Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero

Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
745/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), de dicha legislación], en contra la sentencia dictada en el presente asunto, en el que se sobreseyó el juicio en que se actúa, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales vigente, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE El presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 20 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se hace la indicación que acorde con lo dispuesto en el artículo 171 , fracción III, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es conservable, en virtud que se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa. Una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha, será transferido a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley 1 Artículo 17. Conservación integra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y se encuentren en los siguientes supuestos: III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: [.] b) Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva. Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 20 del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Audiencia Constitucional En la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con cuarenta y tres minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Beatriz Escobar Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 745/2023-VIII-B, promovido por Fabiola Julissa Hernández Bonilla de Platero por si y en representación de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H. contra actos de la Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Tapachula; sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO Y ANEXOS 4-20 2 AUTO ADMISORIO 21-28 3 EMPLAZAMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE 29 4 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO 29 5 INFORME JUSTIFICADO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EN REPRESENTACIÓN TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA REFUGIADOS 30-37 6 PEDIMENTO MINISTERIAL 52-54 7 AUTO QUE ORDENA EL COTEJO DE CONSTANCIAS AGREGADAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN QUE DERIVADO DEL PRESENTE ASUNTO 59-68 Asimismo, se hace constar el sentido del informe justificado de la autoridad responsable: NO. INFORME JUSTIFICADO SENTIDO 1 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EN REPRESENTACIÓN TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA REFUGIADOS NIEGA Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas 1 PARTE QUEJOSA DOCUMENTALES FOJAS 19 A20 2 TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EN REPRESENTACIÓN TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN CHIAPAS, DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA REFUGIADOS. DOCUMENTALES FOJAS 46 a 48 COTEJO FOJAS 59 a 68 A lo que la Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, presentó pedimento ministerial. La Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos de referencia, y se declara perdido el derecho de las partes faltantes para hacerlo; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 745/2023-VIII-B. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Fabiola Julissa Hernández Bonilla de Platero por si y en representación de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H., mediante escrito recibido el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y por los actos que más adelante serán precisados. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se radicó el asunto bajo el número de juicio de amparo 745/2023-VIII-B, se admitió a trámite la demanda de trato, dando la intervención legal que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, y se estableció fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman en amparo indirecto, actos atribuibles a una autoridad residente en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza del acto de autoridad reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: a) La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado al señalar un plazo fuera del término establecido por la ley en materia de refugio; b) La omisión de admitir a trámite la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado presentada por el quejoso; c) La expedición del citatorio de trece de junio de dos mil veintitrés, recaído a su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiada presentada de forma oral ante la autoridad responsable, con número de cita 183882, con fecha de formalización de solicitud el doce de junio de dos mil veinticuatro; d) La falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado a favor de la quejosa (CUR); e) La omisión de inscribirles al Registro Nacional de Población para la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP); f) La omisión de permitir el acceso a servicios de salud en virtud de la omisión de la entrega de la constancia de trámite; g) La omisión de proveer respecto de la devolución de la parte quejosa de este país, fundado en el principio de no devolución, conforme a la Ley Sobre Refugiados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda Refugiados, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo se presume cierto, dado que en el mismo la referida autoridad señala que mediante acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Registro 11 de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros aquí quejosos y les previno para que en un término no mayor a cinco días, se presenten a sus instalaciones a realizar (I) Llenado del formulario de registro, (II) La toma de fotografías para la emisión de la constancia de trámite, (III) Recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y (IV) El llenado del formulario de detención de necesidades. Determinación que refiere, se notificó a los quejosos de manera electrónica el veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Además de que dicha responsable adjuntó con su diverso comunicado COMAR/JUR/7036/2023 copia certificada del acuerdo dictado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, elaborado al efecto (fojas 44 a 49) Simultáneamente obra en autos también el diverso oficio COMAR/JUR/7544/2023, con el que la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, de las constancias de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado -CUR- y la constancia temporal de la clave única de registro de población para extranjeros -CURP-, emitidas a favor de la quejosa Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero y de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H. extraídas de los autos del incidente de suspensión derivado del presente sumario constitucional, de las que se advierte que la responsable admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados a las aquí quejosas (para lo cual se realizó la compulsa relativa). Medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, con fundamento en los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de documentos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo que así debe tenerse para todos los efectos legales procedentes, pues aceptó que la parte quejosa realizó la solicitud de refugiados, admitiendo la propia autoridad a trámite esa solicitud, por lo que ordenó la expedición a su favor de la constancia de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CURP) y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada, con registro IUS 211004, visible en la página trecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, materia común, sustentada por el extinto Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Previamente al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, cuyo estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." A efecto de determinar lo conducente, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la ley de la materia, así como por la Carta Magna y por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del señalado numeral 62. En ese sentido, de oficio este órgano jurisdiccional advierte que se debe sobreseer el presente juicio al sobrevenir el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que cesaron los efectos de la omisión reclamada, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que con los oficios COMAR/JUR/7036/2023 y COMAR/JUR/7544/2023, con los que la anotada autoridad responsable remitió copia certificada de los proveídos de veintiséis y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, las constancias de trámite respecto a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado -CUR-; y con la constancia temporal de la clave única de registro de población para extranjeros -CURP-, emitidas a favor de la quejosa Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero y de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H. hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a la citada peticionaria de garantías y su menor hija. Asimismo, le requirió para que comparecieran ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la negativa de expedir la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población CURP para extranjeros, derivado de la omisión de admitir a trámite formalmente la solicitud de refugiado y esta la ha sido expedida, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado de la quejosa Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero, y de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H.; ordenando la emisión de la constancia de trámite, así como el CURP de refugiados, previa comparecencia ante sus oficinas para desahogar los requisitos necesarios para su expedición. Dd tal manera se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior, debido a que no existe una negativa de expedir la constancia de trámite, así como el CURP de refugiado a la quejosa Fabiola Julissa Hernandez Bonilla de Platero y su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H., por el contrario, se admitió a trámite formalmente su solicitud, ordenándose la expedición de los documentos de referencia. Entonces, el actuar de la autoridad responsable otorga a la parte quejosa la restitución de sus derechos humanos, como lo hubiera obtenido ante una eventual concesión de la sentencia de amparo, pues sus efectos se traducirían en expedir de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), encontrándose sujeto a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición; esto es, no obliga a la emisión de facto de las constancias peticionadas, sino que su expedición depende del cumplimiento de los requisitos que se impongan en la admisión del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado; como en el caso acontece. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Se destaca que, si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia analizado. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las condiciones antes apuntadas, esto es, que en el presente juicio se ha actualizado la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, entonces se hace innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable, ya que resultaría ocioso estudiarla al quedar demostrada la anteriormente mencionada, y si, en su caso, operara alguna otra causa, ésta no cambiaría el sentido de la presente resolución. Orienta lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fabiola Julissa Hernández Bonilla de Platero por si y en representación de su hija de identidad protegida e iniciales M.V.P.H., en términos de los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, por lo que hace a la autoridad responsable y actos ahí referidos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de la licenciada Beatriz Escobar Hernández, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Visto el oficio suscrito electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con el cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión definitiva decretada en el presente incidente de suspensión. Agréguese a los autos sin mayor determinación, en virtud de que por auto de veintisiete de julio de la presente anualidad, se agregó al incidente en que se actúa el diverso comunicado COMAR/JUR/7544/2023 (folio 9851) con el que dicha autoridad allegó idéntica documentación de la que ahora anexa al de cuenta. 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 2 Notifíquese.

  4. Principal

    Como se advierte de la certificación de cuenta de la cual se desprende que en el cuaderno incidental, la autoridad responsable el titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitió constancias anexas a su informe rendido mediante oficio COMAR/JUR/7544/2023, con fundamento en el artículo 139 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se procede a 24/01/27 13:33:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.37.34.32.31.30.32.37 BEATRIZ ESCOBAR HERNANDEZ 2 realizar por separado el cotejo respecto de las constancias antes citadas. Ello es así, pues de las mismas se advierte la actualización de una causa que pudiera tornar improcedente el presente juicio de amparo. Notifíquese

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