Fabiola Aguilar Guerrero y Otros.
Expediente 767/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fabiola Aguilar Guerrero y Otros.
Actuaciones
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- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia dictada veintiséis de septiembre del año en curso, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales A.S.C.A., para el efecto de que la Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Morelos, Estado de México, dentro del término de tres días posteriores a que causara ejecutoria la sentencia concesoria del amparo, dejara insubsistente la sentencia interlocutoria del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, y en su lugar determinara de manera fundada y motivada lo conducente a la convivencia electrónica de la hoy quejosa y su menor hija de iniciales A.S.C.A. dentro del expediente 1373/2021, de su índice. Así las cosas, mediante acuerdo del dieciséis de octubre pasado, el fallo protector causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Al respecto, mediante oficio registrado con el número 12998, la Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Morelos, Estado de México responsable remitió copia certificada del proveído del diecinueve de octubre del año en curso, mediante el cual dejó insubsistente la resolución interlocutoria del veintitrés de mayo pasado, así como de la resolución interlocutoria del veinte de octubre siguiente, ambos dictados en el expediente 1373/2021 de su índice, lo anterior, con las constancias de notificación respectivas. Documentales que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Probanzas con las que se dio vista a las partes, sin que realizaran manifestación al respecto. Así las cosas, es evidente que ya se acató puntualmente el fallo protector, por lo que en términos del artículo 196 de la ley de la materia se tiene por cumplido. Finalmente, respecto de las manifestaciones vertidas por ***********, representante especial de la menor de iniciales A.S.C.A., relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dígasele al promovente que deberá estarse a lo dispuesto en los párrafos que anteceden. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a la Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México acusando recibo de las constancias que le fueron remitidas, por lo se deja sin efectos el apercibimiento decretado en caso de incumplimiento. Por otra parte, téngasele informando sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, dése vista a las partes con el oficio de cuenta y sus anexos para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII.V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 767/2023-VII; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional, *************, por derecho propio, así como en representación de su menor hija de identidad reservada de iniciales A.S.C.A., demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Noveno del Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. II. Previo desahogo de prevención, por auto del tres de julio del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 767/2023-VII; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, se tuvo como tercero interesado a **********, quien fue debidamente emplazado se señaló representante especial para la menor identidad reservada de iniciales A.S.C.A., y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La sentencia interlocutoria del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación que interpuso contra el proveído del dos de mayo último, emitido en el juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número 1373/2021 y su acumulado 64/2022, del índice del Juzgado Noveno de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. TERCERO. La Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, acepta el acto reclamado por la quejosa, por lo que se tiene por cierto el mismo. Certeza que se corrobora con las constancias que fueron allegadas a este sumario constitucional y que obran integradas en los tomos I, II, III y IV de pruebas. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, sirve de apoyo, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. . Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin que al efecto se haya hecho valer causal de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio, se procede a entrar al estudio del fondo de la cuestión debatida. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada y que son los siguientes: 1. ***********, interpuso controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, la cual se admitió bajo el número 1373/2021, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en contra de Fabiola Aguilar Guerrero, en la cual demando diversas prestaciones. 2. Mediante proveído del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretaron como medidas provisionales la guarda y custodia de su menor hija de iniciales A.S.C.A., en favor del quejoso, se previno a la parte demandada para que se abstuviera de causar cualquier daño o molestia de obra y de palabra en contra del actor, en el arraigo de la demanda no se fijó una pensión alimenticia provisional y se ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se impidiese la salida de la menor sin la autorización de ambos padres. 3. Que dicha determinación le fue notificada a la demandada el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, quien contestó la demanda, el dieciocho de noviembre siguiente, en donde además interpuso la reconvención en contra del quejoso, y que el juez responsable impuso como medidas provisionales la prohibición al quejoso de acercarse al domicilio de la demandada o cualquier lugar donde se encontrara, la prohibición de intimidar o molestar a Fabiola Aguilar Guerrero, y se ordenó girar orden de protección y auxilio policial a favor de la demandada. 4. Que el veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, la tercero interesada solicitó establecer un régimen de visitas y convivencias con su menor hija de iniciales A.S.C.A., a la que le recayó el acuerdo del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable determinó que el régimen de visitas y convivencias entre la menor de edad y su progenitora serían de viernes a domingo, de cada quince días, con un horario de las dieciséis horas del viernes a las diecisiete horas del domingo, que la demandada Fabiola Aguilar Guerrero, debía recoger a la menor en el domicilio donde se llevara la guarda y custodia y que la debía de reintegrar a dicho domicilio en los horarios establecidos. Además que sin perjuicio de que pudieran convivir a través de los medios electrónicos como "webex", "zoom" y "whatss app", con previo aviso a su progenitor. 5. Proveído que le fue notificado al quejoso el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno; por lo que, inconforme con dicha determinación **************, el veintinueve de noviembre siguiente, interpuso recurso de revocación en contra del proveído del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el juez responsable determinó que el régimen de visitas y convivencias entre la menor de edad y su progenitora. En donde manifestó su inconformidad y que su hija tenía derecho a estar en un lugar libre de violencia, que la demandada amenazó al actor con llevarse a la menor a Morelia, Michoacán, además que la demandada ha iniciado campañas donde manifiesta que la menor se encontraba desaparecida, exhibiéndolo a él y a su menor hija en redes sociales y televisión, exponiéndolos a peligros. 6. Que la demandada manifestó que desde el veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno, no ha visto a su menor hija, que ese mismo día levantó una denuncia de hechos, que todo ello es falso, y con ello le causa un daño moral. 7. Que el fecha veintitrés de noviembre del mismo año, el juez responsable emitió una sentencia interlocutoria, en la cual declaró parcialmente fundados los agravios, ordenó mantener las cosas en el estado en que se encontraban confiriendo la guarda y custodia de la menor, pero que la responsable no aclaró quien ostentaría tal encomienda de guarda y custodia de la menor. 8. Que existen antecedentes de violencia de la tercero interesada hacia la menor de edad, que se encontraba tomando terapias, que debido a esto el actor desea que las convivencias de la menor con la progenitora sean en un centro de convivencia familiar supervisada. 9. Que se dictó la sentencia interlocutoria el trece de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual resultaron infundados e improcedentes los agravios hechos valer por el quejoso, en el recurso de revocación en contra del auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual resolvió sobre las medidas provisionales de régimen de visitas y de convivencias entre el quejoso, su menor hija de iniciales A.S.C.A., y **********, dentro de la controversia sobre el estado civil de las personas y el derecho familiar, sobre guarda y custodia y pensión alimenticia, demandada por el quejoso Juan Carlos Cifuentes Umaña en contra de la tercero interesada, bajo el número de expediente 1373/2021, del índice del Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. 10. El uno de julio de dos mil veintidós se llevó a cabo la audiencia inicial en el expediente 1373/2021 y su acumulado 64/2022, en la que la autoridad responsable al revisar las medidas provisionales dictadas previamente, específicamente en la forma en que se desarrollaría el régimen de visitas y convivencia entre la hoy quejosa ********** y su menor hija de identidad reservada A.S.C.A, resolviendo confirmar que el mismo se continuara en la misma forma ordenada en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y ampliando en lo concerniente al derecho de convivencia a través de video llamadas. 11. El dos de mayo de dos mil veintitrés, el juez responsable dictó el siguiente proveído que en lo que interesa dice: ".Por presentado a **********, con el escrito de cuenta, visto su contenido, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135, y 1.138 del Código procesal civil, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en el de cuenta, y en correspondencia a sus solicitudes, se acuerda lo siguiente: .Cuarto. Se requiere a la señora Fabiola Aguilar Guerrero para que realice la convivencia electrónica con su hija, sin que participen terceras personas, pues éstas se ordenaron únicamente entre la niña A.S.C.A y la demandada, apercibida que de ser omisa, su conducta será tomada en cuenta al momento de resolver en definitiva." 12. Inconforme que tal determinación la hoy quejosa interpuso recurso de revocación el cual fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de veintitrés de mayo del dos mil veintitrés, en el que confirmó el auto de dos de mayo del mismo año. SEXTO. Los motivos de disenso aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, se precisa que la parte quejosa, sustancialmente aduce lo siguiente: Que la resolución reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la responsable no la fundamento y motivo, transgrediendo los principios de firmeza procesal, seguridad jurídica y equilibrio procesal, ya que no justifica las razones y motivos legales que justifiquen imponer una restricción a la forma de desarrollarse las convivencias por medios electrónicos entre su menor hija y la hoy quejosa. Los conceptos de violación son fundados. En la resolución reclamada se resolvió lo siguiente: ".III. Inconforme el recurrente con el proveído transcrito, como se ha indicado, lo impugnó mediante el recurso de revocación que ahora se resuelve y después del estudio y análisis respectivo, se considera que los agravios expuestos, son inoperantes para revocar o modificar el auto combatido, de acuerdo a lo siguiente: IV. Como puede verse del auto combatido, se realizaron una serie de requerimientos a la hoy inconforme, para evitar presentar conductas para su descendiente, tales como llamarle la atención por fallas en la conexión y para evitar que terceras personas participen en la controversia. Pues bien, la recurrente al plantear sus agravios, se duele primordialmente de lo inequitativo y prejuicioso que resulta dar credibilidad a sus afirmaciones, sin valorar las particularidades del caso, argumentos que se estiman inoperantes, en virtud de que un apercibimiento, no es otra cosa que un acto futuro e incierto que busca que la persona a la que va dirigido actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, solo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para interponer los recursos que estime pertinentes. Es por lo anterior, que ninguno de los apercibimientos que se dieron al dictar el auto que ahora se combate, puede causarle agravio al recurrente, habida cuenta que, mientras de cumplimiento a cabalidad con lo determinado en autos respecto de la forma y términos en que deba llevarse a cabo la convivencia provisional, ninguno de los apercibimientos anunciado, podrá afectar su esfera jurídica, a menos claro, que deje de cumplir con lo ordenado. Por otra parte, tocante al oficio que se ordenó girara al Instituto educativo al que acude su hija, tampoco son atendibles sus argumentos, dado que, aún y cuando le asista razón respecto de que dicho informe no comprobaría su buena fe para permitir las convivencias, dado que el solo pedimento a la escuela de informar lo requerido, no puede causarle agravio a la recurrente, pues ninguna consecuencia arroija a su esfera jurídica. Y, por último, los argumentos relativos a la conducta que dice a adoptado esta Autoridad al proveer las peticiones de su contrario y mantener la medida provisional en los términos decretados en autos, resultan inatendibles, dado que en el auto que se combate, no fue decretada la medida provisional en la forma y términos en que rige hasta el momento, de ahí que por virtud de este recurso, no puede modificarse. Por lo anterior, se estima que no fueron violados los principios del procedimiento y se confirma el auto recurrido..." Así como se estableció, los argumentos vertidos por la quejosa, se estiman fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, los cuales se estudian de forma conjunta dada la estrecha relación que guardan, ello en términos de lo establecido en el artículo 76 del ordenamiento referido. En principio, debe establecerse que uno de los requisitos elementales que debe contener toda resolución procesal, es el de encontrarse fundada y motivada. La citada garantía de legalidad se encuentra en la primera parte del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." En este sentido, la FUNDAMENTACIÓN legal de la causa del procedimiento autoritario consiste en que los actos de autoridad deben basarse en una disposición normativa general que prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar aquél acto, esto es, que dentro del ámbito de normatividad del derecho positivo, exista un precepto legal contenido en una ley vigente que autorice y faculte a una determinada autoridad para emitir el acto de molestia. Dicho en otras palabras, la fundamentación legal de cualquier acto de autoridad, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades del país sólo pueden hacer lo que la ley les permite, esto es, que las autoridades no tienen más facultades que las que la ley les otorga, pues si así no fuera fácil sería suponer implícitas todas las necesarias para sostener actos que tendrían que ser arbitrarios por carecer de fundamento legal. Por otro lado, la MOTIVACIÓN de la causa legal del procedimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en que éste va a operar o a surtir su efecto, expresando los razonamientos lógico jurídicos sobre el porqué consideró que el caso concreto se ajusta, o no, a la hipótesis normativa. Sin lo anterior, se violaría, invariablemente, la citada subgarantía que conjuntamente con la de fundamentación legal, integra la garantía de legalidad. Resulta aplicable la tesis I.4o.P.56 P, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV (Noviembre de 1994), visible en la página 450, con número de registro 209986, del texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógicojurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa." Así, se estima que la resolución reclamada de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 1373/2021 y su acumulado 64/2022, en la que se determinó confirmar el auto de dos de mayo del dos mil veintitrés, en el que en lo que interesa requirió a la hoy quejosa ********** para que realice la convivencia electrónica con su hija sin que participen terceras personas, pues éstas se ordenaron únicamente entre la niña A.S.C.A y la demandada, apercibida que de ser omisa, su conducta será tomada en cuenta al momento de resolver en definitiva, no se encuentra debidamente fundada y motivada, atendiendo a que no se tomó debidamente en consideración el interés superior del menor, pues la responsable únicamente se limitó a expresar que se realizaron una serie de requerimientos a la hoy inconforme, para evitar presentar conductas para su descendiente, tales como llamarle la atención por fallas en la conexión y para evitar que terceras personas participen. En efecto, la resolución reclamada, no está fundada ni motivada, porque no plasmo los preceptos legales en los cuales fundamentó su determinación, ni tampoco le dijo a la quejosa porque tenía que realizar la convivencia electrónica con su hija sin que participen terceras personas, pues se limitó a señalar que éstas se ordenaron únicamente entre la niña A.S.C.A y la ahora quejosa; evidenciándose su falta de fundamentación y motivación, toda vez que a fin de cumplir con el derecho humano a la seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable tenía la obligación de dar a conocer a la impetrante del amparo, los motivos que la llevaron a tomar tal determinación, así como porque no podía realizar las convivencias con terceras personas, para estar así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Bajo estas premisas, es necesario traer a colación el artículo 5.3 Bis fracción I del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual señala que en todo procedimiento de carácter jurisdiccional en el que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez se deberá garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez. Por otro lado, en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, se estableció que niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de sus padres o de quienes que ejerzan la patria potestad sobre ellos o de sus tutores, y en términos de las disposiciones aplicables de quienes ejercen la custodia, sino mediante orden de autoridad competente que así lo declare velando en todo momento por su integridad física y escuchando la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez y atendiendo a la preservación del interés superior de la niñez. Así, de los numerales referidos se advierte la obligación de la juez de velar en todo momento por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el cual se definió en los párrafos que anteceden como un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. A mayor abundamiento, el régimen de convivencia es un derecho fundamental de la menor de iniciales A.S.C.A. y debe tener siempre como eje rector, el principio de interés superior de éstos, el cual busca asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio, sus abuelos y otros parientes o allegados, desde luego, sin soslayar que este derecho no es absoluto, pero tampoco está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que debe atenderse al caso concreto para determinarlo y puede estar limitado de forma temporal, espacial y modal, para asegurar su bienestar y su estabilidad emocional. En ese tenor, se considera que la resolución tildada de inconstitucional no se encuentra debidamente fundada ni motivada y, por tanto, es violatoria del derecho fundamental de seguridad jurídica reconocido en los artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del principio constitucional del interés superior de la niñez, reconocido en el diverso precepto 4° constitucional, por lo que lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia a favor de la quejosa. En mérito de lo expuesto, se considera que la resolución reclamada vulnera lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, consecuentemente, son esencialmente fundados los conceptos de violación expuesto por la disconforme. Así, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el efecto de que la Jueza Noveno Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la sentencia interlocutoria del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revocación, emitido en el juicio de controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar número 1373/2021 y su acumulado 64/2022 que confirmó el auto de dos de mayo de dos mil veintitrés. b) Hecho ello, emita otra determinación en la que atendiendo a lo expuesto en la presente resolución y con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada, lo conducente a la convivencia electrónica de la hoy quejosa ************ con su hija de iniciales A.S.C.A. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***********, por derecho propio, y en representación de la menor de iniciales A.S.C.A., en términos de lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido al tercero interesado *************** en acuerdo del once de agosto de este año, para que se imponga del contenido del informe justificado y anexos exhibidos en este asunto; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga algún perjuicio. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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