Fabiola Cuenca Garcia

Expediente 322/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
322/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Esther Hernandez Cuenca
  • Fabiola Cuenca Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Javier Fernández Vela, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de diversos documentos que anexó a la presente demanda de amparo. Al respecto, dígase al promovente que se esté a lo acordado en auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que este Juzgado proveyó lo relativo a la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio por las partes, por lo tanto, entréguese por conducto de las personas que autoriza para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 647), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se resolvió conceder el amparo al quejoso, siendo confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito; para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En tales condiciones, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas, para el efecto de que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, con número de oficio CES/047/2018 y, en su lugar, emita otra, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, es decir, deberá declararse legalmente incompetente para conocer de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho y enviarla a la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, para los efectos que en derecho procedan, en los términos en que dispone el artículo 25, párrafo cuarto, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. Por lo expuesto, es evidente que el acuerdo reclamado al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, vulnera los derechos humanos de la quejosa FABIOLA CUENCA GARCÍA, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por lo que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que dicha autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, y emita otro, en el que con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre la solicitud de pedir la remisión de los escritos iniciales de reclamación patrimonial presentados ante el Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatepec, Morelos y acuerde lo que corresponda, en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Director General de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica en representación del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a través del oficio con terminación 2299/2019-10R (fojas 578), informó que dejó sin efectos legales alguno el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechan los escritos iniciales de reclamación de responsabilidad patrimonial del estado, específicamente el promovido por Fabiola Cuenca García. Ahora, mediante diverso oficio con terminación 2416/2019-11R, Director General de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica en representación del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, exhibió copia certificada de la resolución de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, relativa al incidente de reclamación a que hace referencia, en la que determinó desechar las reclamaciones presentadas por Fabiola Cuenca García y Esther Hernández Cuenca, ambas por su propio derecho, y la primera también en nombre y representación de los menores hijos Wendy y Brian Omar, ambos de apellidos Hernández Cuenca, e interventor con autorización especial en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Homar Hernández Solano (fojas 611 a la 628). Por su parte, el Director General Jurídico, en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante oficio con terminación 13854/2019-L, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que esa autoridad se declaró incompetente para conocer del procedimiento de responsabilidad patrimonial, remitiendo las constancias respectivas a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye así en atención que el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica en representación del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, informó que dejó sin efectos legales alguno el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechan los escritos iniciales de reclamación de responsabilidad patrimonial del estado, específicamente el promovido por Fabiola Cuenca García, asimismo exhibió copia certificada de la resolución de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, relativa al incidente de reclamación a que hace referencia, en la que determinó desechar las reclamaciones presentadas por Fabiola Cuenca García y Esther Hernández Cuenca, ambas por su propio derecho, y la primera también en nombre y representación de los menores hijos Wendy y Brian Omar, ambos de apellidos Hernández Cuenca, e interventor con autorización especial en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Homar Hernández Solano; pronunciándose sobre la solicitud de pedir la remisión de los escritos iniciales de reclamación patrimonial presentados ante el Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatepec, Morelos y acuerde lo que corresponda, en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos; por su parte el Director General Jurídico, en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que esa autoridad observando los lineamientos de la ejecutoria de amparo se declaró incompetente para conocer del procedimiento de responsabilidad patrimonial, remitiendo las constancias respectivas a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, una vez que causará ejecutoria esta sentencia, dejará insubsistente la resolución de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, con número de oficio CES/047/2018 y, en su lugar, emitiera otra, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, es decir, declararse legalmente incompetente para conocer de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho y enviarla a la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, para los efectos que en derecho procedan, en los términos en que dispone el artículo 25, párrafo cuarto, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos; de igual manera el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, una vez que causará ejecutoria esta sentencia, dejará insubsistente el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, y emitiera otro, en el que con libertad de jurisdicción se pronuncie sobre la solicitud de pedir la remisión de los escritos iniciales de reclamación patrimonial presentados ante el Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatepec, Morelos y acuerde lo que corresponda, en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se concluye así en atención que el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica en representación del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, informó que dejó sin efectos legales alguno el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechan los escritos iniciales de reclamación de responsabilidad patrimonial del estado, específicamente el promovido por Fabiola Cuenca García, asimismo exhibió copia certificada de la resolución de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, relativa al incidente de reclamación a que hace referencia, en la que determinó desechar las reclamaciones presentadas por Fabiola Cuenca García y Esther Hernández Cuenca, ambas por su propio derecho, y la primera también en nombre y representación de los menores hijos Wendy y Brian Omar, ambos de apellidos Hernández Cuenca, e interventor con autorización especial en representación de la sucesión intestamentaria a bienes de Homar Hernández Solano; pronunciándose sobre la solicitud de pedir la remisión de los escritos iniciales de reclamación patrimonial presentados ante el Gobernador del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Presidente Municipal de Zacatepec, Morelos y Secretaría de Seguridad Pública de Zacatepec, Morelos y acuerde lo que corresponda, en términos de lo dispuesto en el invocado artículo 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Morelos; por su parte el Director General Jurídico, en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió copia certificada de la resolución de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que esa autoridad observando los lineamientos de la ejecutoria de amparo se declaró incompetente para conocer del procedimiento de responsabilidad patrimonial, remitiendo las constancias respectivas a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables remitieron copias certificadas de diversas documentales por las cuales se formaron anexos, devuélvase a dichas autoridades las copias certificadas de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea el caso de requerir el acuse de recibo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó Jacobo Jaimes Brito, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho, en términos del artículo 161, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de octubre de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/5252/2019 de esa fecha), ante Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales a los que haya lugar, el oficio signado por el Director General Jurídico de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Morelos, en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por medio del cual solicita una prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria; al respecto: se acuerda lo siguiente: Por cuanto a la prórroga que solicita, dígase a la autoridad oficiante que tomando en consideración sus manifestaciones y atendiendo a la ejecutoria de amparo, se le concede el plazo de diez días, contado a partir de la legal notificación del presente auto para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se apercibe a José Antonio Ortiz Guameros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, para el caso de ser omiso y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 322/2018 con seis anexos, y, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de tres de octubre de dos mil diecinueve, dentro del toca correspondiente al amparo en revisión 863/2018, en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. En la materia del recurso se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Fabiola Cuenca García y Esther Hernández Cuneca. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a Fabiola Cuenca García y Esther Hernández Cuenca. CUARTO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Fabiola Cuenca Galicia y Esther Hernández Cuenca." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. ... Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese personalmente.

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