Fabiola Rivero Ortega
Expediente 314/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fabiola Rivero Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se agrega oficio del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, registrándose por la Superioridad con el número de revisión 210/2023. Notifíquese.
- Principal
Se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril de dos mil veintitrés; así como del proveído de veintitrés de mayo del año en curso, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa; consecuentemente, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Fabiola Rivero Ortega, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril del año que transcurre, dentro del presente juicio de amparo 314/2022 (fojas 236 a 246). En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; por lo tanto, agréguese una copia de dicho escrito y una vez notificadas las partes, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, las copias restantes distribúyanse entre las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a los terceros interesados y córrase traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S; para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 314/2022, promovido por ***, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial. 2.- C. Actuario Adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con domicilio conocido en su respectivo recinto oficial. ACTOS RECLAMADOS: 1.- Todo lo actuado dentro del expediente número ***. 2.- Reclamo la falta de emplazamiento para acudir a deducir mis derechos a dicho juicio y por ende todas las actuaciones y resoluciones que se hayan realizado dentro del expediente. 3.- De las Autoridades responsables reclamo la violación en mi perjuicio de la garantía de audiencia, así como también les reclamo la omisión de haberme dado oportunidad de comparecer a juicio para alegar y deducir lo conducente a mis derechos. [.]" La promovente manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda con el número ***, se admitió a trámite, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 10 a 14). Emplazamiento de los terceros interesados. En proveído de catorce de julio de dos mil veintidós (foja 225), se reconoció el carácter de terceros interesados a ****, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quedando emplazados a juicio, y comparecieron al presente juicio mediante escrito recibido el veinticinco de julio de dos mil veintidós (fojas 226 a 228). Audiencia constitucional. En la hora y fecha señaladas para ello, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en razón de que las consecuencias de los actos reclamados tienen lugar en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa reclama esencialmente: La falta de emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia de ****, y consecuentemente, todo lo actuado en el procedimiento indicado y registrado con el número 1107/2021 del índice del juzgado responsable. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la conducta reclamada de las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 21, 23 a 25), lo que constituye una confesión con valor probatorio pleno al tenor del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Es aplicable la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha manifestación se corrobora con las constancias que acompañó a su informe de mérito el juez responsable, las cuales, al constituir documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129 y 202, del ordenamiento legal supletorio citado en el párrafo que antecede. Apoya lo anterior la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el análisis de las causas de improcedencia, en virtud de que su examen es de estudio preferente. Para ello, resulta conveniente citar de forma breve los antecedentes del acto reclamado, derivados del expediente de origen, mismos que adquieren relevancia para efecto de ilustrar sobre la materia del asunto que nos ocupa. 1. Mediante escrito suscrito por ****, el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en su carácter de madre del desaparecido ****, promovió diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia sobre el paradero de su hijo (fojas 28 a 32). 2. De la demanda tocó conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, donde quedó radicada con el número de expediente ****, en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, se le previno a la promovente para que exhibiera el escrito de consentimiento de ****, respecto de la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria, en razón que de la denuncia ***, presentada ante el agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada en Nuevo Laredo, aparece como cónyuge del desaparecido (fojas 38 a 45), o bien, proporcionara su domicilio particular y una copia de la demanda inicial para correr traslado, es el caso, que mediante escrito de trece de diciembre de dos mil veintiuno (foja 46), la promovente acudió a dar cumplimiento con la prevención, y proporcionó el domicilio de ***, código postal 88230, de esta ciudad. Por acuerdo dictado el quince del mes y año en cita, se admitieron a trámite las diligencias de jurisdicción voluntaria y se ordenó notificar el inicio del procedimiento a **** hijo del desaparecido *** (fojas 44 a 51). 3. Luego, en diligencia llevada a cabo por la Actuaria responsable, el siete de enero de dos mil veintidós, se constituyó en el domicilio ubicado en calle ***, número ****, entre *** y Avenida ***, colonia ***, de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a fin de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento a ****, por lo que al no encontrarla le dejó cedula de notificación, previo haberse cerciorado de que ahí vivía la buscada, por lo que procedió a practicar el emplazamiento a **** (fojas 73 a 77). Posteriormente, mediante resolución emitida el once de abril de dos mil veintidós (fojas 95 102), se resolvió: "[.] PRIMERO.- SE HAN REALIZADO en las presentes DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA sobre DECLARACIÓN DE AUSENCIA EN REFERENCIA DE LA DESAPARICIÓN de ESTEBAN ESPINOZA REYES, promovidas por NORA REYES LÓPEZ, las MEDIDAS PROVISIONALES respecto al llamamiento a juicio del presunto ausente ESTEBAN ESPINOZA REYES, en consecuencia: SEGUNDO.- Se nombra como Representante Legal del presunto ausente ESTEBAN ESPINOZA REYES al señor ESTEBAN DAVID ESPINOZA GARCÍA [.]" 4. Es el caso que mediante escrito presentando ante la autoridad responsable el diez de junio de dos mil veintidós, compareció la aquí quejosa ****, al procedimiento de origen e hizo del conocimiento del juez responsable que su nombre correcto es *** y no ***, entre otras cosas, por lo que en proveído dictado el quince de junio del año próximo pasado, se le tuvo por aclarado el nombre, señalando domicilio, autorizando a como su asesora legal a ***, se le otorgó el acceso al expediente físico y electrónico, se le tuvieron por hechas sus manifestaciones, exhibiendo diversas documentales, y respecto a la depositaría que solicitó, se le previno a fin de que acreditara la personalidad que tenía con el ausente *** (fojas 197 a 200). 5.- Por escrito recibido el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la oficialía común de partes de los juzgados civiles, la quejosa acudió a promover incidente de nulidad de emplazamiento y actuaciones realizadas en su perjuicio, el cual, en auto de diecisiete del citado mes y año, se desechó de plano (fojas 214 a 220). Hasta aquí los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la falta o ilegal emplazamiento a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia de ***, promovido por ***, en el expediente registrado con el número *** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, así como todo lo actuado en el juicio, la suscrita juzgadora advierte de oficio que existen elementos por los cuales se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al efecto y a fin de tener por acreditada la causa de improcedencia indicada conviene realizar las siguientes precisiones. En principio, debe enfatizarse que la quejosa se ostenta como persona extraña por equiparación al procedimiento de origen, en razón de que si bien se ordenó emplazar a ***, también lo es que la aquí quejosa justificó al juez responsable, que *** y ***, son la misma persona, por lo tanto, la quejosa es tercera extraña por equiparación, dado que es parte en el procedimiento de origen. Por tanto, es oportuno destacar que para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, para que una persona pueda ser estimada como tercera extraña a juicio, además de ostentarse con tal carácter al promover la acción constitucional, es imprescindible que no sea parte en el juicio natural; y, que sufra un perjuicio dentro de dicha contienda o en la etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. En ese sentido, debe decirse que el aludido concepto también incluye a las personas que siendo partes formales en la controversia primigenia, alegan que no fueron emplazadas o fueron ilegalmente llamadas a juicio, esto es, las referidas personas tendrán el carácter de personas extrañas por equiparación en el supuesto de que les asista dicha calidad de parte y resientan una afectación en su esfera jurídica con motivo de la tramitación de tal contienda, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas ni vencidas en juicio, al no haber sido emplazadas en el procedimiento primigenio o no haber sido llamadas conforme a las formalidades legales correspondientes. Por lo tanto, es factible sostener que la figura jurídica del tercero extraño, para efectos del juicio de amparo, se actualiza en dos supuestos: a) Típico o natural, es como aquella persona moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila, es decir, tal figura jurídica relativa a la persona extraña se refiere a la que es totalmente ajena a la controversia sometida a la autoridad jurisdiccional para su solución, al no ser parte procesal; y, b) Equiparado, entendido como el sujeto que, siendo parte de la controversia, al ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no le fue posible apersonarse en tiempo y forma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.". También resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, la cual es de los siguientes rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación". De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede sostener que son "partes del juicio", aquellas personas que materialmente figuran en aquél o que están vinculadas directamente con el juicio, de manera que tanto las actuaciones judiciales como la resolución respectiva afectan directamente sus intereses, por estar éstos involucrados en la controversia; por ende, basta que exista un mandato judicial dirigido a una persona y se le notifique legalmente su contenido, a fin de que comparezca a plantear una determinada posición jurídica, para que pierda la calidad de extraño en el juicio. Por tanto, cuando una actuación judicial está dirigida a una persona y a ésta se le hace saber esa determinación para que la cumpla, la referida circunstancia es suficiente para que deje de tener el carácter de tercero extraño; en virtud del vínculo implícito que se crea entre el juzgador y las partes procesales que someten a la potestad del juez una controversia existente entre particulares. En otro orden de ideas, cabe señalar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que para los terceros extraños (no opera el principio de definitividad), porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa previstos por la ley para lograr su intervención en dicho procedimiento; sin embargo, tal supuesto operará siempre y cuando de las constancias del sumario se aprecie que efectivamente se surte tal calidad en el quejoso, es decir, que su afirmación al respecto encuentre sustento en las actuaciones procesales. De modo que la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, tratándose de personas extrañas típicas y por equiparación, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, lo que no sucede con las partes del contencioso, toda vez que éstas sí tienen la oportunidad y la obligación de hacer valer los medios de defensa legales que resulten procedentes; esto es, tal excepción es aplicable a personas extrañas a la controversia. Una vez precisado lo anterior, de las constancias que integran el presente juicio se desprende que ya no es factible reconocer el carácter de tercera extraña a juicio a la ahora quejosa, pues de la narrativa que realizó en el escrito inicial de demanda, y de las constancias remitidas por la responsables, se advierte que compareció a las diligencias de jurisdicción voluntaria, ya que por escrito presentando el diez de junio de dos mil veintidós, ante la autoridad responsable compareció *** al procedimiento e hizo del conocimiento del juez instructor que su nombre correcto es *** y no ***, como incorrectamente fue asentado en la cédula de notificación (fojas 194 a 200), por lo que en proveído dictado el quince del mes y año en cita, se le tuvo por aclarado el nombre, señalando domicilio, autorizando asesor legal, se le otorgó el acceso al expediente físico y electrónico y se le previno para que acreditara la personalidad que tenía con el ausente ***; y al día siguiente presentó ante el juzgado de origen, escrito por medio del cual ocurrió a promover incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento y actuaciones realizadas) por no haber sido llamada al procedimiento, al que recayó acuerdo por parte de la autoridad responsable que fue adversa a sus intereses al desechar de plano el incidente pretendido. Luego, es evidente que la comparecencia de mérito, le brindó a la ahora quejosa la oportunidad de conocer el juicio primigenio y obtener una respuesta a su pretensión, respecto de la cual puede inconformarse en sede judicial, y en su caso, una vez satisfechos los principios que lo rigen, como es el de definitividad, ocurrir en juicio de amparo. Una vez puntualizado lo anterior, como se adelantó, de oficio, surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones. El citado artículo y fracción, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" En efecto, conforme al precepto reproducido el juicio de amparo es improcedente contra actos que sean impugnables a través de algún recurso o medio de defensa ordinario por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado, y en el presente caso es evidente que la aquí quejosa no cumplió con el principio de definitividad para los efectos del juicio de garantías, al no haber agotado el recurso de apelación que pudo hacer valer en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente ***, correspondiente a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia en referencia, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el que se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que promovió la aquí quejosa al no haberlo presentado en los términos del artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas , según consideró el juez responsable. De conformidad con el artículo transcrito, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que el auto de mérito se encuentra vinculado al acto que la quejosa reclama en esta vía constitucional, el cual no es definitivo, pues en su contra procede el recurso de apelación. Lo anterior se sustenta, además, en que tratándose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, únicamente señala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privación de la vida, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipótesis. Debe tomarse en cuenta que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, establece que el juicio se promoverá, una vez agotados los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén para combatir el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Con este principio se busca que el acto de autoridad a reclamar en la vía de amparo, tenga el carácter de definitivo. Efectivamente, acorde a la legislación procesal civil del Estado de Tamaulipas, procede el recurso de apelación en contra del acto aquí reclamado, lo que se advierte de los artículos 71, 146, 926, 927 y 928, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, que a la letra dicen: "[.] ARTÍCULO 71.- La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo procederá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. Sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate de emplazamiento. La resolución que se dicte mandará reponer la notificación, citación o emplazamiento declarada nula, y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio y conforme a las reglas anteriores. El juez sancionará con multa al o los que aparezcan como culpables de la irregularidad. [.] ARTÍCULO 146.- Los autos que decidan los incidentes son apelables en los casos y efectos en que lo fuere la sentencia, salvo disposición expresa en sentido contrario. [.] ARTÍCULO 926.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal de Justicia revoque o modifique la resolución dictada en primera instancia; y en su caso, analice la violación procesal sostenida no consentida, decretando la reposición del procedimiento, conforme a las reglas contenidas en éste capítulo. La confirmación será, en todo caso, resultado lógico-jurídico de la improcedencia de la revocación, modificación o reposición solicitadas. ARTÍCULO 927.- El que haya sido parte en un juicio y conserve este carácter, puede apelar de las resoluciones por las que se considere agraviado, salvo aquéllas contra las que la ley no da este recurso. ARTÍCULO 928.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, II.- Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código." En consecuencia, es claro que en el caso procede el recurso de apelación contra el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitido por el juez responsable, en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de ausencia, del expediente ***, en términos de los artículos previamente mencionados, ya que el auto que resuelva un incidente es apelable, con lo que se cumple con el requisito de procedibilidad señalado en el último precepto transcrito y, como consecuencia de ello, antes de promover el juicio de garantías, la quejosa debió agotar el medio de impugnación ordinario a que se hace referencia y, al no haberlo hecho así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece que, para que proceda el juicio de amparo, es necesario, previamente a su promoción, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto establece para el efecto de que puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior es así, toda vez que como se indicó con antelación el acto reclamado (omisión, falta o ilegal emplazamiento) emana de una petición formulada directamente por la ahora quejosa y que le causa un perjuicio al desechar de plano el incidente de nulidad de actuaciones que planteara ante la responsable. Ello es así, en virtud de que la improcedencia del juicio de amparo se encuentra claramente establecida en la Ley de Amparo, al igual que sus excepciones y cuándo resultan aplicables estas últimas, pues no debe dejarse al albedrío del gobernado el querer aplicar lo dispuesto en un supuesto a otro diverso, pues se tergiversaría la intención del legislador al establecer los supuesto específicos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del tenor: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo establecido por el artículo 61, fracción XVIII, incisos "a" al "c", de la vigente Ley de Amparo, el principio de definitividad únicamente sufre excepción en los casos siguientes: "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento". Todo ello referido a resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por consiguiente, si el quejoso, al reprochar una resolución que encuadre en ese tipo, pretende acogerse al argumento de que se encuentra reclamando una violación directa a la Constitución Federal (distinta del derecho de audiencia por falta de emplazamiento o porque sea ilegal éste y ya se encuentre concluido el juicio), hipótesis protegida por el artículo 107, fracción VI, del ordenamiento en consulta (al considerarse terceros extraños por equiparación), lo procedente será desechar la demanda de amparo, pues no deben confundirse las salvedades que se hacen a ese principio en la fracción XX del primer numeral invocado, porque ésta se refiere a actos que provienen de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y entre los cuales sí cabe como excepción al referido principio, la violación directa a la Constitución." Así las cosas, resulta evidente que contra el acto reclamado en este juicio de amparo procede en su contra el recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 146 y 928 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, aplicable al juicio natural, por lo que al no agotarse dicho recurso ordinario a través del cual hubiera sido modificada o revocada la resolución reclamada, resulta improcedente el juicio de amparo en estudio. Siendo aplicable a la consideración anterior, lo establecido respectivamente por el Pleno P./J. 11/2018 (10a.) y Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en las tesis, que dicen: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo, ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". En este entendido, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, por las razones expuestas era impugnable a través del recurso de apelación; de tal manera que si la parte quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo, no agotó ese medio de impugnación para combatir el auto que reclama, es incuestionable que incumplió con el principio de definitividad que rige la materia de amparo; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. QUINTO. DECISIÓN. Al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la aludida legislación. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, fracción XVIII, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 314/2022, promovido por ***. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy veintiocho de abril de dos mi veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de Adolfo Arreygue y Arreygue, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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