Fabiola Zamora Rodríguez
Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Fabiola Zamora Rodríguez
- Martha Carrillo Reza, Ejecutor Adscrito Al Institujto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal de San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un documento susceptible de devolución, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa copia certificada que a su costa se dejen autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 694/2018-VI, promovido por Fabiola Zamora Rodríguez, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente a este juzgado, Fabiola Zamora Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y respecto de las autoridades responsables que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1. Ordenadora: Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación, San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros. 2. Ejecutora: Dulce Daniela Infante Vázquez, Ejecutor adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación, San Luis Potosí Oriente. 3. Ejecutora: Martha Carrillo Reza, Ejecutor adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación, San Luis Potosí Oriente. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: a) La orden de embargo, ampliación de embargo, aseguramiento, secuestro o disposición de una máquina para soldar de mi propiedad que adquirí como finiquito en especie del término de la relación laboral con la empresa A.L. Construcciones Metálicas S.A. de C.V. De la autoridad ejecutora: La acción material de ejecutar o llevar a cabo ampliación de embargo, aseguramiento, secuestro o disposición de una máquina para soldar de mi propiedad que adquirí como finiquito en especie del término de la relación laboral con la empresa A.L. Construcciones Metálicas S.A. de C.V.". SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa refiere que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó su registro bajo el número de expediente 694/2018-VI; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se tuvo como tercera interesada a A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1º, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los puntos primero fracción IX, segundo fracción IX, tercero fracción IX y cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del país, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado lo constituye: Del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros: El acuerdo de ampliación de embargo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, relativo al crédito fiscal número 188013333. De las ejecutoras adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros: Como consecuencia, el acta de ampliación de embargo de doce de junio de dos mil dieciocho, respecto de "una máquina para Soldar marca Miller, micro alambre, modelo CP302, color azul". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros y ejecutoras de su adscripción, toda vez que así lo manifestaron expresamente al rendir su correspondiente informe justificado (fojas 35 a 64). Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora de manera fehaciente con las constancias que remitieron, consistentes en copias certificadas del expediente relativo al crédito fiscal número 188013333, los cuales al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena, en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia. Atento a la técnica que norma el juicio constitucional deben analizarse las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice al Semanario Judicial, compilación 1917-1985, que señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, quien aquí resuelve, de oficio advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en: a) el acuerdo de ampliación de embargo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitido en el crédito fiscal número 188013333; y b) como consecuencia, el acta de ampliación de embargo de doce de junio de dos mil dieciocho, respecto de "una máquina para Soldar marca Miller, micro alambre, modelo CP302, color azul", se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en concordancia con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 5º, fracción I de la ley de la materia, toda vez que la parte quejosa no acreditó que el acto reclamado afecte su interés jurídico. En efecto, los dispositivos legales invocados, por su orden, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." De lo transcrito, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad de los actos de las autoridades, el cual se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Que por parte, debe entenderse quien ejerce la acción constitucional, mientras que por agravio, el perjuicio presuntamente infringido por las autoridades que emitieron el acto que se reclama en contra del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause algún perjuicio en la esfera jurídica del impetrante de derechos fundamentales, lo que supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se ve transgredido por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional correspondiente, demandando que esa trasgresión cese. En efecto, del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo; y, b) Que dicho aspecto se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), registro 2003293, visible en la página 1807, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Asimismo, sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), registro 2004501, visible en la página 1854, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo sumario es el siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, de las constancias que integran el expediente relativo al crédito fiscal génesis de los actos reclamados, se advierte en lo que interesa lo siguiente: Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se requirió al patrón deudor A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que acreditara haber efectuado el pago del crédito fiscal 188013333, apercibiéndolo que de no hacerlo, se procedería a embargar bienes de su propiedad. (Foja 29) Además, se designaron diversos ejecutores a efecto de que practicaran el requerimiento de pago y el embargo de bienes en su caso. (Foja 29) Mediante proveído de cuatro de junio de dos mil dieciocho, se determinó ampliar el embargo sobre otros bienes propiedad del patrón deudor A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, designándose a diversos ejecutores para ello. (Foja 30) El doce de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el acta de ampliación de embargo, respecto de una máquina de soldar marca Miller, micro alambre, color azul, modelo CP- 302, entre otros objetos. Precisado lo anterior, conviene señalar que la quejosa Fabiola Zamora Rodríguez reclama en esta instancia constitucional: a) el acuerdo de ampliación de embargo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitido en el crédito fiscal número 188013333; y b) como consecuencia, el acta de ampliación de embargo de doce de junio del año en curso, respecto de "una máquina para Soldar marca Miller, micro alambre, modelo CP302, color azul"; ello en su carácter de tercera extraña en sentido estricto, dado que no es parte en dicho procedimiento. Con el objeto de acreditar su interés jurídico la solicitante de la tutela constitucional ofreció el siguiente medio de convicción: a) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un convenio de terminación de relación de trabajo, celebrado el nueve de junio de dos mil dieciocho, entre Juan Manuel Álvarez Mitre, en su carácter de Administrador Único de A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de patrón y Fabiola Zamora Rodríguez, en su carácter de trabajadora, en el que se pactó como pago de las prestaciones adeudadas a esta última, una "Máquina para Soldar Marca MILLER, micro alambre, modelo CP302, color azul, usada, en las condiciones en que se encuentra que para efecto del presente convenio se le otorga un valor de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)". (Fojas 5 y 6 de autos) Documento al que se le confiere eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, por lo que, enseguida se hará el análisis respecto a su alcance demostrativo. Previo a ello, es pertinente indicar que aun y cuando de la documental señalada, se desprende que las partes celebraron un convenio de terminación de relación de trabajo, el nueve de junio de dos mil dieciocho, entre Juan Manuel Álvarez Mitre, en su carácter de Administrador Único de A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su calidad de patrón y Fabiola Zamora Rodríguez como trabajadora, en el que se pactó como pago de las prestaciones adeudadas a esta última, una "Máquina para Soldar Marca MILLER, micro alambre, modelo CP302, color azul, usada, en las condiciones en que se encuentra que para efecto del presente convenio se le otorga un valor de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 M.N.)". No debe soslayarse que respecto al citado acto jurídico, este juzgador no puede legalmente hacer declaraciones definitivas sobre derechos de propiedad, salvo, cuando ya han sido materia de decisión por las autoridades del orden común, por lo que su análisis únicamente está vinculado a los efectos del interés jurídico de la parte quejosa para promover el presente juicio de garantías, y, con base en ello, determinar lo conducente en cuanto a la procedencia del amparo, sin determinar la validez, existencia o nulidad que pudiera resultar respecto del acto jurídico contenido en dicha documental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1716 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIII, Quinta Época, que a continuación se reproduce: "PROPIEDAD, PROTECCIÓN DE LA, MEDIANTE EL AMPARO. La Justicia Federal no puede hacer declaración definitiva en cuanto a los derechos de propiedad, sino cuando ya esos derechos han sido objeto de decisión por las autoridades del orden común, que a su vez es reclamada en amparo; pero cuando un tercero extraño, reclama la afectación de sus derechos de propiedad, protegidos por el artículo 14 constitucional, como es el embargo de sus bienes, en un juicio ejecutivo, cuyas consecuencias son el remate y adjudicación de dichos bienes, sí pueden los Tribunales Federales definir la existencia o inexistencia de los derechos de propiedad lesionados, sólo para los efectos del amparo y sin que ello implique una decisión de carácter absoluto de tales derechos, que pueden ser objeto de controversia ante la potestad común". Así como la diversa tesis aislada IV.1o.C.39 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a foja 1774, Tomo XXXII, diciembre de 2010 del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ALCANCES DE LA VALORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SE EXHIBA PARA ACREDITAR LA TITULARIDAD DEL DERECHO QUE SE ESTIMA TRANSGREDIDO, TRATÁNDOSE DE TERCEROS EXTRAÑOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, tratándose de terceros extraños a juicio, basta con demostrar la titularidad del derecho conculcado por el acto de autoridad; en tal contexto, la valoración del documento que se exhiba con ese propósito, debe ser exclusivamente para determinar la procedencia del juicio constitucional, es decir, no implica un pronunciamiento sobre la titularidad del derecho que se defiende, o la validez del acto jurídico que le dio origen, sino únicamente en cuanto a su existencia con anterioridad al acto reclamado, pues en la medida en que se acredite la existencia del acto que le dio origen, se demuestra el derecho que se estima transgredido." Por otro lado, debe decirse que los contratos privados traslativos de dominio o de uso, un principio que proporciona certidumbre respecto de la operación es su fecha cierta. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido que la fecha cierta tiene lugar cuando se acredita que: El documento se hubiese presentado para su inscripción en algún Registro Público; El instrumento se hubiese presentado ante un fedatario o funcionario público con motivo de sus funciones; Hubiese ocurrido la muerte de cualquiera de los firmantes. En efecto, la Primera Sala de nuestro más alto tribunal estableció que al ocurrir cualquiera de estas circunstancias, surge la presunción clara de que el documento al menos existió en esos momentos, pues con ello se genera un principio de prueba que necesariamente orienta a esa conclusión, porque su presentación ante fedatario o funcionario público con motivo de sus funciones o su inscripción en el registro público no deja duda de que el documento existía en ese momento, y la muerte de los contratantes o los testigos que intervinieron en ese acto jurídico, lleva a entender que no pudieron plasmar su firma después de su fallecimiento. Por ende, tratándose de documentos privados, es requisito indispensable para que surtan efectos contra terceros que se hubiesen celebrado o presentado ante fedatario público o funcionario autorizado, que se encuentren inscritos en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, o bien que haya fallecido alguno de los firmantes, lo que significa que el documento privado que no actualice alguna de las mencionadas hipótesis solo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no intervinieron en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XXXII, Agosto de 2010 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 314, que señala: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él.". Entonces, para que los documentos privados puedan surtir valor probatorio, además de no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece, en el caso concreto, del tercero interesado en el juicio de amparo requieren que sean de fecha cierta. Esto es así, porque el valor probatorio que debe otorgarse en un juicio a los documentos privados no objetados, pierden vigencia cuando éstos provienen de terceros y en ellos se consignan contratos o actos traslativos de dominio, los cuales para surtir plenos efectos probatorios requieren que sean de fecha cierta. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CVII, Cuarta Parte, Sexta Época, Materia Común, registro 269893, que dice: "DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCEROS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos simples provenientes de tercero, no objetados por la parte a quien perjudiquen, hacen prueba plena, con excepción de aquéllos documentos que consignen contratos o actos traslativos de dominio, los cuales, para tener eficacia, es necesario que sea de fecha cierta." Pues de lo contrario, el documento privado no registrado en la oficina pública respectiva, solo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. De ahí que si no se dan estos supuestos, se estime que es justo y legal que al documento privado que incumpla con esos requisitos no se le otorgue ningún valor probatorio con relación a terceros. Por tanto, si como en el caso ocurre, el documento privado exhibido por la impetrante del amparo para acreditar su interés jurídico en el presente asunto carece de fecha cierta, en razón de que no se advierte que el mismo haya sido presentado ante algún registro público para su inscripción o ante un fedatario o funcionario público en razón de sus funciones o que haya acaecido la muerte de alguno de sus firmantes. Luego entonces, al no reunir los requisitos a que nos hemos referido en líneas anteriores, aun y cuando no haya sido objetado por su contraria, ni se hubiesen aportado pruebas que acrediten tener mejor título sobre la propiedad o posesión del bien embargado, es de arribarse a la consideración de que con el mismo no se acredita en autos el interés jurídico que debe revestir a la quejosa en el presente juicio de amparo para poder considerarla legalmente legitimada para demandar la protección de la Justicia Federal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 237 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del siguiente rubro y texto: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes." A mayor abundamiento, cabe destacar que en las constancias que fueron remitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros, obra copia certificada de la "Certificación de Movimientos Afiliatorios", expedida por el licenciado José Javier Duarte Maldonado, Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Oriente, de la que se desprende que, la impetrante de garantías laboró para la empresa A.L. ESTRUCTURAS METÁLICAS, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, causando baja el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Por ende tampoco, está demostrado que la amparista haya laborado para la moral a la que se le inició el crédito fiscal del que deriva el acto reclamado en esta instancia, a saber A.L. Construcciones Metálicas Sociedad Anónima de Capital Variable. De ahí que se actualiza la citada causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia en análisis, procede decretar el sobreseimiento, conforme a lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos que se reclaman de las ejecutoras adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros, dado que no se combaten por vicios propios, en términos de la jurisprudencia número 516, visible en la página 339, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 cuyo tenor literal es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten pro vicios propios.". Consecuentemente, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación, tal como lo establece la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 698/2018-VI, promovido por Fabiola Zamora Rodríguez, por su propio derecho, respecto de los actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal San Luis Potosí, Subdelegación San Luis Potosí Oriente, Departamento de Cobranza, Oficina para Cobros y otras autoridades, mismos que quedaron precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último apartado de la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
En la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a las diez horas del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Ricardo Jasso Flores, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de los autos, entre los que se encuentran: el escrito inicial de demanda; el auto en el que se admitió a trámite este juicio; los informes justificados rendidos por las autoridades respnsables; y el pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En este acto, certifica: que el término concedido a la moral tercera interesada A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del trece al diecisiete de julio del año en curso. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase hecha la relación de constancias y rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la moral tercera interesada A.L. Construcciones Metálicas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado. Abierto el periodo probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de las partes las que ofrecieron en el presente juicio, sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas."; Así como la presuncional legal y humana ofrecida por la parte quejosa; probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución; por lo que al no haber diversas pruebas ofrecidas por las partes ni pendientes de desahogo, se cierra el periodo probatorio. Acto continuo, se abre el de alegatos, en el que se hace constar que no hay alegatos que tener reproducidos, por tanto, se declara cerrada la citada etapa. Finalmente, téngase reproducido el pedimento del Representante Social de la Federación adscrito. Con lo anterior, se da por concluida la audiencia y se declaran vistos los autos para dictar resolución. Doy fe. Sandra
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación San Luis Potosí, a través del cual remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente relativo al embargo y ampliación de embargo del cual deriva el acto reclamado, y da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta de julio del año en curso; con dichas documentales dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documental que anexó a su ocurso de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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