Fabiola Constanza Nava Alonso
Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/09/2023
Partes del expediente
- OSCAR JARED NIEBLA PARRA y Otros.
- Fabiola Constanza Nava Alonso
- Oscar Jared Niebla Parra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México; a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio presentado por la apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito; exhibe Copia de la Póliza número 0539494 de veintitrés de agosto del año en curso, Acta Administrativa Circunstanciada de Cumplimiento y copia simple del cheque número 0539494 con firma de recibido ambos de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, dese vista a la parte denunciante, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, se entenderá su conformidad y se acordara lo conducente en relación al cumplimiento de la resolución dictada en autos. Notifíquese y personalmente a la parte denunciante.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México; a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio presentado por la apoderada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, a través del cual manifiesta desahogar el requerimiento formulado en autos y al efecto únicamente dice que se encuentra a disponibilidad de la parte quejosa el título de crédito con las cantidades retenidas por el fisco federal, asimismo, solicita se de vista a la misma para que se constituya en las instalaciones del Centro en mención a efecto de recoger el referido título. Determinación judicial. En tal sentido, dígase a la autoridad oficiante, que debe adoptar las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que les corresponde devolver a la parte quejosa la cantidad determinada con motivo de la concesión de amparo, lo cual comprende notificarle que se encuentra a su disposición el título de crédito correspondiente, ello a efecto de que pueda constituirse en las instalaciones del Centro referido, por lo que previo a atender su petición, la autoridad en cita deberá acreditar haber realizado la gestión previamente descrita. En esas condiciones, se requiere nuevamente a la citada autoridad para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo requerido en el párrafo que antecede. En la inteligencia de que de no desahogar el requerimiento formulado en el término otorgado, le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Finalmente, por lo que hace a su solicitud de acceso al expediente electrónico, dígase que a partir de la publicación del presente auto, se tiene por autorizado al usuario "KRNFIR36", para la consulta del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se INSTRUYE al personal encargado del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", hacer los ajustes necesarios a efecto de que la autoridad responsable pueda realizar la respectiva consulta de las actuaciones. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México; a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio presentado por la apoderada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por medio del cual, en cumplimiento a la resolución de fecha veinte de julio de dos mil veintitrés, solicita una prorroga en el término para cumplimentar la sentencia dictada. En atención a lo anterior, y toda vez que la autoridad, con el anexo que acompaña al oficio de cuenta, demuestra que la sentencia dictada en autos está en vías de cumplimiento, por única ocasión, con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, se amplía el plazo por el término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, subsistiendo los apercibimientos efectuados en dicha sentencia. Notifíquese.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
Ciudad de México; a veinte de julio de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por Karen Rosas Pérez, quien se ostenta como apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por medio del cual remite el informe con número de registro SRH/1708/2023 signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y cuatro anexos; agréguese a los autos y provéase lo conducente. Ahora, no obstante que quien promueve no exhibió documento para acreditar la personalidad con que se ostenta, atento a la primera certificación de cuenta, es un hecho notorio para quien provee que en el Juicio de Amparo 5420/2022 del índice de este juzgado, en proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós se tuvo por recibida copia certificada del testimonio número 177,523 del protocolo del Notario Público número cuarenta y dos de la Ciudad de México, del que se advierte poder para pleitos y cobranzas otorgado por el Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional a Karen Rosas Pérez y otros; por lo tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce la personalidad que ostenta la promovente. Atento a lo anterior, se tiene a la apoderada legal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, desahogando el requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito en proveído de tres de julio de dos mil veintitrés y para tal efecto remite el informe original con número de registro SRH/1708/2023 signado por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como cuatro recibos de nómina a nombre de la denunciante Fabiola Constanza Nava Alonso. Por otra parte, de conformidad con los artículos 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por acreditados como delegados de su parte a las personas que menciona. Además como lo solicita, con apoyo en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza el uso de medios electrónicos a través de las personas que menciona para tal efecto. Finalmente, con fundamento en el artículo 210, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, se procede a dictar la resolución correspondiente a este asunto. VISTOS; para resolver, la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 19/2023, promovida por Fabiola Constanza Nava Alonso, por propio derecho, contra el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por considerar que violaron la declaratoria de inconstitucionalidad determinada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, turnada el día siguiente a este Órgano de Control Constitucional, por razón de turno, Fabiola Constanza Nava Alonso, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra los actos y autoridades siguientes: "AUTORIDADES DENUNCIADAS C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. C. SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. LA C. SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. (.) ACTOS DENUNCIADOS Al C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, se le atribuye la aplicación y ejecución del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en específico de su artículo 6 fracción III, por el periodo del 20 de mayo del 2019 y hasta el 20 de mayo del 2021, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se abrogó la anterior, mediante las instrucciones a sus subordinados en el pago de nómina, por medio del cual se aplicó la ley objeto de declaratoria general de invalidez en mi perjuicio. Al C. SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, se le atribuye la aplicación y ejecución del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en específico de su artículo 6 fracción III, por el periodo del 20 de mayo de 2019 y hasta el 20 de mayo del 2021, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se abrogó la anterior, al ser quien firma y autoriza la nómina por medio del cual se aplicó la ley objeto de declaratoria general de invalidez en mi perjuicio. AL C. SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, se le atribuye la aplicación y ejecución del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en específico de su artículo 6 fracción III, por el periodo del 20 de mayo de 2019 y hasta el 20 de mayo del 2021, fecha en que entró en vigor la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se abrogó la anterior, mediante su función y atribución de elaborar, firmar y autorizar la nómina mediante la cual se le paga al quejoso sus remuneraciones en términos de las páginas 53-54 del Manual General de Organización del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del I.P.N., por medio de la cual se aplicó la ley objeto de declaratoria general de invalidez en mi perjuicio." SEGUNDO. Admisión. El tres de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la denuncia de incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad, la radicó con el número 19/2023 y se otorgó una dilación de tres días a las autoridades denunciadas para manifestar lo que a su derecho conviniera. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para resolver la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 210 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y Circular SECNO/29/2021, de 13 de septiembre de 2021. SEGUNDO. Legitimación para la interposición de la denuncia. Los artículos 72, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210, fracción I y último párrafo, de la Ley de Amparo en lo que interesa disponen: "Articulo 72. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, si fueren aprobadas por cuando menos ocho votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto. (ADICIONADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De los numerales citados se advierte que, si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplicara la norma general declarada inválida, el afectado podrá denunciar dicho acto de conformidad con el procedimiento previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La denuncia fue presentada por Fabiola Constanza Nava Alonso, por propio derecho, quien no fue parte de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 y aduce que las autoridades del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, violaron la declaratoria general de inconstitucionalidad determinada en dicho procedimiento de control constitucional. Por tanto, está legitimada para presentar la denuncia que se analiza. Es preciso señalar que en el caso no existe disposición que prevea un plazo para la promoción de esta denuncia y tampoco una regulación específica sobre la preclusividad del derecho de los gobernados para denunciar el incumplimiento de una ejecutoria, su repetición o nueva aplicación del acto declarado inválido. En efecto, ni el artículo 105, último párrafo, de la Constitución Federal, ni el numeral 47 de la ley reglamentaria del mismo precepto constitucional, establecen plazo o término alguno para denunciar el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad derivada de la acción de inconstitucionalidad. Por tanto, debe concluirse que la denuncia es procedente sin sujeción a plazos que determinen la oportunidad. TERCERO. Argumentos de la denuncia. De la lectura integral de la denuncia, se advierte que la denunciante aduce que de manera indebida las autoridades del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional le aplicaron la fracción III, del artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual fue declarado invalido a través de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, y se materializó en la retención del impuesto sobre la renta en el pago de la remuneración hecho a la quejosa por diversos conceptos, desde el veinte de mayo de dos mil diecinueve hasta el veinte de mayo de dos mil veintiuno, el cual aduce, fue en cumplimiento a la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. CUARTO. Informe de la parte demandada. La autoridad denunciada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, mediante oficio registrado con el número de folio 12098, manifestó que a partir del ejercicio fiscal 2019, las autoridades aplicaron lo establecido en el artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, considerando la base gravable del cálculo del impuesto sobre la renta la totalidad de las percepciones que obtienen los trabajadores, las cuales se venían pagando antes de la entrada en vigor de la ley, sin retención del impuesto al trabajador. QUINTO. Estudio de fondo. En principio, cabe aclarar que lo que aquí se analiza es si existe o no la aplicación de la fracción III del artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y por ende, el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad determinada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, conforme lo establece el artículo 72, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la figura de la acción de inconstitucionalidad. En conjunto con el juicio de amparo y la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad es un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, a diferencia del primero la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto de constitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional. Como un medio de control constitucional, la importancia de la acción de inconstitucionalidad es evidente. Una de las características que le agrega importancia es que es un medio de control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no solo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a derechos humanos. Esta característica le añade gran importancia, pues pone en manos de órganos de gobierno una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes que violan sus derechos humanos. Otro elemento que le añade importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". Por tanto, la acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada inconstitucional. Esto implica la anulación de la norma cuestionada con efectos generales -es decir, su expulsión del ordenamiento jurídico- siempre que al menos ocho ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación voten por su invalidez. Primeramente, se debe señalar que los conceptos de violación planteados en la denuncia que se estudia se suplen parcialmente en su deficiencia, habida cuenta que los actos reclamados antes precisados se fundaron en una porción normativa declarada inconstitucional por la Suprema Corte en un precedente de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 105/2007, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO)." En efecto, en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 6, fracción III (la totalidad de la fracción en sus párrafos primero y segundo), de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con base en las consideraciones siguientes: "El artículo 6 reproducido enumera las bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos, entre otras, que ningún servidor público puede tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia de: el desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización; que en ningún caso se cubre remuneración con efectos retroactivos salvo resolución jurisdiccional, así como contiene reglas sobre lo que se denomina 'dictamen de compatibilidad". El diverso 7 ordena que la remuneración de los servidores públicos se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, los cuales contendrán los tabuladores de remuneraciones mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos, los montos de sueldos, salarios y prestaciones. Así como que el presupuesto de egresos contendrá la remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda; y que la remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado y de los fideicomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I del propio artículo. El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja. Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos. La misma problemática se tiene en el artículo 7 del ordenamiento impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permite esa discrecionalidad porque solamente establece que las remuneraciones se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual, precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que confirma que se está ante una regulación que no fija límites a la autoridad, cuando el ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria, pues por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de autoridad debe estar acotado o encausado conforme a la Constitución y a las leyes que de ésta derivan, sin embargo, en el caso, del examen relacionado a los preceptos cuestionados se acredita que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer remuneraciones queda sujeta a los deseos de esa autoridad sin limitación alguna o criterio orientador que impida establecer sueldos que inobserven los principios del artículo 127 constitucional. La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda alguna de los razonamientos expuestos por el Constituyente Permanente en el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, de donde se desprenden los mandatos dirigidos al Congreso de la Unión, quien debía hacer efectivo el contenido del artículo 127 constitucional y de las disposiciones también constitucionales relativas. En ese contexto, se acentúa que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público. A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos se introdujeron hipótesis normativas que simplemente aluden a ese referente máximo, pero no existen otras que contengan los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho de que los preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución no hace a la ley ordinaria inconstitucional, también lo es que las órdenes fijadas en ese precepto constitucional son claras, por cuanto el legislador debía contemplar supuestos normativos que desarrollaran no sólo ese precepto constitucional, sino el resto de disposiciones del mismo rango que impacten en el servicio público. En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie. Por añadidura, el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración. Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la República es el referente que irradia en la fijación del resto de remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de remuneraciones el Poder Reformador exigió proporcionalidad según las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten lograr ese mandato constitucional, ya que no contienen los elementos, metodología o procedimientos para respetar la proporcionalidad, la cual se orienta en los grados de responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse proporcionalmente, según se desprende de lo expuesto en el dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el Pleno de ésta, por cuanto se expuso la necesidad de que los sueldos respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público, expresión ésta que subraya la importancia de haber introducido el término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, desde luego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los niveles de responsabilidad. Lo antedicho guarda importante relación con un diverso mandato que permite que existan servidores públicos que puedan obtener una remuneración mayor a la de su superior jerárquico, para lo cual el Poder Reformador introdujo cuatro excepciones en la fracción III del artículo 127 constitucional, a saber, que el excedente de la remuneración: a. Sea consecuencia del desempeño de varios cargos públicos; b. Sea producto de las condiciones generales de trabajo; c. De un trabajo técnico calificado; o d. Por especialización en la función, con la condición de que la suma de esas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y, desde luego, de que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico. A pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe. En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos. Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas. Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en cuenta: ( Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto; ( Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico; ( Especialización; ( Riesgo asociado al desempeño de las funciones; ( Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público; ( Índice inflacionario; ( Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado; ( Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y, ( La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen. Los anteriores criterios, se aclara, sólo son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera discrecional. Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad. En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de Diputados quede al arbitrio de la autoridad. Cabe aclarar que estas conclusiones no equivalen a desconocer la facultad exclusiva que tiene esa Cámara para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, pues lo que aquí se está acentuando es que esa facultad no se ejerza de manera tal que se traduzca en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o tan escueta que afecte la eficacia y calidad de la función pública, razones que explican la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, que no sólo violan el artículo 127 constitucional, sino también aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal. De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En la ejecutoria transcrita, la Suprema Corte declaró la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III (la totalidad de la fracción en sus párrafos primero y segundo), IV, incisos b) y c) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con base en las razones que enseguida se sintetizan. Señaló que la regulación establecida en la ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo de alta especialización. Refirió que el artículo 6 reproduce en buena medida la fracción III del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar la Cámara de Diputados al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores públicos. Precisó que el examen conjunto de los artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues finalmente sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es así que la fracción I del artículo 127 constitucional incluye en el concepto de remuneración no sólo los pagos en efectivo, sino también en especie. Añadió que el Constituyente Permanente tuvo como eje a observar, la proporcionalidad que debe existir entre las remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo 127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus responsabilidades. Pese a ello, los preceptos impugnados terminan inobservando esas características que la propia Constitución exige para toda remuneración. Agregó que a pesar de lo palpable de los objetivos buscados con la reforma constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127 constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe. Puso énfasis en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé que el Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de la Federación y los órganos constitucionales autónomos. Recalcó que la Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. Insistió que tanto constitucional como convencionalmente, la independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en lo que concerniente a los órganos constitucionales autónomos, la autonomía presupuestal y, por tanto, la capacidad de decidir la remuneración de sus servidores públicos responde también a la necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas. Concluyó que estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos constitucionales autónomos, constituyen una obligación de contenido constitucional y también convencional que el legislador federal debió de observar en los preceptos que se analizan de la Ley reclamada; en otras palabras, el legislador debió armonizar el principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Ahora bien, es importante reiterar que, conforme a lo señalado en la propia ejecutoria de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, la declaratoria de invalidez sobre el artículo 6, fracción III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otros artículos, surtió efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso de la Unión (veinte de mayo de dos mil diecinueve), es decir, con anterioridad a la presentación de la denuncia que se analiza (veintinueve de junio de dos mil veintitrés). Expuesto lo anterior, se pone de manifiesto que se debe establecer primero, si con motivo de alguna prestación, percepción extraordinaria u otro concepto o derecho derivado de las Condiciones Generales de Trabajo o bien, de alguna disposición contractual o laboral, la dependencia pagaba a la autoridad fiscal y en nombre de la denunciante, las contribuciones causadas por concepto de remuneraciones del servicio público que percibía como lo son las enlistadas a continuación. CONCEPTO ADMINISTRATIVO TÉCNICO Y MANUAL AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR CINVESTAV P22) BECA DE EXCLUSIVIDAD X P23) BIENESTAR SOCIAL X X P24) DESPENSA X X X P27) MATERIAL DIDÁCTICO X P35) BECA AL DESEMPEÑO X X P38) AYUDA DE TRANSPORTE X X P06) AGUINALDO X X X P11) PRIMA VACACIONAL X X X P57) COMPENSACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO X X X P58) ESTÍMULO AL TRABAJADOR DE FIN DE AÑO X P19) AYUDA DE ALIMENTOS X P13) RECOMPENSA ANUAL POR ANTIGÜEDAD X X X P34) PRÓTESIS DENTAL X X X P17) ANTEOJOS Y PUPILENTES X X X P18) APARATOS ORTOPÉDICOS X X X P20) AYUDA PARA COMPRA DE LIBROS Y UNIFORMES ESCOLARES X X X P39) AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN X X X P44) AYUDA PARA ENCUADERNACIÓN DE TESIS X X X Indudablemente, se requiere precisar si previamente a la emisión del acto tildado de inconstitucional, la parte quejosa tenía o no un derecho reconocido en alguna norma contractual o disposición general de carácter vinculante a percibir, como parte de sus prestaciones laborales, el beneficio de que la dependencia-patrón y que esta a su vez pagara el impuesto sobre la renta de las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones del servicio público. Para ello, es necesario traer a cuenta el artículo 14 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de diciembre de dos mil dieciocho, que dispone: "Artículo 14.- Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Asimismo, quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados y los préstamos o créditos no formarán parte de la remuneración, cuando se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo." Ahora bien, es necesario traer a consideración el oficio 190011 de quince de enero de dos mil diecinueve (que obra en el escrito de denuncia a foja 08): "Por medio del presente y en alcance a la circular 190004 de fecha 10 de enero de 2019 mediante la cual se comunicó la aplicación de la nueva "Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento los conceptos en los cuales se está realizando la retención del impuesto sobre la renta, a partir de la primera quincena de enero del presente año, derivado de la aplicación de la citada Ley de Remuneraciones: Lo anterior, en atención a la petición del Consejo Académico Consultivo de este Centro de Investigación, realizada en reunión de fecha 14 de enero de 2019, en la cual se dieron a conocer los detalles de las gestiones que se han llevado a cabo antes las autoridades correspondientes, para salvaguardar los intereses de los trabajadores de la institución respecto de la aplicación de dicha Ley de Remuneraciones, ya que es sumamente importante para esta administración mantener informada a nuestra comunidad y dar a conocer los detalles que día a día se han presentado en relación a estas nuevas disposiciones (.)". En él se advierte el impuesto sobre la renta respecto a los conceptos: Beca de Exclusividad, bienestar social, despensa, material didáctico, beca al desempeño académico, ayuda de transporte, aguinaldo, prima vacacional, compensación especial de fin de año, estímulo al trabajador de fin de año, ayuda de alimentos, recompensa anual de antigüedad, prótesis dental, anteojos y pupilentes, aparatos ortopédicos, ayuda para compra de libros y uniformes escolares y ayuda para gastos de defunción. No pasa inadvertido que el oficio en cita fue exhibido en copia simple, no obstante, dicha documental fue exhibida en copia certificada en el diverso expediente relativo al juicio de amparo 2653/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, y el cual se valoró en tales términos en la sentencia dictada en dicho sumario, la cual se tiene a la vista como hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Ahora, conviene precisar que además de la documental en cita la denunciante señala que labora para el Centro de investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y para acreditarlo exhibe diversos CFDI a su nombre, a los que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y acreditan que la promovente es servidora pública adscrita al órgano desconcentrado en cita, en donde se desempeña como Investigador CINVESTAV 3 C. Adicionalmente, es oportuno mencionar que en el oficio 190011 que se comenta, se indica el pago de las prestaciones señaladas con anterioridad y están reconocidas por el informe de la autoridad, por lo que, pone en evidencia que la parte quejosa cuenta con el derecho que defiende en esta contienda constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, en específico, del oficio 190011 de quince de enero de dos mil diecinueve -al que se reconoció valor probatorio pleno en esta resolución-, se desprende que el Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional informó los conceptos en los cuales se estaría realizando la retención del Impuesto sobre la Renta a cargo de los mismos, con efectos a partir de la primera quincena de enero de dos mil diecinueve. Además, en su informe justificado, las autoridades del CINVESTAV confesaron la aplicación del dispositivo cuestionado, por lo que, con las pruebas aportadas y lo señalado por la autoridad responsable en su informe, es factible concluir que también quedó plenamente acreditada la aplicación de la porción legal cuestionada. En razón de lo hasta aquí expuesto, es obligatorio concluir que asiste razón a la denunciante en el sentido de que la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada, ES FUNDADA, al haberse emitido con fundamento en una disposición que el Tribunal Constitucional del Estado Mexicano invalidó en un precedente que es de observancia obligatoria para este juzgado de Distrito en términos de lo ordenado por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No constituye obstáculo a la anterior conclusión, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, la Suprema Corte no haya realizado un estudio específico del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece lo siguiente: "Artículo 6.- En ningún caso se cubre una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución jurisdiccional. Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto." Efectivamente, los motivos por los cuales el Alto Tribunal no realizó pronunciamiento específico sobre ese enunciado, se explican si se tiene en cuenta que los artículos 6 y 7 fueron examinados sistemáticamente -no de manera aislada-, puesto que en ellos se enumeran las bases para la determinación de la remuneración de los servidores públicos y son éstas las que resultaron contrarias al principio de división de poderes establecido por el régimen constitucional democrático mexicano. Además, la ausencia de un pronunciamiento específico se justifica porque el análisis practicado por el Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad se efectuó sobre la base de violaciones globales y no sobre hipótesis normativas concretas. Por ello, se reitera, no se realizó un estudio particular sobre el párrafo segundo de la fracción III del artículo 6 en la ejecutoria reproducida. Tal circunstancia, sin embargo, no puede traducirse en el desconocimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad sobre la porción normativa en estudio. Es decir, el hecho de que no se haya emitido pronunciamiento específico sobre dicha disposición no exime a este órgano jurisdiccional de regirse por lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, dado su carácter vinculante en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho en otras palabras, si bien la ausencia de un pronunciamiento específico sobre la porción normativa habilitaría a este órgano jurisdiccional a realizar un nuevo estudio para fijar sus alcances y dar una solución jurídica al cuestionamiento de constitucionalidad bajo el análisis de hipótesis concretas, lo objetivamente cierto es que ese margen no es discrecional sino que está acotado por las razones dadas en la acción de inconstitucionalidad, lo que se traduce en que no se podría llegar al extremo de dictar una resolución contraria a los alcances fijados previamente por el Alto Tribunal, aún bajo el análisis de hipótesis concretas no analizadas por aquél. Por tanto, aunque las razones contenidas en los considerandos que fundan los resolutivos en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y 108/2018, se ocuparon de manera destacada del Poder Judicial de la Federación y de los órganos constitucionales autónomos (conocidos en la literatura especializada como OCA's), no así de los organismos públicos descentralizados de la administración pública federal, como es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. (CINVESTAV), es claro que sí se dieron diversas razones que vinculan a este juzgado a seguir el precedente de la Suprema Corte. Se sostiene lo anterior, debido a las siguientes premisas: Primera, porque el vicio de inconstitucionalidad analizado por el Alto Tribunal en relación con la porción normativa reclamada, irradia sus efectos sobre el ámbito material de aplicación de la disposición aún y cuando las razones dadas sean genéricas y no se refieran específicamente a la porción reclamada. Demostración. La Suprema Corte concluyó a partir de un examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III, IV, incisos b) y c), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya sea a la alza o a la baja. Precisó que uno de los objetivos de la reforma constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del resto de retribuciones del servicio público. Una razón fundamental para declarar la inconstitucionalidad de la norma reclamada, fue que el legislador soslayó armonizar el principio de división de poderes para establecer criterios objetivos a fin de determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores públicos. Otra consideración fue que la Cámara de Diputados no debía ejercer de manera arbitraria su facultad exclusiva para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal; esto es, que a través del Presupuesto de Egresos el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, no podía ser aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración fuera excesiva o tan escueta que afectara la eficacia y calidad de la función pública, dado que ello sería violatorio no solamente del artículo 127 constitucional, sino también de aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal. Conforme a lo anterior, es posible advertir que las razones que fundan la declaratoria de invalidez comprenden a todos los poderes, unidades y órganos propios del servicio público; asimismo, que la arbitrariedad con la que se determina el salario del Presidente de la República impacta a la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión; y, que el salario del titular del Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos no puede ser aumentado o disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración sea excesiva o bien tan precaria que afecte la eficacia y calidad de la función pública. Tales razones son plenamente aplicables en el caso concreto, porque la disminución de las remuneraciones que percibía la parte quejosa se hizo con apoyo en el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual es violatorio del sistema remuneratorio de los servidores públicos federales previsto en el artículo 127 constitucional, así como de aquellas disposiciones vinculadas con salarios del servicio público, como lo son el 94 y 123, apartado B, fracción IV de la propia Constitución Federal, lo cual se tradujo, en el caso concreto, en una transgresión a las garantías de irreductibilidad del salario y de seguridad y 16 de dicho ordenamiento; habida cuenta que la disposición fue declarada inconstitucional en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018. Segunda, las razones del Alto Tribunal vinculan a este juzgado a seguir el precedente, porque la porción normativa impugnada debe necesariamente someterse al análisis constitucional a través de esta vía de amparo, no solamente como una disposición aislada sino sobre todo bajo el contexto de las disposiciones que regulan el sistema remuneratorio de los servidores públicos federales. La razón que justifica ese proceder, es que la porción en estudio no puede desvincularse del sistema establecido en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el que se encuentra integrada, sino que se requiere comprenderla de manera holística y conforme al entorno en el que está inserta. De esa manera, partiendo de la base de que el artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en criterio obligatorio para este juzgado, se torna claro el argumento de que todos los actos de aplicación derivados de dicho dispositivo legal deben correr la misma suerte, al ser fruto de un acto viciado de origen. Es ilustrativa la jurisprudencia con el número de registro 252103, de rubro: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE." En esa línea argumentativa, deviene inconstitucional la aplicación del artículo 6, fracción III, párrafo segundo, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que se tradujo en que la autoridad administrativa - ejecutora del gasto- retuvo y enteró las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de la parte quejosa en su carácter de servidora pública y no se pagaron por la dependencia en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto; inconstitucionalidad que es extensiva sobre los efectos y consecuencias que hayan derivado de esa aplicación. Por tanto, ha lugar a declarar fundada la denuncia que se resuelve. SEXTO. Efectos de la Denuncia Fundada. Con fundamento en el artículo 210, fracción I, último párrafo de la Ley de Amparo, se declara fundada la presente Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 19/2023 promovida por Fabiola Constanza Nava Alonso, por propio derecho, contra el Director General, Secretario Administrativo y Subdirectora de Recursos Humanos, todos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con sede en la Ciudad de México, para el efecto de que el Director General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, deje sin efectos el acto denunciado por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, apercibido que de no hacerlo en el plazo de tres días a que contrae el numeral 210 de la Ley de Amparo, se estará a lo que previenen los numerales 192 a 198 de la ley invocada. SÉPTIMO. Publicación de la resolución. Conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en la presente denuncia, así como la información reservada. OCTAVO. Captura de resolución. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO. Es procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad determinada en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos del considerando sexto de la presente resolución; y, SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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