Fabiola Carolina del Toro Ortíz

Expediente 804/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
804/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Fabiola Carolina del Toro Ortíz

Actuaciones

  1. Principal

    "....Vistos los autos y la certificación precitada; como no se interpuso recurso de revisión dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra la resolución de trece de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha quedado firme. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta; archívese el presente asunto como concluido...."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, a través del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado negando el acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibidas las documentales que anexa como apoyo a su informe consistente en constancias que integran el expediente 1291/2021(4) BIS, de su índice, dentro de las que destacan el auto de seis de junio de dos mil veintidós, y su respectiva constancia de notificación. En ese sentido, es importante destacar que no ha lugar a requerir a la parte quejosa, para que amplíe su demanda de amparo, respecto de dicha determinación, al no ser de imposible reparación, sino se trata de un acuerdo dictado durante la sustanciación del expediente natural, de donde deriva la omisión combatida; por tanto, se trata de un acto intraprocesal, contra el cual deviene improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". En apoyo a lo antes expuesto, se citan las tesis: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P. LVII/2004, página 9, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". (Tesis P. LVIII/2004, página 10, XX, Octubre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época). En otro aspecto, de la lectura de las documentales públicas de mérito, se estima que en el particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la Ley de Amparo vigente, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, la quejosa Fabiola Carolina del Toro Ortiz o Carolina Fabiola del Toro Ortiz, reclamó de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, recibido por la responsable el uno de octubre del mismo año, a través del cual demandó a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, diversas prestaciones. Luego, de las constancias que remitió la Junta responsable como justificación a su informe de ley, se aprecia que con fecha seis de junio de dos mil veintidós, dictó un acuerdo dentro del expediente 1291/2021(4) BIS, de su índice, mediante el cual tuvo a la aquí quejosa demandando a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Omar Vergara Fernández y Aidee Soledad Vergara Rodríguez, en su carácter de beneficiaria y dependiente económico del extinto trabajador, y en consecuencia, ordenó la investigación a que se refiere el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo aplicable. Determinación que fue notificada a la parte peticionaria del amparo el once de julio de dos mil veintidós, a través de su autorizado legal en esta instancia Edilberto Rubén López Benítez, como se desprende de la razón de notificación de esa propia fecha. Por lo que se estima, que con ello se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con la determinación que dictó la autoridad responsable, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, fuera de audiencia. De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución sería el mismo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por ***** o ******, contra actos de la Junta Especial número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca...se admite la demanda de garantías de cuenta, tramítese sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado... Se fijan las NUEVE HORAS VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para celebrar la audiencia constitucional..."

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