Fabiola Castañeda Quintero

Expediente 926/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
926/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Fabiola Castañeda Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de tres de siete de agosto de dos mil diecinueve (folios 55 a 59), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. El presente expediente, a consideración de la suscrita, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio y no se tramitó incidente de suspensión. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Toda vez que existen documentos exhibidos por la parte quejosa, los cuales se encuentran glosados, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de diez días, a recogerlos. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de no recoger los documentos exhibidos, en el término concedido, podrán ser destruidos junto con el expediente, sin necesidad de acuerdo previo.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta Auxiliar de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, remiten copia certificada de todo lo actuado el juicio laboral 1639/2008/2-G, en complemento a su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para los efectos legales a que haya lugar. Se sobresee fuera de audiencia. Del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte actualiza una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa Fabiola Castañeda Quintero, señala como acto reclamado, la omisión de llevar acabo el trámite de liquidación de plantilla y con ello poder llevar acabo el remate del bien embargado, en el juicio laboral 1639/2008-G-B, lo cual le atribuye a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. En efecto, respecto al citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual textualmente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:(.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.(.)". La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causal de improcedencia transcrita, ha establecido los siguientes criterios: El primero, emitido en la Novena Época, por la Segunda Sala, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, tesis 2a. CXI/96, en su página doscientos diecinueve, de rubro y contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". El segundo, sustentado en la Quinta Época, por la extinta Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, página cuatro mil novecientos ochenta y uno, de epígrafe y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente ... ... «contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido, por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica». Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que ésta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". Así como la emitida en la Quinta Época, por la otrora Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página mil quinientos setenta y tres, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.- Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". De los criterios anteriores, así como del texto de la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la operancia de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. En ese orden de ideas y como se adelantó, el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de llevar acabo el trámite de liquidación de plantilla y con ello poder llevar acabo el remate del bien embargado, en el juicio laboral 1639/2008-G-B. Así, y de la copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 44 y 45), la Junta responsable en atención a los escritos presentados por la apoderada especial de la parte actora, aquí quejosa, por los cuales solicita la asignación de perito para evaluar el bien inmueble, indicó que se estuviera a lo ordenado en veinticuatro de octubre de dos mil trece, donde se había designado perito en la materia, el cual fue notificado el siete de julio de dos mil quince, y quien hasta ese momento no ha presentado avalúo alguno. Tuvo por recibidos los diversos escritos suscritos por la apoderada especial de la parte actora, los cuales fueron presentados en la oficialía de partes de la Junta responsable, en veinticinco de septiembre de dos mil quince, quince de marzo de dos mil dieciséis, tres de enero de dos mil diecisiete, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, seis de noviembre de dos mil dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, y ordenó agregarlos a los para que surtieran los efectos legales correspondientes, teniendo por hechas las manifestaciones contenidas en ellos. Precisó, que previo a acordar lo conducente a las peticiones realizadas por la apoderada especial -requerimiento del poseedor del bien inmueble embargado, y parte patronal, actualización de la planilla de liquidación, como objetivo de llevar a cabo la ejecución del laudo-, resulta necesaria la realización del avalúo por parte del perito Rubén González Ramírez, para estar en posibilidad de acordar la actualización de la planilla. Finalmente, ordenó que se notificara personalmente al poseedor del inmueble embargado, para que haga valer sus derechos y al experto Rubén González Ramírez, así como a las partes por medio de lista de notificación que se publicó en los estrados de ese Tribunal, en términos del artículo 746 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, como ya se dijo, en el caso particular con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintidós de abril de dos mil diecinueve), la junta responsable mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, proveyó los escritos presentados por la apoderada especial de la actora, aquí quejosa, precisando que previo a atender las solicitudes realizadas, resulta necesario el avalúo del experto Rubén González Ramírez. Deriva de lo anterior, resulta improcedente la acción constitucional ejercida, cuando con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto, como en el presente caso el proveído donde se requirió al experto la rendición de su pericial, a fin de llevar a cabo la continuidad de la ejecución del lado, lo que trajo como resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de manera que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Dicha situación sucede porque, cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones, esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores de modo que pueden subsistir, con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. De ahí que cuando se impugne como acto reclamado la omisión de llevar acabo el trámite de liquidación de plantilla y con ello poder llevar acabo el remate del bien embargado, en el juicio laboral 1639/2008-G-B, y existe una actuación de la junta laboral posterior que revele un requerimiento de un tercero, como es el caso al perito valuador, se esté en presencia de un cambio de situación jurídica y por tanto opere la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, es evidente que se actualizan la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, de forma notoria, manifiesta e indudable, por lo cual procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la fracción IV del diverso ordinal 63, de la legislación de la materia. Se deja sin efectos fecha de la audiencia constitucional. En consecuencia de la presente determinación, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y nueve minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, el Presidente de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindió el informe justificado, al que anexó copia certificada de diversas constancias; sin embargo, a efecto de resolver el presente juicio es necesario contar con la totalidad de las constancias que integran el expediente 1639/2008, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, a fin de que remita copia certificada y legible de la totalidad del citado expediente laboral. II. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisa en informar las causas legales o materiales que se lo impidan, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Cabe precisar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.. III. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Toda vez que se advierte, que a la suscrita secretaria se le designó para fungir como encargada del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse de licencia, el titular del juzgado, Helmuth Gerd Putz Botello, se carece de facultades legales para dictar fallos en definitiva. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia de lo anterior, al carecer de la facultad esencial citada en el anterior párrafo, se difiere la audiencia constitucional que debió haberse celebrado el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala:

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