Fabiola Méndez Martín
Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fabiola Méndez Martín
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 204/2022, en sesión celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Acúsese recibo y comuníquese a la parte quejosa que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, intégrese el cuaderno de antecedentes que se formó y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de once de octubre del año en curso, dictado en el recurso de queja 204/2022 de su índice, por el que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, interpuesto por Marcelino Balboa Alcocer, mandatario judicial de la parte quejosa, en contra del proveído de veintidós de septiembre del año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.-
- Principal
agréguese a los autos el oficio signado por Marcelino Balboa Alcocer en su carácter de mandatario judicial de Fabiola Méndez Martín; atento a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintidós de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia del escrito de expresión de agravios y remítase el cuaderno original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, el escrito original de agravios y la copia que corresponde al fiscal federal adscrito a ese tribunal, para la sustanciación del medio de impugnación interpuesto en autos. En la inteligencia que el cuaderno de antecedentes físico que se forme sólo contendrá el oficio de cuenta y el presente acuerdo, dado que éste se constituye con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno principal del juicio, de conformidad con el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, las cuales podrán ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, con el fin de reducir el uso de los recursos materiales asignados a este juzgado. De conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado de Distrito, emitió el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo ante la indudable y manifiesta actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; no obstante, se sostiene la legalidad de dicha determinación al tenor de los razonamientos en ella expuestos. En cuanto a las constancias que señala el recurrente a fin de que sean remitidas al Tribunal de Alzada, consistentes en diversas actuaciones del juicio C-677/2021 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, en términos del artículo 100 de la Ley de Amparo; no ha lugar a proveer favorablemente su petición de que este juzgado las recabe para integrar el recurso, puesto que al efecto se envían las constancias que se tuvieron a la vista para emitir el auto impugnado. De manera que el promovente tiene expedito su derecho de ofrecer las documentales que a su interés convenga (directamente) ante el tribunal colegiado al cual corresponda conocer del recurso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XIX.1o.A.C.4 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, localizable en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV, página 2242, correspondiente la Décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO. LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE SEÑALAR LAS CONSTANCIAS PARA CONFORMAR EL EXPEDIENTE, ALUDE A LAS NECESARIAS PARA DEMOSTRAR SU POSTURA PROCESAL SUBYACENTE, Y LA POTESTAD DEL JUEZ DE DISTRITO DE ENVIAR LAS QUE ESTIME PERTINENTES, SE REFIERE A LAS INDISPENSABLES RESPECTO A LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y A LA OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA HACERLO VALER. La interpretación de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, debe ser con el fin de dar efectos jurídicos a su contenido y aplicabilidad en el campo del derecho procesal, de manera que exista complementariedad y no subsidiariedad entre las cargas procesales de las partes y la potestad (atribución) del juzgador en cuanto a las constancias para conformar el expediente del recurso de queja. En este contexto, si contienen enunciados prescriptivos respecto al gravamen procesal del recurrente y su contraparte para señalar dichas constancias, a fin de que esta carga sea atendida y soportada legalmente por cada una de ellas, deberá entenderse en relación con aquellas necesarias para demostrar su postura procesal subyacente, es decir, atinente al fondo. En cambio, la potestad del juzgador de enviar las constancias que estime pertinentes, no debe entenderse como una obligación y, por ende, como una actividad procesal que llegue a suplir a las partes en cuanto al señalamiento de las pertinentes, pues ello contravendría los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes que deben imperar en todo litigio que se rija bajo el canon del estricto derecho, sino referida a las indispensables para que el Tribunal Colegiado de Circuito pueda pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia de la queja, y a la oportunidad y legitimación procesal para hacerla valer. (Lo subrayado no es de origen). Así como, la jurisprudencia 2a./J. 23/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, consultable en la página 1727 del Libro 3, Tomo II, julio de 2021, correspondiente a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro y texto: PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL RECURSO DE QUEJA. SON ADMISIBLES LAS QUE SE OFRECEN PARA DESESTIMAR LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE INVOCADA EN EL ACUERDO RECURRIDO MEDIANTE EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si son o no admisibles las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su recurso de queja, cuyo objeto es desestimar la causa de improcedencia manifiesta e indudable que se invocó en el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, llegaron a conclusiones distintas, ya que uno estimó que sí son admisibles, mientras que el otro consideró que no lo son. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que sí son admisibles las pruebas documentales ofrecidas en el recurso de queja, cuyo propósito sea desestimar la causa de improcedencia manifiesta e indudable hecha valer en la resolución impugnada por medio de la cual se desechó la demanda de amparo. Justificación: Los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo no disponen cuestión alguna sobre la posibilidad de aportar pruebas en el recurso de queja, por el contrario, limitan su materia al análisis de los motivos de agravio hechos valer, el acuerdo recurrido, el informe elaborado por el órgano jurisdiccional de amparo y las constancias del juicio que las partes hayan señalado para su envío en copia certificada al órgano colegiado, sin poder abarcar otros aspectos, como pudieran ser las pruebas ofrecidas en el propio recurso. Por otro lado, este Alto Tribunal ha sostenido que tratándose del recurso de revisión no es posible la admisión de probanza alguna, por lo que si los interesados las aportan no deben ser tomadas en consideración por el órgano revisor puesto que, de lo contrario, se alterarían los términos de la contienda jurisdiccional, lo que a su vez provocaría inseguridad jurídica respecto de la actuación de los órganos judiciales. Sin embargo, también ha considerado que el criterio de inadmisibilidad de pruebas en la revisión debe aplicarse de manera estricta, considerándosele como una regla general para los casos en que la materia de impugnación se circunscribe a cuestionamientos de legalidad que, para resolverlos, necesariamente debe atenderse al estado de las cosas al momento en que se pronunció la resolución recurrida, sin introducir elemento alguno que pueda alterar la situación juzgada, puesto que resultaría antijurídico declarar ilegal una resolución con base en elementos o circunstancias que el órgano revisado no pudo tener en consideración al emitirla. Por ello, se estableció que la prohibición de admitir pruebas en el recurso de revisión se refiere exclusivamente a las que tienden a demostrar la existencia o constitucionalidad de los actos reclamados y que, por su propia condición, deben ser apreciados tal como fueron probados ante el órgano de amparo primigenio siendo, en consecuencia, admisibles las que tienen como finalidad, por ejemplo, demostrar la actualización de una causa de improcedencia o que la demanda de amparo se promovió oportunamente. Si bien lo anterior es aplicable al recurso de revisión, válidamente puede regir en el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo mediante el que se desechó la demanda de amparo indirecto por considerarse actualizada una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en tanto que en este supuesto la finalidad de las pruebas documentales ofrecidas es acreditar que no se suscita la causa de improcedencia invocada por el juzgador, y no alteran el tema de fondo del juicio de amparo al no estar dirigidas a acreditar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado. Además, debe tomarse en cuenta que en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que resuelva el recurso de revisión podrá tener en consideración las pruebas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, disposición que denota la intención del legislador de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión. Luego, si uno de los supuestos por los que el juzgador puede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional es que se actualice una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es viable considerar que en el recurso de queja interpuesto contra la resolución que desechó la demanda de amparo por suscitarse una causa de improcedencia con esas características, también existe esa posibilidad de probar con el fin de desvirtuar tal circunstancia, puesto que se trata de situaciones análogas en tanto ponen fin al juicio sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Marcelino Balboa Alcocer en su carácter de mandatario judicial de Fabiola Méndez Martín, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 1148/2022-VIII. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Antecedentes y acto reclamado Del análisis del escrito de cuenta se advierte que el acto reclamado proviene del juicio C-677/2021 sobre nulidad de disposiciones testamentarias, el cual inició con la demanda promovida por la aquí quejosa Fabiola Méndez Martín el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno y que por razón de turno correspondió al Juzgado Cuarto Civil de Partido de esta ciudad. El once de octubre del año pasado, la demandada Ma. Teresa López González, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Rafael Méndez Puebla, contestó la demanda entablada en su contra. En auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable ordenó llamar al juicio a la persona moral Grupo Desarrollador HTL Sociedad Anónima de Capital Variable. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato resolvió el toca 304/2022-C, y confirmó el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno emitido por el Juez responsable. Contra dicha resolución de segunda instancia Fabiola Méndez Martín promovió demanda de amparo indirecto, la cual correspondió conocer a este Juzgado de Distrito y se radicó bajo el expediente 892/2022. En proveído de veintisiete de junio siguiente, este órgano jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo, pues estimó que el acto reclamado no era de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, y que no era de imposible reparación. Desechamiento que la promovente recurrió y dio origen al recurso de queja 135/2022, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito; actualmente se encuentra pendiente su resolución. Ahora, en auto de tres de agosto del año en curso, requirió a la quejosa entregar el acuse del exhorto con el que se ordenó emplazar a la persona moral Grupo Desarrollador HTL Sociedad Anónima de Capital Variable. Contra dicho proveído el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió el veintitrés de agosto de dos mil veintidós y confirmó el auto recurrido; resolución que constituye el acto reclamado en la demanda de cuenta. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De las disposiciones jurídicas invocadas, se colige que los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la justicia federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas de la quejosa y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la determinación que reclama no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo un aspecto procedimental reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque una sentencia favorable podría extinguir cualquier consecuencia perjudicial, sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos de la gobernada y sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, si eventualmente la sentencia definitiva que se dictara fuera adversa a los intereses de la quejosa, una vez agotado el recurso procedente, podría impugnarla mediante el juicio de amparo directo y hacer valer los aspectos que ahora combate, a fin de que se examine si la resolución es válida o no. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que la jurisprudencia P./J. 4/2001, según la cual la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, debía estudiarse en amparo indirecto, ya que con esa decisión se afectaba a las partes en grado predominante o superior, no es aplicable en los asuntos tramitados bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que: "(.) dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." [Énfasis añadido] La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la página 39, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Conforme la anterior jurisprudencia, la cual es obligatoria para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales- cuyos efectos sean de imposible reparación, entendido como tal los que afecten materialmente derechos sustantivos. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Marcelino Balboa Alcocer, en términos del diverso 113 de dicha ley. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 7/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, libro 63, tomo I, febrero de 2019, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." [Énfasis añadido] Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones hechas por el quejoso en el capítulo que señala como "capítulo de procedencia del amparo indirecto", pues en este arguye que el acto reclamado afecta derechos sustantivos, lo que implica que con la ejecución del acto reclamado se hace nugatorio su derecho a la defensa, lo cual como quedó explicado no sucede, ya que se trata únicamente actos procesales que no violan algún derecho subjetivo. Máxime que, como se explicó, de ser el caso que dichas actuaciones trasciendan e influyan en el dictado de un fallo adverso a los intereses del afectado, podrá combatirlas mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Domicilio procesal Con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que la promovente del amparo, con nombre de usuario "MarcelinoBA", acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. De conformidad con el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tómese conocimiento del correo electrónico marcelino@baabogados.com, proporcionado como medio especial de contacto e inmediato con la quejosa, en los casos en que este juzgado lo considere necesario. Ténganse como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Delgado Mendoza y Arturo Zarate Velásquez, pues no cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que señala pues así lo solicita el promovente. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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