Fabiola Ramírez Azamar
Expediente 792/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fabiola Ramírez Azamar
- Juez Segundo de Primera Instancia, en Cosamaloapan, Veracruz.
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto dictado el seis de enero de este año, en el que sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que no obre el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable en el presente asunto, en virtud que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ella se haya reclamado; por lo que, al haberse sobreseído en el presente asunto, es obvio que no les afecta y por tal motivo no interpondrán el recurso indicado con antelación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio, no existen documentos originales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta y uno de enero de dos mil veintiséis. Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el treinta y uno de enero de dos mil veintiséis. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, por medio de edictos; y b) Transcurrió el término de veinte días concedido a la parte quejosa mediante el auto en mención para que recogiera y acreditara la publicación de éstos, ya que se notificó por lista de acuerdos, previo citatorio el diecisiete de noviembre de ese año, surtió efectos dieciocho siguiente y transcurrió del veintidós de noviembre al diecinueve de diciembre del año próximo pasado, descontándose los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de la anualidad pasada, por ser sábados y domingos, así como el veintiuno de noviembre de ese año por ser inhábil; sin que en ese término se haya recibido en la oficina de correspondencia común escrito para dar cumplimiento al requerimiento ni manifestación por parte de la quejosa, relativa a si contaba con los medios económicos necesarios para hacer la publicación de los edictos con el fin de emplazar a la parte tercero interesada. Ahora, resulta indispensable precisar que en el presente juicio constitucional mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa en el escrito de demanda situado en calle Cuauhtémoc, número cuatrocientos cuarenta y cuatro (444), entre Municipio Libre y Niño Perdido, colonia Chamizal, del Municipio de Isla, Veracruz, por medio de despacho librado al Juzgado Municipal de esa ciudad, sin resultado positivo. Luego, al no obrar en actuaciones un diverso domicilio en el que se pudiera localizar a la parte tercero interesada, mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara un diverso domicilio en el que se pudiera localizar, así también se requirió a las autoridades administrativas 1. Coordinador del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con residencia en Xalapa, Veracruz; 2. Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y 3. Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", residente en esta ciudad; 4. Jefe de Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Veracruz; 5. Telefonía por Cable, Sociedad Anónima de Capital Variable; 6. Grupo MAS Agua y Saneamiento, con residencia en Veracruz, Veracruz; 7. Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (TELCEL); 8. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, ambos con domicilio en Ciudad de México, para que en la base de datos correspondiente proporcionara información a nombre de Michelle Alberto García Álvarez. Es necesario destacar que mediante acuerdo de ocho de junio del año próximo pasado, se apercibió a la parte quejosa en el sentido de que de no lograrse el emplazamiento de la parte tercero interesada, se ordenaría por medio de edictos; de lo que fue notificada por lista de acuerdos, previo citatorio, el catorce de junio de dos mil veintidós. Dicho requerimiento se realizó con el fin de no incumplir con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, publicada en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, registro digital 164074, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Sentado lo anterior, se evidencia en actuaciones que se ordenó la búsqueda del domicilio de la parte tercero interesada por diversas autoridades, ordenándose mediante autos de quince de junio y diez de octubre del año próximo pasado, su emplazamiento en los domicilios proporcionados, respectivamente, por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz 2, en suplencia por ausencia del Administrador, con sede en Boca del Río, Veracruz, y Director del Centro Estatal de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Xalapa, Veracruz, por medio de despachos librados a los Juzgados Municipales en Isla y José Azueta, Veracruz, en los lugares ubicados en Francisco I. Madero, número exterior diecinueve, en Isla, Veracruz, y avenida Revolución número ciento veintiocho, colonia Tejeda, código postal 95580 o avenida Revolución número setenta y nueve, ambos en José Azueta, Veracruz, sin que se haya logrado el emplazamiento. Sin que las diversas autoridades requeridas en el acuerdo de ocho de junio del año próximo pasado, proporcionaran un diverso domicilio, pues la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México, proporcionó un domicilio, empero, se trataba del mismo que informó la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz 2, en suplencia por ausencia del Administrador. Así, al no contar con diverso domicilio en el que se pudiera localizar a la parte buscada, el once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, por medio de edictos, sin que la parte quejosa realizara manifestaciones atinentes a justificar que carece de recursos económicos para la publicación de los edictos a fin de emplazar al presente juicio a la parte tercero interesada. Entonces, ya que la parte quejosa no recogió los edictos ordenados y no encontrarse debidamente acreditado en autos su estado de insolvencia para que la publicación se realizara a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de abogado patrono de ********************de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5, fracción III, del propio ordenamiento. Sin que con lo anterior se desatienda la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos dieciséis, tomo XXXII, agosto de 2010, registro 2007600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a la que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Pues, como ya se indicó en el presente acuerdo, se agotó la búsqueda del domicilio de la parte tercero interesada a través de diversas autoridades, además de que la parte quejosa no acreditó el impedimento que tuviere para publicar los edictos ordenados. Al margen de lo anterior, en el caso justiciable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en la jurisprudencia PC.VII. J/1 C (10a.), sustentada por el Pleno del Séptimo Circuito, publicada en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, página 1177, registro digital 2006435, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." Esto es así, pues la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue promovida por ******************** en su carácter de abogado patrono de ********************señalando como acto reclamado la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, entonces, de acuerdo a lo resuelto por el Pleno de este Circuito, partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, en tratándose de asuntos en materia civil el abogado patrono en términos del numeral 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz carece de facultades para promover el juicio de amparo, pues no puede ejercer esa acción, es decir, la parte a la que afecta el acto reclamado no puede trasladar la acción a un tercero distinto al quejoso o de su representante legal, por lo que no puede sustituir la voluntad del derecho. Por todo lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, y se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 06/01/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C...Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, por medio de edictos; y b) Transcurrió el término de veinte días concedido a la parte quejosa mediante el auto en mención para que recogiera y acreditara la publicación de éstos, ya que se notificó por lista de acuerdos, previo citatorio el diecisiete de noviembre de ese año, surtió efectos dieciocho siguiente y transcurrió del veintidós de noviembre al diecinueve de diciembre del año próximo pasado, descontándose los días veintiséis y veintisiete de noviembre, tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de diciembre de la anualidad pasada, por ser sábados y domingos, así como el veintiuno de noviembre de ese año por ser inhábil; sin que en ese término se haya recibido en la oficina de correspondencia común escrito para dar cumplimiento al requerimiento ni manifestación por parte de la quejosa, relativa a si contaba con los medios económicos necesarios para hacer la publicación de los edictos con el fin de emplazar a la parte tercero interesada. Ahora, resulta indispensable precisar que en el presente juicio constitucional mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa en el escrito de demanda situado en calle Cuauhtémoc, número cuatrocientos cuarenta y cuatro (444), entre Municipio Libre y Niño Perdido, colonia Chamizal, del Municipio de Isla, Veracruz, por medio de despacho librado al Juzgado Municipal de esa ciudad, sin resultado positivo. Luego, al no obrar en actuaciones un diverso domicilio en el que se pudiera localizar a la parte tercero interesada, mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, proporcionara un diverso domicilio en el que se pudiera localizar, así también se requirió a las autoridades administrativas 1. Coordinador del Sistema Estatal de Información y Enlace Informático del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con residencia en Xalapa, Veracruz; 2. Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable y 3. Titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz "2", residente en esta ciudad; 4. Jefe de Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Veracruz; 5. Telefonía por Cable, Sociedad Anónima de Capital Variable; 6. Grupo MAS Agua y Saneamiento, con residencia en Veracruz, Veracruz; 7. Radio Móvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable (TELCEL); 8. Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, ambos con domicilio en Ciudad de México, para que en la base de datos correspondiente proporcionara información a nombre de Michelle Alberto García Álvarez. Es necesario destacar que mediante acuerdo de ocho de junio del año próximo pasado, se apercibió a la parte quejosa en el sentido de que de no lograrse el emplazamiento de la parte tercero interesada, se ordenaría por medio de edictos; de lo que fue notificada por lista de acuerdos, previo citatorio, el catorce de junio de dos mil veintidós. Dicho requerimiento se realizó con el fin de no incumplir con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, publicada en la página 416, tomo XXXII, agosto de 2010, registro digital 164074, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Sentado lo anterior, se evidencia en actuaciones que se ordenó la búsqueda del domicilio de la parte tercero interesada por diversas autoridades, ordenándose mediante autos de quince de junio y diez de octubre del año próximo pasado, su emplazamiento en los domicilios proporcionados, respectivamente, por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz 2, en suplencia por ausencia del Administrador, con sede en Boca del Río, Veracruz, y Director del Centro Estatal de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con domicilio en Xalapa, Veracruz, por medio de despachos librados a los Juzgados Municipales en Isla y José Azueta, Veracruz, en los lugares ubicados en Francisco I. Madero, número exterior diecinueve, en Isla, Veracruz, y avenida Revolución número ciento veintiocho, colonia Tejeda, código postal 95580 o avenida Revolución número setenta y nueve, ambos en José Azueta, Veracruz, sin que se haya logrado el emplazamiento. Sin que las diversas autoridades requeridas en el acuerdo de ocho de junio del año próximo pasado, proporcionaran un diverso domicilio, pues la Subdirectora de Seguimiento Normativo de la Secretaría Técnica Normativa del Instituto Nacional Electoral en Ciudad de México, proporcionó un domicilio, empero, se trataba del mismo que informó la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz 2, en suplencia por ausencia del Administrador. Así, al no contar con diverso domicilio en el que se pudiera localizar a la parte buscada, el once de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, por medio de edictos, sin que la parte quejosa realizara manifestaciones atinentes a justificar que carece de recursos económicos para la publicación de los edictos a fin de emplazar al presente juicio a la parte tercero interesada. Entonces, ya que la parte quejosa no recogió los edictos ordenados y no encontrarse debidamente acreditado en autos su estado de insolvencia para que la publicación se realizara a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de once de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********************, en su carácter de abogado patrono de ********************de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5, fracción III, del propio ordenamiento. Sin que con lo anterior se desatienda la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos dieciséis, tomo XXXII, agosto de 2010, registro 2007600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Sin que pase inadvertido el hecho que la tesis a la que se hace mención, aun cuando se refieren a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sigue cobrando vigencia, ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de garantías no sufrió modificación que provoque la pérdida de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fuera expedida la nueva Ley de Amparo. Pues, como ya se indicó en el presente acuerdo, se agotó la búsqueda del domicilio de la parte tercero interesada a través de diversas autoridades, además de que la parte quejosa no acreditó el impedimento que tuviere para publicar los edictos ordenados. Al margen de lo anterior, en el caso justiciable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en la jurisprudencia PC.VII. J/1 C (10a.), sustentada por el Pleno del Séptimo Circuito, publicada en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, página 1177, registro digital 2006435, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo." Esto es así, pues la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue promovida por ******************** en su carácter de abogado patrono de ********************señalando como acto reclamado la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz, entonces, de acuerdo a lo resuelto por el Pleno de este Circuito, partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, en tratándose de asuntos en materia civil el abogado patrono en términos del numeral 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz carece de facultades para promover el juicio de amparo, pues no puede ejercer esa acción, es decir, la parte a la que afecta el acto reclamado no puede trasladar la acción a un tercero distinto al quejoso o de su representante legal, por lo que no puede sustituir la voluntad del derecho. Por todo lo expuesto, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, y se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo, mediante acuerdo de once de noviembre de este año, se ordenó el emplazamiento por edictos de la parte tercero interesada Michelle Alberto García Álvarez, por lo que se concedió a la parte quejosa el término de veinte días para que comparezca ante este Juzgado de Distrito a recoger y acreditar haber entregado para su publicación los edictos de referencia. De ahí que, atendiendo a la certificación de cuenta, el plazo concedido para tal efecto transcurre del veintidós del mes pasado al diecinueve de este mes. En ese sentido, al no estar debidamente integrado este expediente, y dar oportunidad a que se cumplimente lo 26/05/23 12:35:31 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e3.af Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez JUICIO DE AMPARO 792/2021. 2 anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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