Fabiola Villagomez Ramirez

Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
381/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Fabiola Villagomez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Por recibido, el oficio que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato ISAPEG por sus siglas, a través del cual pretende informar la fecha y lugar en que el menor de edad de identidad reservada aquí directo quejoso deberá acudir para la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en auto de treinta de agosto pasado, se declaró firme la sentencia que sobreseyó en el juicio. Finalmente, se destaca que la misiva de cuenta fue recibida en el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Firmeza de la sentencia Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de cinco de agosto del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos a disposición Por otro lado, en razón que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) ocurra a recogerlos, dentro del término de noventa días naturales; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto.". Requiriéndola para que, previa cita, ocurra a recoger los documentos originales exhibidos, dentro del término de noventa días naturales; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente. Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.

  3. Principal

    Firmeza de la sentencia Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de cinco de agosto del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes, toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Orden de archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Clasificación. En cumplimiento a los dispuesto en punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el Acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos a disposición Por otro lado, en razón que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) ocurra a recogerlos, dentro del término de noventa días naturales; apercibida que en caso de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, de conformidad con el aludido precepto.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo 381/2022-6, promovido por ******************** en representación de su menor hijo de iniciales ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ******************** en representación de su menor hijo de iniciales ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1°, 3°, 4º y 17 constitucionales. SEGUNDO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. En acuerdo de treinta siguiente, este órgano jurisdiccional la admitió, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, concedió la suspensión de plano, otorgó legal intervención al fiscal adscrito y, señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional que se verificó al tenor el acta de uno de junio de dos mil veintidós; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal . La competencia territorial se surte, pues se reclama un acto omisivo que carece de ejecución material y la demanda de amparo se presentó dentro del territorio en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, con lo que se actualiza la hipótesis legal que prevé el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa como acto reclamado: La omisión de aplicar al menor quejoso ******************** (nacido el veintiuno de noviembre de dos mil doce, por lo que tiene a la fecha nueve años de edad), la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Sin que deba considerarse como diverso acto reclamado la política nacional de vacunación, en virtud de que esta juzgadora federal observa que lo que efectivamente se busca tildar de inconstitucional en esta instancia de amparo, es que a los menores de edad no cuentan con mecanismo alguno, ni se encuentran en algún plan gubernamental para acceder a la inoculación que corresponde para prevenir el virus mencionado. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Secretario de Salud del estado de Guanajuato, por conducto del apoderado legal de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato, en adelante ISAPEG, negó la existencia de los actos que se le atribuye (foja 56). Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el Coordinador de las Brigadas Especiales del estado de Guanajuato fuero omisos en rendir su informe, no obstante que en autos obra constancia de que recibieron el oficio por el que se les requirió, respectivamente (acuses a foja 129). Ahora bien, en principio es dable tener por cierta la omisión reclamada, pues es un hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que al momento de la presentación de la demanda, en la consulta de la página de internet visible como https://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19-adolescentes/ se apreciaba que el registro para los jóvenes de entre doce y diecisiete años (con dos opciones, la primera a quienes tengan 15 años cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós o más y la segunda aquellos entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad) inició a partir del primero de octubre de dos mil veintiuno; empero, en ese momento no se advertía dato objetivo que permitiera asegurar la fecha, lugar y modo en que ese grupo etario, ni el en que se encuentra el quejoso, menor de doce, serían inoculados. Máxime que de la consulta del Plan Nacional de Vacunación regido por el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se observa que no están contemplados para la vacunación los menores del rango de doce a diecisiete años de edad (sin comorbilidades). Al respecto, se asentó: Además, en la página 33 de ese documento se explicó lo siguiente: "Personas menores de edad. Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 12 años hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente se encuentran en proceso diferentes ensayos clínicos con poblaciones menores de 12 años. Dado que la estructura programática y de abastecimiento de esta Política Nacional representa que sólo una de las siete vacunas disponibles para su ejecución se puede aplicar en personas menores de edad, las poblaciones de 12 a 17 años deben considerarse como una población con una baja disponibilidad potencial de vacunas y por lo tanto será importante estratificar el riesgo para poder vacunar los NNA que realmente están en mayor riesgo de complicaciones. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la carga de la enfermedad en personas menores de edad (0 a 17 años) representa alrededor del 5% del total de la epidemia. Asimismo, la carga de hospitalizaciones y defunciones representan 1.6% y menos del 1% respectivamente. Sin embargo, el perfil demográfico de la epidemia se ha visto modificado en la última ola epidémica, por lo que la proporción de casos en niñas, niños y adolescentes se incrementa tres puntos porcentuales con respecto al 5% de casos positivos en NNA del total de la epidemia. Durante la tercera ola, la proporción de casos en NNA es del 8%. Esto se debe entre otras cosas a una reducción en la percepción del riesgo de enfermar, el síndrome de fatiga post pandemia y la introducción de la vacuna como método de prevención de la enfermedad. [.] Por las razones antes mencionadas, el GTAV ha recomendado la vacunación de personas menores de edad de 12 a 17 años que vivan con ciertas comorbilidades, y continuar la vacunación masiva estrictamente por edad hasta cubrir a las poblaciones de 18 años y más. Con el propósito de incrementar la universalización y la proporción de personas vacunadas en la población general (objetivo 4) y ante el incremento de casos en edad pediátrica se identificó que aunque el riesgo de complicación y mortalidad en este grupo de edad sigue siendo muy baja en comparación con grupos de mayor edad, los datos de exceso de mortalidad en el grupo de edad de 12 a 17 años sugieren una tendencia monotónica ascendente por años cumplido, con cambio mas evidente a partir de los 15 años. En ese sentido y ante la suficiencia de vacunas de Pfizer, se decide ofrecer esta vacuna al grupo de 15 a 17 años sin comorbilidades, manteniendo la prioridad de vacunar a todo NNA de 12 a 17 años que presenten alguna comorbilidad." No obstante, dicha omisión no es atribuible a todas las responsables, en la medida en que no todas tienen injerencia o competencia para actuar acorde con el propio Plan Nacional de Vacunación. Se explica: Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. Sobre este punto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "ACTO RECLAMADO, NATURALEZA DEL (ACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Porque el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. Por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." Es importante mencionar que la precisión de la existencia de un acto positivo frente a la de un acto negativo adquiere matices propios en cada caso; mientras la existencia del primero debe demostrarla quien afirma que existe, en el segundo, no se puede imponer dicha carga a quien alega la existencia de un acto negativo por omisión, ya que no sería factible acreditar que la autoridad no ha hecho o se ha abstenido de hacer algo (acto negativo). Sobre esta base, debe decirse que la negativa de la existencia del acto reclamado negativo (por omisión), constituye sólo una expresión sobre la existencia de aquél, pero la carga de acreditar este último presupuesto tiene reglas especiales que atienden a la naturaleza del acto, es decir, si es negativo o positivo. Cuando el acto reclamado es de naturaleza positiva, implica que el quejoso afirma que la autoridad responsable desplegó una acción que se materializó en el mundo fáctico y jurídico, pero si la autoridad responsable niega esto último (haber realizado el acto que se le imputa), dicha expresión implica una negativa simple; y, en ese supuesto, el quejoso tendría la carga de acreditar su afirmación de que la autoridad desplegó la acción. No sucede lo mismo cuando el quejoso señala como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), pues en este supuesto si la autoridad responsable niega la existencia de esa omisión, dicha negativa no es simple porque lleva implícita la afirmación de que sí desplegó una conducta y, por ende, no incurrió en la omisión o abstención que se le atribuye. Por ese motivo la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en señalar que la negativa simple del acto reclamado libera a quien la emite del deber de probarla, ya que lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en la parte contraria, quien debe demostrar la conducta de hacer que atribuye a la autoridad, cuya existencia debe ser demostrada por quien la afirma. No ocurre así cuando la negativa del acto no es simple sino calificada, porque dicho supuesto importa una afirmación, entonces quien la produce sí tiene la carga de justificarla. Las anteriores precisiones encuentran su origen en la regla que establece el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que indica que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; por tanto, si es el caso de que en un juicio de amparo se reclame un acto que por su naturaleza es negativo, y a quien se le atribuye lo niega; entonces, no corresponde al quejoso demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, estableció cómo debe ser entendido un acto reclamado que consiste en una "omisión"; sostuvo que, para que se configure una omisión en el ámbito jurídico es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Para determinar a quién corresponde probar actos de esta naturaleza, debe considerarse que los actos omisivos se componen de dos aspectos: 1. La obligación de actuar 2. La inexistencia de la actuación a la que está obligada la autoridad, o su legalidad. El primer extremo tiene sustento en las condiciones jurídicas aplicables al caso en concreto y el segundo, debe ser combatido por la autoridad responsable, en términos del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece como regla general que el que afirma está obligado a probar. La obligación de actuar Así, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama del Secretario de Salud del estado de Guanajuato, la omisión de vacunar al menor quejoso, con motivo de la aplicación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, en el que se excluyeron los grupos etarios menores de dieciocho años en el proceso de vacunación. Ahora, como lo informa la responsable mencionada en el párrafo anterior, no se encuentra obligada a vacunar al aquí infante, porque no tiene facultades legales para ello, por lo que debe declararse la inexistencia de la omisión que se les reclama. En principio, porque el artículo 73, fracción XVI, apartado 2a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Además, de los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7, 13, 141 y 144 de la Ley General de Salud, se advierte la competencia rectora de la Federación a través de la Secretaría de Salud para la mitigación de enfermedades epidemiológicas, quien en su caso podrá coordinarse con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas para la investigación, prevención y control de enfermedades. Derivado de ello, el Gobierno de México, apoyado de la Secretaría de Salud, emitió la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", en la cual se estableció la "estrategia de vacunación: etapas y logística"; y, para lograr la vacunación en todo el territorio nacional, se implementó una estrategia federal denominada "Operativo Correcaminos", con la colaboración de treinta y dos coordinadores estatales designados por la persona titular de la Secretaría de Salud Federal. Así, en los anexos de dicha política se señalan los nombres de los coordinadores de cada entidad, y para el Estado de Guanajuato, fue designado ********************, director interino del Hospital Militar Regional de Irapuato, quien tiene a su cargo la estrategia operativa que se implementó a nivel local para llevar a cabo la vacunación para la mitigación y control del virus covid-19. De ahí que la autoridad reseñada no tiene facultades para aplicar u ordenar por sí, la vacuna, toda vez que la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México", fue emitida por la autoridad de Salud Federal y la fase operativa de su aplicación se encuentra a cargo de los treinta y dos subcoordinadores estatales, que para el caso de Guanajuato lo es el director interino del Hospital Militar Regional de Irapuato. No obsta que en diversas actuaciones haya intervenido la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato pues, si bien, se infiere su actuación coadyuvante, no puede atribuirse a ella la omisión, en la medida en que como se vio, no cuenta con facultades para ello. En esa tesitura, si la autoridad responsable en cita no tiene atribuciones para ordenar ni ejecutar, por sí la conducta cuya omisión se le reclama, entonces debe decretarse la inexistencia de la omisión que se les reclama. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión y la autoridad que se precisó en este apartado, de conformidad con lo señalado en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos. Por otra parte, el Secretario de Salud Federal y el Coordinador de las Brigadas Especiales del estado de Guanajuato fueron omisos en rendirlo, no obstante que en autos obra constancia de que recibieron el oficio por el que se les solicitó, respectivamente (foja 129 acuses). En cuanto a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por conducto de su representación, negó la conducta que se le reclama (foja 96). Al respecto, a tales autoridades sí debe tenérseles como cierta la omisión que se reclama, pues de la Política Nacional de Vacunación se desprende su directa participación. En efecto, ya se explicó que el Secretario de Salud Federal es quien constitucionalmente tiene a su cargo emitir las medidas conducentes. En ese contexto, fue quien expresamente autorizó el Plan, como se desprende de la siguiente imagen: Finalmente, el ya citado Acuerdo por el que se establecen brigadas especiales, como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, para llevar a cabo la vacunación como medida para la mitigación y control de la enfermedad COVID-19, en todo el territorio nacional, en su artículo tercero prevé la coordinación estatal, lo que se corrobora con el anexo 3 del Plan Nacional cuya imagen se inserta en lo conducente: Ahora, respecto de la diversa autoridad titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, no obstante que al rendir su informe justificado señaló negar el acto a él atribuido, dicha negativa se encuentra desvirtuada por los siguientes motivos: Primero. Refiere que no existe el acto reclamado consistente en "la negativa de aplicar la vacuna a la menor contra el virus SARS- CoV-2 para la prevención del covid-19"; sin embargo, el acto aquí tildado de inconstitucional no es de naturaleza negativa, sino omisiva. Atento a lo cual, resulta imprecisa su respuesta en ese sentido y por ende se estima existente ante su falta de contestación al respecto. Segundo. Si bien dentro de las facultades legales de dicho órgano de gobierno, no se encuentra prevista textualmente la de llevar a cabo la vacunación, lo cierto es que de conformidad con los artículos 17 bis de la Ley General de Salud y 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios compete proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos -incluidos los relativos a la inoculación en contra de enfermedades- y otros insumos para la salud, así como la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios en materia de medicamentos. Aunado a ello, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, los medicamentos -incluidas las vacunas- requieren de un registro sanitario expedido por conducto de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Todo lo anterior lleva a concluir que, si a la fecha de presentación de la demanda, la dependencia de que se trata no había emitido su validación respecto de la aplicación de la vacuna a los infantes de entre cinco y once años, resulta evidente que el Secretario de Salud Federal no podía considerar en la "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" a los menores del rango de edad al que pertenece el aquí quejoso, ante la falta de pronunciamiento por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. En ese sentido, no es suficiente que la autoridad responsable negara la existencia de la omisión reclamada, sino que a ésta le correspondía probar su dicho y no a la parte quejosa probar la existencia del acto de omisión que se le atribuye. En suma, se tienen como ciertas las conductas atribuidas a dichas autoridades para efectos de este fallo. QUINTO. Improcedencia. No obstante la certeza de la omisión reclamada, esta Potestad advierte oficiosamente que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es oficioso y preferente, acorde con el artículo 62, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que ya fue celebrada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, al tratarse de una cuestión de orden público, es dable analizarse en este momento. Es aplicable por los principios que la rigen, la siguiente contradicción de tesis del Máximo Tribunal: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Veamos: El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." En relación con el citado supuesto, esto es, el consentimiento del acto, éste impide examinar su constitucionalidad, en tanto que aquél se entiende como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, ya sean expresos o tácitos. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado, de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: a) La existencia del acto o ley reclamados. b) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que pueden derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien ejecute actos (positivos, negativos u omisivos) voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, se explicará por qué se actualiza: En cuanto al requisito identificado con el inciso a), ya se evidenció en los anteriores considerandos que, al menos a la presentación de la demanda (veinticinco de marzo de dos mil veintidós) no existían elementos objetivos que avizoraran la inoculación del menor; además de que la política nacional de vacunación no incluía al grupo etario al que pertenece. No obstante lo anterior, las circunstancias extraordinarias ocasionadas por la pandemia mundial, concretamente en nuestro país, fueron transitando mes con mes hacia diversos estadíos que, a su vez, provocaron que las autoridades generaran diversas condiciones en torno a la vacuna. En otras palabras, las circunstancias fácticas fueron modificadas. Al respecto, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se trae a cuenta como hecho notorio que la conferencia matutina del ejecutivo federal, concretamente la efectuada el catorce de junio pasado, en donde el subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se adquirió un determinado número de dosis pediátricas del fármaco, a fin de comenzar con el proceso de vacunación para el sector poblacional de infantes de entre 5 y 11 años cumplidos y que el registro habitual en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/ comenzó el jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, lo cual ya se incorporó a un boletín publicado por Presidencia de la República. Además, el veintisiete del mismo mes y año fue publicado en la página electrónica del Gobierno del estado de Guanajuato relativa al virus y la pandemia un boletín informativo en el que se hizo saber que "el titular de salud explicó que en primera instancia se vacunarán aquellos niños que cuenten con amparos ante un Juez" y se "exhortó a los padres de familia a realizar previamente un registro en línea para vacunación de menores de edad a partir de los 5 años a 11 años de edad". Lo anterior se corrobora con el Plan Nacional de Vacunación versión 10.0 de quince de junio de dos mil veintidós, por lo que hace a los menores de edad que oscilan entre los cinco y los once años de edad, se señaló: "[.] A la fecha de esta actualización, la única autorización de uso en emergencia que tiene autorizado su aplicación en menores de edad es para la Pfizer-BioNTech, cuya autorización es para el grupo de cinco a 17 años, por lo que la niñez de cero a cuatro años, no será considerada para la estrategia masiva de vacunación. La ausencia de evidencia científica publicada hasta el momento sobre personas menores de edad en general, y para menores de cinco años en particular para la vacuna Pfizer-BioNTech, no constituye un acto discriminatorio al no considerarse para la vacunación masiva, pues es la falta de datos de ensayos clínicos la razón por las que por el momento no se les considera específicamente en el proceso de vacunación [.] Dado que la estructura programática y de abastecimiento de esta Política Nacional representa que sólo una de las siete vacunas disponibles para su ejecución se puede aplicar en personas menores de edad, las poblaciones de cinco a 17 años deben considerarse como una población con una baja disponibilidad potencial de vacunas y por lo tanto será importante estratificar la distribución de los biológicos conforme se tienen disponibles en territorio. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la carga de la enfermedad en personas menores de edad (0 a 17 años) representa alrededor del 5% del total de la epidemia. Asimismo, la carga de hospitalizaciones y defunciones representan 1.6% y menos del 1% respectivamente. [.] Dado que se ha llegado a coberturas administrativas de más del 90% con esquemas primarios y de más de 65% con un refuerzo en personas mayores de edad, se procede a abrir a grupos de menores de edad la vacunación masiva, actualmente abriéndolo a partir de los cinco años. [.] Con base en los resultados del análisis del GTAV, los ejes de priorización y la realidad operativa de la estrategia, los grupos priorizados en orden de prelación son: 1. Personal sanitario que enfrenta COVID-1921 (estimado en un 1.1 millones de personas) 2. Población de 50 y más años cumplidos (27,181,09122): a. Mayores de 80 años (2,035,415) b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668) c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671) d. Personas de 50 a 59 años (12,720,337) 3. Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo (2,133,95123) 4. Personal docente24, 25. 5. Población de 18 a 49 años (60, 974,539) a. Personas de 40 a 49 años (16,198,907) b. Personas de 30 a 39 años (18,897,970) c. Personas de 18 a 29 años (25,877,662) 6. Personas de 12 a 17 años que viven con alguna de las comorbilidades o condiciones de vida descritas en el Anexo 2. 7. Personas de 12 a 17 años, independientemente de la presencia de comorbilidades. 8. Personas de cinco a 11 años (15,370,073). [.]" En ese orden de ideas, a la fecha ya existe aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), una vacuna pediátrica, para el grupo etario en el que se encuentra el menor quejoso, que tiene nueve años de edad, según copia certificada del acta de nacimiento que se acompañó a la presente demanda. Estas cuestiones novedosas motivaron sendas actuaciones de este Tribunal para lograr la eficaz inoculación de la menor. Se reseñan enseguida y con ellas se demostrará el segundo requisito que actualiza la causal de improcedencia: 1. Oficio registrado con folio 4382 en el que el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato informa que el menor debía ser presentado para valoración médica el veintidós de junio de dos mil veintidós (foja 40). 2. Auto de seis de abril de dos mil veintidós en el que se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa lo anterior, así como su respectiva notificación (fojas 53 a 55). Las constancias que, enseguida se expondrán, obran después de verificada la audiencia constitucional en un cuadernillo adjunto: 1. Oficio 9985 en el que el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato informó que el menor debía presentarse el treinta de junio de dos mil veintidós para la aplicación de la primera dosis del biológico (foja 15). 2. Auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós en el que se tuvo al oficiante informando lo anterior y se ordenó hacer del conocimiento de la quejosa, bajo apercibimiento que de no acudir y no informar en el plazo genérico de tres días sobre el resultado de la cita se entendería el desinterés para que el menor fuera inoculado y su consentimiento respecto de la omisión reclamada. Proveído que fue notificado formalmente y vía mensajería instantánea whatsapp (fojas 16, 17, 25 y 36). Como puede advertirse, existió la omisión de vacunar al menor al encontrarse en un grupo etario que, primigeniamente, no había sido contemplado. En un momento posterior fue incluido ese grupo y, particularmente, se fijaron sendas datas para que la aquí peticionaria acudiera para valoración e inoculación, sin contar con evidencia de su interés en hacerlo. Debemos recordar que el consentimiento no opera únicamente con conductas positivas, sino cualquier manifestación de voluntad que entrañe su consentimiento, sin que exista razón suficiente para excluir las omisiones o el silencio de los promoventes. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular al menor, se pone de manifiesto que la parte quejosa, no obstante que contó con la oportunidad de hacerlo, desplegó diversas conductas pasivas que externan su consentimiento o conformidad de que al menor no le sea aplicada la dosis de vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse y, con fundamento en el diverso 61, fracción V del mismo ordenamiento se SOBRESEE en lo que a las autoridades enunciadas en este considerando respecta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75, 76, 77, 78, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ******************** en representación de su menor hijo de iniciales ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en él y en el considerando quinto.

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