Fabricio Abel Espinoza Ajila
Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Fabricio Abel Espinoza Ajila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa, un acuerdo que en lo conducente dice: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación del Titular; del Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y del Subdirector de Estación Migratoria todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con un anexo que acompaña; mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue elevado mediante proveído de once de los presentes mes y año y, al efecto informa que las constancias que adjunto a su informe justificado, son copias certificadas las cuales obran en los expedientes administrativos migratorios con folios 6983 y 6984, los cuales se encuentran en los archivos de la oficina de representación a su cargo. De igual forma, remite copia certificada de la resolución emitida por esa autoridad migratoria dentro de los expedientes administrativos de referencia. Así, atento a lo anterior y a lo manifestado por la oficiante, con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se le tiene informando que en el presente juicio de amparo se actualiza una causal de sobreseimiento; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran el presente expediente, respecto a los actos reclamados, se advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.] De acuerdo con la hipótesis normativa ya citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. En el caso, la parte quejosa reclama la orden escrita que se haya emitido con la cual se determinó su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención, dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, así como la omisión de emitir la orden de salida, a pesar de haber transcurrido más de treinta y seis horas, en vista de ser una detención administrativa; además del regreso asistido o deportación en contra de los quejosos. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación del Titular; del Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y del Subdirector de Estación Migratoria, todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en copias certificadas de los expedientes administrativos 6983 y 6984, mismas que por ser documentos públicos, merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al haber sido expedidas por funcionarias públicas en ejercicio de sus atribuciones; se aprecia que el pasado veinte de octubre de dos mil veintiuno, se decretó el alojamiento temporal de los peticionarios del amparo Lennin Stalin Ordoñez Borja y Fabricio Abel Espinoza Ajila, en la Estación Migratoria Local de esta ciudad. Sin embargo, se advierte que por acuerdo de veinticuatro de octubre del mismo año, emitido dentro de los expedientes administrativos de referencia 6983 y 6984, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en San Luis Potosí, decretó la salida de la parte impetrante de la Estación Migratoria. Finalmente, consta las resoluciones emitidas por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, del Instituto Nacional de Migración, dentro de los expedientes administrativos 6983 y 6984, en las que concluyó que vistas las constancias que integran los respectivos expedientes instruido a los quejosos, se desprende que Fabricio Abel Espinoza Ajila y Lennin Stalin Ordoñez Borja, desde el pasado seis y trece de diciembre de ese año, respectivamente, no acudieron al control de firma seguido en la Delegación Estatal de ese Instituto, por lo que, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido contra los peticionarios del amparo. Por tanto, se concluye que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado hasta veinticuatro de octubre del mismo año, en que se decretó la salida de la parte impetrante de la Estación Migratoria; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fueron privados al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, los aludidos extranjeros fueron puestos en libertad al haberse cumplido los lineamientos y medidas de aseguramiento establecidas por la autoridad migratoria de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Migración y, posteriormente fue decretada la conclusión del procedimiento de donde derivaba la detención, al existir imposibilidad material para continuarlo, ya que como se dijo, los quejosos no acudieron a firmar ante la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración. Máxime que, de las constancias allegadas al presente juicio, que ya han sido valoradas, no se desprende que se haya ordenado el regreso asistido o deportación, sino que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se inició el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver la situación legal de los extranjeros Lennin Stalin Ordoñez Borja y Fabricio Abel Espinoza Ajila. En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Consecuentemente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación del Titular; del Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y del Subdirector de Estación Migratoria todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con un anexo que acompaña; mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue elevado mediante proveído de once de los presentes mes y año y, al efecto informa que las constancias que adjunto a su informe justificado, son copias certificadas las cuales obran en los expedientes administrativos migratorios con folios 6983 y 6984, los cuales se encuentran en los archivos de la oficina de representación a su cargo. De igual forma, remite copia certificada de la resolución emitida por esa autoridad migratoria dentro de los expedientes administrativos de referencia. Así, atento a lo anterior y a lo manifestado por la oficiante, con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se le tiene informando que en el presente juicio de amparo se actualiza una causal de sobreseimiento; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran el presente expediente, respecto a los actos reclamados, se advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. [.] De acuerdo con la hipótesis normativa ya citada, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose como tales, aquellos que una vez emitidos o ejecutados, resulta materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, aun cuando se concediera la protección constitucional (irreparables físicamente), al no ser factible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de ese ordenamiento. Cabe destacar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias materiales y jurídicas. En el caso, la parte quejosa reclama la orden escrita que se haya emitido con la cual se determinó su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención, dentro de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, así como la omisión de emitir la orden de salida, a pesar de haber transcurrido más de treinta y seis horas, en vista de ser una detención administrativa; además del regreso asistido o deportación en contra de los quejosos. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en representación del Titular; del Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y del Subdirector de Estación Migratoria, todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, consistentes en copias certificadas de los expedientes administrativos 6983 y 6984, mismas que por ser documentos públicos, merecen valor pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al haber sido expedidas por funcionarias públicas en ejercicio de sus atribuciones; se aprecia que el pasado veinte de octubre de dos mil veintiuno, se decretó el alojamiento temporal de los peticionarios del amparo Lennin Stalin Ordoñez Borja y Fabricio Abel Espinoza Ajila, en la Estación Migratoria Local de esta ciudad. Sin embargo, se advierte que por acuerdo de veinticuatro de octubre del mismo año, emitido dentro de los expedientes administrativos de referencia 6983 y 6984, el Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en San Luis Potosí, decretó la salida de la parte impetrante de la Estación Migratoria. Finalmente, consta las resoluciones emitidas por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, del Instituto Nacional de Migración, dentro de los expedientes administrativos 6983 y 6984, en las que concluyó que vistas las constancias que integran los respectivos expedientes instruido a los quejosos, se desprende que Fabricio Abel Espinoza Ajila y Lennin Stalin Ordoñez Borja, desde el pasado seis y trece de diciembre de ese año, respectivamente, no acudieron al control de firma seguido en la Delegación Estatal de ese Instituto, por lo que, dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio instruido contra los peticionarios del amparo. Por tanto, se concluye que el acto consistente en la detención y/o alojamiento en la estación migratoria ha quedado consumado de modo irreparable, dado que éste surtió todos sus efectos al haber sido ejecutado hasta veinticuatro de octubre del mismo año, en que se decretó la salida de la parte impetrante de la Estación Migratoria; de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que dice violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo, porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya que es físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fueron privados al haberse determinado su alojamiento, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de amparo, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen derechos fundamentales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Así, es incuestionable que dejó de existir la materia sobre la cual, en su caso, pudo haberse otorgado la protección constitucional solicitada, pues las posibles violaciones de las que el acto reclamado, pueda adolecer, no podrían ser reparadas con una eventual concesión del amparo. Siendo que en el caso, como se dijo, los aludidos extranjeros fueron puestos en libertad al haberse cumplido los lineamientos y medidas de aseguramiento establecidas por la autoridad migratoria de conformidad con el artículo 102 de la Ley de Migración y, posteriormente fue decretada la conclusión del procedimiento de donde derivaba la detención, al existir imposibilidad material para continuarlo, ya que como se dijo, los quejosos no acudieron a firmar ante la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración. Máxime que, de las constancias allegadas al presente juicio, que ya han sido valoradas, no se desprende que se haya ordenado el regreso asistido o deportación, sino que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, se inició el procedimiento administrativo migratorio a efecto de resolver la situación legal de los extranjeros Lennin Stalin Ordoñez Borja y Fabricio Abel Espinoza Ajila. En ese tenor, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Consecuentemente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, rindiendo informe justificado por vía electrónica en representación del Titular; Subdirector de Control y Verificación Migratoria; y el Subdirector de Estación Migratoria todos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, al que acompañó dos anexos; y, en cual refirió bajo protesta de decir verdad que los documentos digitalizados que adjuntó son copia íntegra e inalterada del documento impreso. En consecuencia, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiéraseles a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio respectivo, indiquen la calidad de los anexos que allegaron como complemento a su informe justificado, de forma digitalizada, mediante el uso de Firma Electrónica, es decir, si se trata de documentos originales, copias certificadas o copias simples. Ello, a fin de que puedan conservar el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De igual forma, requiéraseles a fin de remitan copia certificada de la resolución mediante la cual se haya resuelto el procedimiento migratorio correspondiente, en caso de existir, o bien, informe el estado que guarda el mismo; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Fabiola Lyssette Ortega Gonzalez641/2023
- Fabiola Montoya Valdivia785/2020
- Fabiola Montoya Valdivia787/2020
- Fabiola Montoya Valdivia786/2020
- Fabiola Villegas Rodriguez237/2021
- Fabiola Villegas Rodriguez890/2019
- Facundo Aguilar Gaudencio866/2020
- Fantina Diaz de Leon Mirabal873/2021
- Farmacias de Similares, S.A.390/2022
- Fatima Abigail Ipiña Torres829/2018
- Fatima Abigail Ipiña Torres351/2018
- Fatima del Socorro Villagran Bravo1286/2023