Fabiola Manjarrez Morales

Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Fabiola Manjarrez Morales
  • Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de junio de dos mil veintidós Se tiene por recibido el Oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos mediante el cual informa, que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada por este Juzgado y se avoca al conocimiento del juicio de amparo al rubro en cita; al respecto se provee lo siguiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que este Juzgado Federal se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto; lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil veintidós Téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual Areli Estephani Castrejón Erazo, en su carácter de apoderada legal de la quejosa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento decretado mediante auto de trece junio de dos mil veintidós. De igual forma, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el juicio 432/2022 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, derivó del mismo expediente laboral, del cual proviene el presente juicio de amparo. En ese sentido, es dable concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo tiene estrecha relación con el acto que fue reclamado en el juicio de amparo tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que ambos actos se relacionan con el juicio 01/507/19-II del índice de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, del que tuvo conocimiento el Juzgado en mención. En ese contexto, este juzgador considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo Juez de Distrito, la siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas de competencia de los Juzgados de Distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material, no obstante, en el caso que nos ocupa, debemos atender no a la citada regla general sino a la especial, contenida en la Sección Octava, relativa al Sistema de Turno de Asuntos, específicamente los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince y su reforma de catorce de marzo de dos mil dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial de la Federación. Así, este órgano jurisdiccional considera que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos tiene preferencia para conocer de este asunto en virtud del conocimiento previo, de conformidad con los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que a la letra dicen: Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. REFORMADO POR ACUERDO GENERAL S/N, PUBLICADO EN EL D.O.F., EL 21/05/2015. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; VIII. Derogada; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma. XIV. La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría." De los preceptos transcritos se desprende, en lo que interesa, que cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos que se refieran, entre otros a un mismo expediente jurisdiccional, el turno de esos amparos debe tomarse en cuenta el criterio general siguiente: Conocimiento previo más reciente. Se actualiza por la existencia en el sistema de un antecedente de amparo que ya ha sido del conocimiento de algún otro juzgado de Distrito, al provenir de un expediente identificado con el mismo número de índice y autoridad o respecto de un acto de autoridad, aunque hayan promovido diversas partes; así, debe determinarse que quien debe conocer es el que resolvió en último lugar, para aprovechar el conocimiento previo más reciente del asunto. Entre los criterios de relación, se encuentra que, las demandas de amparo que se refieran a un mismo acto de autoridad, presentados por la misma parte quejosa serán turnadas al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, con independencia de si se abordó algún análisis de fondo en ese asunto. 2. Conocimiento en cumplimiento. Surge cuando las demandas de amparo se promueven respecto de actos reclamados que se dictan en cumplimiento de una ejecutoria que otorgó la protección constitucional, por lo que deben turnarse a favor del juzgado que resolvió ese amparo, ya que debe privilegiarse el conocimiento en cumplimiento, aun cuando exista un antecedente más reciente turnado a otro Juzgado. Conforme a dichas bases normativas, se determina que en el presente juicio de amparo se actualiza el primer supuesto señalado, esto es, el conocimiento previo más reciente, es decir, que exista un antecedente de amparo que haya sido del conocimiento de algún otro juzgado de Distrito, cuestión que en la especie acontece, toda vez que el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos, conoció del juicio de amparo 432/2022, promovido por Fabiola Manjarrez Morales, en el cual señalo como autoridad responsable a la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos derivado del juicio 01/507/19-II. Por tanto, se advierte que el Juzgado Noveno de Distrito con sede en esta ciudad, ya conoció de otro amparo promovido contra actos derivados del juicio 01/507/19-II, de ahí que se actualiza el criterio de relación previsto en el artículo 46, fracciones II y XIII, del referido Acuerdo General. En tales circunstancias, este Juzgado Federal declara ser legalmente incompetente por razón de turno (antecedente directo), para seguir conociendo del presente juicio de amparo y estima que el Juzgado Noveno de Distrito con sede en esta ciudad. Tiene aplicación, lo sustentado en el criterio de tesis número 2a./J.184/2010 (9ª) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163395, de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. CUANDO SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RESPECTO DE DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE RESOLVIERON PREVIAMENTE, DEBE DETERMINARSE EN FAVOR DEL QUE RESOLVIÓ EN ÚLTIMO LUGAR". Conclusión En ese orden de ideas y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 45, fracción II y 46, fracciones II y XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos, así como los anexos correspondientes a efecto de que tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional -en acatamiento al acuerdo mencionado- si acepta o no el conocimiento del presente juicio de amparo, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, por lo plasmado en líneas que anteceden, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con catorce minutos del cinco de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del juicio de amparo 432/202, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, promovido por Areli Estephani Castrejón Erazo, quien se ostenta como apoderada legal de Fabiola Manjarrez Morales, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Por lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del cual quede debidamente notificada del presente proveído, bajo protesta de decir verdad informe a este Juzgado Federal si el Juicio de Amparo radicado en el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, deriva del mismo expediente laboral que del presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo cuarto de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de Actualización, publicado el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las diez horas con catorce minutos del cinco de julio de dos de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por Silvia Lazcano Arroyo, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Respecto a las pruebas relatadas en el considerando anterior o cualquiera que se encuentre pendiente de llevar a cabo, deberá acreditar el desahogo de las mismas, o en su defecto señalar nueva fecha para su desahogo y realizar las gestiones necesarias, y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto, lo cual incluye notificar a todos los intervinientes sobre su comparecencia en la data que tenga a bien fijar, misma que debe ceñirse a los plazos y términos que prevé la Ley Federal del Trabajo. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba testimonial a cargo de Gerardo Fernando Barroeta Sánchez, Guadalupe Arroyo Real por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no acreditar incomparecencia de dichos testigos, y por lo que hace a la testimonial a cargo de Paola Ivonne Tejeda Neri, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo y por lo que hace a la Pericial en grafoscopía y documentoscopía, el seis de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada dicha pericial. La prueba de Ratificación del contenido y firma, el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue desahogada. Y por lo que hace al informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el veinticinco de abril de dos mil veintidós fue rendido y desahogado dicho informe. Finalmente, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de tres días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/1901/2011; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba testimonial a cargo de Gerardo Fernando Barroeta Sánchez, Guadalupe Arroyo Real por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza por no acreditar incomparecencia de dichos testigos, y por lo que hace a la testimonial a cargo de Paola Ivonne Tejeda Neri, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se decretó la deserción la deserción de dicha probanza por no aportar los elementos necesarios para su desahogo y por lo que hace a la Pericial en grafoscopía y documentoscopía, el seis de diciembre de dos mil veintiuno se tuvo por desahogada dicha pericial. La prueba de Ratificación del contenido y firma, el diecinueve de abril de dos mil veintidós fue desahogada. Y por lo que hace al informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el veinticinco de abril de dos mil veintidós fue rendido y desahogado dicho informe. Finalmente, por auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de tres días a las partes para formular los alegatos correspondientes,, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/1901/2011; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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