Fabiola Ayala Landa
Expediente 1274/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fabiola Ayala Landa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Proceda a realizar un nuevo estudio a la petición de la quejosa de una salida alterna de solución, con libertad de jurisdicción conforme a derecho, pero de manera fundada y motivada valore las pruebas aportadas tanto periciales como de entrega de los equinos, muerte de uno de ellos, que impactan en la reparación del daño, que la justiciable pide como reclasificación del delito; asimismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de la constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar ello con libertad de jurisdicción; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de las constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar con libertad de jurisdicción, en la que se advierte siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable proceda a realizar un nuevo estudio a la petición de la quejosa de una salida alterna de solución, con libertad de jurisdicción conforme a derecho, pero de manera fundada y motivada valore las pruebas aportadas tanto periciales como de entrega de los equinos, muerte de uno de ellos, que impactan en la reparación del daño, que la justiciable pide como reclasificación del delito; asimismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, se advierte que la responsable mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de las constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar con libertad de jurisdicción, en la que se advierte siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual manifiesta no estar conforme con el cumplimiento que emite la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención que no valora debidamente las pruebas aportadas en la carpeta de investigación e incluso no ordena desahogar nuevos dictámenes para así determinar la reparación del daño y si fuera el caso dar oportunidad de contradecir dicha valoración, de lo que se desprende e que la responsable evade el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo como la debida integración de la carpeta de investigación en que se actúa ya que no se determina debidamente el detrimento patrimonial la reparación del daño. Visto lo anterior, dígasele a la parte quejosa que contrario a sus manifestaciones, y a criterio de este órgano jurisdiccional la autoridad en la etapa que se analiza cumple con el núcleo de la ejecutoria de amparo en atención que al emitir su nuevo acto, lo hace de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, atendiendo a la ejecutoria de amparo y a las facultades que tiene para emitir sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación, ya que la figura del procedimiento abreviado o salida alterna que busca el quejoso es potestativa para el Ministerio Público ya que debe atender a la política criminal en la República Mexicana, y para decidir en ese contexto se adoptaran medidas para que cumplan sus finalidades, máxime que no debemos pasar por alto que el acuerdo a que pudiera llegar con el quejoso se trata propiamente de un convenio que debe prevalecer la voluntad de las partes, luego si el ministerio público dentro del ámbito de sus atribuciones una vez emitido el nuevo acto en cumplimiento a la ejecutoria ha determinado la improcedencia de la medida alterna luego entonces ha dado cumplimiento a la materia de la ejecutoria de amparo cuestión formal y no de fondo; además las manifestaciones que ahora vierte la quejosa se desprende que son cuestiones de fondo, tan es así que ahora incluso solicita desahogo de nueva pruebas entre ellas la pericial, lo cual no fue materia de la ejecutoria, por lo anterior sus argumentos no pueden ser materia de estudió en la presente determinación, a más de que se dio a la autoridad señalada como responsable libertad de jurisdicción para resolver dada la potestad que tiene la autoridad investigadora, en todo caso en su oportunidad la parte quejosa de no estar conforme lo debe de hacer valer ante la autoridad correspondiente, ya que de la ejecutoria no se advierte lineamiento de fondo alguno que deba hacer la responsable o que se ordenara incluso el desahogo de nuevas pruebas, y como ya se mencionó con anterioridad tiene a salvo sus derechos para que lo haga valer en su oportunidad en el procedimiento correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Proceda a realizar un nuevo estudio a la petición de la quejosa de una salida alterna de solución, con libertad de jurisdicción conforme a derecho, pero de manera fundada y motivada valore las pruebas aportadas tanto periciales como de entrega de los equinos, muerte de uno de ellos, que impactan en la reparación del daño, que la justiciable pide como reclasificación del delito; asimismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de la constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar ello con libertad de jurisdicción; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, ya que mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de las constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar con libertad de jurisdicción, en la que se advierte siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable proceda a realizar un nuevo estudio a la petición de la quejosa de una salida alterna de solución, con libertad de jurisdicción conforme a derecho, pero de manera fundada y motivada valore las pruebas aportadas tanto periciales como de entrega de los equinos, muerte de uno de ellos, que impactan en la reparación del daño, que la justiciable pide como reclasificación del delito; asimismo deberá observar lo dispuesto por el artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la responsable mediante oficio SEIDO/UIETA/2627/2021 de seis de mayo de dos mil veintiuno, exhibió copia certificada de las constancia que emitió el treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro de la carpeta de investigación correspondiente, por medio del cual se declaró improcedente conceder la medida solicitada por la parte quejosa, fundando y motivando su actuar con libertad de jurisdicción, en la que se advierte siguió los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Sin que pase desapercibido para quien resuelve las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual manifiesta no estar conforme con el cumplimiento que emite la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención que no valora debidamente las pruebas aportadas en la carpeta de investigación e incluso no ordena desahogar nuevos dictámenes para así determinar la reparación del daño y si fuera el caso dar oportunidad de contradecir dicha valoración, de lo que se desprende e que la responsable evade el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo como la debida integración de la carpeta de investigación en que se actúa ya que no se determina debidamente el detrimento patrimonial la reparación del daño. Visto lo anterior, dígasele a la parte quejosa que contrario a sus manifestaciones, y a criterio de este órgano jurisdiccional la autoridad en la etapa que se analiza cumple con el núcleo de la ejecutoria de amparo en atención que al emitir su nuevo acto, lo hace de manera fundada, motivada y con libertad de jurisdicción, atendiendo a la ejecutoria de amparo y a las facultades que tiene para emitir sus actuaciones dentro de la carpeta de investigación, ya que la figura del procedimiento abreviado o salida alterna que busca el quejoso es potestativa para el Ministerio Público ya que debe atender a la política criminal en la República Mexicana, y para decidir en ese contexto se adoptaran medidas para que cumplan sus finalidades, máxime que no debemos pasar por alto que el acuerdo a que pudiera llegar con el quejoso se trata propiamente de un convenio que debe prevalecer la voluntad de las partes, luego si el ministerio público dentro del ámbito de sus atribuciones una vez emitido el nuevo acto en cumplimiento a la ejecutoria ha determinado la improcedencia de la medida alterna luego entonces ha dado cumplimiento a la materia de la ejecutoria de amparo cuestión formal y no de fondo; además las manifestaciones que ahora vierte la quejosa se desprende que son cuestiones de fondo, tan es así que ahora incluso solicita desahogo de nueva pruebas entre ellas la pericial, lo cual no fue materia de la ejecutoria, por lo anterior sus argumentos no pueden ser materia de estudió en la presente determinación, a más de que se dio a la autoridad señalada como responsable libertad de jurisdicción para resolver dada la potestad que tiene la autoridad investigadora, en todo caso en su oportunidad la parte quejosa de no estar conforme lo debe de hacer valer ante la autoridad correspondiente, ya que de la ejecutoria no se advierte lineamiento de fondo alguno que deba hacer la responsable o que se ordenara incluso el desahogo de nuevas pruebas, y como ya se mencionó con anterioridad tiene a salvo sus derechos para que lo haga valer en su oportunidad en el procedimiento correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado del incidente de suspensión carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Marco Antonio Pavón Martínez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. Al respecto, téngase por hechas las manifestaciones de la parte quejosa, las cuales serán tomadas en consideración al momento de que este Juzgado Federal se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Oswaldo Pérez Hernández, Agente del Ministerio de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación, Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la Fiscalía General de la República, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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