Fabiola Blas Ruiz
Expediente 7/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fabiola Blas Ruiz
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por **************, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; al respecto, se acuerda: Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, ya que la parte quejosa únicamente la autorizó, de manera expresa, para recibir notificaciones y consultar el expediente, esto es, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo cual no se encuentra facultada para actuar dentro del presente juicio. No se soslaya que en el proemio y al calce del ocurso de cuenta obre el nombre de la quejosa *************; sin embargo, como el mismo fue firmado electrónicamente por la nombrada autorizada, tal y como quedó asentado anteriormente, debe entenderse que lo plasmado en él -escrito- es voluntad de quien lo suscribe.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 21 del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió con su demanda, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de seis de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se determinó desechar el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 21 del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído se le practique, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió con su demanda, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza y la Secretaria adscritas al Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 7/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en: El auto de ********************, emitido en el juicio civil ******************** de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual se le requirió el pago retroactivo del monto del arrendamiento desde la celebración del contrato y los meses subsecuentes, ordenando poner a disposición del albacea las rentas generadas con motivo del contrato celebrado con ********************. De igual forma, es necesario destacar que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuye: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del numeral transcrito se advierte que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario a través del cual pueden ser modificados total o parcialmente los autos dictados por el juez y que no sean apelables. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama el auto de ********************, emitido en el juicio civil ******************** de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante la cual se le requirió el pago retroactivo del monto del arrendamiento desde la celebración del contrato y los meses subsecuentes, y el referido numeral 232 del indicado ordenamiento legal, prevé un recurso que tiene por objeto la modificación total o parcial del auto impugnado; es incuestionable que la parte quejosa, previo acudir al juicio de amparo, debió interponer el referido medio de impugnación (revocación) para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria ya que: I. No se trate de un tercero extraño a procedimiento, dado que la autoridad responsable le requirió actuara en el juicio de origen, a lo cual compareció en diversas ocasiones para exhibir la documentación solicitada y realizar diversas manifestaciones, por lo que se integró a la relación jurídica procesal y, como consecuencia, estaba legitimado para interponer el señalado medio de defensa; II. El acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, III. Tampoco consiste en orden de aprehensión ni de reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal. Sin que obste lo anterior el hecho de que el acto reclamado pudiera considerarse de imposible reparación, toda vez que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de Nación que la acción constitucional de amparo procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos idóneos. Se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo solicitado. Téngasele proponiendo el correo electrónico lic.anitarangel@outlook.com, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II,0 del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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