Fabiola Amalia Aguilera Cabrera
Expediente 1836/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1836/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fabiola Amalia Aguilera Cabrera
- Segunda Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para su mejor identificación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días contados a partir del que quede debidamente notificada del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda; apercibida que en caso de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se procederá a su destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para su mejor identificación. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días contados a partir del que quede debidamente notificada del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que acompañó a su escrito de demanda; apercibida que en caso de no hacerlo así dentro del plazo concedido, se procederá a su destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el escrito y anexos de cuenta, y en atención a su contenido, se tiene a la parte quejosa desahogando en tiempo y forma la prevención formulada en auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés; por lo tanto, se tiene a ******** promoviendo demanda de amparo por sus propios derechos y en representación de sus menores hijos de iniciales ****************, personalidad que se le reconoce al tenor de las documentales que anexa consistentes en copia certificada de las actas de nacimiento expedidas por el Director del Registro Civil del Estado de Chihuahua, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. Ahora bien, toda vez que del escrito se demanda se advierte que en el presente asunto están involucrados derechos de unas niñas, por lo cual debe reservarse la información en cuanto a sus nombres o características, en acatamiento a la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", y conforme lo preceptúa los artículos 76 y 77 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que protegen el derecho a la intimidad y la protección de sus datos personales. En virtud de lo anterior, consecuentemente el nombre de las niñas será sustituido por las siglas que se integren por la inicial de su nombre y apellidos. DESECHAMIENTO No obstante lo anterior, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que motivó la formación del presente juicio, ya que se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, del escrito inicial de demanda y escrito de desahogo de prevención, lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo; es aplicable al particular la jurisprudencia de contenido: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". (Época: Octava Época. Registro: 215188. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 68, Agosto de 1993. Materia(s): Común. Tesis: V.2o. J/75. Página: 77). En efecto, del estudio conjunto del ocurso de amparo y las manifestaciones que formula la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: ".La resolución emitida por la Segunda Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, dentro del toca ************, de su índice." En ese sentido, esta Juzgadora estima que respecto del acto que aquí se provee, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos últimos interpretados en sentido contrario, toda vez que no se está en el supuesto de un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El juicio de amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De la intelección de los preceptos transcritos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendidos como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad. En relación a ello, es preciso señalar que nuestro máximo tribunal de justicia de la nación ha determinado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las llamadas garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, el embargo, la imposición de multas, sólo por citar algunos. En tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". (Época: Octava Época, Registro: 205651, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/92, Página: 11). Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Ahora en el caso en estudio, del escrito inicial de demanda y ocurso aclaratorio, se desprende que la quejosa ************, promovió juicio en contra de *************, en favor de sus menores hijos, el cual fue radicado con el número ********** del índice del Juzgado Noveno Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. Asimismo, una vez emplazado el demandado dio contestación a la demanda y se fijó fecha y hora para la audiencia preliminar el quince de marzo de dos mil veintitrés, a la cual no compareció, y en la misma el representante legal de la actora aquí quejosa, solicitó tener por ciertos los hechos controvertidos y por desistido de las pruebas al demandado, lo cual no fue acordado de conformidad por el juez de origen. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, la cual fue confirmada por la Segunda Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, al resolver el toca ****************; resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Bajo este entorno, es evidente que el acto que en esta vía se reprocha, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales, por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja la parte inconforme, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de la Materia, puede quedar subsanada con posterioridad, si la resolución que ponga fin a ese juicio, resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrán reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interpongan en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia XI.T.Aux.C.J/1, visible en tomo XXX, julio de dos mil nueve, página mil seiscientos cuarenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo." Y finalmente la diversa tesis P.LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." De lo anterior, se advierte la improcedencia del presente controvertido, atento a que el acto reclamado no tiene de momento sobre la impetrante del amparo una ejecución que sea de imposible reparación, ya que éste no le afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales. Entonces, el acto reclamado no es de aquéllos que generan un perjuicio de imposible reparación, que a manera de ejemplo son, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., Lo anterior, pues en los primeros dos casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero la libertad personal, en el cuarto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto la libertad de trabajo, y en el sexto la de tránsito, sin que ninguna de estas afectaciones se pueda reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, se concluye que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Conclusión esta última que de ningún modo soslaya que en el caso se involucran tres niños, empero, el alcance de la protección reforzada que en su favor se impone a todos los juzgadores, no implica ni puede tener el alcance de pasar por alto las exigencias legales y constitucionales incluso, para la procedencia del juicio de amparo. Se cita como sustento por las razones que expone, la tesis de rubro y contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE ES IMPROCEDENTE UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la suplencia de la queja deficiente opera invariablemente tratándose de la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz. Ahora bien, aun cuando dicha suplencia tiene como finalidad resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, siendo procedente, inclusive, en algunas materias, ante la omisión de expresión de conceptos de violación o agravios; sin embargo, ello no implica que tal suplencia posibilite analizar la procedencia de un recurso de revisión en amparo directo en un caso no permitido, ya que ello sería tanto como actuar al margen de la ley declarándose procedente lo improcedente, lo que significaría modificar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del mencionado recurso." (Registro digital: 173440. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a. XVII/2007. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 486. Tipo: Aislada). A mayor abundamiento, se advierte de la demanda inicial y el desahogo de la prevención, que la parte quejosa informó, bajo protesta de decir verdad, que el catorce de julio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo tanto, se evidencia que reconoce que en la referida fecha se hizo sabedora del mismo. En tales condiciones, se considera que en el presente caso la presentación de la demanda no se realizó de forma oportuna, dado que si se toma en cuenta la fecha en que se hizo sabedora la aquí quejosa, esto es el catorce de julio de dos mil veintitrés el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del diecisiete de julio al cuatro de agosto de dos mil veintitrés, y la demanda de amparo fue presentada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, puesto que así se advierte del sello fechador de la oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, es decir que, la demanda de amparo fue presentada fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo cual, acarrea el consentimiento tácito del acto reclamado, lo que se estima así, por no haberlo promovido en el plazo que la ley señala para ese efecto y hace improcedente el juicio de amparo, de acuerdo con la causal en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Quinta Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CXXIX, Página: 841, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONSENTIMIENTO TACITO DEL. Para incurrir en el consentimiento tácito a que se refiere el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, invocada por el Juez, basta con no promover el juicio de amparo dentro del término legal, sin que esta omisión pueda ser subsanada por gestiones que se hagan ante las autoridades responsables u otra forma de inconformidad". En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie las aludidas hipótesis previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la codificación en consulta procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo que se analiza. CONSULTA ELECTRÓNICA. Por último, en relación a su solicitud de consulta de expediente electrónico, se precisa que únicamente se le otorga al presente juicio de amparo 1836/2023 XII-6, no así respecto del diverso que refiere 561/2023-8-2; por lo tanto, y en vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "LuisAlbertoBenavidesRojas", de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numerales 34 a 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita, se le autoriza a la parte quejosa: a) Consultar el expediente electrónico vía internet; b) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica. Por tanto, se ordena al Oficial Judicial "A" y al Actuario adscrito de este juzgado para que realice las adecuaciones conducentes y se permita la visualización en el portal de internet. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Visto el estado actual de los autos, se advierte que no se llevó a cabo la notificación electrónica al Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores del Municipio de Satevó, Chihuahua, ordenada mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso, en el que se le hace saber que mediante proveídos de veintinueve de mayo; dieciséis y treinta de junio, mismos que le fueron notificados electrónicamente a la responsable en fechas dos y veintidós de junio, seis de julio del presente año, respectivamente, se ha solicitado remita las constancias relativas a la reposición de los autos del juicio laboral respecto del cual emana el acto en esta vía reclamado, sin contar con respuesta alguna. En consecuencia, hágase saber a la autoridad requerida que en caso de seguir incumpliendo en forma dilatoria con lo aquí ordenado o que tenga que diferirse la audiencia constitucional en el presente juicio sin apreciarse gestiones de su parte para remitir las constancias solicitadas, sin mediar diverso requerimiento se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, a efecto de que indague y en su caso proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito establecido en el artículo 262, fracción V, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un mandato debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para hoy, y se señalan las NUEVE HORA CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE PRÓXIMO, para su desahogo. Finalmente, reexpídase el oficio 32862/2023, dirigido a la Administración Desconcentrada de Recaudación "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que haga efectiva la multa ahí precisada a la autoridad responsable mencionada en párrafos precedentes. Notifíquese y electrónicamente al Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores del Municipio de Satevó, Chihuahua.
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