Fabiana Mora Martínez
Expediente 1125/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Fabiana Mora Martínez
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1125/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Fabiana Mora Martínez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifica. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1. LA ABSTENCIÓN DE MATERIALIZAR EL AUTO DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2019, DICTADO EN EL JUICIO LABORAL 621/2009, EN DONDE SE DECRETA LA APLICACIÓN DE LA MULTA DE 200 DÍAS DE SALARIOS DE MANERA DIRECTA AL SINDICO MUNICIPAL, no obstante, el impulso procesal debido mediante varios escritos de mi apoderado legal. 2. LA OMISIÓN DE REQUERIR DE NUEVA CUENTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO DE ORIGEN SO PENA DE APLICAR A LA ALCALDESA, SINDICO E INTEGRANTES ACTUALES DEL CABILDO MUNICIPAL DEL DEMANDADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 LA MULTA A 500 DÍAS DE SALARIOS; no obstante peticiones al respecto. 3. LA OMISIÓN Y NEGLIGENCIA JURÍDICA DE ORDENAR, NO SUGERIR AL DEMANDADO MEDIANTE EL CABILDO PRESUPUESTAR EL PAGO DEL LAUDO QUE EL ACTO INCONSTITUCIONAL ES DE TRACTO SUCESIVO, ES DECIR, ME CAUSA PERJUICIOS DE MOMENTO A MOMENTO, YA QUE SUBSISTE Y SE PROLONGA EN EL TIEMPO Y SOLAMENTE VA DEJAR DE CAUSARME TRANSGRESION A MIS GARANTÍAS, HASTA EN TANTO SE OBLIGUE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A ACTUAR DE MODO QUE RESPETE MIS GARANTÍAS CONCULCADAS QUE SEÑALO MAS ADELANTE, ADEMAS QUE SALVO EL CRITERIO DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, PORQUE HAY UNA MANIFIESTA E INDUDABLE, DILACIÓN PROCESAL POR PARTE DE LA RESPONSABLE.." (SIC) II. Derechos fundamentales transgredidos. En el escrito de demanda se señalaron como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que consideró pertinentes. III. Admisión y trámite. Por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo que quedó registrada con el número 1125/2019; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio de este Órgano Jurisdiccional, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de normas generales de actos u omisiones de autoridad); lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En consecuencia, es de señalar, que de una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 621/2009, en el que solicitó se hiciera efectiva la multa impuesta en auto de diez de enero del año en curso y se requiriera de nueva cuenta al demandado el cumplimiento del laudo, con el apercibimiento de multa por la cantidad de quinientos días de salario, para cada uno de los integrantes del cabildo del demandado y le ordene presupueste el pago del laudo en el presupuesto anual. Por otro lado, no obstante que la parte quejosa designó erróneamente como autoridad responsable para efectos del presente juicio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no a su Presidente, a pesar de ser éste el que goza de facultades para llevar a cabo la ejecución de los laudos; tal circunstancia en modo alguno impide pronunciarse sobre la cuestión planteada por el inconforme, pues cabe recordar que los presidentes de los tribunales laborales tienen doble carácter, en tanto que son integrantes de los tribunales que presiden e individualmente tienen funciones específicas encomendadas. Por ello pueden realizar actos como parte del órgano colegiado que representan, como cuando se emite un laudo, y en forma individual, precisamente cuando se dictan las resoluciones respectivas en la ejecución de tales fallos, razones por las cuales lo que conoció como integrante del tribunal respectivo, también lo conoce como presidente por tratarse de una misma persona física. De ahí que al controvertirse un acto dictado en ejecución de sentencia es atribuible exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no al órgano colegiado al que pertenece, es por lo que debe reconocérsele carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, no debe pasarse por alto que los Presidentes de los tribunales laborales tienen la obligación de rendir los informes en los juicios de amparo que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las propias juntas, por lo que ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante del órgano colegiado de que se trate, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 308 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 248 del Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, registro 915445, de rubro: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE". Por tanto, el acto del que ahora se duele el impetrante de garantías, y que se precisó en párrafos que anteceden, le corresponde exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Además, es oportuno aclarar que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal de ejecución en que se sitúa el procedimiento laboral de origen; ello, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, los actos antes destacados Al respecto, es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Página 2771, cuyo epígrafe es: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." TERCERO. Existencia y certeza del acto reclamado. Una vez fijado con claridad y precisión cuál es el acto reclamado en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En esa tesitura, se tiene que la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE GUERRERO, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, dado que refirió que el veintiocho de agosto del presente año acordó lo solicitado por el ahora quejoso (foja 17); por tanto, se desvirtúa la negativa informada y se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Sobre el particular, tiene aplicación, por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 211004, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su informe justificado, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sustenta a lo anterior la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. A fin de corroborar lo expuesto, conviene citar el contenido del artículo mencionado en el párrafo que antecede, el cual dispone textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma, por identidad de razón, la Jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En efecto, en el presente asunto opera la causal de improcedencia aludida, en virtud de que el acto que la parte quejosa hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 621/2009, en el que solicitó se hiciera efectiva la multa impuesta en auto de diez de enero del año en curso; se requiriera de nueva cuenta al demandado el cumplimiento del laudo, con el apercibimiento de multa por la cantidad de quinientos días de salario, para cada uno de los integrantes del cabildo del ayuntamiento demandado; y se integre al presupuesto anual el pago del laudo, ha desaparecido. Lo anterior es así, pues consta en la documental remitida por la autoridad responsable, previamente valorada, que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (fojas 28 y 29), dictó un proveído en el que acordó el escrito de veintidós de abril pasado; con lo que se evidencia que la omisión en que incurría ha desaparecido. En consecuencia, volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho subjetivo reclamado, por lo que, resulta obvio, como se dijo, que en la especie cesaron sus efectos y en consecuencia, es dable sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No es obstáculo para llegar a esta consideración que no se haya acordado favorable la petición de que se aperciba a cada uno de los integrantes del cabildo del ayuntamiento demandado con una multa de quinientos días de salario y le ordene que integre al presupuesto anual el pago del laudo, en virtud de que la pretensión final del aquí quejoso era que se proveyera en relación con el escrito a través del cual se formularon esas peticiones. En este punto es importante tener en consideración que este juzgador de amparo, se encuentra impedido para analizar actos que no forman parte de la Litis constitucional, como es el acuerdo que recayó a sus peticiones. Lo resuelto en este fallo no implica una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en las tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.) y 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, páginas 525 y 530, del rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Aunado a lo anterior, debe decirse que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Consideraciones de las que surgió la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página novecientos seis, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo contenido es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Lo resaltado y subrayado es propio). En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Precisión jurisprudencial. Sin que sea óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la Ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además, en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por FABIANA MORA MARTÍNEZ, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1125/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Asimismo, para que informen a este Tribunal Federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieran estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tixtla, Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda efectúese su emplazamiento por medio de oficio que se le gire en el domicilio de su residencia oficial. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y dado que quien promueve es la parte trabajadora, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las personas que para tal efecto menciona. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba de su parte la documental que exhibe con su escrito de demanda, con la cual se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con base en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por cuanto a la expedición de las copias simples de cada una de las actuaciones que se dicten en el presente sumario, dígasele a la promovente de garantías, que estas serán expedidas a su costa, previa razón que por su recibo se deje en autos. Por otro lado, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos a los autorizados, a fin de que lleven a cabo la obtención de imágenes digitalizadas de los autos que integran el presente asunto, en el entendido que el uso indebido de dichas fotografías es exclusivamente su responsabilidad. Sustenta a lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis.
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