Fabiola Diaz Montes
Expediente 1260/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Fabiola Diaz Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de octubre del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto. En el entendido que no existen documentos originales. De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con el anexo que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que obste que en la certificación de cuenta no se compute el plazo de la autoridad responsable pues en atención al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales previamente establecidas, esta carece de legitimación para interponer el medio de impugnación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Julio de 2003, Tomo XVIII, Novena Época, de rubro y texto que establecen: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Efectos de la sentencia concesora de amparo. Ahora, en el citado fallo protector se determinó que el efecto del mismo era para: "SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal para que en los tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria la presente resolución, la autoridad responsable dicte el acuerdo que le corresponda a la promoción de veinte de mayo del presente año, presentada en los autos del juicio laboral 242/2009 y remita copia certificada a este Juzgado de Distrito, con lo cual se tendrá por cumplida la presente resolución." Requerimiento de cumplimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en los párrafos primero y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la autoridad responsable, para que realice lo ordenado en el fallo protector dentro del TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviará el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: ..Notifíquese.
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