Fabiola Lopez Rojas
Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Junta Especial Numero Treinta Y Uno de la Federal de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos
- Fabiola Lopez Rojas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega que autoriza y da fe.JCMA
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término que señala el artículo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para dar cumplimiento a la prevención contenida en el citado auto, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya dado cabal cumplimiento, no obstante de encontrarse debidamente notificada, como se advierte de las constancias que obran en autos. En esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintisiete de abril de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos del juicio de amparo 1726/2021-III, promovido por Alma Delia Serrano Fitz; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida al diecisiete de diciembre siguiente en este órgano jurisdiccional, Alma Delia Serrano Fitz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto de la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos. SEGUNDO. Trámite. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se radicó con el número 1726/2021-III; se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público que intervino en la causa de origen, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además de que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: El acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, soló en la parte que requiere a la quejosa para que se interne de manera voluntaria en el centro de reclusión correspondiente y le apercibe que, de no hacerlo, se libraría orden de reaprehensión. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que además, se encuentra corroborado con las constancias del expediente SIPE 164/2021 del índice del Juez responsable, visibles en el sistema integral de seguimiento de expedientes, a las que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." CUARTO. Causas de improcedencia. Al rendir el informe justificado la Jueza de Distrito asignada para fungir como Jueza de Ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Morelos invocó la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo al referir que en la causa de origen, la hoy quejosa presentó solicitud del beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico, el cual se encuentra en trámite. Sin embargo no se actualiza dicha causal pues la solicitud del referido beneficio no puede estimar que ha destruido todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de manera tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, que son los efectos que debe producir la causal de improcedencia por cesación de los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, pues para que dicha causa de improcedencia se actualice es necesario que obre en el juicio de amparo constancia fehaciente de que la quejosa obtuvo algún beneficio de libertad con lo que hayan quedado destruidos los efectos del acto que en esta vía se reclama, lo que en la especie no acontece. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 113/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE LA CAUSA PENAL ORDENA SU SUSPENSIÓN, PORQUE EL QUEJOSO COMPARECE AL PROCESO BAJO LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL OTORGADA EN EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA ESA MISMA ORDEN Y, POR ENDE, NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación, sin que exista deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal. La quejosa argumenta esencialmente lo siguiente: No se puede ejecutar una pena en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia condenatoria, como -dice- sucede en el asunto en estudio, toda vez que si bien se ha notificado a sus defensores particulares, vía correo electrónico, que le fue negado el amparo y protección de la justicia federal, también lo es que dicha resolución no ha sido notificada íntegramente, es decir, completa; luego, sostiene que la responsable pasa por alto que en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo y que cuenta con un término de diez días para su interposición, como lo establece el artículo 86 de la propia legislación. Por tanto, al no haber causado ejecutoria la resolución de mérito y al proceder en su contra el recurso de revisión, resulta violatorio del derecho fundamental de legalidad, que la autoridad responsable pretenda que la quejosa se interne en el Centro de Reinserción Social "Morelos" con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, ya que es necesario que se cuente con el auto que la declare ejecutoriada, como lo establece el artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. A fin de evidenciar lo infundado de tales planteamientos conviene relatar los antecedentes relevantes del acto reclamado. 1. El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia definitiva en la causa penal 66/2018 en la cual impuso a la aquí quejosa, la pena de cuatro años, diez meses, quince días de prisión y multa de setenta y cinco veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 2. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, habilitada para conocer como Tribunal de Alzada, del nuevo sistema de justicia penal, dentro del toca penal 13/2021, el tres de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de modificar la sentencia e imponer a la quejosa la pena de cinco años de prisión y cien días multa, equivalentes a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional). 3. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos declaró que dicha resolución quedó firme por ministerio de ley a partir del mismo día de la emisión de la resolución del Tribunal de Alzada, es decir, el tres de mayo de dos mil veintiuno, por lo cual determinó que resultaba ejecutable, para los efectos legales correspondientes. 4. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Jueza responsable dio inicio al procedimiento de ejecución de sentencia, registrándolo bajo el número de expediente (SIPE) 164/2021. 5. La quejosa promovió el juicio de amparo directo 131/2021 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien en sentencia emitida el once de noviembre de dos mil veintiuno, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. 6. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el referido Tribunal Colegiado ordenó el archivo del juicio de amparo indirecto como asunto concluido, toda vez que advertía que la autoridad responsable había recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el juico constitucional citado. 7. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en el SIPE 164/2021, derivado de la causa penal 66/2018, se requirió a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días se internara voluntariamente en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" a compurgar la pena corporal impuesta, apercibido que de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. De lo anterior se advierte que contrario a lo aseverado por la quejosa en la causa penal 66/2018 existe sentencia firme, pues así se declaró en acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Incluso por esa razón se substanció el juicio de amparo directo 131/2021 ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, pues en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas. Dicho en otras palabras, la sentencia emitida en contra de la quejosa en la causa penal de origen no está subjudice, porque de haberse encontrado en ese estado procesal no hubiese procedido el juicio de amparo directo. Luego, en la hipótesis de que al momento en que se emitió el acuerdo reclamado, aún estuviera transcurriendo el plazo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia de amparo directo, como lo aduce el solicitante de amparo, ello únicamente implica que dicha resolución, aún no estaba firme, pero de ninguna manera conlleva que la sentencia de apelación emitida en contra de la quejosa no se encontrara ejecutoriada. En efecto, el juicio de amparo directo no es un recurso ordinario de defensa, sino un juicio constitucional independiente del procedimiento penal, que tiene como finalidad resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, dado que el juicio de amparo directo es procesalmente autónomo al juicio penal, el hecho de que la sentencia de amparo eventualmente no haya causado ejecutoria, ello no le quita la calidad de sentencia ejecutoriada a la emitida en el juicio penal de origen. Pues, incluso ante la presentación del amparo directo, la suspensión concedida únicamente paraliza la ejecución del fallo reclamado y no le resta la calidad de sentencia firme. Es importante destacar que el Código Nacional de Procedimiento Penales no prevé medio ordinario de defensa contra la sentencia de segunda instancia, por tal razón a partir de que se emite la sentencia de apelación causa estado y, por tanto, ejecutoria, e inicia la etapa de ejecución en términos del artículo 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales; luego, a partir de ese momento se puede obtener la ejecución de la sentencia definitiva. Por tanto, contrario a lo que aduce la quejosa se satisface el requisito establecido en el artículo 102 de la Ley de Ejecución Penal relativo a la Ley Nacional de Ejecución Penal relativo a la existencia de una sentencia ejecutoriada, y el auto reclamado que le requiere el internamiento voluntario es ajustado a derecho. Además, cabe destacar que por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, ordenó al archivo el archivo del juicio de amparo 131/2021 como asunto concluido, dado que el Tribunal Unitario del mismo circuito, había recibido el testimonio de la ejecutoria dicta en el juicio constitucional referido. Razones por las que resultan infundados los conceptos de violación analizados. En consecuencia, al no haberse demostrado que la resolución reclamada sea violatoria de los derechos humanos de la quejosa, ni actualizarse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Finalmente con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve; ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Alma Delia Serrano Fitz, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en la consideración cuarta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintisiete de abril de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
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