Fabiola Monserrar Carmona Ortiz

Expediente 26/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Fabiola Monserrar Carmona Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido el auto de veinticinco de febrero del año en curso, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramitó incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original en que se actúa. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que obra el informe justificado rendido por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales Dos, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y las constancias que remitió con su oficio de FGE/DJ/AMP/DIAT/316/2021, de diecisiete de febrero del año en curso. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente el acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación M3/2635/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción V, que dispone literalmente lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Atento a lo anterior, la procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, respecto del acto que reclama la quejosa, consistente en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la carpeta de investigación M3/2635/2015, por medio del cual se señaló que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal en su favor, en virtud, de que aún faltaban diversas diligencias por realizar; se estima, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". El citado artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de la materia, regulan la improcedencia del juicio de amparo promovido contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, conviene establecer que el interés jurídico es un derecho subjetivo derivado de la norma objetiva, que se concreta en forma individual y brinda a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por ello, para acudir al juicio de amparo, tendrá interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y no otra persona. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. La afectación del interés jurídico es una carga de quien acude al juicio constitucional, que debe acreditarse en forma indubitable, y no inferirse con base en presunciones; así se encuentra establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En suma, es la potestad de defender un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de la violación a ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo. Luego, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a su esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por consiguiente, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico de quien acude como agraviado y que puede efectuar, por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley. Bajo esa tesitura, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así en el caso, de las constancias remitidas por la Fiscal responsable, relativas a la carpeta de investigación M3/2635/2015, se advierte que la quejosa tiene la calidad de imputada. En ese sentido, respecto del acto que por esta vía reclama, si bien la fiscal en el acuerdo reclamado, determinó que por el momento no era procedente resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, en favor de la aquí quejosa, toda vez que aún faltaban diversas diligencias por realizar en la carpeta de investigación de origen, ello no es un acto que le cause un perjuicio directo; pues es de orden público que se investigue y esclarezcan los hechos, de ahí que se estima que dicha resolución no le depara ningún perjuicio a la parte quejosa; pues, al tener ésta la calidad de imputada, la determinación que reclama no afecta su interés jurídico. Cuenta habida que dicha determinación tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno. Motivo por el que sus efectos no son de imposible reparación, en tanto que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. Siendo que en todo caso, sería el ejercicio de la acción penal, en caso de estimarse procedente, lo que en su momento le cause perjuicio, pudiendo hacer valer sus medios de defensa ante la autoridad jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 886, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Así, como la diversa tesis de la Décima Época, con número de registro: 2015983, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo -junto con sus garantías- un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley." Luego, resulta inconcuso que la parte quejosa no acreditó derecho alguno ni causa legal que, en su caso, pudiera protegerse en la presente vía constitucional. En consecuencia, al no estar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, respecto del acto que se reclaman. En razón de lo expuesto, quien resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, Consultable en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto que se transcriben: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos de los que se advierte que obra el informe justificado rendido por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales Dos, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, y las constancias que remitió con su oficio de FGE/DJ/AMP/DIAT/316/2021, de diecisiete de febrero del año en curso. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclamó medularmente el acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil veinte, dictado en la carpeta de investigación M3/2635/2015. En consecuencia, en el caso a estudio, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 63, fracción V, que dispone literalmente lo siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Atento a lo anterior, la procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, respecto del acto que reclama la quejosa, consistente en el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, dictado por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Masiva de Casos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en la carpeta de investigación M3/2635/2015, por medio del cual se señaló que no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal en su favor, en virtud, de que aún faltaban diversas diligencias por realizar; se estima, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". El citado artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de la materia, regulan la improcedencia del juicio de amparo promovido contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Al respecto, conviene establecer que el interés jurídico es un derecho subjetivo derivado de la norma objetiva, que se concreta en forma individual y brinda a su destinatario una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; por ello, para acudir al juicio de amparo, tendrá interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y no otra persona. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. La afectación del interés jurídico es una carga de quien acude al juicio constitucional, que debe acreditarse en forma indubitable, y no inferirse con base en presunciones; así se encuentra establecido en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En suma, es la potestad de defender un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de la violación a ese derecho protegido por el ordenamiento legal sustantivo. Luego, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a su esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Por consiguiente, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para la procedencia de la acción constitucional, es el acreditamiento pleno del interés jurídico de quien acude como agraviado y que puede efectuar, por cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley. Bajo esa tesitura, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así en el caso, de las constancias remitidas por la Fiscal responsable, relativas a la carpeta de investigación M3/2635/2015, se advierte que la quejosa tiene la calidad de imputada. En ese sentido, respecto del acto que por esta vía reclama, si bien la fiscal en el acuerdo reclamado, determinó que por el momento no era procedente resolver sobre el no ejercicio de la acción penal, en favor de la aquí quejosa, toda vez que aún faltaban diversas diligencias por realizar en la carpeta de investigación de origen, ello no es un acto que le cause un perjuicio directo; pues es de orden público que se investigue y esclarezcan los hechos, de ahí que se estima que dicha resolución no le depara ningún perjuicio a la parte quejosa; pues, al tener ésta la calidad de imputada, la determinación que reclama no afecta su interés jurídico. Cuenta habida que dicha determinación tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno. Motivo por el que sus efectos no son de imposible reparación, en tanto que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. Siendo que en todo caso, sería el ejercicio de la acción penal, en caso de estimarse procedente, lo que en su momento le cause perjuicio, pudiendo hacer valer sus medios de defensa ante la autoridad jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 886, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE REVOCA LA DETERMINACIÓN MINISTERIAL DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, LA DEJA SIN EFECTOS Y ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL IMPUTADO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público determina, entre otros, el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido del delito podrá impugnarla ante el Juez de Control, quien en una audiencia decidirá en definitiva; por lo que, en caso de que dicho juzgador revoque esa determinación ministerial, dejándola sin efectos para que se siga con la investigación respectiva, esa resolución judicial no causa perjuicio al imputado por no afectar su interés jurídico, ya que tiene como único efecto que la Representación Social continúe con su investigación de los posibles hechos delictuosos, sin que exista legislación o mandato constitucional que otorgue al imputado el derecho a oponerse a la continuación de una investigación, porque ello implicaría anteponer el interés particular y se afectaría una cuestión de orden público; máxime que no se le estaría privando del derecho a demostrar que esos hechos no constituyen delito alguno, ni sus efectos son de imposible reparación, por lo que una vez integrada la carpeta correspondiente, la Representación Social podría estimar que no existen datos de prueba suficientes para solicitar una posible orden de aprehensión en su contra, o bien, para formular la imputación respectiva. De ahí que el juicio de amparo indirecto es improcedente por falta de interés jurídico, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Así, como la diversa tesis de la Décima Época, con número de registro: 2015983, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo -junto con sus garantías- un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley." Luego, resulta inconcuso que la parte quejosa no acreditó derecho alguno ni causa legal que, en su caso, pudiera protegerse en la presente vía constitucional. En consecuencia, al no estar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, respecto del acto que se reclaman. En razón de lo expuesto, quien resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, Consultable en la página 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto que se transcriben: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  4. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio signado por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Patrimoniales Dos, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de doce de febrero el año en curso, y remite copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación M3/2635/2015, de su índice; hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa.

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