Fabian ZùÑiga Cervantes

Expediente 203/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
203/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Fabian ZùÑiga Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimas no interpusieron recurso de revisión contra del auto de tres de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presunto asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el articulo21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la caratula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allego al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese; y, mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, tres de mayo de dos mil veintidós. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual rinde su informe justificado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, con el que se ordena dar vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad, las documentales que exhibe, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. III. Acto reclamado. Ahora, atendiendo a las constancias que obran en el juicio en que se actúa, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que consiste en: La omisión de emitir el AUTO y/o ACUERDO QUE SE RESERVAN PARA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE PRUEBAS Y SEÑALAR DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO DICHA AUDIENCIA, y en consecuencia la etapa para la celebración de la Audiencia para el desahogo de pruebas que no se ha podido llevar a cabo causando una afectación a mi persona. IV. Cesación de efectos. La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Al respecto se destaca que la cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Establecido lo anterior, en el caso que nos ocupa, de las constancias que allegó la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a su misiva, se advierte lo siguiente: Que en el procedimiento laboral ............, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, determinó admitir las pruebas que consideró pertinentes, y señaló el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, para su desahogo, y se turnó el expediente de origen al Actuario adscrito a la referida Junta, a efecto de que lleve a cabo la notificación a las partes. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones de un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Se invoca al caso la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las aludidas constancias y de lo informado por la autoridad responsable se desprende que en el caso, a la fecha, ya no existe la paralización aquí reclamada por la parte quejosa Fabián Zúñiga Cervantes, puesto que con la emisión del auto antes aludido - veintiséis de abril de dos mil veintidós -, la junta responsable admitió las pruebas que consideró pertinentes, y señaló fecha para su desahogo, dentro del procedimiento laboral .............. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, la violación atribuida a la autoridad responsable dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso al haberse pronunciado sobre la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así también, se tiene que la parte quejosa atribuyó el acto reclamado a la diversa autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y en ese contexto, se tiene que dicha autoridad negó categóricamente la existencia del acto que se le reclama, pues sostuvo que en esa Junta no se sigue expediente alguno en que el quejoso sea parte, sin que el agraviado haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." V. Sobreseimiento fuera de audiencia. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que en el caso no se está en el supuesto establecido en la jurisprudencia 1a./J. 49/2017 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO.", ya que el sobreseimiento fuera de audiencia que aquí nos ocupa fue decretado debido a que se actualizó la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que en relación a los actos que resultaron ciertos, cesaron los efectos de ese acto reclamado, mientras que la diversa autoridad expresó la inexistencia de los actos reclamados, de ahí que el presente sobreseimiento fuera de audiencia no se determinó debido a la inexistencia de los actos reclamados, sino a la actualización de la diversa causa de improcedencia apuntada. VI. Audiencia constitucional sin efectos. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese a la autoridad responsable. VII. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de abril de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; además que mediante auto de cuatro de abril de dos mil veintidós se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, misma que se encuentra en vías de notificación. II. Difiere. Por lo que a efecto de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÒS. Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cuatro de abril de dos mil veintidós. I. Informe justificado. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, provenientes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante los cuales pretende rendir el informe justificado que le fue solicitado; sin embargo, informa que dentro de sus registros no se encuentra radicado ningún expediente a nombre del quejoso Fabián Zúñiga Cervantes, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Se requiere a la parte quejosa. Ahora, de una revisión de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa refirió un expediente laboral y además, pese a que de manera destacada señaló como responsable a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; sin embargo, en sus conceptos de violación indicó la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, Por lo que, tomando en consideración lo informado por la autoridad oficiante y, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, dese vista la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento en el término concedido, únicamente se tendrá como autoridad responsable a la que señaló en el capítulo respectivo de su demanda, esto es, Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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