Fabiola Cortés Miranda

Expediente 201/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
201/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Fabiola Cortés Miranda

Actuaciones

  1. Principal

    V- Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, con el que informa, que por proveído de 14 de marzo de 2023, continuó con la tramitación del juicio de amparo 931/2022-II de su estadística. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2023, se determina que el presente asunto, se encuentra en la hipótesis a que se refieren los artículos 14 fracción llI y 19, fracción I, inciso a) del Capítulo Sexo del Acuerdo referido, -destruible-, por lo que deberá ser destruido una vez que se cumplan seis meses del presente auto de archivo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 3, Capítulo Único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la integración del expediente electrónico, al ser este el que tiene validez para la consulta de las partes, estableciendo que el expediente físico tiene validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Por otra parte, con motivo de las cargas de trabajo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y toda vez que el expediente electrónico en este asunto se encuentra vinculado con el juicio 931/2022-II del índice de la autoridad oficiante, se autoriza la consulta del presente asunto, a efecto de que el juzgado competente deduzca las constancias que le sean necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, se instruye al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico, a efecto de que habilite los permisos correspondientes respecto del expediente electrónico en que se actúa. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    V- Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se desprende que mediante acuerdo de 7 de marzo de 2023, se declinó la competencia propuesta por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, en el expediente 931/2022-II; y se le devolvieron los autos y anexos remitidos; sin embargo, hasta la presente fecha el citado juzgado federal no acusa recibo del envío. En ese orden, se solicita atentamente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para que, vía interconexión, remita el acuse de recibo respectivo o informe respecto de lo proveído de la competencia que se declinó. Lo anterior, para estar en condiciones de acordar lo legalmente conducente en los presentes autos. Notifíquese.

  3. Principal

    V- Recepción del juicio de amparo Se tiene por recibido el oficio 4560/2023-II proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 931/2022-II de su estadística; en razón de que por auto de 27 de febrero de 2023, declaró carecer de competencia por cuestión de territorio. Acúsese recibo de estilo. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 201/2023-V-B. Declinación de competencia En el acuerdo de 27 de febrero de 2023, donde el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia para continuar conociendo de la indicada demanda de amparo, se advierte lo siguiente: Entonces, si la parte quejosa reclama el dictamen de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por el que la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo, desechó la denuncia de juicio político interpuesto en contra de Yohanet Teodula Torres Muñoz, es claro que si bien ese acto es negativo al ordenar el desechamiento de una denuncia, también es verdad que dicho acto tiene efectos positivos, dado que no es un acto simplemente negativo como lo sería una omisión sino que entraña un hacer de la autoridad, como es que al desechar se impida que se lleve a cabo el procedimiento de investigación de la funcionaria denunciada, es decir, que con ese acto se ejecuta de otorgar el trámite respectivo, de ahí que dicha ejecución tiene efectos en el lugar en donde se emitió ese desechamiento, que es en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en donde tiene su sede oficial la Comisión de Justicia de la Legislatura local. Dicho de otro modo, existen actos positivos que consisten en un hacer de la autoridad responsable, es decir, es un actuar en ejercicio de sus atribuciones. En cambio los actos negativos implican una omisión, una abstención o un no hacer por parte de las autoridades. Por su parte, los actos negativos con efectos positivos son actos que, en apariencia, sólo tratan de un no hacer o abstención o negativa por parte de la autoridad, pero que en realidad producen los efectos de un acto positivo. Un acto negativo sólo se consuma en el no hacer de la autoridad, en virtud de que con la abstención se produce el acto de autoridad que agravia al inconforme, pero en el caso que nos ocupa, el desechamiento de una demanda o denuncia es un acto negativo que produce un efecto en el mundo fáctico, tiene efecto positivo, toda vez que con esa orden de desechar se impide el trámite de la denuncia, lo que en realidad es una mutación a la naturaleza de los intereses del quejoso, un cambio en el mundo del deber ser, estos es, al no admitir la denuncia resulta que se produce en forma automática una ejecución de colocar un obstáculo que no le permite a la parte impetrante buscar que se logre una investigación, lo que trae una consecuencia. Ciertamente, es necesario señalar que si el acto reclamado es el desechamiento de la denuncia de juicio político, es claro que tuvo una ejecución en donde reside la autoridad responsable que es en la ciudad de Chetumal, ya que no se trata de una simple omisión, sino que se trata de un acto negativo que tiene efectos positivos, esto es, que tienen una ejecución relativa a impedir el trámite del juicio político, de ahí que si tal ejecución se efectuó por la Comisión de Justicia del Congreso de esta entidad federativa y la cual tiene su sede en Chetumal, es claro que el órgano jurisdiccional competente que tiene conocer de este juicio es uno aquellos con sede en dicha ciudad. Por tanto, como ya quedó establecido, en la especie se actualiza la hipótesis que contempla el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de amparo, al tener dicho acto reclamado una ejecución en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, por lo que debe de conocer de la presente demanda de amparo el juez de Distrito con jurisdicción en esa ciudad. Con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte las razones propuestas por el órgano declinante; en consecuencia, no se acepta la competencia planteada. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercen por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad jurídica que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota distintiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que ésta se encuentre. Al respecto, es conveniente citar el artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De conformidad con el precepto legal reproducido, se tiene que la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte de acuerdo con las reglas siguientes: a) En favor del Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto autoritario puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda y, c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, la competencia le corresponderá al juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese contexto, para declinar la competencia, el juez declinante toma en consideración que el acto reclamado es el desechamiento de la denuncia de juicio político; respecto de lo cual, sostiene, que no se trata de una simple omisión, sino que se trata de un acto negativo que tiene efectos positivos, esto es, que tiene una ejecución relativa a impedir el trámite del juicio político y que si la Comisión de Justicia del Congreso de esta entidad federativa, tiene sede en esta ciudad de Chetumal; entonces el órgano jurisdiccional competente que tiene conocer de este juicio es uno aquellos con sede en esta ciudad. Ahora, ciertamente para definir la competencia legal que corresponde, debe atenderse de manera fundamental a la naturaleza del acto reclamado que, en la especie, consiste en el desechamiento de una denuncia de juicio político. Así, se aprecia con claridad suficiente que el acto reclamado es meramente declarativo, el cual no produce efecto positivo alguno, pues no tiene aparejada una ejecución material, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que no ordena nada, sino sólo determinó desechar por improcedente la denuncia de juicio político. La palabra ejecutar significa, literalmente, "poner por obra algo" (conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, 2001); la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. En este orden de ideas, como en la especie el acto reclamado se hizo consistir en el desechamiento de una denuncia de juicio político, es evidente que este acto implica, por su forma de expresión, que no pueda considerarse como un acto con efecto positivo, contrario a lo sostenido por el juzgado declinante. De esta manera, el citado acto reclamado, sólo constituye un acto negativo-declarativo, porque no modifica ni altera el estado de cosas existentes; es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado. Por ello, es claro que el acto reclamado es de carácter declarativo, carente de ejecución, y respecto de ese tipo de actos se actualiza la regla de competencia prevista por el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, puesto que la resolución reclamada que desechó por improcedente la denuncia de juicio político no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, habida cuenta de que su impacto es meramente declarativo, pues tiende únicamente a determinar que no procedió la denuncia formulada y no conlleva actuación posterior que lo complemente, de ahí su falta de ejecución o de efecto positivo alguno. En efecto, la determinación no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modifican estados de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal, cuyos efectos son estrictamente formales, sin que se traduzcan en prescripción o mandato en el sentido de realizar una conducta determinada, lo cual se consideraría como el efecto material esperado, supuesto previsto por la norma. Suponer que es un acto de ejecución material la circunstancia de impedir el trámite del juicio político, significaría que necesariamente cualquier acto con efectos meramente formales fuera tenido como de ejecución material, cuando en realidad carece de ésta, pues no se está ordenando la realización de conductas específicas tendentes a dar cumplimiento a lo ordenado, máxime cuando la propia determinación impugnada, por sí misma es de naturaleza declarativa, pero sin efectos positivos, pues con ella sólo se determinó desechar una denuncia de juicio político, acto que como ya se esclareció, no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dicho acto, per se, no requiere de una actuación posterior que lo complemente, pues se agotó en el mismo momento en que se pronunció, y, por tanto, carece de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda. El anterior criterio es el que estima aplicable para el caso concreto y no los diversos citados por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, cuyos análisis contenidos versan respecto de actos con ejecución o de actos negativos con ejecución material como medidas cautelares u de omisiones con efectos positivos, supuestos que con respecto al acto reclamado en la especie no acontecen, por lo que se estiman inaplicables. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Quintana Roo, con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Domicilio procesal y autorizados Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Notificaciones no procesales Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado por el ocursante para efecto de realizarle notificaciones no procesales del presente expediente, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, ello con fundamento en el artículo 22, fracción II2, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Notifíquese.

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