Fabiola López Rivera
Expediente 537/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fabiola López Rivera
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de octubre de dos mil veinte. Vistas las demandas de amparo signadas por ++++++++ contra actos de la 1. Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Alvarado, Veracruz; en atención a sus contenidos se provee: ACUMULACIÓN Vistas las demandas de amparo, promovidas y registradas con los números de juicio de amparo de la siguiente manera: JUICIO DE AMPARO PARTE QUEJOSA 535/2020 Alejandra Yadira Herrera Cuevas. 537/2020 Fabiola López Rivera. Ambas contra actos de la 1. Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Alvarado, Veracruz, que hace consistir en: la falta de respuesta fundada y motivada al escrito de petición, recibido el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz; se estima procedente su admisión acumulando los dos juicios bajo un sólo expediente. En efecto, cabe señalar que los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establecen la figura jurídica de la acumulación de autos, la cual tiene por objeto la observancia del principio de concentración, el de economía procesal con relación al procedimiento en los juicios acumulables, así como evitar el dictado de sentencias incongruentes o contradictorias entre sí, y que, en vinculación a ello, el artículo 17 constitucional predica los diversos principios de justicia completa, pronta y expedita. Además, otorgan la facultad a los juzgadores para decretar de oficio o a solicitud de parte la acumulación que corresponda, pero desde luego en vía de incidencia conforme a los ya aludidos 66 y 67 de la Ley de Amparo. De conformidad con los preceptos trascritos, para que proceda la acumulación de juicios establece los supuestos siguientes, que en el caso surten efecto: A. Que los juicios sobre los cuales se solicita la acumulación se encuentren en trámite; y, B. Que en dichos juicios se exija la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso; o tienden en todo o en parte al mismo efecto; o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Sentadas dichas premisas, ya que como bien se advierte, en los juicios de amparo 535/2020 y 537/2020 del índice estadístico de este Juzgado, se reclaman los mismos actos de la misma autoridad responsable, ello implica, necesariamente, que entre los asuntos aludidos subyace, por lo menos en parte, un mismo aspecto a dilucidar, de ahí que resulte procedente su acumulación de oficio. Así las cosas, y tomando en cuenta que el juicio constitucional 535/2020 se promovió en primer lugar, SE DECRETA DE PLANO LA ACUMULACIÓN del diverso juicio de amparo 537/2020, para ser substanciados en un mismo expediente a fin de emitir una misma resolución y evitar sentencias contradictorias. DESECHAMIENTO Ahora, en atención al estudio integral que se realiza de las demandas y sus anexos relativa al presente asunto, el suscrito procede a determinar, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, que en el caso se actualiza una causa de improcedencia y, por ende, se impone desechar de plano la demanda de amparo. Lo que se considera así, pues de los escritos de demanda se advierte las quejosas señalan como acto reclamado: la falta de respuesta fundada y motivada al escrito de petición, recibido el día veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz -según el sello estampado en el escrito exhibido como anexo en el escrito de demanda del juicio de amparo 537/2020-. Congruente con ello, como se adelantó, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Como se precisó, las quejosas manifiestan que el veintitrés de septiembre del año en curso presentaron un escrito (cuyo acuse en copia fotostática simple anexa a su escrito inicial de demanda) ante el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, por el que solicitaron: "1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, fracción VII, de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, le solicitamos que se decreten medidas de seguridad, consistentes en la suspensión de la comercialización y venta, de los departamentos y/o unidades privativas pertenecientes al Conjunto Residencial identificado como Condominios Península Veracruz, ubicado en Calle Ostión, número ochocientos veintinueve, Fraccionamiento Residencial Playas del Conchal, en Alvarado, Veracruz. Notificando para tales efectos a la persona física o moral que en su carácter de desarrolladora y/o comercializadora y/o constructora que se encuentre registrada ante el Ayuntamiento como propietaria de la obra. 2. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, 96 y 97 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, se inicie el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones y/o infracciones a la persona física o moral que en su carácter de desarrolladora y/o comercializadora y/o constructora que se encuentre registrada ante el Ayuntamiento como propietaria de la obra consistente en el Conjunto Residencial identificado como Condominios Península Veracruz, ubicado en Calle Ostión, número ochocientos veintinueve, Fraccionamiento Residencial Playas del Conchal, en Alvarado, Veracruz. 3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, le solicito copia certificada de todos los documentos que integren el expediente relativo al procedimiento de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Construcción, con relación al Conjunto Residencial identificado como Condominios Península Veracruz, ubicado en Calle Ostión, número ochocientos veintinueve, Fraccionamiento Residencial Playas del Conchal, en Alvarado, Veracruz." Ahora, de lo anterior se desprende que las peticionarias de amparo combaten actos vinculados con el derecho de petición, de ahí que sea necesario precisar el contenido del artículo 8º constitucional, que establece: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Carta Magna trascrito, cuyo titular es el gobernado en general, es concebido como la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo por escrito como respuesta a la solicitud que el gobernado les eleve, mismo que debe hacerse del conocimiento del mismo en breve término. La existencia de este derecho subjetivo público, surge como consecuencia de la obligación actual del Estado Mexicano de intervenir en la solución de los conflictos suscitados con los administrados, en acatamiento del artículo 17 constitucional y para la correcta observancia de la ley, resultando necesario (para que se dé la legitimación de instar) la existencia de una relación de supra a subordinación, lo que trae como consecuencia que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que se le formule en breve término y comunicárselo al interesado. En conclusión, el artículo 8° constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente. b) Que se comunique en breve término al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Es ilustrativa la Jurisprudencia 352, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 375, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Novena Época, Registro 1002418, que establece: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". Asimismo es necesario citar la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, con número de registro 268307, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Tal como se advirtió de la tesis citada en líneas precedentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el significado de "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Consecuentemente, la responsable debe analizar la viabilidad de lo externado por Alejandra Yadira Herrera Cuevas y Fabiola López Rivera estudiando los registros que obren en su dependencia, el trámite administrativo interno que corresponda, aunado al hecho que debe de revisar las constancias que en su caso le hayan sido proporcionadas, para poder dar contestación a la petición promovida por las aquí quejosas. En tal virtud corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación definir si se está dentro o fuera del breve término para estimar procedente el amparo. Para tal efecto se acude a la interpretación que el Más Alto Tribunal del País ha realizado. Así, se estima oportuno señalar que en el Estado de Veracruz fue definido en el propio texto Constitucional de la entidad, en su artículo 7º, hoy avalado en criterio Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un plazo razonable máximo para las autoridades estatales, esto es, de cuarenta y cinco días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, lo que puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición. Al respecto se cita la Jurisprudencia P./J. 6/2019 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I , Página 7 , Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2019190, que establece: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHOHUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación". En el caso concreto, se tiene que el escrito petitorio fue presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de septiembre del presente año; las demandas de amparo que se proveen fueron interpuestas el dieciséis de octubre de esta anualidad; hasta esa fecha, han trascurrido solo dieciséis días hábiles desde la solicitud de petición correspondiente. Ello en la inteligencia que los dieciséis días han transcurrido de la siguiente forma: Septiembre 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23 PETICIÓN 24 (1) 25 (2) 26 27 28 (3) 29 (4) 30 (5) Octubre 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 (6) 2 (7) 3 4 5 (8) 6 (9) 7 (10) 8 (11) 9 (12) 10 11 12 INHÁBIL 13 (13) 14 (14) 15 (15) 16 AMPARO (16) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Así las cosas, y por las razones expuestas con antelación, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por tanto, procede desechar la demanda de mérito por notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido en el referido artículo 113 del citado ordenamiento legal. AUTORIZADOS Ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Argel Humberto Aguirre García, Luis Miguel Rodríguez Alemán y Raúl Omar Rodríguez Brito, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. De igual forma, se les tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, con fundamento en el artículo 24 párrafo segundo de la ley de la materia, a las restantes personas que señalan en su escrito, por así haberlas designado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICAS Ahora bien, solicita se le dé intervención vía internet en el presente asunto; al respecto, de conformidad con el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza la consulta vía internet, con los usuarios "rodal_no", "argel.aguirre" y "rarodbrito" registrados ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo solicita, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. Haciéndole del conocimiento que las notificaciones que se realizaran en dicho modo serán las que señala el artículo 26, párrafo I de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación. Por lo que las consulta de los acuerdos y notificaciones, podrá realizarlas en el portal del consejo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. De conformidad con el artículo 26, fracción IV, notifíquese el contenido del presente proveído personalmente a la parte quejosa.
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