Fabiola Juárez Murrieta
Expediente 92/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 92/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/12/2017
Partes del expediente
- Fabiola Juárez Murrieta
- Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México
- No existe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
V.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 286 a 288), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 72 a 107), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
V.- SE HACE EEFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 286 a 288), en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para todos los efectos legales. Por otra parte, el estado procesal del presente sumario constitucional evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Atento a lo anterior, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 72 a 107), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, inciso IV). Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió como anexo a su escrito inicial de demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Para lo cual se deberá dejar en su lugar copia simple por tratarse de un asunto concluido; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que sea glosada para debida constancia legal. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo en comento, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, para que una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se proceda a su destrucción, al no constituir un asunto de trascendencia o relevancia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
V.- La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 281), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "1. La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil dieciséis, cuyos actos atribuyó a la "LIX" Legislatura del Estado de México y al Gobernador Constitucional del Estado de México. 2. El primer acto de aplicación de esa norma por parte del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta, adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de $431,773, efectuado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente (fojas 72 a 107), en la que resolvió: "Único. La Justicia de Unión ampara y protege a Fabiola Juárez Murrieta, contra los actos y autoridades identificados en el considerando segundo de este veredicto, para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de esta sentencia." El nueve de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual se tuvo por interpuesto hasta el dieciséis de ese mes, al haber desahogado el requerimiento efectuado en el proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete. Recurso que fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión" El nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 240 y 241), se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y en la misma fecha, se requirió a la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realice lo siguiente: "a) No aplique a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues la concesión de amparo contra la norma reclamada, por considerarse inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.." En atención a ello, mediante oficio 227B14200/620/2017, de dieciséis de octubre del año en curso, el Subdirector Jurídico y representante legal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó haber emitido el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, misma que amparaba el monto total a restituir a la agraviada (fojas 243 a 246). Asimismo, mediante diverso comunicado 227B14000/1869/2017, de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinte de octubre del año en curso, Salvador Hernández Becerril, en su carácter de representante legal de la quejosa, recogió el cheque referido en el párrafo anterior, mismo que cobró el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de lo cual remite constancias para acreditar su dicho (fojas 271 a 280). En esa tesitura, la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que no aplicara a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, protección constitucional que se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, debería devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, sin que ello implicara que no debían pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debería hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que realizó lo siguiente: a) Determinó no aplicar a la parte quejosa la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, y fracción II, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2016 (foja 244); y b) Emitió el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, el cual se cobró el veintitrés de octubre anterior (foja 280). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
V.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO HECHO QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE QUE DICE: La certificación de cuenta evidencia que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 281), para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 247 con número de registro 917781, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 203 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "1. La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto por el cual se creó el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, así como la fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios; vigente para el año dos mil dieciséis, cuyos actos atribuyó a la "LIX" Legislatura del Estado de México y al Gobernador Constitucional del Estado de México. 2. El primer acto de aplicación de esa norma por parte del Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, consistente en la recepción del pago de derechos por concepto de compra venta, adquisición o transmisión de propiedad o posesión de más de $431,773, efectuado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, este resolutor federal emitió la sentencia correspondiente (fojas 72 a 107), en la que resolvió: "Único. La Justicia de Unión ampara y protege a Fabiola Juárez Murrieta, contra los actos y autoridades identificados en el considerando segundo de este veredicto, para los efectos precisados en la última parte del considerando séptimo de esta sentencia." El nueve de marzo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, el cual se tuvo por interpuesto hasta el dieciséis de ese mes, al haber desahogado el requerimiento efectuado en el proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete. Recurso que fue resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en sesión de siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se resolvió: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión" El nueve de octubre de dos mil diecisiete (fojas 240 y 241), se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y en la misma fecha, se requirió a la autoridad responsable Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realice lo siguiente: "a) No aplique a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, deberá devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues la concesión de amparo contra la norma reclamada, por considerarse inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a los gobernados del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deban pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata.." En atención a ello, mediante oficio 227B14200/620/2017, de dieciséis de octubre del año en curso, el Subdirector Jurídico y representante legal del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó haber emitido el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, misma que amparaba el monto total a restituir a la agraviada (fojas 243 a 246). Asimismo, mediante diverso comunicado 227B14000/1869/2017, de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, la Directora Técnico Jurídica del Instituto de la Función Registral del Estado de México, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el veinte de octubre del año en curso, Salvador Hernández Becerril, en su carácter de representante legal de la quejosa, recogió el cheque referido en el párrafo anterior, mismo que cobró el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, de lo cual remite constancias para acreditar su dicho (fojas 271 a 280). En esa tesitura, la concesión del amparo y la protección de la justicia federal, fue para los efectos de que no aplicara a la quejosa la tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y la diversa fracción II, inciso C, rango 6 de la Tarifa, del propio artículo 95 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, protección constitucional que se hizo extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del contrato de compraventa y la apertura de crédito; por ende, debería devolver las cantidades que se pagó por tales conceptos y a que se refieren los volantes universales IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, el primero con línea de captura para pago en ventanilla ITK70490878713007237 correspondiente a la inscripción del contrato de compraventa y el segundo, con línea de captura IXE70490879813007255 relativo al pago por concepto de inscripción de contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, cada uno por la cantidad de dieciséis mil setecientos cuarenta y cinco pesos ($16,745.00), ambos expedidos por la Oficina Registral del Instituto de la Función Registral del Estado de México, sin que ello implicara que no debían pagar por el servicio, lo que, en todo caso, debería hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, esto es, por la cantidad de $1,670.00 (mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Por tanto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, resulta evidente que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron satisfechos, pues se advierte que realizó lo siguiente: a) Determinó no aplicar a la parte quejosa la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6, y fracción II, inciso c), rango 6 de la Tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2016 (foja 244); y b) Emitió el cheque número 0004878, válido por la cantidad de 30,150.00 (treinta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor de la quejosa Fabiola Juárez Murrieta, el cual se cobró el veintitrés de octubre anterior (foja 280). En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes.
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