Fabiola Gómez Arcos

Expediente 771/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
771/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
13/10/2015

Partes del expediente

  • Fabiola Gómez Arcos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a trece de octubre de dos mil quince. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 355, 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y de conformidad con el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    En México, Distrito Federal, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 771/2015, promovido por ******************, por propio derecho; el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, asistido del licenciado Alberto Becerril Fuentes, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda (fojas 02 a 05); auto admisorio de once de agosto de dos mil quince (fojas 06 a 08), constancias de notificación a las autoridades responsables e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendidos los informes justificados, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver. Abierto el período probatorio, el secretario hace constar que el Juez responsable ofreció como medio de prueba, copia certificada de las constancias que integran la causa penal ********************. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, las documentales referidas, sin necesidad de diligencia previa, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al momento de resolver el juicio de garantías; y, por perdido el derecho de las demás partes a ofrecer medios de convicción; sin que existan probanzas pendientes por desahogar, se da por concluido este período. A continuación se procede a abrir el período de alegatos en que se hace constar que las partes no los formularon. Cerrado el período de alegatos, se declara cerrada la presente diligencia y se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución.VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 771/2015-I, promovido por ********************por propio derecho. ANTECEDENTES Del acto reclamado. La quejosa tiene el carácter de tercera extraña a juicio, en la causa penal de la cual deriva el acto reclamado. La causa se tramita por la posible comisión del delito de robo, ilícito derivado del cual fue asegurado el vehículo en el cual los sujetos activos huyeron el día del evento delictivo. El 23 de julio de 2015, la impetrante presentó un escrito en el que solicitó la devolución del vehículo referido, al señalar que es la propietaria, presentando documentación para acreditarlo. El 5 de agosto de 2015, el juez dijo que por el momento no había lugar a devolvérselo, porque los endosos de la factura original que presentó no guardan orden cronológico, pues no existe el endoso de la persona a nombre de quien se expidió la factura, por lo que no existe certeza sobre los 2 endosos posteriores. Determinación que constituye el acto reclamado. Del trámite del juicio de amparo. Presentación de la demanda: 7 de agosto de 2015 (foja 2). Admisión de la demanda sin incidente de suspensión: 11 de agosto de 2015 (foja 6). Emplazamiento al agente del Ministerio Público adscrito: 12 de agosto de 2015 (foja 8). Emplazamiento a las autoridades responsables: 12 de agosto de 2015 (foja 10). CONSIDERACIONES Competencia Este Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza penal y las autoridades responsables residen en el lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Fijación de litis. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es el siguiente: Acuerdo de 5 de agosto de 2015, dictado en la causa ********************, en el que se negó a la quejosa la devolución del vehículo Ford ********************, ********************, serie ********************, placas ********************del Estado de México, que está asegurado como instrumento del delito, al existir irregularidades en la documentación que presentó para acreditar su propiedad. Certeza de los actos reclamados. Autoridad Responsable Acto reclamado en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo. Sentido del informe justificado Foja Juez Vigésimo Penal del Distrito Federal Acuerdo de 5 de agosto de 2015, dictado en la causa ********************, en el que se negó a la quejosa la devolución del vehículo Ford ********************, ********************, serie ********************, placas ********************del Estado de México, que está asegurado como instrumento del delito, al existir irregularidades en la documentación que presentó para acreditar su propiedad. Niega (desvirtúa) 11 Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Vigésimo Penal del Distrito Federal Acuerdo de 5 de agosto de 2015, dictado en la causa ********************, en el que se negó a la quejosa la devolución del vehículo Ford ********************, ********************, serie ********************, placas ********************del Estado de México, que está asegurado como instrumento del delito, al existir irregularidades en la documentación que presentó para acreditar su propiedad. Niega 66 Es cierto el acto reclamado consistente en el acuerdo de 5 de agosto de 2015, dictado en la causa ********************, en el que se negó a la quejosa la devolución del vehículo Ford ********************, ********************, serie ********************, placas ********************del Estado de México, toda vez que dicha determinación obra en las copias certificadas de dicha causa (62 del expediente), que al ser documental pública se le concede valor probatorio pleno, por lo que se desvirtúa la negativa del Juez Vigésimo Penal del Distrito Federal. Por su parte el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Vigésimo Penal del Distrito Federal negó el acto reclamado. Por tanto, toda vez que esta autoridad no emitió, dictó, publicó, ni ejecutó el aludido acto, y como se vio en el párrafo precedente, existe pero fue emitido por otra autoridad, no puede considerarse como responsable en el juicio de amparo. En consecuencia se sobresee en el juicio de garantías, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de la misma ley, este último interpretado contrario sensu. Procedencia Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna, por tanto se procede al estudio del fondo del asunto. Máxime que por lo que hace a la oportunidad en la presentación de la demanda, fue presentada dentro del plazo de 15 días previsto en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la determinación reclamada fue notificada por estrados a la quejosa el 6 de agosto de 2015, y la demanda fue presentada el 7 de agosto de 2015, habiendo transcurrido 1 día hábil entre tales fechas. Estudio de fondo Antes de entrar al estudio de fondo del acto reclamado, debe precisarse que la quejosa tiene el carácter de tercera extraña a juicio en la causa de la que emana el acto reclamado, por lo que al no tener el carácter de víctima u ofendido, el presente asunto se estudiará como de estricto derecho. A fin de tener mayor claridad respecto al contexto en que fue dictado el acto reclamado, conviene señalar los siguientes antecedentes: La quejosa tiene el carácter de tercera extraña a juicio en la causa ********************, pues refiere se propietaria de un vehículo que fue asegurado como instrumento del delito. La causa está en estado de instrucción, y se sigue por el delito de robo calificado, al señalarse que posiblemente, el 13 de junio de 2015, el sujeto por el que se sigue proceso, entró a una pollería y se apoderó de dinero y de una báscula, y que al momento de huir se fue en el vehículo Ford ********************, azul, placas ********************del Estado de México. El 23 de julio de 2015, la quejosa presentó un escrito en el que solicitó la devolución del vehículo antes citado, al referir que es la propietaria, presentando como documentación para acreditarlo: Original de la factura ********************, a nombre de ********************, de 4 de junio de 2012, en la que al reverso obran dos endosos -el primero de 3 de abril de 2015, signado por ******************** a favor de ********************; y el segundo 20 de junio de 2015, signado por ********************, a favor de la quejosa-. Carta responsiva de compraventa del vehículo antes precisado, de 20 de junio de 2015, celebrada entre ******************** y la impetrante. Copia simple de la factura de origen AZ 07197, de 12 de enero de 2012. Comprobante del pago de tenencia del 2013. Así, solicitó su devolución al referir que es la propietaria, y que el 27 de junio de 2015, llevó su auto al mecánico, con quien es el inculpado en la causa ********************. Que regresó por el vehículo el 13 de julio de 2015, enterándose que había sido asegurado. Derivado de lo anterior, el juez dio vista al Ministerio Público adscrito, quien precisó que por el momento se oponía a que lo devolvieran, esencialmente porque: Los documentos no eran idóneos ni suficientes, pues por lo que hace a la factura original, no existía el endoso de la persona a quien fue expedida, por lo que no existía certeza sobre cómo se dieron los subsecuentes, en específico el final que transfirió la propiedad a la quejosa. No se anexaban documentos oficiales para poder constatar las firmas. La quejosa señalaba que llevó su vehículo al mecánico el 20 de junio de 2015, pero los hechos probablemente constitutivos de delito fueron el 13 de junio de 2015. Que estaba pendiente de recibirse en peritaje en materia de mecánica, para saber si los medios de identificación del auto no habían sido alterados. En atención a lo anterior, el 5 de agosto de 2015, el juez responsable emitió el acuerdo que constituye el acto reclamado, en el cual señaló que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la quejosa, puesto no podía tenerse por acreditado que era la legítima propietaria, en tanto que si bien exhibió factura original, en la que obraban dos endosos al reverso, no existía endoso en el que se apreciara que ********************, persona a nombre de quien fue expedida, transmitiera la propiedad a ******************** (quien es el primer endosatario del que obra constancia en la factura). Por lo que aun cuando el segundo de los endosos era a nombre de la impetrante, la anterior situación impedía al momento tener por acreditada la propiedad, sin perjuicio de que después pudiera subsanar la irregularidad de la consecución del citado endoso, además de presentar más documentos para acreditar la propiedad. En ese tenor, son infundados los conceptos de violación de la quejosa, pues si bien el juez de la causa está facultado para devolver los vehículos asegurados, cuando su legítimo propietario acredite tal calidad, lo cierto es que dicha entrega debe realizarse una vez que exista plena certeza de tal circunstancia, a fin de no afectar derechos de terceros, y previa presentación de documentos que tengan plena eficacia probatoria. Supuestos que en la especie no están colmados, al advertirse irregularidades en la documentación que presentó la impetrante, y al tratarse de documentos privados que necesitan ser perfeccionados para adquirir valor probatorio pleno. Se explica. De la interpretación sistemática de la normativa que prevé la posibilidad de devolver los bienes asegurados, se observa que estos deben devolver únicamente cuando el juez se asegure de que está acreditado plenamente de quien comparece es el propietario, poseedor o representante legal, y cuando la devolución sea procedente. Lo anterior implica libre arbitrio judicial para resolver sobre la devolución, previa fundamentación y motivación, y también implica que se realice un análisis minucioso sobre la acreditación de las calidades de propietario y poseedor de quien solicita su devolución. En el caso, la responsable al analizar lo relativo a la calidad de propietaria con que se ostenta la quejosa, estimó que dicho carácter no estaba plenamente acreditado, por lo que por el momento no era procedente la devolución del vehículo, determinación que es fundada y motivada, y por tanto acorde al artículo 16 constitucional. El artículo 16 constitucional en su primera línea, prevé un derecho de protección contra actos de molestia que pudieran afectar los bienes jurídicos consistentes en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Estos actos son aquellos que restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, mismos que están permitidos por la constitución, pero únicamente cuando reúnan los requisitos previstos en el referido numeral 16, a saber, que se realice por escrito, por autoridad competente, y que se encuentre debidamente fundado y motivado. Entendiéndose por lo último la expresión de los preceptos legales aplicables al caso y la precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Extremos que la responsable cumplió, pues precisó los motivos por los cuales no era procedente acordar de conformidad la devolución del vehículo, a saber, irregularidades en la documentación presentada, destacando que si bien se trataba de una factura original, y la quejosa había presentado una carta responsiva acreditando la compraventa mediante la cual obtuvo el automotor, en la factura no constaba el endoso de la persona a nombre de quien fue expedida la factura. A más de lo anterior debe tenerse presente que las pruebas que presentó la impetrante son documentales privadas, y por tal naturaleza, imperfectas, por lo que no pueden tener eficacia probatoria hasta que sean perfeccionadas. Al respecto la legislación procesal penal prevé para su perfeccionamiento el reconocimiento de quien los emitió, así como el cotejo de letras y firmas. Apoya a lo anterior por identidad sustancial la jurisprudencia1a./J. 38/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, p.207, que señala: DOCUMENTOS PRIVADOS. SU EFICACIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ Y VERACRUZ). La integración adecuada de la prueba documental privada en el proceso penal, para que pueda tener eficacia probatoria, depende de que se obtenga la ratificación o reconocimiento expreso de autenticidad por parte de su autor o autores, con la oportunidad necesaria, o bien, que este reconocimiento se demuestre a través de algún otro medio directo de prueba que patentice tal autoría. El reconocimiento tácito, por no haber objetado el documento la contraparte del oferente, no es un medio de prueba autorizado por el cual se pueda lograr su integración, pues los Códigos de Procedimientos Penales del Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz no prevén esa forma de reconocimiento, como sí la establecen otros ordenamientos procesales; de tal suerte que si no se logra el perfeccionamiento de la documental privada, ésta queda reducida a un simple indicio, que aisladamente es insuficiente para tener por demostrado algún hecho o acto. Por tanto, aun cuando la responsiva y factura exhibidas, son documentos idóneos para acreditar la propiedad del vehículo, por su naturaleza de documentos privados son imperfectos, y por tanto insuficientes al momento para pronunciarse sobre la devolución del vehículo. Precisamente por lo anterior, no se soslaya que más adelante tales documentos puedan perfeccionarse, así como subsanarse las demás irregularidades precisadas por el juez, para que dicha autoridad esté en posibilidad de emitir una determinación respecto a la devolución del vehículo. En este orden de ideas, las consideraciones expuestas por el juez son acordes con el principio de seguridad jurídica, en tanto que como responsable de pronunciarse sobre la devolución de los bienes asegurados, debe verificar que quien lo solicita acredite ser el legítimo propietario, mediante pruebas que tengan plena eficacia probatoria. Por lo que es fundado y motivado el acuerdo en el que señaló que al advertir irregularidades en los documentos, que generan duda sobre la legitima propiedad del vehículo, negara su devolución, además de ser necesario el perfeccionamiento de los documentos presentados; por tanto, el pronunciamiento del juez es acorde con el principio de seguridad jurídica, en tanto que pretende evitar perjuicios a terceros, así como repercusiones en la propia causa penal, en tanto que el vehículo constituye un instrumento del delito. En consecuencia, por lo infundado de los conceptos de violación de la quejosa, lo procedente es lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, respecto al acto consistente en el acuerdo de 5 de agosto de 2015, dictado en la causa ********************. Protección de datos personales Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por el acto y autoridad precisados en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto señalado en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el quinto. TERCERO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del considerando último. Notifíquese.Así, lo resolvió y firma el juez José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Alberto Becerril Fuentes que autoriza y da fe.

  3. Principal

    México, Distrito Federal, a dos de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; sin embargo, del estado que guardan los autos se aprecia que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil quince, se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO VIGÉSIMO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días, que debe concederse respecto de la vista dada a las partes con el informe de mérito. En tal virtud, para dar margen a que transcurra dicho plazo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince. Notifíquese.

  4. Principal

    México, Distrito Federal, veinticuatro de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese.

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