Fabiola Martínez Rubio y Otros.
Expediente 499/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 499/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fabiola Martínez Rubio y Otros.
- Fabiola Martínez Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por ende, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa y se sobreseyó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En otro orden, en virtud de que la parte quejosa no hizo manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento de las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, con el nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Finalmente, glósese el cuadernillo que se formó al encontrarse pendiente de dictar sentencia en este asunto, sin que se efectúe mayor acuerdo al respecto, en virtud de que fue tomado en consideración para la emisión de la resolución ya indicada. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL, SE HACE EFECTIVO AL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, LA SENTENCIA DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo *******, promovido por *******, por sí y en representación de su menor hijo *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el catorce de junio de dos mil dieciséis, turnado a este Juzgado el mismo día, *******, por sí y en representación de su menor hijo *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORA Y EJECUTORA.- C. JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, para este Distrito Judicial Bravos Chihuahua con domicilio en la ampliamente conocido en las instalaciones del Edificio del Supremo Tribunal de Justicia en la Calle Eje Vial Juan Gabriel s/n de esta ciudad Juárez, Chihuahua. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA, Y EJECUTORA RECLAMO LA ORDEN DADA POR ESA AUTORIDAD PARA LIMITAR Y PRIVAR A MI REPRESENTADO DEL DERECHO QUE TIENE PARA CONVIVIR FAMILIAR Y LIBREMENTE CON SU MADRE *******. Orden dictada dentro del expediente ******* de los índices de los libros de Gobierno del Juzgado Primero Familiar para este Distrito Judicial Bravos Chihuahua (sic). Segundo. Derechos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los previstos en los artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión y tramitación de la demanda. Tras cumplir una prevención, en auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 19), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los dispositivos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos provenientes de autoridades jurisdiccionales que realizan sus funciones dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado de amparo. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa reclama del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: El auto de dos de junio de dos mil dieciséis, emitido en el expediente *******, de su índice, en que decretó que la convivencia de *******, con su menor hijo *******, será de doce a trece horas, cada jueves, en la sala de juego con que cuenta el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad (fojas 34 a 43), en su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que la parte quejosa le reclamó. Además, el Juez responsable anexó a su informe justificado copia certificada de todo lo actuado en el juicio *******, de su índice, de donde se desprende la existencia del juicio de divorcio contencioso, promovido por el tercero interesado *******, en contra de la aquí quejosa *******, específicamente, el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, donde se determinaron las condiciones de convivencia con su menor hijo (foja 479, del tomo III de pruebas). Entonces, la aceptación de la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable, se corrobora con las constancias aludidas, de las que se desprende el auto reclamado, y por lo tanto, se tiene como cierta su existencia. Dichas constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos. En apoyo a lo que antecede, se cita la Jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Actualización de una causal de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, corresponde analizar si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el último párrafo de dicho numeral. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, numeral que enumera las causales de improcedencia del juicio constitucional, y que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.). La fracción invocada de tal dispositivo determina la improcedencia del juicio de amparo, cuando se reclamen actos que, por virtud de un cambio de situación jurídica, no puedan analizarse, sin afectar la nueva situación. Al respecto, para que se considere actualizada dicha hipótesis de improcedencia, es preciso que se vean colmados los siguientes requisitos (mismos que se infieren de la interpretación de la fracción XVII, del artículo en comento): Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o uno administrativo, seguido en forma de juicio; Después de presentada la demanda de amparo, sobrevenga un acto diverso que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, en consecuencia, que deban considerarse consumadas irreparablemente las transgresiones reclamadas; Que exista independencia entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último pueda subsistir con independencia de que el primero resulte, o no, inconstitucional. Ahora bien, como ya se indicó, la parte quejosa se duele del proveído emitido por el Juez responsable, el dos de junio de dos mil dieciséis, mismo que es del contenido siguiente: Ciudad Juárez, chihuahua; a dos de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito del señor licenciado *******, el día primero de junio, en su carácter de representante procesal de la señora *******, en el que por las razones que expresa solicita que se establezcan términos en los que libremente la señora ******* pueda ejercer su derecho de visita y convivencia con su mejor hijo. Su solicitud resulta atendible a esta fecha en los siguientes términos ya que se debe tomar en cuenta la actividad escolar del niño, la seguridad del mismo, el momento de la convivencia y la protección hacia él, para evitar que el padre y la madre puedan producirle alguna inestabilidad emocional por virtud del conflicto de intereses que por él, sostienen. Medida provisional que se determina sin perjuicio de que pueda variarse si el comportamiento procesal de las partes lo permite puesto que se debe procurar en todo momento la seguridad física y emocional del niño, tal es así que aun y cuando se mantiene la custodia provisional a cargo del padre, se considera como su indiscutible derecho el de convivir con la madre. Por virtud de lo anterior, es que se determina que el día JUEVES DE CADA SEMANA DE LAS DOCE A LAS TRECE HORAS el menor conviva con su madre en la sala de juego con la que cuenta el Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial Bravos, a quien se le solicitará su cooperación para que efectúe esa convivencia de la madre con su hijo. Por lo tanto, el señor ******* tiene la obligación de comparecer al juzgado con su hijo minutos antes de la hora indicada para el inicio de la convivencia con su madre, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, será apremiado en la forma más enérgica que en derecho corresponda, sin perjuicio de cualquier otra determinación que deba emitirse para que esa convivencia se logre. La conciencia mencionada se considera nece3saria para el bienestar emocional del niño, para su sano desarrollo integral, por su derecho a vivir en familia, por la corresponsabilidad del padre y de la madre en la crianza, protección, cuidado, educación. (.). De dicho auto se advierte que efectivamente, como ya se señaló, el acto reclamado al Juez responsable es cierto, pues éste determinó que la convivencia de *******, con su menor hijo *******, será de doce a trece horas, cada jueves, en la sala de juego con que cuenta el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos. Posteriormente, en oficio presentado en este Órgano Jurisdiccional el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, informó que mediante auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis, modificó los términos provisionales de la convivencia entre *******, con su menor hijo *******, que medularmente constituyó el acto reclamado, anexando copia certificada de tal proveído. Por lo anterior, se formó el cuadernillo relativo. Así pues, de tales constancias remitidas por el Juez responsable, se advierte que, ciertamente, el seis de septiembre del año en curso, tras presentar la aquí quejosa ante el Juez responsable, un escrito en que solicitó le fuera ampliado el periodo de convivencia con el infante de apellidos *******, aquél acordó de conformidad, tras estimar que dicha ampliación permitiría mantener y fortalecer la relación del menor con su madre y la familia de ésta, y con ello, atender a su desarrollo integral del niño, determinó que tal convivencia se efectuará: desde el día sábado a las diez de la mañana, hasta el día domingo a las seis de la tarde, de cada quince días, además, los días miércoles de cada semana, la quejosa recogerá al menor a las ocho de la mañana para trasladarlo a su escuela, y una vez que éste termine sus actividades académicas, permanecerá a su lado hasta las dieciocho horas, en que deberá trasladarlo a casa del progenitor. Constancias que, de igual forma, cuentan con valor probatorio pleno, pues también fueron certificadas respecto de sus originales por un funcionario en ejercicio de sus funciones, dotado de fe pública, como lo es la Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado responsable. Como puede advertirse de tal determinación emitida por el Juez responsable, fueron satisfechos los requisitos enunciados en los párrafos precedentes para actualizar la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues: Evidentemente, el acto acto reclamado emana de un procedimiento judicial; Después de presentada la demanda de amparo y de integrado el asunto, surgió un acto diverso que cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado; Por lo anterior, no se podría resolver sobre la constitucionalidad del acto de que se dolió la parte quejosa (auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en que decretó que la convivencia con su menor hijo, se efectuaría cada jueves, de doce a trece horas), sin afectar la nueva situación jurídica (que tal convivencia será desde el día sábado a las diez de la mañana, hasta el día domingo a las seis de la tarde, de cada quince días, y los días miércoles de cada semana, en los horarios estipulados); Finalmente, es evidente la autonomía entre el acto reclamado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, de modo que este último puede subsistir con independencia de que el primero resulte, o no, inconstitucional. Por ende, tal actuación, generó que existiera un cambio de situación jurídica respecto al acto sobrevenido y el diverso combatido. En razón de lo expuesto con antelación, respecto al acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el dispositivo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer el presente asunto. No se pierde de vista que las constancias que demuestran la actualización de dicha improcedencia, fueron recibidas en este Juzgado después de celebrada la audiencia constitucional; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 25/2012, determinó la posibilidad de tomar en cuenta pruebas ofrecidas en dicha circunstancia; en efecto, el citado criterio es el siguiente, publicado en la página 1279, Tomo 2, Mayo de 2012, que dice: SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en representación de su menor hijo *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisada en el considerando tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******, hasta el día de hoy, trece de septiembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el dieciocho de julio del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, dicho informe no se agregó con los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, tal como lo exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, por lo que existe imposibilidad jurídica para celebrar la citada audiencia. En consecuencia, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con veinte minutos del uno de septiembre de dos mil dieciséis, a fin de que las partes tengan cabal conocimiento de dicho informe y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia número P./J. 54/2000, sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia Tesis: 2a./J. 21/2008, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 253/2007-SS, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y la cual es visible en la página 590 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. - En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ******* Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado *******, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de julio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda. En cuanto a su contenido téngase a la quejosa formulando alegatos, sin perjuicio de relacionarlos al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En relación con prueba instrumental pública de actuaciones, así como la presuncional legal y humana que ofrece, se tienen por admitidas, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*
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