Fabiola Alejandra Falcón Barriga
Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fabiola Alejandra Falcón Barriga
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente toda vez que carece de relevancia documental. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veinte. ANOTACIONES Vista la demanda de amparo promovida por ..., regístrese bajo el número 636/2020-V. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de llevar a cabo la certificación de que ya no quedan pruebas que desahogar, así como dar vista a las partes con dicha certificación, en el juicio laboral 622/2017. DESECHAMIENTO Al respecto, el suscrito considera que se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, conceptuados como aquéllos que lesionan materialmente derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que nuestro país es parte, no así contra violaciones procesales, como en el caso es la omisión que aquí se combate. Así, se distingue entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales y aquellos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Con el propósito de analizar esta última consideración, conviene precisar que existe por interpretación legal distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos y, aquellos que únicamente transgreden derechos adjetivos o procesales. En el primer supuesto, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud que su ejecución es de imposible reparación; mientras que en el segundo, solamente pueden alegarse en el amparo directo que, en su caso, se promueva contra la sentencia definitiva dictada en el juicio respectivo, siempre y cuando hayan transcendido al resultado del fallo. Ahora, en el caso concreto, la omisión de la que se duele el amparista no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, porque la conducta omisiva de la autoridad responsable no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental o sustantivo de las gobernadas, en atención a que, de lo manifestado por el promovente, este se duele de la omisión de llevar a cabo la certificación de que ya no quedan pruebas que desahogar, así como dar vista a las partes con dicha certificación, en el juicio laboral 622/2017, por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que es claro que la dilación que reclama en el presente juicio únicamente ocasiona efectos formales o procesales. En efecto, no advierte paralización total o una abierta dilación si se tiene en cuenta que el promovente, bajo protesta de decir verdad, señala en sus antecedentes que el auto referido, debió dictarse el veinte de agosto, y a la fecha únicamente han transcurrido treinta y nueve días naturales, sin que la autoridad haya emitido el acuerdo correspondiente; sin embargo, para la procedencia del amparo es necesario que cuando menos hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse el acto procesal respectivo, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ahí que la omisión reclamada no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así como la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el precepto 113 de la legislación de la materia. AUTORIZADOS Se autoriza a la persona que refiere sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. AUTORIZACIÓN Y CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Por otra parte, en atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza el usuario "salvadorjimenezrivera" para lo cual, se encuentra disponible en el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como para oír y recibir notificaciones por esa vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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