Fabiola Lorena Burgos Orrico
Expediente 1097/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fabiola Lorena Burgos Orrico
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de agosto de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo promovida por **********; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio proveniente del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que contiene inserto el auto del cuatro de los cursantes, emitido en su juicio de amparo 1117/2023-IV, y en atención a su contenido, se instruye al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico del sumario constitucional en que se actúa, a fin de que el órgano jurisdiccional en cita esté en aptitud de consultarlo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de la Directora de la Escuela Secundaria Técnica número 73 "Octavio Paz", en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1097/2023-I. La quejosa señala como actos reclamados los oficios del veintiséis de julio y dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, suscritos por la Directora de la Escuela Secundaria Técnica número 73 "Octavio Paz", en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mediante los cuales informa a la quejosa que ha sido comisionada los días veintiocho de julio y veintiuno de agosto, ambos de dos mil veintitrés en ********************. En la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en la medida en que se considera que los actos reclamados no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo. Los artículos en cita establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo 5 tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]. De los dispositivos legales en comento, se infiere que no es posible entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, cuando éstos no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esto es así, teniendo en consideración que el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una moral oficial de derecho privado, en tanto que por otra parte puede figurar como en el caso concreto, como un ente patronal ya que sus determinaciones derivan de la relación que sostiene con un trabajador. Por tal motivo, en la especie, su actuación se encuentra en una relación jurídica de coordinación con la aquí promovente, es decir en un plano de igualdad y bilateralidad, inclusive en cuestiones atenientes al cambio a funciones administrativas, así como al cambio de adscripción de una dirección a otra, ello derivado de una relación en la que la autoridad responsable tiene únicamente el carácter de un organismo patronal y con este carácter las relaciones que se den con los particulares serán en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación, por lo que sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho positivo como cualquier otro particular. Por consiguiente, en congruencia con la doble personalidad del Estado, es dable concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mención. Es decir, a efecto de considerar un acto como susceptible de análisis mediante la acción constitucional, es indispensable que éste emerja del imperio de la autoridad en el ejercicio de su función pública, esto es, como una consecuencia inherente a la naturaleza de su encargo. Así, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o las extinguiría. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Sirve de apoyo la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese sentido, es dable concluir que el reclamo de la promovente en esta instancia constitucional deriva de una cuestión íntimamente relacionada con una modificación a las condiciones laborales, específicamente con el cambio a funciones administrativas y al lugar en que deberá desempeñar sus actividades. Ello es así, pues mediante los oficios reclamados se notificó a la promovente el cambio de adscripción a ********************, lo que pone de manifiesto que se trata de una modificación a las condiciones laborales de la promovente por parte de la Secretaría de Educación del Estado de México, para la que labora y por ende ejerce una función de organismo patronal. Así, resulta claro que los actos reclamados derivan de una relación obrero-patronal, esto es, no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que las cuestiones de las que se duele la promovente tienen su origen en una relación de trabajo entre particulares donde las partes se encuentran en un plano de igualdad por ser de carácter contractual. Por ello la actuación reclamada no puede considerarse como acto de autoridad, pues si bien el acto reclamado pudiese afectar la situación jurídica de la promovente al ordenarse el cambio de funciones administrativas y el cambio de adscripción a un diverso centro de trabajo, lo cierto es que ello no puede ser analizado en esta instancia constitucional al derivar tal cuestión de una relación de coordinación y no así de supra-subordinación, al fungir la Secretaría de Educación del Estado de México, como ente patronal de ********************. Lo anterior, en razón que de lo expuesto por la promovente en su demanda de amparo, así como de las documentales anexas, se advierte que entre la misma y la autoridad responsables existe una relación laboral, según se aprecia de los oficios reclamados. Luego, es evidente que entre la promovente y la autoridad responsable subyace un vínculo empleado-patrón; por ende, se reafirma, nos encontramos ante una relación de coordinación y no de subordinación (gobierno-gobernado), cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al 17 contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como ente patronal, la promovente tiene expedito su derecho para hacer valer sus inconformidades en relación a dicha actuación ante las autoridades competentes, pues como ya se explicó, los actos impugnados no pueden ser objeto de examen constitucional, en tanto que ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación (trabajador-patrón) la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes. En consecuencia, los actos que la solicitante de amparo pretende combatir, son actuaciones que se circunscriben exclusivamente al plano laboral y en esa medida desvinculados totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio constitucional; lo cual implica, que la promovente, debe acudir ante las instancias ordinarias a impugnar los derechos laborales que dice le vulneran con dicha determinación, para en su caso, estar en condiciones de someter a la jurisdicción constitucional las determinaciones que se adopten al respecto y le irroguen perjuicio. Sirven de apoyo las tesis cuyos datos de localización se citan a continuación: Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación". Registro digital: 194572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: VII.2o.A.T.10 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Febrero de 1999, página 487 Tipo: Aislada "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal. Registro digital: 178883 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 38/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Marzo de 2005, página 310 Tipo: Jurisprudencia "SEGURIDAD PÚBLICA. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DEL AGENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO, CUANDO SE REALIZA EN IGUALDAD DE FUNCIONES Y CONDICIONES. La orden emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, en el sentido de cambiar de adscripción, por necesidades del servicio, a un integrante del cuerpo preventivo estatal de seguridad pública, conforme a las facultades que le confiere el artículo 13, fracción VII, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no afecta los intereses jurídicos del agente readscrito, siempre y cuando, en razón de dicha nueva adscripción, continúe desempeñando las mismas funciones y en igualdad de condiciones, atento a que no se trata de una orden de remoción o destitución, o bien, cualquiera otra de separación del cargo, sin que en el caso, el agente policíaco tenga la titularidad del derecho a permanecer en la sede a que fue destinado, puesto que dicho derecho no se advierte a su favor ni en la propia Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, ni en su reglamento". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del impetrante de amparo las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado Federal, por así solicitarlo expresamente. De igual forma, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere en su demanda, toda vez que la ley de la materia no prevé esos supuestos para efectuar una notificación en el procedimiento del juicio de amparo. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisa en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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