Fabio Villanueva Sánchez
Expediente 997/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/03/2021
Partes del expediente
- Fabio Villanueva Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese los autos el oficio de cuenta, visto su contenido, se provee: Autoridad acusa recibo Se tiene al Presidente de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acusando recibo del oficio..., así como del juicio...; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Firma del expedienteDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 997/2020, promovido por..., por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y el acto que a continuación se indica: Autoridad responsable: Primera Sala Regional de Oriente, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Acto reclamado: la resolución de queja de fecha 17 de septiembre de 2020, mismo que fue notificado por el servicio postal mexicano (SEPOMEX), en fecha 06 de octubre de 2020, dictada dentro del expediente en que se actúa del índice de la PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, la cual resolvió que no existe defecto alguno en el cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 04 de enero de 2018. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAMAN. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 y 133 constitucionales. TERCERO. TRÁMITE. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo con el número 997/2020 y se admitió la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento alguno (foja 46); se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, lo que así aconteció (foja 44), y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos se reclaman a autoridades con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis..., con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, en cumplimiento a lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama. La resolución interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo... del índice de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que determinó que no existe defecto en el cumplimiento del Instituto demandado a la sentencia de cuatro de enero de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Primera Sala Regional de Oriente, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama (fojas 48 y 49). CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Los antecedentes de los actos reclamados se desprenden del expediente relativo al juicio de nulidad... del índice de la sala responsable (cuaderno auxiliar), al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso 2 de la Ley de Amparo, los cuales son: 1. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el aquí quejoso interpuso juicio contencioso administrativo contra la resolución negativa ficta recaída al escrito presentado ante la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, el veintiuno de enero de dos mil quince, mediante el cual solicitó entre otros, el incremento de la cuota diaria que integró la pensión otorgada y el pago de diversas prestaciones económicas que percibieron los trabajadores en activo (fojas 1 a 17 del cuaderno auxiliar). 2. En auto de uno de junio de dos mil dieciséis, se registró la demanda con el número..., y se admitió a trámite (fojas 94 a 96 del cuaderno auxiliar). 3. Seguida la secuela del procedimiento, el seis de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el siguiente efecto: se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que la enjuiciada emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que atendiendo los lineamientos del presente fallo, realice el cálculo de los incrementos en la cuantía de la pensión del C..., en términos de lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, debiendo precisar las operaciones aritméticas realizadas, y en caso de resultar procedente, pague al enjuiciante las diferencias resultantes derivadas de ese incremento, ello única y exclusivamente por lo que hace a los años 2020 al 2015, toda vez que respecto a los años 2007 a 2009 ya operó en su perjuicio la prescripción establecida en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los Trabajadores del Estado, vigente al 31 de marzo de 2007. (foja 167 cuaderno auxiliar) se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que una vez que quede firme la presente sentencia, y dentro del plazo de los cuatro meses a que se refiere el segundo párrafo de ese numeral, el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proceda a emitir una nueva resolución en la que en relación con la solicitud que le fue formulada el 21 de enero de 2015 (fojas 18 a 21 de autos), siguiendo los lineamientos expresados en esta sentencia, reconozca al C..., el derecho a que los conceptos 02 y 03 de bono de despensa y previsión social múltiple, que venía percibiendo; con fundamento en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete y 43 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto mencionado, se le actualicen, aumenten o incrementen, conforme a los montos fijados a los trabajadores en activo, como personal operativo, en los oficios circulares... de dieciséis de agosto de 2010,... de veintiocho de junio de dos mil once,... de primero de agosto de dos mil doce,... de veinticuatro de julio de dos mil trece,... de once de julio de dos mil catorce y... de dieciocho de junio de dos mil quince, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le sean cubiertas las diferencias por esos conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple que dejó de percibir. (foja 186 del cuaderno auxiliar). 4. Inconforme con dicho fallo, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la parte aquí quejosa interpuso juicio de amparo directo, respecto del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de seis de abril de dos mil diecisiete, negó el amparo (fojas 193 a 206 del cuaderno auxiliar). 5. El Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de su apoderada legal, interpuso Revisión Fiscal, respecto de la cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien en ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, revocó la sentencia impugnada de seis de enero de dos mil diecisiete para los siguientes efectos: se impone revocar la sentencia recurrida a fin de que la Sala regional emita otra en la que atendiendo a lo fallado en esta ejecutoria, reconozca la validez de la resolución impugnada, en lo relativo a la negativa de la autoridad demanda de incrementar y pagar las diferencias por las prestaciones que solicitó la parte actora relativas a la previsión social múltiple y bono de despensa. (foja 216 vuelta cuaderno auxiliar) 6. En cumplimiento a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el recurso de revisión fiscal, la autoridad responsable emitió el cuatro de enero de dos mil dieciocho, diversa determinación en la que por una parte, reconoció la validez de la resolución de negativa ficta impugnada en la parte relativa a la negación de pago de los conceptos denominados medida de fin de año, Prestación Única Anual, Ayuda por Servicios, Ayuda por Transporte, Previsión Social Múltiple y Ayuda de Despensa; y por otra, declaró la nulidad de la resolución de negativa ficta impugnada para los siguientes efectos: se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, para el efecto de que la enjuiciada emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que atendiendo los lineamientos del presente fallo, realice el cálculo de los incrementos en la cuantía de la pensión del C..., en términos de lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del 01 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2007, debiendo precisar las operaciones aritméticas realizadas, y en caso de resultar procedente, pague al enjuiciante las diferencias resultantes derivadas de ese incremento, ello única y exclusivamente por lo que hace a los años 2020 al 2015, toda vez que respecto a los años 2007 a 2009 ya operó en su perjuicio la prescripción establecida en el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al 31 de marzo de 2007. (foja 250 cuaderno auxiliar) 7. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, en cumplimiento a la sentencia definitiva el Instituto demandado emitió la resolución..., en la que determinó la cantidad de..., por el pago de las diferencias de percepción por incremento de pensión y aguinaldo (fojas 307 a 314 del cuaderno auxiliar). 6. Inconforme con dicha resolución, el cinco de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de queja (fojas 297 a 305 del cuaderno auxiliar). 7. Acto reclamado. El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable dictó interlocutoria en la que declaró infundado el recurso de queja por defecto (fojas 323 a 340 del cuaderno auxiliar). QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. En principio es preciso establecer que la litis en el presente asunto versará sobre la constitucionalidad del acto reclamado, es decir, si fue correcto que la Sala responsable estimara infundada la queja interpuesta contra el oficio de cumplimiento emitido por el Instituto demandado, específicamente, si el Instituto determinó correctamente el incremento correspondiente a la pensión del quejoso en la misma proporción que el aumento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, computados a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión, excluyendo los montos de las diferencias vencidas cuya acción está prescrita a la fecha de solicitud de regularización de su pensión, en razón de que ello fue materia de litis en el juicio de origen. Los argumentos de la parte quejosa son infundados e inoperantes, como se precisa a continuación. Sostiene el impetrante en su primer concepto de violación que los cálculos y comparativos efectuados por la demandada son defectuosos pues aun cuando aduzca un cumplimiento éste debe ser revisado de oficio. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 Constitucional todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales, por lo que la autoridad debe respetar tales derechos. Agrega que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se debe efectuar una tutela efectiva de sus derechos; aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para mantener el efecto útil de las decisiones de los tribunales, éstos deben dictar sus fallos en favor de las personas. Que así, el cumplimiento de sentencias debe ser regido por estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios y derechos tutelados. Alega que al existir una sentencia en la que se reconoció que la demandada ha dejado de realizar los incrementos tal como lo marca la ley, entonces no deben tomarse en cuenta los cálculos en los cuales la diferencia de cantidades, porcentajes y cifras son discordantes de aquellas en las cuales debió basarse, ya que las determina con base en el documento que expidió la dependencia para la cual laboró y que se denomina constancia de evolución salarial. Que refuta el anterior documento dado que dicha figura no existe en ningún ordenamiento legal, además de que no se encuentra soportado por ningún documento del cual se obtuvieron los porcentajes anuales de incremento al salario de los trabajadores en activo, además de que al ser elaborado por la propia dependencia se carece de la certeza y autenticidad de su contenido. Además de que de la constancia de evolución salarial no se desprende que haya tenido como fuente el tabulador regional aplicable, cuya utilización sí se encuentra regulada. Que los únicos documentos legalmente aptos para determinar los porcentajes de aumento al sueldo básico otorgados a los trabajadores en activo, lo constituyen los tabuladores regionales en términos de los artículos 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, que anualmente o cada vez que existe incremento, autoriza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los cuales la misma demandada tiene a su alcance para determinar los sueldos reales autorizados y, en su caso, el porcentaje de aumento que corresponda. Que si con el nuevo cálculo se supera el monto máximo del sueldo básico, deberá limitarlo la demandada a dicha cantidad, que es el equivalente a diez veces el salario mínimo, lo cual es aplicable al ahora quejoso por haber obtenido la pensión durante la vigencia del artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en concordancia con el artículo 6 del citado reglamento. Que es obligación del Instituto demandado incrementar las pensiones conforme a los sistemas mencionados en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado así como, en el diverso 57, fracción III, del estatuto orgánico del propio Instituto, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho y en vigor a partir del uno de enero de dos mil nueve. Que es obligación de la Sala responsable tener a la vista los tabuladores regionales aplicables cuando se trata de asuntos de seguridad social. Que el artículo 127 de la Constitución prevé que la remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes y en su fracción V dispone que tanto las remuneraciones como sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables. Que si lo que se reclamó es el correcto incremento a la pensión, aduciendo que los porcentajes de aumento aplicados son inferiores a los que corresponden, la autoridad debió dar cumplimiento teniendo como base para demostrar el debido incremento de la pensión los tabuladores oficiales publicados, y no solamente la autoridad encargada del cumplimiento, sino la propia autoridad jurisdiccional acudiendo a su consulta al portal de internet. Que de considerarse darle valor a cualquier otro documento, como lo es la constancia de evolución que refirió la demandada, en todo caso debía estar soportado por los citados tabuladores regionales. Que el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado señala que el sueldo que se tomará en cuenta para todos los efectos de dicha ley es el tabular, que para cada puesto se haya señalado, por lo que la demandada tiene la obligación de utilizar los tabuladores regionales para calcular el incremento a su pensión, por lo que al no hacerlo así ni justificar con documento alguno cómo fue que obtuvo los porcentajes del Índice Nacional de Precios al Consumidor, ni señalar la fuente de su información, su determinación es ilegal. Que la pensión que le fue otorgada dio inicio el dieciséis de mayo de dos mil dos, por lo que sus derechos pensionarios nacieron a partir del primer día, por lo que adquirió el derecho de goce de la pensión respectiva, incluidas las prerrogativas previstas en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de 2007 en concordancia con lo dispuesto en los artículos Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado en vigor, es decir conforme la valor más alto entre el porcentaje del Índice Nacional de Precios al Consumidor y el correspondiente al aumento al sueldo básico de los trabajadores en activo. Que la Sala responsable inobservó el contenido del artículo 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que en ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada, al desconocer derechos adquiridos. Que en caso de que el monto que resulte de los incrementos que se hagan a la cuota diaria pensionaria sea mayor al equivalente a diez veces el salario mínimo aplicable en el período correspondiente al aumento, se debe ajustar a esa cantidad, de conformidad con el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado abrogada, actualmente 17 y 132 del ordenamiento en cita. Que la autoridad demandada omitió efectuar la actualización de las diferencias pensionarias del párrafo II del artículo 6o de la ley del Impuesto sobre la Renta. Que la actualización del cálculo ordenado a la demandada debió haber sido a partir de la fecha en que inició la pensión ya que es imprescriptible y en todo caso lo que es susceptible de prescripción son las diferencias retroactivas pensionarias que llegaran a resultar del nuevo cálculo, las que se pagarías a partir de cinco años anteriores a la fecha de la presentación de rectificación de la pensión. En el segundo concepto de violación aduce que la responsable no verificó la forma, cálculos, cantidades, tabuladores y porcentajes, lo cual transgrede el principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución, por lo que el derecho que se le reconoció en la sentencia queda coartado por una defectuosa interpretación y deficiente vigilancia y protección del órgano jurisdiccional. Que debe observarse en su favor la suplencia de la queja al tratarse de un pensionado. En primer término, debe precisarse que en sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil dieciocho emitida en el juicio de nulidad..., la Sala responsable declaró la nulidad del acto impugnado para el siguiente efecto: Ordenó a la autoridad demandada aquí tercero interesada, emitiera una nueva resolución debidamente fundada y motivada, en la que atendiendo a los lineamientos del fallo realizara el cálculo de los incrementos a la pensión del actor, se pronunciara respecto del pago de las diferencias resultantes, precisando la operaciones aritméticas realizadas, y en caso de ser procedente procediera a realizar el pago de las diferencias única y exclusivamente por lo que hace a los años dos mil diez a dos mil quince, toda vez que respecto a los años dos mil siete a dos mil nueve operó la prescripción. Ahora bien, cabe destacar que en el acto reclamado la Sala responsable estimó que la queja interpuesta era infundada, pues el Instituto demandado en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete y con base en la constancia de evolución salarial emitida por el Jefe del Departamento de Servicios Personales de nueve de abril de dos mil diecinueve, realizó el procedimiento de cálculo de los incrementos que recibieron los trabajadores en activo, con la misma plaza que ocupaba el actor y efectuó el procedimiento de cálculo de los incrementos obtenidos con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, como se indicó en la sentencia definitiva de cuatro de enero de dos mil dieciocho, a través del oficio... de dieciocho de febrero de dos mil veinte. Precisó que en ningún momento se condenó a la autoridad demandada para efectos de que el cálculo de incremento de la cuota diaria se basara en los tabuladores regionales, aunado al hecho que dichos argumentos eran ajenos a la litis de la queja, porque el actor pretendió introducir cuestiones que no fueron objeto de estudio en la sentencia definitiva. Agregó que con relación a los argumentos del accionante en cuanto a que el cálculo debió realizarse a partir de que obtuvo su pensión, señaló que de la resolución materia de la queja se apreciaba que el Instituto demandado realizó el incremento de la cuota pensionaria desde la fecha en que se le otorgó la pensión, hasta que se dictó la resolución respectiva sin excluir ninguna anualidad. Determinó como inatendibles los argumentos encaminados a manifestar que los incrementos de la pensión debían actualizarse conforme a lo dispuesto por el artículo 6°, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, y en caso de que la cuota diaria arrojara una cantidad mayor que el equivalente a diez veces el salario mínimo, la parte enjuiciada debía ajustar esa cantidad a la cuota diaria correspondiente al ser la cantidad máxima que puede percibir de pensión, ya que son cuestiones que no tienen relación directa con el contenido sustancial de los efectos de la sentencia definitiva de cuatro de enero del dos mil dieciocho. Ahora, tal como quedó evidenciado con la transcripción correspondiente, de los efectos que la Sala imprimió en la ejecutoria de mérito, con motivo de la nulidad decretada (foja 256 del cuaderno auxiliar), se traducen en que la demandada en forma fundada y motivada realizara el cálculo de los incrementos a la pensión del actor conforme a los lineamientos del citado fallo, en términos de lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado vigente del primero de enero de dos mil dos al treinta y uno de marzo de dos mil siete. Al respecto, es necesario precisar que en la ejecutoria de que se trata se precisó de manera específica a partir de cuándo se debería efectuar el cálculo de la determinación del aumento de la pensión, esto es, a partir de los años dos mil diez a dos mil quince, dado que, si bien la pensión fue otorgada al actor el dieciséis de mayo de dos mil dos, operó en perjuicio del actor la prescripción para reclamar el pago retroactivo correspondiente a las diferencias generadas por el incorrecto incremento de la pensión respecto de los años dos mil siete, dos mil ocho y dos mil nueve, el dieciséis de mayo de dos mil doce, el dieciséis de mayo de dos mil trece y el dieciséis de mayo de dos mil catorce, respectivamente, en atención a que fue hasta el veintiuno de enero de dos mil quince que el quejoso solicitó el incremento de la pensión. Por lo que se puede advertir que es correcta la cuantificación del aumento de la pensión a que fue constreñida la demandada en el juicio de origen a través de la ejecutoria que se tuvo por cumplida, a partir del año dos mil diez a dos mil quince, es decir, cinco años anteriores a la fecha en que se solicitó la rectificación de la pensión de que se trata. Es ilustrativa a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia..., de rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. Así como el criterio aislado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 257 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, registro 220907, de rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. ES NECESARIO APRECIAR LA LITIS EN SU INTEGRIDAD. Los fallos pronunciados en el juicio de garantías, cuando se concede el amparo al quejoso, tienen como efecto en principio, nulificar el acto reclamado, obligando a la autoridad responsable a la reparación de las garantías violadas; en la inteligencia de que en aquellos casos en que la protección federal, se conceda para algún efecto determinado, la responsable dejará igualmente insubsistente el acto reclamado y procederá a reparar las violaciones cometidas, exactamente en la forma establecida por el juez de amparo al precisar los efectos de la concesión del mismo. Consecuentemente, debe estimarse que el objeto de decretar la insubsistencia del acto reclamado, se traduce en la posibilidad de que la responsable dé cumplimiento a la ejecutoria, esto es, que aprecie la litis en su integridad, para que no exprese argumentos que puedan resultar incongruentes, como podría acontecer en caso de que limitara su actuación, solamente a uno o varios aspectos tratados en el acto reclamado, los cuales pueden estar estrechamente vinculados entre sí. En efecto, tomando en consideración la interrelación que pueda existir entre los distintos aspectos de un asunto, es necesario que éste sea analizado por la responsable, en forma integral, a fin de evitar que con el cumplimiento que se dé a la ejecutoria, pueda resultar una actuación incongruente. Ahora bien, conforme con los efectos de la condena establecida en la sentencia de nulidad, el Instituto demandado estaba obligado a efectuar la determinación y pago de las diferencias derivadas de los incrementos de la pensión, conforme a la proporción en que fueron aumentados los sueldos básicos de los trabajadores en activo, desde el año dos mil diez, indicando de manera fundada y motivada, los elementos que tomó en cuenta para el cálculo de la determinación de las diferencias. Ahora, tal como lo consideró la Sala responsable, el instituto demandado, para tal fin se apegó a tales lineamientos. Lo anterior es así, dado que en el oficio... de dieciocho de febrero de dos mil veinte, materia de la queja interpuesta y a través del cual el Instituto demandado dio cumplimiento a la sentencia definitiva, se asentó, en lo que interesa, lo siguiente:... (Fojas 307 a 313 vuelta del cuaderno auxiliar) Esto es, el Instituto para el cálculo que le fue ordenado, refirió que con fundamento en los artículos 208, fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil siete, 5 fracción III, inciso f), 26, 52, fracciones XVIII y XIX, 53, 60, fracción XXII, 62 fracción XIII, 79, 80 y 81 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil catorce, 10 fracción III, inciso b), 11, fracciones I,XI y XII, 14, fracciones I y IV y 26 Apartado A, fracción I, del Reglamento Orgánico de Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del tres de junio de dos mil quince; señaló que en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al treinta y uno de marzo de dos mil siete, tomó en cuenta los aumentos a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, apoyándose en la información de la constancia de evolución salarial que ha tenido la plaza... Telegrafista internacional, que le fue proporcionada por..., de nueve de abril de dos mil diecinueve. Además, adujo que, respecto de los períodos correspondientes de dos mil diecinueve y dos mil veinte, que no fueron proporcionados en la constancia de evolución salarial a que se hizo referencia en el párrafo anterior, se encuentran contenidas en las bases electrónicas proporcionadas por las dependencias a ese Instituto, denominada Sistema Administrador de Otorgamiento (SOA), conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al uno de abril de dos mil siete. El dispositivo antes mencionado señala que las dependencias y entidades deberán remitir al instituto de manera mensual en los términos que determine su reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas recibo, así como certificaciones e informes en general todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del instituto. Así, la demandada efectuó una tabla en la que estableció los incrementos resultantes de la categoría que ocupó el actor detallando los incrementos salariales desde el año que le fue otorgada su pensión. Asimismo, precisó las operaciones que llevó a cabo para obtener el porcentaje de incremento al sueldo básico y aplicarlo a la pensión del quejoso. Enseguida, señaló en otra tabla las cantidades que debió pagar conforme a los incrementos obtenidos; esto es, señaló la fórmula para incrementar la cuota pensionaria para cada uno de los periodos, que se obtiene al multiplicar la cuota del periodo anterior por el porcentaje de incremento y el resultado se le suma a la cuota diaria anterior, dicha operación se efectuó en todos los periodos. Enseguida, en otra tabla mostró los cálculos que se realizaron de la pensión que ha sido pagada al pensionado y explicó las operaciones que se llevaron a cabo para obtener la percepción neta por periodo; para finalmente hacer una comparativa entre la pensión pagada y la que se debió pagar obteniendo como resultado una diferencia a favor del quejoso por la cantidad de..., por el pago de las diferencias de percepción por incremento de pensión, respectiva a los años dos mil ocho a dos mil veinte. Ahora, tocante a las manifestaciones tendentes a argumentar que fue ilegal que la demandada obtuviera la información relativa al incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo para a su vez aplicarla al pensionado, con la información proporcionada por..., constancia de evolución salarial dado que debió tomar en consideración el tabulador regional en el cual se precisa el salario tabular. Son infundados tales motivos de agravio. Al respecto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación a lo que debe entenderse por sueldo básico dispone: Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley, y Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del Instituto conforme al reglamento respectivo. En todo tiempo, las Dependencias y Entidades deberán expedir los certificados e informes que les soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio Instituto les requiera de los Trabajadores, extrabajadores y Pensionados, así como los informes sobre la forma en que se integran los sueldos de los Trabajadores cotizantes, sus Aportaciones y Cuotas, y designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones. El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes aplicables. Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo. Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley. Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación. De donde, en lo que interesa, se obtiene que el sueldo básico sea aquél que se encuentra contenido en el tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. Además, que las dependencias y entidades deberán proporcionar al Instituto toda la información referente a los sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas y recibos, así como los conceptos de pago sujetos a las cuotas y aportaciones que prevé la ley. Esto es, los sueldos básicos son los también llamados sueldos tabulares y se encuentran establecidos en los tabuladores regionales; además, tal información es la remitida por las dependencias al Instituto demandado. Por tanto, fue correcto que para el cálculo correspondiente para la determinación y pago de las diferencias derivadas de los incrementos de la pensión, tomara en consideración el incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo, que le fue informado por parte de la dependencia vía electrónica y que se denominó como constancia de evolución salarial. Son ilustrativos al caso, los criterios sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero visible en..., de rubro y texto siguientes: ISSSTE. INTEGRACIÓN DEL SUELDO BÁSICO CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establecía que el sueldo básico se integraría solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación; no obstante, el legislador nunca adecuó el referido precepto para que fuera acorde con la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1984, que tuvo como principal objetivo compactar los distintos conceptos integrantes del salario de los trabajadores burócratas, esto es, sueldo, sobresueldo y compensación, por lo que de acuerdo con las normas de tránsito que rigieron la reforma a la Ley Burocrática Federal, entre cuyas previsiones se encuentra el artículo 32, el sueldo básico debe entenderse referido al salario tabular, esto es, al asignado en los tabuladores regionales para cada puesto, donde se agruparon aquellos conceptos, cuya función no es únicamente remuneratoria por los servicios, sino que sirve de referente para cubrir las aportaciones de seguridad social. Contradicción de tesis 37/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Centro Auxiliar de la Segunda Región y Segundo, Noveno y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de marzo de 2010. Mayoría de tres votos. Disidentes:... y... Ponente:... Secretario:... Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. ISSSTE. DISTINCIÓN ENTRE SALARIO TABULAR Y TABULADOR REGIONAL PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El salario tabular es el identificado con los importes consignados en los tabuladores regionales para cada puesto, que constituyen la base del cálculo aplicable para computar las prestaciones básicas en favor de los trabajadores, así como las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, y que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto; mientras que el tabulador regional es el instrumento que permite representar los valores monetarios con los cuales se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios, así como otras asignaciones diversas al salario tabular, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o código autorizados, según corresponda, acorde con los distintos tipos de personal. En ese sentido, dado que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues aquél sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el cálculo de las prestaciones respectivas no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional, sino que se constituye como un solo concepto, la circunstancia de que en el juicio de nulidad un pensionado demande de dicho Instituto que para fijar el monto de su pensión considere percepciones o conceptos distintos del salario tabular, pero contenidos en los tabuladores regionales, y demuestre que durante el tiempo que laboró al servicio del Estado los percibió regular y permanentemente, es insuficiente para estimar que deben formar parte del sueldo base para efectos del cálculo de la pensión jubilatoria, siendo necesario que se acredite que fueron considerados parte del salario tabular y conocerse la forma en que en su caso se entregaron las cuotas y aportaciones de seguridad social, ya que sólo cuando la dependencia o entidad correspondiente consideró en las cuotas y aportaciones de seguridad social conceptos diversos al salario tabular, deberán tomarse en cuenta al fijar el monto y alcance de la pensión correspondiente, en la medida en que debe existir una correspondencia entre ambas, pues el monto de las pensiones y prestaciones debe ser congruente con las referidas aportaciones y cuotas, de las que se obtienen los recursos para cubrirlas. Ahora, es correcto que la demandada efectuara las operaciones correspondientes desde el año dos mil diez, hacía el futuro, esto es, hasta que se emitió el cumplimiento, porque así se indicó en la sentencia definitiva, pero excluyendo las diferencias vencidas por haber prescrito la acción para reclamarlas a la fecha de presentación de la solicitud de regularización de la pensión, presentada el veintiuno de enero de dos mil quince, esto es a partir del dos mil diez. En otro orden, en cuanto a los argumentos del quejoso en relación a que no justifica que los incrementos aplicados sean los de mayor beneficio entre la comparativa del aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor y que la demandada debe considerar que en el caso de que el nuevo cálculo arroje una cantidad mayor que el equivalente a diez veces el salario mínimo, se debe ajustar a esta cantidad la cuota diaria correspondiente y que la autoridad demandada omitió efectuar la actualización de las diferencias pensionarias del párrafo II del artículo 6° de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los anteriores motivos de inconformidad son inoperantes. Se dice lo anterior, toda vez que combaten consideraciones no expresadas por la responsable. En efecto, del análisis que se realiza a la sentencia de cuatro de enero de dos mil dieciocho, emitida por la Sala responsable, así como al oficio SP/269/2020, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se advierte que, ni la Sala responsable, ni el referido Instituto se pronunciaron sobre el tope al incremento en diez veces el salario mínimo como monto máximo de cuota diaria, y tampoco que tuviera que realizarse una comparativa entre el incremento al índice Nacional de Precios al Consumidor y el aumento aplicado al sueldo básico de los trabajadores en activo, para obtener el que resultara de mayor beneficio para el pensionado, así como, que la autoridad responsable debía efectuar la actualización de las diferencias pensionarias a que se refiere el párrafo II del artículo 6° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Pues como ya quedó establecido, el efecto de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo de origen es que el Instituto demandado determinara el cálculo de los incrementos en la cuantía de la pensión en términos de lo establecido por el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente del primero de enero de dos mil dos al treinta y uno de marzo de dos mil siete, por lo que no era necesario realizar dicha comparativa y actualización. De igual manera, en la sentencia de que se trata no se estableció un tope al incremento así como tampoco en el oficio emitido en cumplimiento a la misma y que fue materia de la queja cuya resolución constituye el acto reclamado, en la que la Sala responsable determinó que la cuota pensionaria que resultó una vez determinado el incremento a la pensión del actor bajo los lineamientos establecidos, arrojó la cantidad a su favor y que hubiere sobrepasado dicho tope, por lo que no existe afectación alguna al accionante al respecto. De ahí que se estimen inoperantes los conceptos de violación en comento, puesto que en los mismos se exponen argumentos tendientes a controvertir consideraciones no expresadas en la sentencia definitiva cuyo cumplimiento se analiza, dado que aduce que existe una negativa de cuantificar el monto máximo de la cuota en diez salarios mínimos, y que no se realizó la comparativa con el porcentaje de los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar el más alto, cuando ni la Sala responsable, ni el Subdelegado de Prestaciones del referido Instituto, se pronunciaron en los términos en que lo pretende hacer ver el quejoso, como quedó apuntado con antelación, en virtud de que en los efectos de la sentencia por cumplir no se estableció un tope al incremento, ni la necesidad de realizar el comparativo que refiere el actor, así como tampoco en el oficio materia de la queja. Sustenta lo anterior la jurisprudencia..., que establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja. En consecuencia, tampoco puede estimarse que existió una transgresión a lo dispuesto en el numeral 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, tal y como lo manifiesta el quejoso que establece que En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada" ni al principio non reformatio in peius, pues la determinación que emitió la demandada en cumplimiento a la sentencia de nulidad no resultó más perjudicial para el aquí quejoso que la que fue anulada, máxime si se tiene presente que del cálculo realizado por la autoridad condenada, existen diferencias a su favor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada..., cuyo rubro y texto son: PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DEMANDA EL INCREMENTO O AJUSTE DEL MONTO DE LA CUOTA DIARIA RELATIVA, POR NO HABERSE INTEGRADO CORRECTAMENTE, LA DECISIÓN QUE SE ASUMA RESPECTO DE LA SENTENCIA FAVORABLE NO PUEDE ARROJAR UN MONTO MENOR AL PERCIBIDO HASTA ENTONCES. Cuando en el juicio contencioso administrativo un pensionado demanda el incremento o ajuste del monto de la cuota diaria de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por no haberse integrado correctamente y obtiene sentencia favorable, no debe perderse de vista que, en observancia al principio non reformatio in peius, la decisión que se asuma al respecto no puede arrojar un monto menor al percibido hasta entonces, dado que el objeto del procedimiento consiste en ajustar la suma diaria a que el pensionado tiene derecho, corrigiéndola a través del incremento correspondiente y ordenar el pago de las diferencias que resulten. Cabe agregar, que similar criterio al aquí expuesto, sostuvo el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en ejecutoria de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Amparo en Revisión R.A. 417/2017, la que fue consultada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, constituye un hecho notorio para este Juzgado Federal, en virtud de que dicho sistema constituye un programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, que permite la interconexión de computadoras de todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consulta de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia..., de rubro y texto siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Asimismo, se debe precisar que si bien en el caso opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis..., toda vez que el quejoso se trata de un pensionado; lo cierto es que, la figura de la queja deficiente solamente es aplicable cuando se considera útil para favorecer al quejoso y que por ello resulte procedente el amparo, lo que en el caso no acontece, pues aun cuando se hubiera suplido la deficiencia de lo aquí alegado, no podría haberse generase un beneficio al referido promovente. Es aplicable la jurisprudencia..., de rubro y texto siguientes: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. En virtud de la ineficacia de los conceptos de violación planteados, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., en contra de la autoridad responsable y el acto precisados en el resultando primero, por los razonamientos precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por..., por propio derecho y en representación de las menores... y...,...,... y..., contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del tercer y último considerandos de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios y anexo de cuenta. Por lo que hace al registrado con el número 15690 se acuerda: Téngase al Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, informando sobre el cumplimiento dado al fallo protector de garantías; en consecuencia se provee: VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes con el oficio con anexo antes mencionados, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y SEÑALA DOMICILIO. Téngasele reiterando la designación de delegados que hizo al rendir su informe de Ley; así como el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, mismo del que se le dijo que éstas se le practicarán en el domicilio oficial de sus oficinas principales. Por lo que hace al registrado con el número 15728 del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, téngasele manifestando que está en espera de lo que le ordene el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para dar cumplimiento al fallo protector del amparo; sin hacer mayor pronunciamiento dado que con esta fecha se tiene a la autoridad en comento informando lo relativo al cumplimiento dado a la sentencia concesoria del amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA Y PERSONALMENTE.
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