Fabiola Nevárez Villa
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fabiola Nevárez Villa
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de dos de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Fabiola Nevárez Villa; en tales condiciones, se declara que el mismo ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y al prudente arbitrio de este juzgador no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo para su resguardo en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Elfego Bencomo Siller, secretario quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. JEBG/VGM/EBS/lrhe
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, con el que transcribe el acuerdo de treinta de agosto del año en curso, dictado por el Magistrado Presidente del citado tribunal en el amparo directo civil 149/2022, promovido por Fabiola Nevárez Villa, en el cual informa que quedó firme el proveído por el cual se declaró incompetente para conocer de la demanda instaurada por la quejosa, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, en los autos del toca de apelación 262/2019, y en consecuencia remite el citado expediente. Por tanto, atendiendo lo expuesto por la superioridad con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asume la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en vía de acuse de recibo. En razón de lo anterior, regístrese la demanda en el libro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado con el número consecutivo 875/2022-VI. Ahora bien, a efecto de resolver sobre la admisión de la demanda de cuenta, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, numeral que a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precepto transcrito del que se advierte que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además que sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la fracción V del numeral 107, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI." Disposiciones de las que se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en un procedimiento, procede cuando éstos producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado por el amparista consiste en la sentencia de fecha veinte de enero de dos mil veintidós dictada dentro del toca civil 262/2019 por la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Chihuahua con residencia en esta ciudad, mediante el cual confirmó el auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, en el cual se proveyó sobre diversos medios probatorios aportados por la parte actora. Y de lo anterior se evidencia que con dicho acto sólo se puede afectar derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si bien, en el caso se combate la determinación del magistrado responsable que confirmó el auto en el que se decretó reanudar la audiencia de juicio, en el cual se ordenó el desahogo de las pruebas pendientes de llevar a cabo, de lo que se concluye se trata de actos intraprocesales, por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación autónoma al juicio de origen, afectación que no se produce de forma independiente sino dentro de tal proceso en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Asimismo, el hecho de que la quejosa aduzca la falta de fundamentación y motivación de la determinación dictada por el magistrado no hace procedente el juicio de amparo acorde a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la ley de amparo, ya que tal precepto exige que el acto se realice dentro del juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, sólo sería procedente si se afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado y la garantía de legalidad consagrada en la constitución no es un derecho sustantivo, sino un instrumento constitucional para salvaguárdalos. Consecuentemente, como se anunció en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por Fabiola Nevarez Villa Por otra parte, no pasa por desapercibido por este juzgador que de las constancias que remitió el Primer Tribunal Colegiado, se observa que en el juicio ordinario civil 185/2018 y su acumulado 193/2018 del índice del citado Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana se dictó sentencia el once de junio de dos mil diecinueve, y en contra de dicha determinación la parte actora promovió recurso de apelación, el cual fue resuelto por la sala responsable el veinte de enero de dos mil veintidós, y en contra de dicho recurso la aquí quejosa promovió juicio de amparo directo el cual fue admitido el veintinueve de abril de dos mil veintidós por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, quien lo radico como amparo directo civil 148/2022. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Ahora bien, toda vez que de la demanda de garantías se observa que la parte quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico lic.ricoQlive.com.mx.com, sin embargo, la Ley de Amparo no contempla aquél como domicilio procesal, en consecuencia se ordena notificar a la quejosa, este y los subsecuentes acuerdos, aún los de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. No obstante lo anterior, se tiene como medio de contacto adicional el correo electrónico antes indicado, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Sergio Alexi Rico Villegas, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese.
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