año dos mil veintitrés. Vistos: . . ., Seguidamente, tiénese por presentado al ciudadano LUIS RUBÉN MARTÍNEZ ARELLANO en su carácter reconocido en autos, con sus dos escritos de cuenta, por lo que respecta al primero de ellos: . . . . Ahora bien y del segundo de sus ocursos, por cuanto se advierte que pretende interponer el recurso de revocación en contra del auto de fecha trece de abril del año dos mil veintitrés, con fundamento en el numeral 78 fracción III del Código de Procedimientos Familiares; declárase que no es de admitirse como en efecto no se admite, por ser notoriamente frívolo e improcedente, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria federal o en su caso el incumplimiento de la misma, le corresponde a dicha autoridad, debiendo interponer ante ella el recurso correspondiente; en tanto, déjense a salvo los derechos del compareciente para que los ejercite en la vía y forma legal que corresponda." Siendo lo último señalado de lo que se duele el quejoso en el presente juicio de amparo. En dicho proveído, la Juez responsable estimó que el recurso resultaba frívolo e improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares, ya que el cumplimiento de la ejecutoria federal o, en su caso, el incumplimiento de la misma le corresponde al Juez de amparo. Ahora bien, en sus conceptos de violación el quejoso alega, en lo esencial, que la responsable transgrede en su perjuicio los derechos que se tutelan en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de manera incorrecta le desechó su recurso por frívolo e improcedente, pues el Juez de amparo le otorgó plenitud de jurisdicción para resolver lo que a su juicio considerara en relación con la pensión alimenticia. Que al desechar su recurso la Juez responsable le impidió de manera absoluta acceder a la tutela judicial del Estado para defender su derecho al mínimo vital de subsistencia. Los anteriores conceptos de violación resultan fundados pero inoperantes, en razón de lo siguiente: Son fundados en la medida que la Juez responsable desechó el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, por considerarlo notoriamente frívolo e improcedente. Pues si bien, del artículo 78 fracción III, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, se evidencia la permisión legal al juzgador de desechar aquellos recursos que resulten notoriamente improcedentes, pues dispone lo siguiente: "Facultades del juez Artículo 78. El juez está facultado para: [...] III. No admitir incidentes, promociones o recursos notoriamente improcedentes;...". De la determinación recurrida, se observa que el actuar de la Juez responsable se limitó a declarar improcedente el recurso interpuesto, con base en que el cumplimiento de la ejecutoria federal o, en su caso, el incumplimiento de la misma le corresponde al Juez de amparo. Sin embargo, fue omisa en indicar las razones por las que consideró que dicha decisión está vinculada con el cumplimiento de una ejecutoria federal y/o porque el incumplimiento de la misma le corresponde a un Juez de amparo. Lo anterior era necesario, porque como alega el quejoso el Juez de amparo le otorgó plenitud de jurisdicción para resolver lo que a su juicio considerara en relación con la pensión alimenticia fijada a favor de su hijo menor de edad de iniciales E. M. S. En consecuencia, si no se expusieron los argumentos relativos a justificar la improcedencia del recurso, es claro que se dejó al quejoso en estado de indefensión, impidiéndole que esté en condiciones de cuestionar y controvertir la decisión. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, segunda parte-2, enero-junio de 1989, página 652 y registro 229045, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS Y PROMOCIONES FRIVOLOS O IMPROCEDENTES, DESECHAMIENTO DE LOS. DEBE MOTIVARSE. (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). La simple cita de una disposición legal, en el caso del artículo 41 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, en el auto que desecha un recurso por considerarlo notoriamente frívolo o improcedente, no basta para concluir que dicho acto de autoridad esté motivado, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, si en él no se señalan ni precisan las circunstancias especiales y razones particulares que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto." Y el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, consultable en la foja 525, Volumen 217-228, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 247219, que señala: "RECURSOS. CALIFICACION DE SU FRIVOLIDAD O IMPROCEDENCIA. NO QUEDA AL ARBITRIO DE LOS JUECES SINO QUE DEBE APARECER MANIFIESTA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO. Los recursos son, en lo general, medios de impugnación de los actos procesales. La necesidad de justicia constituye su origen. En el caso de la apelación, la revisión se efectúa por el superior. El acto provocatorio del apelante no supone que la resolución impugnada sea realmente justa; basta con que se le considere como tal, para que el recurso proceda y surja la segunda instancia. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles dispone, en su primer párrafo, que los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos e improcedentes, los desecharan de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo. La calificación de frivolidad improcedencia de un recurso, pues, no queda el arbitrio de los Jueces; debe aparecer manifiesta de las circunstancias de cada caso. Si no existe causa notoria para el desechamiento, como cuando el recurso se interpone fuera de tiempo o la resolución impugnada por su naturaleza no es apelable, debe admitirse para que el superior resuelva después con conocimiento de causa." Consecuentemente, es dable sostener que en la emisión de la determinación materia de este juicio constitucional se infringieron en perjuicio de la parte quejosa, sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad, congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal; ahí que sus conceptos de violación resulten fundados. Empero, no obstante lo anterior, resultan inoperantes tales conceptos, toda vez que a nada práctico conduciría conceder el amparo para que la Juez responsable motive el acuerdo reclamado, ya que contra la resolución que resolvió el recurso de revocación no procede otro recurso de la misma naturaleza, suponer lo contrario provocaría una cadena interminable de recursos que impediría la firmeza de las resoluciones emitidas en primer lugar y habría la posibilidad de que nunca se dictara la determinación final del medio de defensa impugnado. Lo que se sostiene así ya que no se debe perder de vista que la resolución de trece de abril del año en curso, se dictó en cumplimiento de la ejecutoria de amparo que se interpuso en contra de la diversa de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la hoy tercera interesada, que promovió en contra de la determinación de veinte de mayo del citado año; por lo que dicha resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, constituye la resolución recaída al recurso de revocación citado, por lo que en contra de una resolución de revocación no procede otro recurso de revocación, de ahí lo frívolo e improcedente del recurso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis (IV Región) 2o.12 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, de rubro y texto siguientes: "RECURSO CONTRA RECURSO. LA IMPOSICIÓN DE LA CARGA PROCESAL QUE IMPLIQUE A LAS PARTES UNA OBLIGACIÓN DE ESA NATURALEZA, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE CONTRA EL PROVEÍDO DEL JUEZ DE ORIGEN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Si el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto respectivo, considerando para ese efecto que la parte interesada no hizo valer el recurso de revocación contra el auto dictado por el Juez de primera instancia, a través del cual, a su vez, fue desechado el recurso de revocación interpuesto por aquélla; dicho proceder del Juez Federal entraña la imposición a la parte interesada de la obligación de interponer recurso contra recurso, lo que transgrede el derecho humano de acceso a la justicia, tutelado por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así, el agravio que combate ese sobreseimiento resulta fundado y apto para revocar la sentencia recurrida que lo decretó pues, al no existir medio de impugnación ordinario contra el proveído por el que el Juez de origen dispuso tener por no admitido el recurso de revocación, resulta procedente el amparo indirecto conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2015006, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, página 3039, Tipo: Aislada) Y la diversa tesis I.7o.C.32 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "RECLAMACIÓN. EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE LA RESUELVE, ES IMPROCEDENTE LA PROMOCIÓN DE OTRO RECURSO. El artículo 103 de la Ley de Amparo y los diversos 83 y 95 de dicho ordenamiento, no prevén que contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación se pueda interponer recurso alguno, además, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tampoco contempla hipótesis distinta a la expuesta, por tanto, debe concluirse que las sentencias que resuelven tales recursos son irrecurribles. Suponer lo contrario provocaría una cadena interminable de recursos que impediría la firmeza de las resoluciones emitidas en primer lugar y habría la posibilidad de que nunca se dictara la determinación final del medio de defensa impugnado. En esas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 356, fracción I y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la determinación que resuelve una reclamación adquiere el carácter de definitiva y posee la calidad de cosa juzgada, por tanto, cualquier recurso impuesto en contra resulta improcedente." (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 175815, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.7o.C.32 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1893, Tipo: Aislada) En consecuencia, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación formulados por el quejoso Fabricio Mayen Santiago, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita. SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Fabricio Mayen Santiago, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el memorial signado por Luis Rubén Martínez Arellano, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual ofrece como prueba documental las constancias que integran el expediente 754/2021 del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que solicita se requiera al Titular de ese Juzgado, señalado como autoridad responsable. Al respecto, no ha lugar a tener por ofrecida la prueba documental que refiere y solicita se requiera a la autoridad responsable, toda vez que dicha solicitud no se hizo con la anticipación debida, esto es, a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, la cual fue diferida, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 79/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." (Registro digital: 2017572, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 79/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1198). Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de tres de julio en curso; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con cuarenta y siete minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

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