Fabiola Guzmán Huerta

Expediente 546/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2020.

Datos del expediente

Expediente
546/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/05/2020

Partes del expediente

  • Fabiola Guzmán Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de mayo de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio recibido vía electrónica, en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 10647/2020, de veintidós de los corrientes, por el que se le remitió el juicio de amparo 546/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Fabiola Guzmán Huerta, contra actos de la Directora General del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga y otras autoridades, e informa que acepta la competencia declinada por este juzgado. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por éste juzgado, a través de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el punto Vigésimo, último párrafo del acuerdo de mérito, contados a partir del presente archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (26/MAYO/2020).- VISTOS.- EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA, ARCHÍVESE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil veinte. Por recibida la demanda vía electrónica, en términos del artículo 75 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, promovida por Fabiola Guzmán Huerta, por propio derecho, contra actos de la Directora General del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 546/2020. Ahora bien, cabe precisar que es obligación del juez de amparo analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, en términos del criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). En el caso, la parte promovente del amparo, señaló como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Directora General del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 2.- Director General Adjunto de Administración y Finanzas del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 3.- Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud. IV. ACTOS RECLAMADOS: Por las funciones y facultades que ejercen en materia de finanzas, reclamo de las autoridades del Hospital General de México, conjuntamente ambas autoridades: a) Poner en riesgo al servicio de salud en contingencia sanitaria por SARS-coV2 ante su omisión de proporcionar a la suscrita el pago de la prestación de alto riesgo en términos del artículo 140 de las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud aplicables al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, y las relativas del reglamento de seguridad e higiene de la Secretaría de Salud, por trabajar en un área considerada nocivo-peligrosa. Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría de Salud: b) Omisión de cumplir con sus obligaciones relativas a las áreas nocivo-peligrosas en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que, para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" (.) III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y. (.)" Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que los actos reclamados corresponden a la materia laboral. En efecto, la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido1, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO".2 Ahora bien, para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. 1 Así se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX. Marzo de dos mil nueve, Materia Común, página 412. Registro: 167761. 2 Visible en la página 2339, Tomo XXIII, Enero de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Laboral y Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO."3 En el caso concreto, las pretensiones de la parte quejosa son, entre otra, que las autoridades responsables le proporcionen a la quejosa el pago de la prestación de alto riesgo en términos del artículo 140 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, aplicable al Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, donde labora como afanadora en el servicio de pediatría. Por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es, si la quejosa como empleada de la autoridad responsable se queja de que esta no le autoriza el pago de la prestación económica que solicita para poder trasladarse al lugar donde labora, es indudable que se trata de un litigio en materia de trabajo. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el original del cuaderno relativo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno (esto es el juzgado que este en guardia conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos 3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19) y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, por no darse los supuestos del artículo 22 Constitucional, y 15 de la Ley de Amparo, ya que no reclama actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, o desaparición forzada de personas, máxime que su pretensión consiste en obtener la medida cautelar con el propósito de que le sea pagada la prestación económica antes referida con el fin de trasladarse a su lugar de trabajo, lo que es ajeno y distinto a los actos de urgencia, incluyendo aquellos que tienen un impacto en el derecho a la salud y, en consecuencia, está relacionado con el derecho a la vida, de ahí que en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aun cuando afirma que debe limpiar las áreas de uso común y equipos que pudieran contener fluidos o desechos que pudieran encontrarse en áreas de covid-19; que en el hospital se han concedido licencias con goce de sueldo, lo cierto es que su reclamo obedece principalmente a que requiere de mayores ingresos para el traslado a su lugar de trabajo, lo que implica que no es dable proveer sobre la medida cautelar solicitada, pues, se reitera, la solicita para que se le otorgue una prestación económica que no se ubica en los supuestos de urgencia referidos. Con fundamento en el artículo 108 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el indicado. Por otra parte, atendiendo al hecho notorio de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", con la finalidad de salvaguardar la salud y vida, tanto de las partes del juicio, como de los servidores públicos adscritos a este juzgado, con base en la facultad discrecional del suscrito, se ordena que, hasta en tanto finalice dicha emergencia sanitaria, las notificaciones en el presente asunto, aun de carácter personal, se deberán realizar a través de los medios tecnológicos al alcance, tales como los correos electrónicos particulares; esto se insiste, con la finalidad de evitar el contacto físico y propagar el contagio del mencionado virus, por lo que se pide la compresión de las partes; en el entendido de que, cuando ya no exista el peligro de contagio, las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Amparo. En el supuesto de que se presente alguna imposibilidad para practicar las notificaciones personales de este asunto (por ejemplo, si la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta no conocer a la persona buscada, si el inmueble designado está desocupado, entre otros posibles supuestos), o no proporcione correo electrónico particular, se faculta al actuario de la adscripción para que dicha notificación se practique, por medio de la lista electrónica a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Amparo. Ello en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Tomando en consideración la pandemia global por el Covid-19, que ha representado un cambio en los parámetros de "normalidad" que han regido en la vida pública y en el ejercicio de la función jurisdiccional, dado que en el caso que nos ocupa la demanda de amparo fue promovida electrónicamente, por tanto, se exhorta a la quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del asunto mediante el esquema de "juicio en línea", asumiendo la posibilidad de dar continuidad a los juicios exclusivamente de forma electrónica, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, acordé a lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el artículo 3o. de la Ley de Amparo que establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), la cual es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, como objetivo fundamental, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, al usuario PEDROVRO, registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, conforme con lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se hace de su conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847). Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído a la promovente, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (Registro:200,158 Novena Época, Instancia: Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Página: 55). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe. El Juez Francisco Javier Rebolledo Peña El Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano