Fabricio Alvarez Paz
Expediente 206/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/07/2022
Partes del expediente
- Fabricio Alvarez Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio suscrito electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, el cual quedó registrado con el número 357/2022. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Se remite recurso de revisión. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra debidamente integrado el presente expediente, por tanto, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, lo siguiente: a) El escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revisión. b) Una copia de los mismos para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal de alzada; y c) Los autos originales del presente juicio de amparo. Lo anterior, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer por la autorizada de la parte quejosa, en contra de la sentencia emitida el siete de enero de dos mil veintidós, mediante la cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la justicia en el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 de la Ley de Amparo, se les tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto el siete de enero de dos mil veintidós. En consecuencia, distribúyanse entre las partes las fotocopias del citado medio de impugnación, y una vez hecho lo anterior, remítase el expediente original del presente juicio de amparo, así como el escrito original mediante el cual se hace valer el recurso de revisión y una fotocopia de éste, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, para su debida substanciación; ello dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente este expediente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Fabricio Álvarez Paz y otros, solicitaron el amparo y protección de la justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: "III. Autoridades responsables: a) Se señalan como autoridades ordenadoras: 1. H. Congreso del Estado de Baja California [.]. 2. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California [.]. 3. Secretario de Gobernación del Estado de Baja California [.]. b) Se señalan como autoridades ejecutoras: 4. Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California [.]. 5. Recaudación de Rentas del Estado de Baja California [.]. 6. Director de Auditoria del Estado de Baja California [.]. IV. Acto reclamado: Del Congreso del Estado de Baja California se reclama: a) La aprobación y la expedición de las siguientes normas generales: 1. Artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales regulan el Impuesto a Casas de Empeño, mismos que se publicaron mediante Decreto No. 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de diciembre de 2019. 2. Artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, el cual regula el Impuesto a Casas de Empeño, mismo que se publicó mediante Decreto No. 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de diciembre de 2019. Del Titular del Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobernación ambos del Estado de Baja California, se reclama: a) La promulgación, publicación y autorización o referendo de las siguientes normas generales: 1. Artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales regulan el Impuesto a Casas de Empeño, mismos que se publicaron mediante Decreto No. 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de diciembre de 2019. 2. Artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, el cual regula el Impuesto a Casas de Empeño, mismo que se publicó mediante Decreto No. 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 31 de diciembre de 2019. De la Secretaría de Hacienda del Estado, Recaudación de Rentas y Director de Auditoria, todas del estado de Baja California, se reclama: a) Cualquier acto de ejecución que se inicie en contra de mi representada, así como cualquier obligación o sanción que se le pueda imponer con fundamento en las normas generales que se tildan de inconstitucionales en este acto. SEGUNDO. Separación de juicios. Mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, la demanda de amparo se radicó bajo el número 74/2021-IV y se ordenó su separación con motivo de la diversidad de quejosos, quienes se consideró tenían situaciones fiscales distintas y características propias. Por lo que se ordenó formar cinco demandas por separado; además, se determinó enviar cuatro de ellas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para el trámite respectivo. TERCERO. Trámite del juicio. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se recibió copia certificada de la demanda y anexos relativas únicamente al quejoso Fabricio Álvarez Paz y otros; por tanto, se registró bajo el número de expediente 206/2021-III y se admitió; por lo que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Justificación. Lo anterior, en razón de que se reclama la aplicación de una ley cuyas consecuencias jurídicas y materiales cobran aplicación y, por ende, se ejecutan, dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicita el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: No. Autoridades responsables (en su denominación correcta) Actos reclamados Autoridades ordenadoras 1 Congreso del Estado de Baja California La aprobación y expedición de lo siguiente: 1. Artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales regulan el impuesto a casas de empeño, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 2. Artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual regula el impuesto a casas de empeño, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 2 Gobernador del Estado de Baja California La promulgación, publicación, autorización o referendo de lo siguiente: 1. Artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales regulan el impuesto a casas de empeño, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 2. Artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, el cual regula el impuesto a casas de empeño, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 3 Secretario de Gobernación del Estado de Baja California Autoridades ejecutoras 4 Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California La ejecución de las normas reclamadas. 5 Servicio de Administración Tributaria de Baja California 6 Director de Auditoria del Estado de Baja California TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Las autoridades responsables que enseguida se indicarán rindieron su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido de los informes Foja(s) 1 Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California Rindió, pero fue omisa en pronunciarse 122 a 136 2 Gobernador del Estado de Baja California Cierto 148 a 165 3 Secretario de Gobernación del Estado de Baja California Cierto 167 a 169 4 Servicio de Administración Tributaria de Baja California Niega 173 y 174 5 Congreso del Estado de Baja California Cierto 188 a 203 Como se aprecia del recuadro anterior, las autoridades responsables señaladas con los números 2, 3 y 5 aceptaron la existencia de los actos reclamados; por ende estos se tienen como plenamente probados. En cuanto a la autoridad señalada con el número 1, aunque rindió su informe con justificación, fue omisa en pronunciarse respecto a la certeza del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto. Por otro lado, en relación con la negativa del acto reclamado hecha valer por el Servicio de Administración Tributaria de Baja California, la misma se desvirtúa, en razón de que la autoridad responsable ejerce facultades de recaudación de los tributos reclamados; por ende, se tiene por cierto el acto de ejecución que se le atribuye. Omisión de rendir informe. En diverso aspecto, la autoridad responsable Director de Auditoria del Estado de Baja California, fue omisa en rendir su informe dentro del término de quince días que al efecto establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, tal como se advierte del cuadro siguiente: Fecha en que se solicitó el informe justificado. Notificación a la autoridad responsable Surtió efectos Término de 15 días Días inhábiles 23 de marzo de 2021 Mediante oficio 5131 notificado el 07 de abril de 2021 07 de abril de 2021 Del 08 al 28 de abril de 2021 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de abril de 2021 Por tanto, fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados que se le atribuyeron. Además, al tratarse los actos reclamados de normas de carácter general no están sujetas a prueba, puesto que constituyen un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. I. No se atacan actos por vicios propios. En el caso, quien resuelve estima que en relación con los actos que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Gobernador del Estado de Baja California y Secretario de Gobernación del Estado de Baja California consistentes en la publicación, autorización o referendo de las normas impugnadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, los que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los preceptos transcritos, se advierte que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley o de la constitución; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el referido dispositivo. Por su parte, del numeral 108 del mismo ordenamiento legal, en su fracción III, se deduce que solo tendrán la calidad de autoridades responsables, aquellas que intervinieron en el refrendo o publicación de una norma general, únicamente cuando dichos actos les sean impugnados por vicios propios. Bajo ese tenor, resulta que en el caso particular, se actualiza dicha causa de improcedencia, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya formulado manifestación alguna para combatir el la publicación, autorización o referendo de las normas impugnadas, lo cual conforme a la ley reglamentaria del juicio de amparo, resulta un requisito indispensable para que a las autoridades que hayan intervenido en dichos actos, se les pueda llamar con el carácter de autoridades responsables y estén en posibilidad de defender la constitucionalidad de los mismos; lo que en el caso no acontece. Decisión. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII, 63 fracción V y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, únicamente con relación a los actos reclamados al Gobernador del Estado de Baja California y al Secretario de Gobernación del Estado de Baja California, consistentes en la publicación, autorización o referendo de las normas impugnadas, dado que no se les reclama vicios propios. II. Falta de interés. En diverso aspecto, las autoridades responsables Gobernador del Estado de Baja California y Congreso del Estado de Baja California, al rendir sus informes justificados sostuvieron que el juicio de amparo es improcedente, en razón de que, a su consideración, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que aducen que el peticionario del amparo no acreditó el primer acto de aplicación de los artículos reclamados, para con ello acreditar su interés jurídico. Calificativa de la causal. La causal de improcedencia hecha valer se estima infundada. Para demostrar tal afirmación resulta necesario trascribir el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conviene precisar que la figura del interés jurídico se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, al disponer tal precepto lo siguiente: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo que protege alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Asimismo, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera del gobernado, no existe legitimación para promover el juicio constitucional. En ese sentido, teniendo en consideración que en este juicio de amparo se reclaman los artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como eel artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con motivo del primer acto de aplicación, se estima que la causal de improcedencia es infundada, toda vez que contrario a lo que afirman las autoridades responsables en el juicio sí se encuentra acreditado que le fueron aplicados los preceptos que se señala de inconstitucional a la parte quejosa. Lo anterior, toda vez que para acreditar tal extremo, obra en autos la documental consistente en copia certificada de los originales de: 1. La orden de pago expedida por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Baja California a nombre del quejoso Fabricio Álvarez Paz, en la que se estableció el monto a pagar por concepto de impuesto a casas de empeño y otros impuestos por la cantidad de $674.00 (seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 2. Comprobante de pago expedido por BBVA BANCOMER Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, a favor del Estado de Baja California, por la cantidad de $674.00 (seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Documento que adquiere, el primero, pleno valor probatorio por tratarse de una actuación emitida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones; y el segundo de indicio por ser una documental privada, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. De las documentales de referencia, se advierte que efectivamente la parte quejosa Fabricio Álvarez Paz efectuó el pago por concepto del impuesto reclamado. De ahí que, con base en lo precisado, no exista duda para este órgano jurisdiccional sobre el hecho de que efectivamente la parte quejosa realizó el pago del tributo contenido en los artículos que reclama. Consecuentemente, una vez resuelto lo anterior y como en la especie no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia que conlleve el sobreseimiento en el juicio, se continuará con el análisis de la cuestión planteada a la luz de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra de los actos reclamados, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integral a sus inconformidades SEXTO. Estudio del asunto. Los motivos de inconformidad resultan inoperantes por un lado e infundados en diverso aspecto, los cuales se estudiarán de manera conjunta y por grupos en los que se relacionan entre sí, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En primer término, debe indicarse que la parte quejosa en los conceptos de violación identificados en la demanda de amparo como primero, segundo y tercero formula motivos de inconformidad en contra del proceso legislativo que dio origen a las normas reclamadas. Esto es, a través de tales argumentos pretende evidenciar violaciones de tipo formales y no materiales de las normas reclamadas. Por tanto, en atención a que tales cuestiones son de carácter formal, se estima necesario analizarlos primeramente en tanto su actualización determina mayores efectos a la declaración de inconstitucionalidad y vuelve ocioso el análisis de los vicios materiales, ya que los primeros pueden determinar la inaplicación de todo el ordenamiento reclamado, mientras que los segundos, de ser fundados, sólo tendrán como efecto conceder el amparo para que no se apliquen los artículos o disposiciones inconstitucionales concretas. Conceptos de violación en los que se plantean violaciones de tipo formal en el procedimiento legislativo. I. No se convocó a una tercera parte de los diputados que integran el Congreso del Estado de Baja California. En el motivo de inconformidad identificado en la demanda de amparo como primero, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: 1. Se violenta el derecho fundamental político de participación en la dirección de los asuntos públicos, previsto en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, toda vez que transgreden los derechos fundamentales de legalidad y certeza jurídica, reconocidos en los artículos 14 y 16 de la constitución federal, en razón de que durante el procedimiento legislativo que culminó con la reforma de los artículos impugnados no se convocó a una tercera parte de los diputados que integran el Congreso del Estado de Baja California. 2. El artículo 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que todos los ciudadanos gozan del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. 3. Es inaplicable el criterio de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO"; porque no se alega que la emisión de los decretos reclamados provoquen inseguridad o sean ilegales, sino que el agravio personal y directo que sufre el particular en su esfera jurídica es que las autoridades responsables hicieron nugatorios los derechos fundamentales de naturaleza política del quejoso, al crear dos decretos de ley en los que sin justificación alguna se omitió convocar para la sesión legislativa correspondiente, generando que no hubiese discusión sobre la imposición de contribuciones especiales a la venta o enajenación de bienes no recuperados de las casas de empeño, violentando con ello el artículo 73, fracción X, inciso C), punto 50, fracción X, de la constitución federal, en relación con el artículo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que prevé las facultades del Congreso de la Unión para legislar, sin considerar, analizar y discutir el impacto económico que provocará al Estado la imposición de las contribuciones. 4. Se genera una violación directa al derecho fundamental político del quejoso, porque se creó una ley pasando por alto las disposiciones constitucionales y legales, impidiendo la participación en los asuntos públicos por representación indirecta. 5. Se transgredieron los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica porque el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación de la reforma de los artículos impugnados, se realizó sin que existiera una convocatoria a todos y cada uno de los integrantes de la legislatura local. 6. La actuación del presidente del congreso consistente en pretender convocar a la sesión extraordinaria a legisladores que no se encontraban con tan solo manifestar "se comunica", es inconstitucional, porque no existe certeza de que los legisladores tuvieran conocimiento de la supuesta convocatoria. Lo que genera una vulneración al principio de deliberación parlamentaria, así como los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que durante el proceso no se convocó a la tercera parte de los diputados que integran la legislatura y, por ende, se impidió conocer de manera precisa la voluntad del órgano legislativo. II. No se justificó urgente resolución. En el concepto de violación identificado en la demanda de amparo como segundo, la parte quejosa aduce esencialmente lo siguiente: 1. Los artículos reclamados son inconstitucionales, en razón de que el procedimiento de aprobación de las normas contiene violaciones formales, en particular el haberse dispensado indebidamente el trámite en las comisiones dictaminadoras respecto del dictamen que dieron origen a las normas reclamadas, en contravención con los artículos 31 de la constitución federal y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; situación que atenta en contra del derecho fundamental político de participación en la dirección de los asuntos públicos. 2. En el procedimiento legislativo se omitió realizar el trámite ante las comisiones de dictamen para que con ello las diversas fuerzas políticas hubiesen tenido la oportunidad de estudiar las iniciativas de reforma y poder determinar la viabilidad del cobro de las contribuciones y recabar la opinión de la Auditoría Superior del Estado de Baja California, conforme lo requiere el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. 3. Los acuerdos de la mesa directiva del congreso a través de los cuales se presentó al pleno las iniciativas, no acreditan la urgente y obvia resolución, puesto que este extremo no puede ser convalidado únicamente por el simple hecho de que se haya referido que correspondía a la necesidad de contar con opciones para la recaudación de recursos por parte de la administración pública estatal. III. No se obtuvo la opinión de la Auditoría Superior del Estado. En el concepto de violación identificado en la demanda de amparo como tercero, el quejoso sostiene, sustancialmente, lo siguiente: 1. El procedimiento de aprobación de las normas reclamadas violenta las formalidades esenciales que deben seguirse en el proceso legislativo, en particular la relativa a haber obtenido la opinión y dictamen de la Auditoría Superior del Estado, respecto a las iniciativas que dieron origen a los preceptos reclamados, en contravención con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; así como el artículo 105, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus municipios. 2. La falta de intervención de la Auditoría Superior del Estado en el proceso legislativo, ante la indebida dispensa del trámite en comisiones, generó un perjuicio en la ciudadanía, ya que no se evaluó las consecuencias de las mismas, lo que tiene efectos devastadores en la economía de la ciudadanía del estado y los sectores productivos de la región. Calificativa. Los motivos de inconformidad son inoperantes. Como se vio de la reseña de los conceptos de violación, la parte quejosa sostiene que el proceso legislativo que dio origen a los decretos reclamados contienen diversas deficientes que los tornan inconstitucionales. Para ello, plantea tres aspectos torales con los cuales pretende evidenciar que no se siguieron las formalidades necesarias en el procedimiento legislativo, las cuales son: 1. Que no se convocó a una tercera parte de los diputados que integran el Congreso del Estado de Baja California. 2. Que no se justificó el procedimiento de urgente resolución. 3. Que no se obtuvo la opinión de la Auditoría Superior del Estado previo a la emisión de los decretos reclamados. Sin embargo, esta autoridad estima que los argumentos planteados son inoperantes en la medida en que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, sí se considera aplicable lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 105/2017 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 133/2017, de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO". En efecto, la parte quejosa considera que el critero en cita es inaplicable, porque no se alega que la emisión de los decretos reclamados provoquen inseguridad o sean ilegales, sino que el agravio personal y directo que sufre el particular en su esfera jurídica es que las autoridades responsables hicieron nugatorios los derechos fundamentales de naturaleza política del quejoso, al crear dos decretos de ley en los que sin justificación alguna se omitió convocar para la sesión legislativa correspondiente. Circunstancia que esta autoridad considera impreciso y, por ende, que debe aplicarse la jurisprudencia en mención. En efecto, este órgano de control constitucional no pasa por alto que la propia Ley de Amparo y la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han determinado que sí es posible impugnar en el juicio de amparo violaciones de carácter formal en los procedimientos de creación de las normas. Sin embargo, la facultad de hacerlo no es absoluta, ya que deben cumplirse ciertos parámetros para hacerlo. Tal hecho se encuentra delimitado plenamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis a que se hizo mención, esto es, la 105/2017. En la ejecutoria que dio origen a la referida contradicción de tesis, los ministros argumentaron que del propio artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se infiere la posibilidad de que las normas generales se combatan por su propio contenido o por virtud de su proceso de formación al que se atribuyan vicios propios; lo que revela que esas normas pueden reclamarse en dos aspectos, a saber: a) En cuanto a su aspecto formal, vinculado con su proceso de formación y, b) En cuanto a su aspecto material, vinculado con su contenido. Así, la segunda sala consideró que adquiere relevancia la inconstitucionalidad formal, esto es, aquella que atribuye irregularidades en el proceso de formación de la norma, la cual, tratándose de leyes, puede basarse en una transgresión directa a los artículos 71 y 72 de la constitución federal (que regulan la iniciativa y formación de las leyes) o, en su defecto, de los derechos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por no ajustarse, en su creación, a las formalidades que establece la normatividad secundaria correspondiente, ya sea federal o local. Sin embargo, la propia corte sostuvo que si bien es factible atacar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 constitucionales, específicamente, por vicios en su proceso de creación frente a las formalidades que la normatividad secundaria correspondiente prevé, lo cierto era que debía reiterarse que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso de creación deben repercutir en un derecho que tutele al amparista o que tenga alguna repercusión en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo estará justificado, pues, en el caso de ser fundado, podría considerarse una transgresión de derechos fundamentales del quejoso susceptible de restituirse conforme a la mecánica que establece el artículo 78 de la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se advierte que el caso no se cumple lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar viable el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el quejoso en contra del procedimiento legislativo que dio origen a las normas reclamadas y, por tanto, deben declararse inoperantes. Ello es así, ya que el quejoso aduce que no se colman los supestos de la tesis en cita, porque, a su consideración, sí existe una violación directa a su esfera jurídica, específicamente con relación a sus derechos fundamentales de naturaleza política del quejoso, que se traduce en la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes. Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que los planteamientos del quejoso únicamente denotan afectaciones al principio de deliberación parlamentaria en los términos de lo resuelto en la propia contradicción de tesis. Lo anterior, porque, aun en el supuesto no concedido de que fuere verídico lo que aduce la parte quejosa, esto es, que no se convocó a una tercera parte de los diputados que integran el Congreso del Estado de Baja California; que no se justificó el procedimiento de urgente resolución y que no se obtuvo la opinión de la Auditoría Superior del Estado previo a la emisión de los decretos reclamados, no son aspectos que incidan directa o indirectamente en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que se trata únicamente de violaciones al principio de deliberación parlamentaria. Ello, porque tales circunstancias únicamente se traducen en privar a la totalidad de las fuerzas políticas, en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, así como de oír a autoridades diversas dentro de esa deliberación, como podría ser la Auditoría Superior del Estado. En ese sentido, si bien la parte quejosa aduce que se vulneran sus derechos fundamentales de naturaleza política, lo cierto es que las violaciones que aduce sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria. En efecto, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud de la democracia representativa adquieren relevancia no sólo las decisiones adoptadas por una determinada mayoría de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino también porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías políticas, como de las minorías políticas. Siendo que es precisamente la naturaleza representativa de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto-. Así, los ministros sostuvieron, que el órgano legislativo, antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios y, en ese tenor, el procedimiento legislativo debe proteger el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública aquello que va a ser objeto de la votación final. Sin embargo, en casos como el procedimiento de urgente y obvia resolución, su naturaleza es esencialmente política y se vincula con los principios propios de la dimensión deliberativa de la democracia representativa, por lo que debe resguardar la libertad de expresión de los parlamentarios y su derecho al voto y, sobre todo, los derechos de las minorías legislativas; de forma tal que ningún actor sea excluido del proceso deliberativo; para lo cual, es necesario que sus formalidades sean respetadas, a efecto de garantizar que las fuerzas políticas con representación parlamentaria participen en el proceso de discusión, votación y aprobación en condiciones de efectiva información, igualdad y libertad. Por tal motivo, la Segunda Sala consideró que las irregularidades que eventualmente pudieran actualizarse en ese procedimiento de obvia y urgente resolución, sólo pueden afectar ese principio de democracia deliberativa que, desde luego, no tutela a los particulares, sino que está dirigido a proteger a los grupos parlamentarios. Tales argumentos se estiman aplicables al caso concreto, ya que en el segundo concepto de violación la parte quejosa aduce cuestiones propias del referido procedimiento de obvia y urgente resolución. Mientras que en el primer concepto de violación se aducen violaciones como el hecho de que no fueron convocados las dos terceras partes de los legisladores Sin embargo, tal circunstancia únicamente puede generar afectación a los legisladores que deben intervenir, porque son ellos quienes tienen la oportunidad de participar en la etapa de discusión de manera oportuna, informada y libre, y, por tanto, son ellos los que, en su caso, podrían oponer una defensa al respecto. Igual razonamiento se estima aplicable para el hecho de que no se hubiese tomado la opinión de la Auditoría Superior del Estado como lo sostiene la parte quejosa, porque tal circunstancia únicamente puede repercutir en la discusión o deliberación llevada a cabo previo a la emisión de los decretos reclamados. De ahí que, se estime que por lo que hace a los particulares, se considere que esas potenciales irregularidades en el procedimiento legislativo correspondiente no tengan un impacto tal que pueda redundar en los derechos de debido proceso y legalidad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ni algún derecho político del quejoso y, por ende, que se provoque la invalidez de las normas emitidas. Sin que además resulte aplicable la tesis P. L/2008 de rubro: "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL", que cita el quejoso como fundamento de las violaciones formales que plantea, en razón de que la misma deriva de una acción de inconstitucionalidad que contempla el artículo 105, fracción II, de la constitución federal; medio de control constitucional que solo puede promover, entre otras, por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Situación que refuerza lo argumentado por esta autoridad, ya que precisamente son los integrantes de la legislatura de esta entidad federativa quienes, en su caso, podrían impugnar las violaciones formales a que se hizo alusión en este apartado. Por lo expuesto, no es viable el estudio de los conceptos de violación en análisis, lo que conlleve a su inoperancia. IV. Se reformó una norma inexistente. En el motivo de disenso identificado en la demanda de amparo como cuarto, el quejoso aduce esencialmente lo siguiente: 1. El artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, es inconstitucional, toda vez que violenta lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que el proceso legislativo que dio origen al mismo vulnera las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, en razón de que se reformó un ordenamiento jurídico que se encontraba aún en proceso de creación, por lo que no se podía reformar una ley inexistente. 2. La reforma fue presentada sin que en ese momento existiera un cuerpo normativo vigente sobre el cual tuviera efecto y no obstante fue aprobada por el Congreso del Estado de Baja California, mediante el decreto número 40, es decir, no existía ni se encontraba vigente la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California que modificó el referido decreto. 3. Se transgredió lo dispuesto por los artículos 110 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, ya que el decreto número 40 se presentó para reformar una ley que aún no estaba vigente. Calificativa. El concepto de violación reseñado es infundado. Lo anterior, en razón de que si bien el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, establece que son iniciativas de reformas de ley, las que tiendan a introducir reformas consistentes en modificación, derogación o adición a un ordenamiento jurídico vigente, lo cierto es que se estima que el hecho de que se hubiese "reformado" la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, a través del decreto 40, aun cuando no había iniciado su vigencia ésta no puede conllevar a declarar su inconstitucionalidad. En efecto, este órgano jurisdiccional estima que si bien no es lo técnico que el legislador a través del decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, hubiese establecido que se reformaba el artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, cuando dicho ordenamiento jurídico aún no se encontraba vigente, puesto que el mismo entraría en vigor al día siguiente de su publicación, lo que aún no había acontecido; lo cierto es que dicho actuar no torna inconstitucional, por sí, la norma impugnada. Lo anterior es así porque tal carencia de técnica legislativa se estima que en nada repercutió a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque se trata de una formalidad que no le generó una situación de indefensión. Ello, porque el decreto número 40 fue categórico en disponer los artículos que reformaba, a lo que al caso interesa, el numeral 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Por tanto, si bien fue incorrecto que se hubiese reformado una ley que aún no entraba en vigor, lo cierto es que se estima irrelevante tal circunstancia, porque ambos cuerpos normativos fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y se especificó de manera clara a los gobernados la modificación realizada a la ley de ingresos. Por tal motivo, se declara infundado el concepto de violación en análisis, ya que tal deficiencia de carácter formal no se estima suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, al no advertirse una violación trascendental a un derecho fundamental de la parte quejosa que invalide el cuerpo normativo reclamado. V. Invasión de esferas. En su quinto concepto de violación, la parte quejosa sostiene lo siguiente: 1. Que las disposiciones jurídicas reclamadas son inconstitucionales, toda vez que violentan el artículo 73, fracción X, inciso C), punto 50, fracción X, de la constitución federal, en relación con el artículo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que prevé las facultades del Congreso de la Unión para legislar, porque se dispone que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar sobre actos tendentes a regular y normar en el país los actos o materia de comercio. 2. Que la actividad de la parte quejosa que consiste en operar casas de empeño se realiza mediante la celebración de un contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, por lo que no puede ser regulada en el ámbito estatal, toda vez que se trata de una actividad ofrecida al público en general con fines de lucro, lo que brinda el carácter de acto de comercio, en los términos de la legislación federal. 3. Que del artículo 75 del Código de Comercio, se advierte que los actos de comercio de las casas de empeño se encuentran reguladas a través de una ley federal; por lo que la materia regulada en los artículos reclamados implican un tema que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión regular los actos de comercio. 4. Que el artículo 41 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala que la Secretaría de Hacienda del Estado podrá celebrar contrato de coordinación fiscal con los estados que lo soliciten para recibir participaciones de los impuestos federales recaudados, conviniendo en no mantener impuesto local o municipales sobre aquellos que deriven de pagar el impuesto al valor agregado. Sin embargo, los artículos impugnados establecen un impuesto sobre artículos o bienes que ya se encuentran gravados por el impuesto al valor agregado; lo que genera que se invadan las facultades dadas a la federación. 5. Derivado de que el estado de Baja California celebró un convenio de colaboración y coordinación fiscal con el gobierno federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil ocho y en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el catorce de marzo de dos mil ocho, se concluye que el Estado se encuentra limitado a no mantener, establecer o crear impuestos locales por lo que se debe pagar impuesto al valor agregado. 6. El impuesto a las casas de empeño es inconstitucional, puesto que no respeta el artículo 73 de la constitución federal, en relación con el diverso 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Calificativa. Los argumentos reseñados son infundados. Contrario a lo que aduce la parte quejosa, se estima que el tributo estipulado en los artículos impugnados, esto es, lo relativo al impuesto a casas de empeño, no es una materia en la que el Congreso de la Unión tenga facultad exclusiva para establecer contribuciones, toda vez que la parte quejosa parte de una premisa jurídica errónea. En efecto, el quejoso sostiene que el Congreso del Estado invadió una competencia exclusiva del Congreso de la Unión, específicamente lo relativo a legislar sobre comercio, en términos del artículo 73, fracción X, de la constitución federal. Ahora bien, el precepto constitucional citado, establece: "Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: [.] X.- Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. [.]". Del artículo en cita, se establece que el Congreso de la Unión tiene facultad, entre otras cosas, para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Sin embargo, contrario a lo que alega la parte quejosa, tal disposición constitucional no reserva una facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar sobre contribuciones. Ello, porque la fracción aplicable para la solución del alegato planteado por la parte quejosa, se encuentra en el numeral 73, fracción XXIX, de la constitución federal, porque es esa fracción la regla específica en materia de contribuciones, como lo es el impuesto reclamado. En efecto, el precepto constitucional referido, indica: Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: [.] XXIX.- Para establecer contribuciones: 1º.- Sobre el comercio exterior; 2º.- Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27; 3º.- Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 4º.- Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 5º.- Especiales sobre: a).- Energía eléctrica; b).- Producción y consumo de tabacos labrados; c).- Gasolina y otros productos derivados del petróleo; d).- Cerillos y fósforos; e).- Aguamiel y productos de su fermentación; y f).- Explotación forestal; g).- Producción y consumo de cerveza. Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica". El numeral transcrito, dispone las facultades que el Congreso de la Unión tendrá de manera exclusiva, en términos del artículo 124 de la constitución federal, para establecer contribuciones, entre las cuales no se encuentra materia alguna relacionada con comercio o casas de empeño como lo pretende hacer ver la parte quejosa a este órgano constitucional. Por tal motivo, si lo que regulan los numerales impugnados es una contribución, específicamente un impuesto a las casas de empeño y tal materia no es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, no existe base legal alguna para considerar que existe una invasión de esferas por parte el Congreso del Estado de Baja California, que genere la inconstitucionalidad del tributo reclamado. Sin que además asista la razón al quejoso en el sentido de que se invade la competencia de la federación con motivo del artículo 41, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que, diverso a lo que manifiesta, del convenio de colaboración que cita -publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil ocho-; no se advierte que se hubiese estipulado lo relativo a no mantener, establecer o crear impuestos locales que ya se encuentren gravados o se tenga que pagar impuesto al valor agregado. De ahí que, se declaren infundados los conceptos de violación en análisis. VI. Gasto público. En el motivo de inconformidad identificado como sexto, se manifiesta lo siguiente: 1. Los artículos reclamados son inconstitucionales, toda vez que violentan el principio constitucional de destino al gasto público, establecido en los artículos 31, fracción IV, 126 y 134 de la constitución federal, en razón de que los impuestos que se pretenden recaudar mediante los decretos impugnados no están programados ni tienen un destino al gasto público, puesto que estos no estaban presupuestados; por lo que no existe una base objetiva que haga presumir que el gobierno de Baja California vaya a utilizarlo o a cubrir necesidades colectivas. 2. El presupuesto de egresos del estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, no establece contrapartida que destine los ingresos que se pretenden recaudar; asimismo, los decretos reclamados no indican la cantidad de ingresos que se percibirán por dichos impuestos, ni disponen el destino que se les dará. 3. Los impuestos reclamados no tienen un destino objetivamente identificable, ni una contrapartida, en razón de que las necesidades colectivas, los programas sociales y en general las acciones del gobierno ya estaban garantizadas conforme al presupuesto de egresos para el año dos mil veinte. Calificativa. Los motivos de disenso son infundados. A través de sus planteamientos la parte quejosa sostiene que los artículos que contienen el impuesto reclamado son inconstitucionales en la medida en que no se determinó que lo recaudado por tal tributo se destinaría al gasto público. Ahora, si bien del análisis de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte; del presupuesto de egresos para el mismo año, así como de los decretos 39 y 40 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, no se advierte que se hubiese establecido el destino que se daría al tributo reclamado; lo cierto es que tal circunstancia, por sí sola, no genera la inconstitucionalidad del impuesto a las casas de empeño. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2008, sentó las bases relativas al principio de justicia fiscal, específicamente, al de gasto público. Así, el pleno determinó que el principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la constitución, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia, inmanente al gasto público, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la constitución. De modo que los ministros concluyeron que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social. Establecido lo anterior, en el caso concreto, se estima que la contribución reclamada no es inconstitucionalidad por el solo hecho de que no se hubiese establecido de manera directa en la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte; el presupuesto de egresos para el mismo año, ni en los decretos que le dieron origen, el destino que se le daría a lo recaudado, con base en las siguientes razones. Primera razón. En primer término, porque lo que se establece en la ley de ingresos no es inmutable, es decir, válidamente puede modificarse conforme las circunstancias particulares que se analicen por el legislador. Lo que implica que si bien, en principio, pudo omitirse de manera directa el destino que se daría a un tributo, lo cierto es que posteriormente, mediante la reforma correspondiente, podría hacerse tal precisión. Para sustentar lo anterior, se estima aplicable lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 8456/87; 6003/87; 1489/88; 964/88 y 1090/91. En efecto, el pleno al resolver los citados amparos en revisión, determinó que si bien es cierto que la ley de ingresos tiene vigencia anual, lo cierto es que no existe prohibición para presentar o para estudiar, respectivamente, antes de transcurrido el año, alguna iniciativa de ley fiscal. Por el contrario, la posibilidad jurídica de expedir, reformar o derogar las leyes fiscales se infiere, por una parte, de que es facultad del congreso hacerlo, sin que exista prohibición de ello y, por otra, de lo dispuesto por el artículo 126 constitucional de que no puede hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior, lo que implica necesariamente, la modificación legal correspondiente que permita fijar nuevos ingresos o incrementar los existentes para cubrir esos egresos no presupuestados originalmente. Por consiguiente, los ministros concluyeron que no existe impedimento constitucional alguno para que el Congreso de la Unión (o como en el caso concreto de las entidades federativas) en uso de sus facultades, en cualquier tiempo, expida, reforme o derogue disposiciones en materia tributaria. Segunda razón. Por otro lado, se estima que lo sostenido por el quejoso es infundado, en la medida en que se considera que conforme a la doctrina jurisprudencial establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración al principio de gasto público se actualiza si se comprueba que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público, esto es, que sea destinado a satisfacer necesidades privadas o individuales, y no de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la constitución. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social. Con base en lo anterior, se estima que si en el caso no se encuentra acreditado que lo recaudado por el impuesto reclamado se encuentra destinado a satisfacer necesidades privadas o individuales, no existe base legal alguna para considerar inconstitucional tal tributo. Para sustentar lo expuesto, se estiman aplicables los argumentos sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 866/92 En efecto, el pleno determinó que no resulta exacto que solo proceda establecer una contribución cuando se haya aprobado el presupuesto de los gastos públicos a los cuales se destinará la recaudación, porque el requisito de que las contribuciones se destinen al gasto público previsto en el artículo 31 constitucional, fracción IV, no implica que el órgano legislativo expida, previamente a la creación del impuesto, el presupuesto de egresos respectivo, pues la constitución únicamente exige que los tributos sean destinados al gasto público, no que se destinen a sufragar los gastos de un presupuesto aprobado antes del establecimiento del gravamen. Por ello, los ministros concluyeron que debe considerarse que no se viola el requisito constitucional referido aunque se establezca un impuesto sin que aún se haya aprobado el presupuesto anual de egresos, ya que la contravención al mismo sólo se actualizaría si se demostrara que las cantidades recaudadas tienen previsto en la ley un destino diferente al de sufragar los gastos públicos. Argumentos que son aplicables al caso concreto y que, se insiste, generan que no pueda considerarse inconstitucional el tributo reclamado, en la medida en que, en la hipótesis en estudio, no se encuentra comprobado que el impuesto tenga un destino diferente al de sufragar los gastos públicos. VII. Vulneración al principio de proporcionalidad tributaria. En el concepto de violación identificado en la demanda de amparo como séptimo, la parte quejosa sostiene principalmente lo siguiente: 1. Los artículos impugnados violan el principio de proporcionalidad tributaria, establecido en el artículo 31, fracción IV, de la constitución federal, en razón de que ni el hecho oponible, ni la base del impuesto refleja la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto. 2. Se viola el principio de proporcionalidad tributaria porque el impuesto en cuestión grava solo la venta de los bienes o artículos no recuperados por el deudor prendario, es decir, no graba una de las partes de los ingresos que se obtiene por los intereses cobrados por los préstamos o mutuos realizados, lo cual atiende a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo. 3. No es correcto que se hubiese establecido como base gravable del impuesto el valor del avalúo, cuando lo procedente y correcto para tener una base proporcional sería el valor del préstamo o mutuo otorgado al deudor, porque es irrelevante el valor del avalúo, ya que el gasto o inversión del sujeto pasivo es precisamente el monto del mutuo. 4. No se refleja una verdadera capacidad contributiva, porque no se consideran los gastos o deducciones generados por el sujeto pasivo. 5. No se establece con claridad qué deducciones o gastos son los que integran el avalúo. Calificativa. Los conceptos de violación son infundados por un lado, e inoperantes en diverso aspecto. Primeramente, debe transcribirse el contenido de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [...] "IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." En la porción constitucional citada se contiene la obligación de los gobernados de contribuir al gasto público, así como los principios de proporcionalidad y equidad que deberán observarse en materia tributaria para garantizar una justa distribución de la carga contributiva entre los mexicanos. Respecto a esos postulados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado diversas interpretaciones tendentes a delimitar su alcance y aplicación; así, respecto al principio de proporcionalidad, ha sustentado que debe aplicarse en cuestiones fiscales de tal forma que los sujetos obligados al pago del tributo, lo hagan en la medida de su capacidad contributiva para sostener los gastos del Estado. Con base en el criterio jurisprudencial anotado y atendiendo al contenido de la fracción IV del artículo 31 constitucional, se concluye que el principio de proporcionalidad tributaria se ve reflejado si en la imposición de un tributo, se toma en consideración la capacidad contributiva de los sujetos pasivos; es decir, está obligado a pagar más quien tiene una mayor capacidad para aportar al gasto público y deberá pagar menos, el que la tiene en menor proporción. Por otro lado, el principio de equidad tributaria, igualmente contenido en el artículo constitucional referido líneas antes, ha sido interpretado por nuestro máximo tribunal, como la garantía que poseen los gobernados de no ser tratados de forma desigual en situaciones análogas respecto a la causa generadora del tributo de que se trate. Caso concreto. En la especie, la parte quejosa aduce que los artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como el artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, transgreden el principio de proporcionalidad tributaria. Para explicar por qué se considera que los conceptos de violación en análisis son infundados, se estima necesario citar el contenido de los artículos impugnados, los cuales establecen: Ley de Hacienda del Estado de Baja California. "ARTICULO 156-46.- Esta´n obligadas al pago del impuesto establecido en este capi´tulo las personas fi´sicas y morales que en el territorio del Estado de Baja California, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al pu´blico contrataciones u operaciones de mutuo con intere´s y garanti´a prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. El impuesto se causara´ en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al pu´blico en general. ARTICULO 156-47.- El impuesto se calculara´ aplicando la tasa del 20% a la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general. El monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. ARTICULO 156-48.- El pago de este impuesto se efectuara´ mediante declaracio´n mensual definitiva que presentara´n los contribuyentes en las oficinas autorizadas por la Secretari´a de Hacienda del Estado, a ma´s tardar el di´a 25 del mes siguiente a aque´l en que se haya producido la enajenacio´n de la prenda de que se trate. ARTICULO 156-49.- Son obligaciones de los sujetos del impuesto: I. Llevar y conservar los registros contables y administrativos de conformidad con las leyes y dema´s disposiciones aplicables. II. Mantener en los establecimientos o sucursales en los cuales se realicen las operaciones o contrataciones materia de este impuesto, las boletas o billetes de empen~o y contratos, o cualquier otro documento que sustenten tales operaciones o contrataciones y permitan la plena identificacio´n del deudor prendario incluyendo su domicilio y nu´mero telefo´nico, asi´ como exhibirlos cuando las autoridades competentes lo requieran. Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. "ARTI´CULO 8-TER.- Se establece el Impuesto a casas de empen~o, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: I. Es (sic) objeto de este impuesto, ES GRAVAR aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. El impuesto se causara´ en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al pu´blico en general. II. Son sujetos de este impuesto las personas fi´sicas y morales que, en el territorio del estado de Baja California, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al pu´blico contrataciones u operaciones de mutuo con intere´s y garanti´a prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras. III. La base del impuesto sera´ la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general. El monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. IV. La cuota a enterar por concepto del presente impuesto sera´ de20% (sic) A LA DIERENCIA MENCIONADA EN LA FRACCION III. V. El impuesto se pagara´ mensualmente ante las oficinas de la Recaudacio´n de Rentas del Estado, mediante declaracio´n mensual definitiva que presentara´n los contribuyentes, a ma´s tardar el di´a 25 del mes siguiente a aque´l en que se haya producido la enajenacio´n de la prenda de que se trate". Interpretación. Del contenido de los preceptos legales transcritos, se advierte que esta´n obligadas al pago del impuesto las personas fi´sicas y morales que en el Estado de Baja California, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al pu´blico contrataciones u operaciones de mutuo con intere´s y garanti´a prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras, respecto de aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. El impuesto de referencia se calculara´ aplicando la tasa del 20% a la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general, entera´ndose mediante declaracio´n mensual definitiva, a mas tardar el veinticinco del mes siguiente a aque´l en que se haya producido la enajenacio´n de la prenda de que se trate. Además, se precisa que el monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. Asimismo, se preveen las obligaciones de las personas sujetas al impuesto en referencia, esto es, llevar y conservar los registros contables y administrativos de conformidad con las leyes y dema´s disposiciones aplicables; mantener en los establecimientos o sucursales en los cuales se realicen las operaciones o contrataciones materia del impuesto referido, las boletas o billetes de empen~o y contratos, o cualquier otro documento que sustenten tales operaciones o contrataciones y permitan la plena identificacio´n del deudor prendario incluyendo su domicilio y nu´mero telefo´nico, asi´ como exhibirlos cuando las autoridades competentes lo requieran. Por otro lado, se indica que el impuesto en estudio, se regirá conforme a los puntos siguientes: I. Es (sic) objeto de este impuesto, ES GRAVAR aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. El impuesto se causara´ en la fecha en la que el bien dado en prenda se enajene al pu´blico en general. II. Son sujetos de este impuesto las personas fi´sicas y morales que, en el territorio del estado de Baja California, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al pu´blico contrataciones u operaciones de mutuo con intere´s y garanti´a prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras. III. La base del impuesto sera´ la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general. El monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. IV. La cuota a enterar por concepto del presente impuesto sera´ de 20% (sic) A LA DIERENCIA MENCIONADA EN LA FRACCION III. V. El impuesto se pagara´ mensualmente ante las oficinas de la Recaudacio´n de Rentas del Estado, mediante declaracio´n mensual definitiva que presentara´n los contribuyentes, a ma´s tardar el di´a veinticinco del mes siguiente a aque´l en que se haya producido la enajenacio´n de la prenda de que se trate. Elementos del tributo. Establecido lo anterior, se advierte que los elementos del impuesto reclamado son los siguientes: Objeto: Gravar aquellos bienes dados en prenda que no sean recuperados por el deudor prendario y sean posteriormente enajenados. Sujeto. Las personas fi´sicas y morales que, en el territorio del estado de Baja California, en forma habitual o profesional, realicen u oferten al pu´blico contrataciones u operaciones de mutuo con intere´s y garanti´a prendaria no reguladas por leyes y autoridades financieras. Base gravable: La base del impuesto sera´ la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general. El monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. Tasa: El porcentaje a pagar sera´ de 20% a la diferencia mencionada en la fracción III. E´poca de pago. Sera´ enterado mediante declaracio´n mensual definitiva a ma´s tardar el 25 de cada mes. Conclusión. Explicado lo anterior, se estima que en el caso el impuesto reclamado no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria en los términos planteados por la parte quejosa. Ello es así porque, en términos de lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de proporcionalidad debe aplicarse en cuestiones fiscales de tal forma que los sujetos obligados al pago del tributo, lo hagan en la medida de su capacidad contributiva para sostener los gastos del Estado, lo que se estima se colma en el caso. Lo anterior, ya que del análisis de los preceptos legales impugnados se advierte que el legislador consideró la capacidad contributiva de los gobernados (sujetos pasivos) para fijar la base del impuesto. Esto, porque el impuesto toma como elementos para determinar la base gravable la diferencia entre el monto del avalúo que sirve de base para el otorgamiento del crédito prendario y el monto de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el público en general. Es decir, se atiende a la verdadera capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo, puesto que pagarán más quienes hubiesen obtenido y enajenado un bien otorgado en garantía prendaria de mayor valor, a quien no lo obtuvo. En otras palabras, el ingreso o riqueza obtenido con motivo de la enajenación del bien otorgado en garantía prendaria servirá para cubrir el monto del mutuo, así como los intereses generados por el mismo. Situación que implica que si la cuantía del préstamo fue mayor, lo obtenido con la enajenación del bien mueble también lo será, a efecto de cubrir los pagos incumplidos por el deudor y, por ende, pagarán un mayor impuesto quienes reflejen una mayor capacidad contributiva; cuestión que es acorde con el principio de proporcionalidad tributaria. Además, resulta impreciso que la parte quejosa sostenga que se viola el principio de proporcionalidad tributaria porque el impuesto en cuestión grava solo la venta de los bienes o artículos no recuperados por el deudor prendario. Esto es, sostiene que no grava una de las partes de los ingresos que se obtiene por los intereses cobrados por los préstamos o mutuos realizados. Sin embargo, tal argumento es incorrecto puesto que el citado artículo 156-47 es claro en disponer que la base del impuesto sera´ la diferencia entre el monto del avalu´o que sirve de base para el otorgamiento del cre´dito prendario y el monto de la enajenacio´n del bien otorgado en garanti´a prendaria que celebren los sujetos de este impuesto con el pu´blico en general. Además, de manera clara dispone que el monto del avalu´o es la valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado, los intereses pactados y cualquier otro gasto por parte del prestamista, asi´ como el plazo para la recuperacio´n del bien dado en prenda. Por tanto, la mecánica establecida por el legislador para el cálculo de la base gravable comprende varios factores, y no solo como lo menciona la parte quejosa, la venta de los bienes o artículos no recuperados por el deudor prendario. Misma suerte debe seguir el argumento donde se plantea que es incorrecto que se hubiese establecido como base gravable del impuesto el valor del avalúo, cuando lo procedente y correcto para tener una base proporcional sería el valor del préstamo o mutuo otorgado al deudor. Así, como el diverso donde se sostiene que no se refleja una verdadera capacidad contributiva, porque no se consideran los gastos o deducciones generados por el sujeto pasivo. Ello, porque, se insiste, la mecánica establecida por el artículo 156-47 sí contempla tanto el valor del préstamo o mutuo otorgado al deudor, como los gastos o deducciones generados por el sujeto pasivo, al disponer que el monto del avalu´o deberá contemplar lo siguiente: a. La valoracio´n del bien mueble dado en prenda, que queda consignado en la boleta o billete de empen~o, contrato o cualquier otra denominacio´n que se otorgue al documento en el que se formalice el pre´stamo otorgado. b. Los intereses pactados. c. Cualquier otro gasto por parte del prestamista, d. El plazo para la recuperación del bien dado en prenda. Finalmente, por lo que respecta a su alegación referente a que no se establece con claridad qué deducciones o gastos son los que integran el avalúo, debe decirse que tal razonamiento formulado en tales términos es inoperante por insuficiente, sin que en el caso opere la suplencia de la deficiencia de la queja, al no encontrarse el peticionario del amparo en ninguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la ley de la materia, toda vez que lo que se impugna en este asunto son normas en materia administrativa. La inoperancia deriva del hecho de que, en primer término, el quejoso adujo que el impuesto no atendía al principio de proporcionalidad porque no consideraba los gastos o deducciones generados por el sujeto pasivo, pero en el mismo párrafo argumenta también que la norma reclamada no contempla qué deducciones o gastos son los que integran el avalúo, sin proporcionar mayores elementos a este órgano jurisdiccional para estar en aptitud de estudiar el agravio que plantea, sobre todo que esta última afirmación se relaciona con el principio de legalidad y no con la violación al de proporcionalidad a que se constriñe el referido séptimo concepto de violación. Decisión. Con base en lo expuesto, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación formulados lo que se impone es negar el amparo y protección solicitados. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Reyes Ramces Villa Liera, contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Baja California y al Secretario de Gobernación del Estado de Baja California, consistentes en la publicación, autorización o referendo de los artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como del artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; por los motivos y fundamentos establecidos en el considerando cuarto. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Reyes Ramces Villa Liera, contra los actos reclamados al Gobernador del Estado de Baja California; al Congreso del Estado de Baja California; a la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California; al Servicio de Administración Tributaria de Baja California y al Director de Auditoria del Estado de Baja California, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicados mediante decreto número 39 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; así como del artículo 8 TER de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicado mediante decreto número 40 en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve así como su ejecución; por los motivos y fundamentos establecidos en el considerando sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario José Alejandro Velázquez Aguilar que firma y da fe, hasta el día de hoy siete de enero de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. siete de enero de dos mil veintidós,
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