Fabiola Sánchez Barrera
Expediente 428/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 428/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Fabiola Sánchez Barrera
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********.
- Principal
CITATORIO QUEJOSA San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil veintitrés. EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del ; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 428/2023-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, en atención a que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En principio, es necesario señalar que el acto reclamado por ******* en esta vía, es el siguiente: "A)- La dilación y retardo por más de ocho días hábiles del acuerdo o resolución correspondiente por parte de la autoridad señalada en virtud de que habiendo transcurrido en exceso el término legal HA OMITIDO DAR CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD QUE HICE CON OTROS COMPAÑEROS EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y POR ENDE NO SE ME HA NOTIFICADO." De lo anterior, la suscrita advierte que la demanda de amparo que se analiza resulta improcedente, pues respecto del acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo únicamente es procedente contra actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios jurisprudenciales ha puntualizado como características distintivas que debe tener una autoridad a fin de ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Entonces, para efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por los que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la confrontación de lo anterior, con el acto que se le atribuye a la autoridad señalada como responsable, se advierte que la omisión de la que se duele la quejosa no es susceptible de ser reclamada en la vía de amparo por la parte promovente, en razón a que, dicho acto deriva de una relación laboral entre la parte inconforme en su carácter de trabajadora y la responsable que funge o fungió como su patrón. En efecto, el acto reclamado por la parte inconforme no corresponde a una relación de supra a subordinación como las que se deben suscitar entre la autoridad responsable y un particular, sino en un plano de carácter laboral, pues la solicitante del amparo manifestó, en el escrito de petición que afirma no le fue contestado, que fue personal adscrito a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, y el acto que reclama lo hace consistir en la omisión por parte de la propia Universidad Tecnológica de Tecamachalco, a través de su Rectora de dar respuesta a la petición realizada el ocho de noviembre de dos mil veintidós. De lo anterior, se puede advertir que el acto aquí reclamado, no contiene las características distintivas para ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como quedó precisado en líneas anteriores, éste deriva de una relación de trabajador-patrón, que existe o existía entre la quejosa y la que señala como autoridad responsable; por lo que no puede ser materia de análisis constitucional. Resulta importante señalar que el artículo 123, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la existencia de una relación laboral entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores. En similares términos el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal. Así, de dichos numerales se obtiene que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de sus empleados y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. Ahora, el artículo 82 la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, establece la competencia del Tribunal de Arbitraje. En ese sentido, la suscrita juzgadora considera que la autoridad señalada como responsable no tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo, en atención a que el acto del cual se duele la solicitante del amparo deriva de la relación de trabajador-patrón que existe con la misma. Por tanto, la vía para impugnar no es el amparo indirecto, pues el ordenamiento legal antes citado, establece la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por ******. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa, reformado mediante el diverso del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas Administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el diario oficial de la federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, téngase a la parte promovente proporcionando el número telefónico que precisa en la demanda a fin de realizar comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA se exhorta a las partes para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Además de que dicha solicitud podrán presentarla en el portal de servicios en línea desde el módulo de promociones y recursos. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS se autoriza la utilización de medios electrónicos para reproducir las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva respecto a documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales.
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