Fabiola Avendaño Viera
Expediente 623/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fabiola Avendaño Viera
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; cinco de agosto de dos mil veinte. Vistas las constancias que integran los presentes autos, y la certificación de cuenta, en la que se hace constar que del veintinueve de julio al cuatro de agosto del año en curso, no se interpuso medio de impugnación alguno en contra del acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veinte, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Manuel Iván Reyes Hernández, quien se ostenta como representante legal de Fabiola Avendaño Viera, contra actos atribuidos al Gobierno de la Ciudad de México. Con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tal motivo, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado de Distrito, y al no haber diligencias pendientes por realizar, de conformidad con lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma Ma. Esther Prado Olvera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme al oficio número CCJ/ST/1744/2020 de veintisiete de julio de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de Guadalupe Carmen Bonilla García, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Secretaria Secretaria encargada del despacho Jyrs
- Principal
Ciudad de México; veinticuatro de julio de dos mil veinte. Vistas las constancias que integran los presentes autos, así como de la certificación de cuenta en la que se hace constar que del diecisiete al veintitrés de julio del año en curso, la parte promovente no desahogó la prevención contenida en el auto de catorce de julio de dos mil veinte, en el término concedido para tal efecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el citado acuerdo y con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Manuel Iván Reyes Hernández, quien se ostenta como representante legal de Fabiola Avendaño Viera, contra actos atribuidos al Gobierno de la Ciudad de México. Notifíquese, y personalmente por lista a la parte quejosa de conformidad con el auto de catorce de julio del año en curso. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión de la Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretario Jyrs
- Principal
Ciudad de México; catorce de julio de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta, promovida y signada por ***, quien se ostenta como representante legal de ****, contra actos atribuidos al Gobierno de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1, 8 y 123, inciso B), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese de manera conjunta al expediente electrónico el expediente impreso, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 623/2020. A fin de proveer lo conducente sobre la admisión de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído realice lo siguiente: a) Deberá exhibir en vía electrónica documento legible en original o en copia debidamente certificada, del que se advierta de manera fehaciente que Manuel Iván Reyes Hernández, cuenta con facultades suficientes para instaurar el presente juicio de garantías en nombre y representación de Fabiola Avendaño Viera. En el entendido que el documento que al efecto exhiba, deberá reunir los requisitos señalados por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que regula la presentación de las demandas electrónicas, específicamente en su artículo 12, fracción f), que a la letra dice: "f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso". Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis I.13o.T.30 K (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo IV, página 3045, cuyo rubro y contenido es: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico", para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo, y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información." Asimismo, cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, del mes de Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la ley de amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el tribunal pleno, y luego por las salas de esta suprema corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "personalidad en el amparo. examinarla en cualquier estado del juicio, es legal" y "poderes insuficientes por omisión de requisitos. al dictarse la sentencia no procede prevenir al quejoso, sino sobreseer", para adoptar el criterio de que al juez de distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la ley de amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. la inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no presentada su demanda de garantías. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente que el documento que exhiba para acreditar la personalidad deberá haber sido otorgado con anterioridad a la presentación de la demanda, en apoyo a lo cual se invoca la jurisprudencia P/J.91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, Tomo XII, septiembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó." b) Deberá precisar a qué funcionario(s) o empleado(s) público(s) adscrito(s) al Gobierno de la Ciudad de México, le(s) otorga el carácter de autoridad(es) responsable(s), en razón de que este órgano jurisdiccional estima que dichas señalizaciones resultan ambiguas e irregulares, además de imprecisas, dado que la parte promovente se abstuvo de indicar con certeza si se refiere a su titular, o algún otro empleado(s) subordinado(s), máxime que en dichas dependencias existen una cantidad considerable de servidores públicos que ostentan diversos cargos. En la inteligencia de que si bien es cierto, no es su obligación proporcionar el(los) nombre(s) propio(s) de la(s) persona(s) que señala como responsable(s), en el presente caso, sí es menester que proporcione datos suficientes que permitan su identificación, sobre todo cuando la(s) citada(s) dependencia(s) está(n) integrada(s) por diversas personas, empleados o funcionarios que, como se dijo, desempeñan distintos cargos y funciones. Apercibida de que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, al ser la única autoridad señalada como responsable. c) Deberá precisar de manera clara y sin que quede lugar a duda, el acto o actos reclamados de un modo que denote un hecho autoritario, concreto y particular dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad; absteniéndose de hacer consideraciones subjetivas o de fondo al precisar tal información, toda vez que dichas actuaciones resultan, ambiguas, irregulares y obscuras, puesto que no precisa plenamente un actuar, o bien, una omisión atribuible a las autoridades responsables, respecto de los actos que señaló como: ".La pensión por fallecimiento del decuyus (sic) *** que hasta la fecha la autoridad responsable ha omitido información al respecto como cónyuge supérstite." Lo anterior es así, toda vez que no se advierte el perjuicio que le ocasionan los mencionados actos a su esfera jurídica, por lo que, se insiste, resultan ambiguas, irregulares y obscuras dichas manifestaciones y no se tiene la certeza de lo que pretende el quejoso; lo que debe ser precisado por la parte promovente de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, toda vez que con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del Tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 871, del tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Apercibido que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se dejará de tener como acto reclamado en el juicio de garantías. d) Deberá manifestar si es su deseo señalar como autoridades responsables a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Lo anterior, toda vez que señala como acto reclamado, entre otros, los artículos 130, 131 y 133, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, no señaló como autoridad responsable al Congreso de la Unión, quien participó en el proceso legislativo de dicha Ley. Circunstancia que debe ser precisada por la impetrante del amparo, pues con dicha información las autoridades responsables se encontrarán en aptitud cierta y precisa de rendir sus informes, sin incurrir en errores u omisiones que no les sean imputables a ellas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J.126/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página cinco, que prevé: "AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI NO SE LLAMÓ A JUICIO A UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que no es necesario ordenar la reposición del procedimiento si a pesar de advertirse falta de emplazamiento de la autoridad responsable, el sentido de la sentencia que se dicte no le causa perjuicio si se evidencia que procede negar el amparo o sobreseer en el juicio, pues de adoptarse una postura contraria se retrasaría injustificadamente la solución del asunto. Asimismo, sostuvo que en el amparo indirecto contra leyes debe llamarse ineludiblemente a las dos Cámaras del Congreso de la Unión para que quede debidamente integrado el procedimiento constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que la existencia de una jurisprudencia que decrete la inconstitucionalidad de la norma reclamada no puede validar la omisión de llamar a juicio a una de las Cámaras del Congreso de la Unión en su calidad de autoridad responsable, ni puede constituir causa para estimar innecesaria la reposición del procedimiento, porque se priva a la autoridad no emplazada de los derechos que pudiera hacer valer contra la admisión de la demanda de amparo, o bien, de exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente, o para insistir sobre las mismas o nuevas causas de sobreseimiento; además, el hecho de que exista una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la norma reclamada es inconstitucional no tiene como consecuencia invariable la concesión del amparo, ya que la intervención de la autoridad responsable puede trascender al sentido del fallo definitivo." Apercibida que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en este inciso, se proveerá en relación con la admisión de la demanda como inicialmente fue planteada. e) Deberá manifestar si los artículos 130, 131 y 133 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que tilda de inconstitucional la señala en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, y de ser heteroaplicativa deberá especificar el acto concreto de aplicación, ya que no hace manifestación alguna al respecto; y por tanto, no se tiene la certeza de dicha situación, pues dichas circunstancias deben ser precisadas por el quejoso de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, máxime que con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto. Apercibido de que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede, se proveerá en relación con la admisión de la demanda, sin tener como reclamados los actos por los cuales se formuló el presente requerimiento. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del Tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." f) Deberá manifestar si a su interés legal conviene señalar como actos reclamados "los artículos 57, 59, 67 y 129 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como los artículos 57, 68 y 69 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado"; y de ser así, deberá especificar la autoridad o autoridades a quienes los atribuye. Lo anterior, toda vez que de la lectura de la demanda se duele de dicha circunstancia, sin embargo no es señalada como actos reclamados en el capítulo correspondiente. Además, deberá precisar si las señala en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, y de ser heteroaplicativa deberá especificar el acto concreto de aplicación, ya que no hace manifestación alguna al respecto; y por tanto, no se tiene la certeza de dicha situación, pues dichas circunstancias deben ser precisadas por el quejoso de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, máxime que con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto. Apercibida que de ser omisa en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede, se proveerá en relación con la admisión de la demanda, sin tener como reclamados los actos por los cuales se formuló el presente requerimiento. Resulta aplicable en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del Tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". En el entendido de que los desahogos debe realizarse en términos del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Ahora, como expresamente lo solicita la parte promovente, se autoriza únicamente para oír recibir notificaciones e imponerse de los autos, así como recoger documentos a Manuel Iván Reyes Hernández, hasta en tanto registre su cédula en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito" y promueva. En la inteligencia de que los valores sólo podrán ser recogidos directamente por la parte quejosa, toda vez que de no ser así, se requeriría poder especial para ello, ya que dicho numeral no contempla tal facultad. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala en el proemio del ocurso que se provee, mismo que será utilizado para tal efecto, una vez que culmine la contingencia derivada de la pandemia por el virus COVID-19. Ahora, tomando en consideración que la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica de Manuel Iván Reyes Hernández, con fundamento en lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre de usuario a fin de habilitar la consulta del expediente electrónico y manifieste expresamente si es su deseo que las notificaciones personales que en su caso se ordenen en el presente asunto se realicen vía electrónica. Apercibida que de no realizar manifestación alguna al respecto, se suspenderá la tramitación del presente asunto "en línea". En cuanto al uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones contenidas en este juicio, dígasele al promovente que en atención a la circular número "12/2009", del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, no existe inconveniente para que la persona autorizada para oír y recibir toda clase de notificaciones, se imponga de los acuerdos dictados en el presente expediente, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras o escanear, lo anterior, para los efectos legales conducentes, una vez que culmine la contingencia por la que atraviesa el país. Finalmente, y en atención a las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se ordena que la notificación del presente acuerdo, se realice por estrados, esto a fin de preservar la salud de todas las partes debido a la epidemia que aqueja a nuestro país y en virtud de que el promovente no solicitó la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso artículo 18 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cago del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte. Por lo tanto, se ordena al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional que corresponda fijar para tal efecto en lugar visible en la planta baja del inmueble que ocupan los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a efecto de facilitar su consulta a las partes; o bien, dicha lista también puede ser consultada electrónicamente en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal en la página https://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm. Notifíquese, y personalmente por lista a la parte promovente. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión de la Secretaria Guadalupe Carmen Bonilla García, que autoriza y da fe. Doy fe. Jueza Secretaria
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