Fabiola Coria Gomez

Expediente 249/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
249/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Fabiola Coria Gomez
  • Fabiola Coria Gomez y Otros.
  • Martin Jimenez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, quince de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (fojas 527 a 534), dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosos Por lista en cumplimiento a lo ordenado en auto de tres de abril de dos mil diecinueve Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, tres de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de marzo del año en curso (folios 497 a 503), para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, feneció sin que a la fecha haya desahogado el requerimiento de mérito. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar esta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de México para ese efecto. Finalmente, toda vez que mediante proveído de veintiséis de marzo pasado (folios 527 a 534) se tuvo por recibido el escrito por el que los quejosos desahogaron el requerimiento formulado en autos y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el suscrito determinó desechar la demanda de amparo, reservando su notificación a los promoventes del amparo hasta en tanto se contara con el exhorto girado por este juzgado federal y se acordara sobre la manera en que deben practicarse las notificaciones a la parte quejosa, circunstancia que ya aconteció, según se desprende de párrafos precedentes; en consecuencia, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista el citado auto de veintiséis de marzo pasado, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista esta y el diverso proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Ministerio Público Federal Por lista Autoridad responsable No aplica Tercero interesado No aplica

  3. Principal

    Ciudad de México, dos de abril de dos mil diecinueve. ACUSE Y RECEPCIÓN DE EXHORTO Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite debidamente diligenciado el original del exhorto librado por este juzgado federal. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Asimismo; háganse las anotaciones correspondientes y dése de baja la comunicación oficial de mérito. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y las actuaciones del exhorto, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de trece de marzo del año en curso (folios 497 a 503), para que señale domicilio en el lugar del juicio; en consecuencia, una vez que fenezca el término correspondiente se proveerá lo conducente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Autoridad responsable No aplica Tercero interesado No aplica Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez Por oficio

  4. Principal

    EN CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE TRES DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A **********, PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO ODE VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Desahogo de Prevención Agréguese a los autos el escrito signado por **********, mediante el cual desahogan la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 497 a 503) y al efecto manifiestan bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a)Que el quince de febrero de dos mil diecinueve la *********, publicó la convocatoria para asamblea en donde se elegirán a sus dirigentes conforme a sus estatutos. b)El veintiuno de junio de dos mil diecisiete la ************sancionó a los suscritos con no poder ser elegidos ni votar en sus asambleas. En la asamblea y registro mencionados se aplicó el artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor. c)Señala el Artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor como heteroaplicativo, a partir de su primer acto de aplicación que hace consistir en los incisos anteriores. Asimismo manifestaron que la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos reclamados fue el cinco de marzo de dos mil diecinueve. Autoridades responsables y actos reclamados. Previamente a proveer sobre la demanda de amparo, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que el referido ocurso es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a) La discusión y aprobación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a) La discusión y aprobación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a) La promulgación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 4. Secretario de Gobernación a) El refrendo del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 5. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación a) La publicación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 6. Secretario de Cultura del Gobierno Federal a) La aplicación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor 7. Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor a) La convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve realizada por la ************, como consecuencia del registro de la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete y del registro de los estatutos de la citada asociación. b) La aplicación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de dicha convocatoria. 8. *************** a) La convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve realizada por la **************, como consecuencia del registro de la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete y del registro de los estatutos de la citada asociación. b) La aplicación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a través de dicha convocatoria. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, quien resuelve advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista, debe acudirse a su contenido, el cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, definidos como aquéllos contra los que no se promueva amparo dentro de los plazos enunciados en el numeral 17 de la ley de la materia . Dentro del segundo párrafo, se precisa que no se considera consentida una norma general autoaplicativa, sino sólo si no se promueve juicio de amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio. Asimismo, se prevé la opción de promover recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar contra un acto de aplicación o juicio de amparo si se considera la norma general ahí aplicada inconstitucional. Se aclara que se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Finalmente, se dispone que si en contra de la resolución referida procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. A diferencia del consentimiento expreso, para el ahora analizado no sirve de referencia el Código Civil, pues dentro de la teoría de amparo el consentimiento tácito implica la no presentación del medio extraordinario de defensa dentro del plazo establecido en la ley. El consentimiento como causa de improcedencia busca cumplir el principio de seguridad jurídica y evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos del acto o norma general reclamada, por no presentar la acción de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la séptima época identificó los elementos que deben concurrir para que exista consentimiento del acto o norma reclamados. El criterio referido, tiene el registro 232527 y es de rubro y texto siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. Tales requisitos son los siguientes: 1.El primer requisito consiste en la existencia del acto o norma general reclamados. Al respecto, su existencia es necesaria, ya que no puede manifestarse la conformidad o consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97 con número de registro 198696 y rubro: ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. 2. El segundo requisito consiste en que el acto norma reclamados causen un agravio en la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, dado que aun y cuando existiera el acto norma y el quejoso estuviera conforme con aquéllos, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Resultan aplicables, las jurisprudencias 2a./J. 104/2005, 2a./J. 67/99 y la tesis aislada 2a. XX/96, de la Segunda Sala de la Corte, con registros 177273, 193720 y 200624 y de rubros: ISSSTELEÓN. LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LOS TRABAJADORES VARONES, RECLAMANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LO REGULA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 241, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, DEBE PRESENTARSE EN EL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO. 3.Que la parte quejosa haya tenido conocimiento de él sin haber presentado dentro del término legal la acción constitucional. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas porciones normativas de la anterior Ley de Amparo relativas al consentimiento tácito como causa de improcedencia, además ya se pronunció en otros asuntos respecto a la ley vigente. En los casos conocidos por el Alto Tribunal se decidió en relación: a) momento que debe contarse el plazo para la presentación de la demanda de amparo, b) procedencia del amparo respecto de normas autoaplicativas y heteroaplicativas así como su oportunidad para impugnarlas y c) opción de impugnar la primera aplicación de una norma general por medio de amparo o por un recurso o medio de defensa que pueda modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El criterio marcado con el inciso a) es el que interesa por lo que se desarrollará a continuación. Momento en que debe empezar a contarse el plazo para la presentación de la demanda a efecto de determinar si existe consentimiento tácito. Como se mencionó, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los plazos establecidos en la ley, al respecto, el Pleno del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 57/2008, analizó cuándo inicia el cómputo para la promoción del juicio de amparo e interpretó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (que es parecido al 18 de la vigente ) y sostuvo que en ese momento debía contarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, a saber: i)que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama; ii)a aquél en que haya tenido conocimiento; o iii)se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Señaló que esos plazos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso analizado, precisó que si el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable se lo notificó, entonces el cómputo de los quince días debía realizarse a partir del primero, sin importar el medio por el cual lo conoció. El criterio dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, con registro 163172 y rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Anteriormente al pronunciamiento relativo a la exclusión de los plazos, el Pleno sostuvo un criterio similar y determinó que la confesión expresa del quejoso contenida en la demanda sobre el conocimiento del procedimiento que motivó el acto reclamado, constituía prueba plena de ese hecho. Ese razonamiento se asentó en la jurisprudencia P./J. 27/96, de registro 200094 y rubro: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. Una vez expuesta las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En el caso concreto, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en su carácter de heteroaplicativo; en específico, señala que el acto concreto de aplicación es la convocatoria de la ****************, publicada el quince de febrero de dos mil diecinueve, asimismo, señala como acto reclamado la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la que se les impuso la sanción por la que no se les permite votar y ser votados en las Asambleas de dicha asociación, y finalmente reclaman sus estatutos; de igual manera, manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Con fecha 15 de febrero de 2019 la ***************, publicó convocatoria para asamblea en donde se elegirán a sus dirigentes conforme a sus estatutos. Con fecha 21 de junio de 2017 la ************* sancionó a los suscritos con no poder ser elegidos ni votar en sus asambleas. Esta asamblea fue registrada en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En la asamblea y registro mencionados se aplicó el artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La asamblea de 21 de junio de 2017 tiene sus antecedentes en lo siguiente: [.] Por otra parte, los quejosos manifestaron en el capítulo de antecedentes del acto reclamado: PRIMERO. La asamblea a realizarse con fecha 14 de marzo del 2019 de la cual se desprende como punto número 1: CONVOCATORIA A ELECCCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMITÉ DE VIGILANCIA PARA EL PERIODO 2019-2023. no nos permite participar ya que en asamblea de fecha 21 de junio de 2017 en protocolización del acta de asamblea con número de escritura 26,210, pasada ante la Fe del Notario Público 190 de la Ciudad de México Licenciado David F. Dávila Gómez, y registrada ante INDAUTOR con fecha de 29 de agosto del 2017, donde fuimos sancionados sin sentido alguno, imponiéndonos LA PÉRDIDA DE VOZ Y VOTO EN ASAMBLEAS DE LA ANDI, LA PÉRDIDA DEL DERECHO A POSTULARSE PARA OCUPAR CUALQUIER CARGO DETRO DEL CONSEJO DIRECTIVO O COMITÉ DE VIGILANCIA POR PERIODOS DE 3 Y 5 AÑOS RESPECTIVAMENTE. En ese sentido, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referencia para iniciar el cómputo respectivo la constituye el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, de su aplicación o de su ejecución. Resulta aplicable la tesis aislada I.1o.A.E.150 A (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, de texto siguiente: ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SU EFICACIA ESTÁ CONDICIONADA A SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y NO A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL A SUS DESTINATARIOS. Del artículo 9, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte que la eficacia y exigibilidad de los actos administrativos válidos se encuentran condicionadas a su legal notificación al destinatario, sin distinguir expresamente entre los de efectos generales o individuales; sin embargo, en su segundo acápite introduce una hipótesis de excepción, consistente en que la legal notificación de los actos administrativos válidos no determinará su eficacia, si dichas actuaciones se refieren a: a) el otorgamiento de "un beneficio al particular"; o, b) actos de inspección, investigación o vigilancia. Así, la nota distintiva de estos casos, que involucran el otorgamiento de un beneficio o la realización de actos de verificación, es que se dirigen a sujetos individualmente determinados, en tanto que la expresión "al particular" empleada en su redacción, denota un solo sujeto y no una generalidad, de lo cual se colige que dicho precepto se refiere a actos administrativos de efectos individuales o particularizados. Por su parte, el artículo 4 del mismo ordenamiento contiene una disposición complementaria, en el sentido de que la publicación en el Diario Oficial de la Federación será la condición para que los actos administrativos de carácter general, como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que establecen obligaciones específicas en materia de competencia, y cualquier otro tipo de actos de naturaleza análoga, produzcan efectos jurídicos. Por tanto, la eficacia de estos últimos está condicionada a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no a la notificación personal a sus destinatarios. Registro 2011799 Ahora bien, la parte quejosa en su demanda de amparo señaló que tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de marzo del año en curso; sin embargo, el primer acto de aplicación del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor lo constituye la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete en la que se les impuso la sanción por la que no se les permite votar y ser votados en las Asambleas de dicha asociación, tal como lo señala bajo protesta de decir verdad en el escrito de desahogo de prevención. Por tanto, como ya quedó demostrado, fue en la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete y el registro de dicha asamblea, cuando se aplicó el artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que por esta vía se reclama, con lo que se reitera que el primer acto de aplicación de dicha porción normativa no se actualiza con la convocatoria de asamblea que se publicó el quince de febrero del año en curso, sino con la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la que se les impuso la sanción por la que no se les permite votar y ser votados en las Asambleas de dicha asociación. Así respecto de ese acto, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del treinta de agosto al veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, ello en razón de que dicha asamblea se protocolizó el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, de acuerdo al siguiente calendario: Agosto 2017 MLunes MMartes JMiércoles VJueves SViernes SSábado SDomingo 11 22 23 44 65 66 77 88 99 910 111 112 113 114 015 116 117 118 119 220 221 222 223 224 225 226 227 228 2 330 331 2 Septiembre 2017 MLunes MMartes JMiércoles VJueves SViernes SSábado SDomingo 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 215 216 117 218 219 220 221 222 223 224 325 326 227 228 229 330 3 De esta manera queda demostrado que transcurrió en exceso el plazo establecido para combatir el artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en su carácter de heteroaplicativo, ya que la demanda de amparo que nos ocupa se presentó el doce de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, es decir, aproximadamente un año y seis meses después, por lo que su presentación resulta extemporánea, en consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo. No obstante ello, el diverso acto que por esta vía combate, en específico la publicación de la convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve, el cual aduce la parte quejosa que es el primer acto de aplicación del numeral en cita, pese a que como quedó demostrado, lo fue la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, también resulta extemporáneo en razón de que tal como se desprende de la certificación de la constancia descargada de la página de internet **********, la convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve fue publicada en esa fecha en la página oficial de la **********; asimismo, constituye un hecho notorio para el suscrito que la citada convocatoria también se publicó en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, no obstante que la parte quejosa manifestara que tuvo conocimiento de los actos reclamados el cinco de marzo de la anualidad que transcurre, lo cierto es que toda vez que la convocatoria que reclama se divulgó en un medio oficial de difusión, el acto está sujeto a su publicación y no a la notificación o conocimiento específico que de él tengan las partes, esto es, surte efectos para el público en general a partir de su difusión en el medio referido. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. A mayor abundamiento, es preciso recordar que las hipótesis descritas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativas al momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para la promoción del juicio constitucional, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, aunque conforme a la primera de dichas hipótesis el plazo debe comenzar a correr desde el día siguiente al en que surte efectos la notificación del acto reclamado, la mecánica del surtimiento de efectos no es aplicable a las dos hipótesis restantes que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que dicho precepto es categórico y dispone que cuando el quejoso tenga conocimiento del acto o de su ejecución, o se ostente sabedor del mismo, el plazo comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al acaecimiento de dichos sucesos, sin que en estas últimas dos hipótesis aplique la mecánica del surtimiento de efectos, como acontece en el caso concreto, pues es a partir del día siguiente de aquél en que fue publicado en el medio oficial de difusión en que en su caso comenzará a computarse el plazo para su impugnación. Cabe precisar que en caso de una publicación a través del medio oficial y general como lo es el Diario Oficial de la Federación, se hace del conocimiento del público a partir de ese momento, sin que se sujete a una notificación específica en cada supuesto, pues la finalidad de que se realice a través de una publicación en esos términos es hacerlo del conocimiento del público en general, desde esa fecha para cualquier efecto legal como puede ser su impugnación, de ahí que no pueda tomarse en cuenta lo manifestado por los quejosos en el sentido de que lo conocieron hasta el cinco de marzo de dos mil diecinueve, pues de ser así, se desnaturalizaría la finalidad del medio de difusión a través del cual se hizo pública la convocatoria ahora reclamada. Ahora bien, aun contemplándolo sin conceder, el plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo respecto de este segundo acto de aplicación, en específico la publicación de la convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió del dieciocho de febrero al ocho de marzo del año en curso según se advierte de las siguientes imágenes: Febrero 2019 MLunes MMartes JMiércoles VJueves SViernes SSábado SDomingo 11 22 23 44 65 66 77 88 99 910 111 112 113 114 0 116 117 118 119 220 221 222 223 224 225 226 227 228 2 Marzo 2019 MLunes MMartes JMiércoles VJueves SViernes SSábado SDomingo 1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 215 216 117 218 219 220 221 222 223 224 325 326 227 228 229 330 331 Días inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de febrero, dos y tres de marzo, todos de dos mil diecinueve) Presentación de la demanda (foja 2) Días del plazo. En ese orden de ideas, si la demanda de amparo se presentó el doce de marzo del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, debe concluirse que respecto de la convocatoria de quince de febrero de dos mil diecinueve, su presentación resulta también extemporánea, por lo que respecto de dicho acto reclamado procede desechar la demanda de amparo. En vista de lo anterior, por lo que hace a la inconstitucionalidad del artículo 199 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que reclaman los quejosos, se hace extensivo el desechamiento de demanda, toda vez que lo impugnan a partir de lo que señalan como actos de aplicación (en su carácter de heteroaplicativo), respecto de los cuales en los párrafos que anteceden se estableció que la demanda de amparo que instan en este juicio resulta extemporánea, de ahí que respecto de dicho numeral también se actualice ese consentimiento y la demanda resulte también extemporánea. Ahora, por lo que respecta a los actos reclamados relativos a los Estatutos de la *********** y a la sanción impuesta en la asamblea de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, toda vez que la parte quejosa los hace valer en relación con el primer acto de aplicación del citado precepto, y como quedó demostrado, en relación a dicho acto, resulta extemporánea la presentación de la demanda, también lo es en tratándose de estos actos, por lo que por ellos también procede desechar la demanda de amparo. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, quien resuelve determina desechar la demanda de amparo. Finalmente, en razón de que no se cuenta con el resultado del exhorto girado en auto de trece de marzo de dos mil diecinueve con el fin de que la parte quejosa señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se reserva la notificación del presente acuerdo, hasta en tanto se cuente con la comunicación oficial en comento y se provea sobre la manera en que deban practicarse las notificaciones a la parte quejosa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosos Se reserva su notificación Ministerio Público Federal Por lista". NOTIFÍQUESE.

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