Fabian Vazquez Duran
Expediente 906/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fabian Vazquez Duran
- Gloria Yañez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, ténganse por recibidos los oficios que remite el Gobernador del Estado así como la Secretaría de Salud de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan que dieron cumplimiento a la medida cautelar concedida por este órgano jurisdiccional; sin embargo, agréguense únicamente como correspondan toda vez que mediante proveído de ocho del mes y año en curso, se ordenó el archivo dentro del juicio principal del que deriva el presente expediente por estar totalmente concluido. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se recibe el escrito signado por Fabián Vázquez Duran y Gloria Yáñez Aguilar, en cuanto representante legal del menor de iniciales F.V.Y., por medio del cual en atención al requerimiento formulado en autos, informan que su menor hijo F.V.Y., recibió las dosis de la vacuna contra el virus COVID-19. Atento lo anterior, téngase por hechas las manifestaciones de los representantes legales del menor quejoso en el sentido de que informan a este juzgado que el menor quejoso recibió las dosis de la vacuna contra el virus COVID-19. Ahora bien, se aprecia que el trece de octubre de dos mil veintiuno los representantes legales del menor de iniciales F.V.Y., comparecieron a esta instancia constitucional a reclamar del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades, lo siguiente: La omisión de aplicar al menor F.V.Y de trece años con siete meses) la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2. Ahora bien, mediante acuerdo de veintiséis de octubre del presente año, se tuvo a los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud de Michoacán, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, informando que señalaban las diez horas del veintisiete de octubre para que previa autorización signada por alguno de sus progenitores, le fuera aplicada la primer dosis de la vacuna contra el virus COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Establecido lo anterior, en la especie, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo, existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de aplicar al menor F.V.Y la vacuna contra la nueva variante del virus SARS-CoV-2; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haber completado su esquema de vacunación, con lo cual se restituyó al menor quejoso en el pleno goce de sus derechos, como si le hubiera concedido la protección constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos la omisión reclamada a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de cuatro de los actuales, se dio vista a las partes con el contenido de los informes justificados que rindieron las siguientes autoridades responsables: 1. Dirección General de Epidemiología; 2. Secretaría de Salud; y, 3. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Todos ellos con residencia en la Ciudad de México. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las diez horas del veintisiete de enero de dos mil veintidós, para su verificativo. Apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas con treinta minutos del seis de enero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 906/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Presidente Constitucional De Los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Titular de la subsecretaría de prevención y promoción de la salud de la secretaría de salud. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaria de Salud Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiología de la Secretaría de Salud. Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General. CIUDAD DE MÉXICO Gobernador del Estado de Michoacán. Secretario de Servicios de Salud del Estado de Michoacán. Director General de Servicios de Salud Michoacán Subdirector General de Servicios de Salud Michoacán. Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud. Coordinador Estatal Michoacán de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud. Delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Michoacán. CIUDAD Acto reclamado. 1. La omisión de aplicar la vacuna contra el virus COVID-19, de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales, a partir del treinta de agosto de dos mil veintiuno; y, 2. La omisión de inocular a la parte quejosa (menor de edad contra el virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). Segunda: Las autoridades responsables referidas en los puntos 2 y 3 al momento de rendir su informe previo manifestaron que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, del informe rendido se advierte que señalaron fecha para que le fuera aplicada dicha vacuna a la menor quejosa, por lo cual se desvirtúa dicha negativa, y se tienen como ciertos los actos reclamados. Dado que la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado; se procede a realizar el análisis pertinente a efecto de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada. Así, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, se requiere que concurran los requisitos siguientes: a) La existencia del acto reclamado; b) Que la naturaleza del mismo permita su paralización y, c) Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de la Materia. Al respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Además, de lo anterior, al proveer respecto de la medida cautelar solicitada, el juzgador deberá atender a lo siguiente: "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. Sentado lo anterior, en el caso tenemos que la medida cautelar se solicitó ante la omisión de aplicar la vacuna al menor quejoso contra el virus SARS-CoV-2 que desarrolla Covid-19, en atención al regreso a clases presenciales. Pues bien, a efecto de determinar la procedencia o improcedencia de la medida cautelar solicitada, es menester hacer pretorianamente el análisis de la apariencia del buen derecho y en caso de actualizarse ésta, seguir con el estudio del peligro en la demora y de forma simultánea la ponderación entre estos elementos y el interés social y el orden público, ya que en el caso, la parte quejosa está solicitando una medida cautelar con efectos anticipados, por ello, se impone realizar el estudio al tenor de los siguientes tópicos: 1. Análisis en el amparo indirecto, de la violación a un derecho fundamental al que reviste la naturaleza de económico, social o cultural, atendiendo a si existe una política pública que lo contemple o no. 2. Técnica de resolución establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los casos en los que se aduzca la violación a un derecho fundamental al que revista la naturaleza de económico, social o cultural, en el amparo indirecto. 3. Constatación de la apariencia del buen derecho. 4. Acreditamiento del peligro en la demora. 5. Ponderación simultánea de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, frente al orden público e interés social. Establecido lo anterior, procede pues que el suscrito verifique el análisis de esos aspectos, para determinar si en el caso las responsables están obligadas a adjudicar constitucionalmente, el derecho social aducido por la quejosa como infringido, al tenor de las siguientes consideraciones: ANÁLISIS EN EL AMPARO INDIRECTO, DE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO FUNDAMENTAL AL QUE REVISTE LA NATURALEZA DE ECONÓMICO, SOCIAL O CULTURAL, ATENDIENDO A SI EXISTE UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE LO CONTEMPLE O NO. En este apartado debe decirse en primer término, que se estima de suma importancia distinguir entre crear políticas públicas y controlar constitucionalmente las que ya están creadas. Esta fina pero trascendente diferenciación debe realizarse antes de cualquier control constitucional que pretenda realizar el operador jurídico de amparo, principalmente como deferencia a los Órganos de Poder a los que constitucionalmente se les ha otorgado la facultad de crear, dirigir y desarrollar, las políticas que en un determinado Estado de Derecho impactan y benefician a una determinada colectividad; ello, porque la solución a un problema políticamente definido como colectivo suele estar encabezada por los poderes legislativo y ejecutivo, por ser éstos nombrados popularmente y representar directamente a la sociedad en la toma de decisiones colectivas. De lo contrario, se llegaría al extremo que el juez constitucional, con el pretexto de efectuar un control constitucional, cree o reencause una política pública en cualquier materia, lo cual constitucionalmente y de acuerdo al principio de división de poderes, corresponde realizar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a través de un proceso democrático de toma de decisiones. Dicho de otro modo, lo que se busca a toda costa, es que aún en la defensa y protección de un derecho fundamental, el control constitucional y convencional que verifiquen los jueces de amparo, se realice precisamente con el apego y conforme a la legitimación que el propio texto constitucional ha establecido, en la medida que toda política pública supone la decisión tomada desde una posición de poder, que busca el mayor provecho posible para el espacio colectivo con base en métodos y conocimientos aplicados para resolver un problema público a través de estructuras sólidas y recursos económicos. Respecto a dicho tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en el amparo en revisión 566/2015, lo siguiente: "[.] El artículo 1° constitucional dispone que "[t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (énfasis añadido)". Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que "[l]os Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados" (énfasis añadido). Asimismo, los artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 1 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador", establecen que los Estados deben adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos. Ahora bien, la Observación General No. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que la expresión "progresividad efectiva", utilizada en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, se refiere al reconocimiento de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales no podrá lograrse en un breve período de tiempo. Para dicho Comité, la "progresividad efectiva" se refiere a una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes, pero tomando en consideración las dificultades que pueden presentarse, es decir, se necesita que exista la flexibilidad en un dispositivo que refleje las complicaciones que implica para cada Estado asegurar la plena efectividad de los derechos. Asimismo, la "progresividad efectiva" es entendida en esa observación general vinculándola con el objetivo principal del Pacto, que es establecer claramente las obligaciones que tienen los Estados con respecto a la plena efectividad de los derechos. De esta manera, el Comité impone una obligación de proceder lo más eficazmente posible para lograr ese objetivo. Así, una vez satisfecho el núcleo esencial, los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno goce de los derechos sociales no se puede alcanzar inmediatamente, sino de manera progresiva. De esta manera, los órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en el entendido de que no le es exigible al Estado la satisfacción plena del derecho de manera inmediata, ya que, como se mencionó anteriormente, ese alcance debe realizarse progresivamente, lo cual desde luego no significa que el Estado no tenga ninguna obligación. El deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque alcanzar la plena realización del derecho social. Por lo demás, esta metodología ha sido utilizada en el derecho comparado por otros tribunales para determinar si se vulneran las obligaciones de progresividad derivadas de los derechos sociales. Así por ejemplo, la Corte Constitucional de Sudáfrica, en los casos Sooramoney, Grootbom, TAC y Khosa, analizó si ciertas medidas resultaban violatorias de derechos sociales evaluando la razonabilidad de las mismas. Al respecto, cabe aclarar que la evaluación de la razonabilidad de la medida a la luz del principio de progresividad sólo se debe hacer una vez que el Estado haya satisfecho el núcleo esencial del derecho social, en los términos precisados en el apartado anterior. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta que si bien los jueces pueden evaluar la razonabilidad de una medida, son las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales. Por tanto, al analizar la razonabilidad de la medida los tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades. De acuerdo con lo expuesto, esta Primera Sala considera que la omisión de concluir el proyecto de la "Ciudad de las Artes" no vulnera la obligación de progresividad en la satisfacción del derecho porque en el caso concreto existe una política pública razonable sobre el acceso de las personas a distintos bienes e infraestructuras culturales. En efecto, el Gobierno del Estado de Nayarit concluyó la primera etapa de dicho proyecto, en la que se construyó un espacio propicio para exponer pintura y escultura y donde además se imparten talleres de pintura, oratoria y escultura; un espacio adecuado para practicar algunas disciplinas deportivas; así como un auditorio y un cine al aire libre para que los vecinos del municipio de Tepic tuvieran acceso a bienes y servicios culturales. En consecuencia, resulta evidente que el Estado sí tiene una política pública mediante la cual razonablemente se busca alcanzar progresivamente la plena realización del derecho a la cultura. Por lo demás, no hay que perder de vista que en el artículo décimo del decreto mediante el cual se autorizó al Ejecutivo a desincorporar y vender el terreno donde se realizaría la segunda etapa del proyecto, se manifestó que "[c]on el producto de la venta del bien inmueble descrito en el presente decreto, se destinará recurso económico a la Universidad Autónoma de Nayarit para cubrir por concepto de subsidios de anteriores ejercicios fiscales." Por tanto, se puede inferir que la decisión de las autoridades responsables de omitir finalizar el proyecto también es razonable, ya que destinar los recursos de la venta a una universidad pública, abonará a satisfacer al derecho a la educación, lo cual es una decisión de política pública razonable". Del texto transcrito se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó, para en lo que este apartado nos interesa, que el deber de progresividad en relación con la satisfacción del contenido de los derechos sociales implica que tiene que existir una política pública razonable para alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión y que son las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles con las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derecho sociales, por lo que los tribunales al analizar la razonabilidad de la medida deben ser deferentes con dichas autoridades. Bajo las anteriores consideraciones, este juzgador no encuentra impedimento en el análisis de la pretensión de la parte quejosa -para que se incluya en la política de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México, al menor quejoso-, en la medida que, en el caso se trata de evaluar la razonabilidad de una medida adoptada en una política pública ya existente denominada "Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México. Documento rector." Por tanto, en deferencia al Poder Ejecutivo, resta señalar en este apartado que, en el caso sujeto a estudio, la posterior evaluación que se realice respecto de la razonabilidad de la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención del COVID-19 en México, no implica la creación de políticas públicas, porque dicha facultad es ajena a las conferidas constitucionalmente al Poder Judicial de la Federación. Da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 78/2009 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Materia(s): Constitucional, Página: 1540, Registro: 166964, que dice: "DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno de los poderes no constituye una separación absoluta y determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva la facultad propia.". TÉCNICA DE RESOLUCIÓN ESTABLECIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LOS CASOS EN LOS QUE SE ADUZCA LA VIOLACIÓN A UN DERECHO FUNDAMENTAL AL QUE REVISTA LA NATURALEZA DE ECONÓMICO, SOCIAL O CULTURAL, EN EL AMPARO INDIRECTO. En este apartado corresponde determinar la técnica de resolución establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los casos en los que se aduzca la violación a un derecho fundamental al que revista la naturaleza de económico, social o cultural, en el amparo indirecto, como en el caso, el derecho a la salud y a la protección del mismo. Sobre el tema, es necesario nuevamente traer a colación lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 566/2015, en el cual se estableció la "estrategia para adjudicar derechos sociales". Para hacerlo, por principio debe decirse que en el amparo en revisión 566/2015, los quejosos alegaban que la omisión de terminar el proyecto de la "Ciudad de las Artes" violaba su derecho a la cultura, toda vez que dicha omisión les impedía acceder a bienes culturales aunado a que era regresiva porque en el Estado de Nayarit había menos bienes culturales. Para responder dicho argumento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la siguiente estrategia o metodología de adjudicación constitucional, esto es, estudió: "(i) el contenido del derecho a la cultura protegido en el parámetro de regularidad constitucional; (ii) el deber de proteger el núcleo esencial del derecho a la cultura; (iii) el deber de realizar progresivamente la plena realización de dicho derecho; (iv) el deber de no tomar injustificadamente medidas regresivas; y (v) si se violó el derecho de los quejosos a acceder a bienes y servicios culturales". Como se ve, tratándose de casos en los que se aduzca la violación a derechos económicos, sociales y culturales, como en el caso, la estrategia para determinar si es procedente adjudicar constitucionalmente, debe establecer los siguientes aspectos: (I) el contenido del derecho a la salud protegido en el parámetro de regularidad constitucional; (II) el deber de proteger el núcleo esencial del derecho a la salud; (III) el deber de realizar progresivamente la plena realización de dicho derecho; (IV) el deber de no tomar injustificadamente medidas regresivas; y (V) Si se violó el derecho de la quejosa a acceder a bienes y servicios económicos, sociales y culturales. Pese a ello, en el caso no debe perderse de vista que se trata de un estudio suspensional y no de fondo; por tanto, a efecto de no dejar sin materia el juicio en lo principal y respetar los lineamientos establecidos en esa ejecutoria, el suscrito considera que para efectos suspensionales, basta determinar: 1. Si el contenido del derecho a la salud que alega la parte quejosa está protegido en el parámetro de regularidad constitucional y; 2. Si la pretensión a la que aspira mediante la promoción de este juicio de amparo, esto es, que se le aplique al menor quejoso la vacuna contra el covid-19, forma parte del núcleo esencial del derecho a la salud. Al respecto, sobre el planteamiento establecido en el arábigo 1, debe decirse en primer término que el derecho a la salud, así como a su protección, se encuentra previsto constitucionalmente en el artículo 4°, cuarto y noveno párrafo, que disponen: "(.) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. (.)" "(.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez (.)" Convencionalmente, se dota de contenido al derecho a la salud, en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y en la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3 y 24, que disponen: "(.) Artículo 19. Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.(.)" "(.) Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.(.)" "(..) Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. (.)" "(.) Artículo 24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. (.)" Por lo que toca al planteamiento establecido en el arábigo 2, para determinar si la pretensión a la que se aspira mediante la promoción de este juicio de amparo, esto es, que se le aplique al menor quejoso la vacuna contra el covid-19, forma parte del núcleo esencial del derecho a la salud, debe señalarse por principio que debemos entender por núcleo esencial. Doctrinalmente, podemos señalar en términos sencillos, que el núcleo esencial de un derecho fundamental es aquella parte, centro, garantía o elemento mínimo, que no puede ser afectado en forma alguna para hacer a un derecho reconocible o bien, lo podemos definir también, como el límite inabordable que todo derecho debe tener para garantizar su efectivo ejercicio. Dicho de otra forma, es la parte mínima del derecho que nos permite determinar si aquello que se nos presenta como un derecho fundamental sigue siendo reconocible como tal, a la luz de su significado constitucional. En cambio, jurisdiccionalmente, en vía de control constitucional, nuestro máximo tribunal determinó también en el amparo en revisión 566/2015, que: "[.] El deber de proteger el núcleo esencial de los derechos sociales ha sido claramente reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En efecto, en su Observación General No. 3 sostuvo que "corresponde a cada Estado Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos", de tal manera que "[s]i el Pacto se ha de interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de ser." En la misma línea, en la Observación General No. 21 sobre el derecho a la cultura, también dicho comité también argumentó que existe un núcleo esencial del derecho a la cultura. En sentido similar, esta Suprema Corte ha sostenido que los derechos sociales tienen un núcleo esencial que debe ser protegido por el Estado. Al resolver el amparo en revisión 323/2014, en el que se reclamaron diversas omisiones en relación con la distribución y aplicación efectiva del gasto público educativo, esta Primera Sala señaló que el derecho a la educación tiene un núcleo que debe ser protegido por el Estado. En el amparo en revisión 750/2015, en el que se reclamó la omisión por parte del Gobierno de Michoacán de continuar transfiriendo recursos a la ********** y, consecuentemente el cobro de cuotas de inscripción; esta Primera Sala estableció que el derecho a la educación tiene un contenido mínimo que debe ser protegido absolutamente, aunque ese mínimo puede ser ampliado. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha reconocido la noción de un núcleo esencial de los derechos sociales. Así, en el amparo en revisión 378/2014, un grupo de pacientes del INER reclamaron la omisión de ejecutar el proyecto denominado "Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para Pacientes con VIH/Sida y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea", también conocido como "pabellón 13", así como la omisión de autorizar la transferencia de los recursos suficientes para tal fin. En dicha sentencia se determinó que corresponde al Estado una obligación mínima de asegurar por lo menos, la satisfacción de niveles esenciales de cada uno de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual manera, en el amparo en revisión 1219/2015, en el que el recurrente argumentó que el Estado tiene la obligación de proveer a todos los estudiantes del Sistema Educativo Nacional de una alimentación nutritiva y suficiente, la Segunda Sala señaló que el gobierno debe cumplir con ciertos elementos mínimos que permitan, en la medida de lo posible, que las personas puedan ejercer los derechos humanos, toda vez que "para poder determinar los elementos mínimos necesarios para exigir un derecho fundamental, es necesario buscar e identificar lo que se ha denominado: el núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales", es decir, "aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos." De lo anterior se puede desprender que esta Suprema Corte ha sostenido que los derechos sociales atribuyen un deber incondicional de proteger su núcleo esencial. Así, dichos derechos imponen un deber de resultado, es decir, el Estado mexicano tiene un deber de garantizar de manera inmediata la protección del núcleo esencial de los derechos sociales. Esta obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a los derechos sociales que no sólo impiden que las personas puedan gozar de otros derechos sino que atacan directamente su dignidad. Así, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, en el caso de la Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay que "las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna (énfasis añadido)". En dicho precedente, se explicó que el hecho de que "el Estado no había garantizado el derecho de los miembros de la Comunidad Yakye Axa a la propiedad comunitaria [.] ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de enfermedades. (énfasis añadido)" En la misma línea, en el caso Comunidad indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, la Corte Interamericana declaró que el Estado no le había otorgado a la comunidad las prestaciones básicas para proteger su dignidad, ya que sus gestiones no habían alcanzado para proveer a los miembros de la Comunidad de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual los expone a riesgos y enfermedades. De igual forma, la Corte estableció que el Estado no había mejorado las necesidades nutricionales de los integrantes de la Comunidad y no había realizado acciones positivas para garantizar el acceso a establecimientos de salud, cuestiones que también violan el derecho a una vida digna. En el caso de los Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, la Corte Interamericana argumentó que "las necesidades de protección de los más débiles -como los niños en la calle- requieren en definitiva una interpretación del derecho a la vida de modo que comprenda las condiciones mínimas de una vida digna" (énfasis añadido), aclarando que cuando los Estados violan los derechos de personas o niños en situación de riesgo, están cometiendo una doble agresión, toda vez que, por un lado, el Estado no está evitando que vivan en la miseria, por lo que los privan de tener unas mínimas condiciones de vida digna y, por otra parte, están atentando contra su integridad y hasta contra su propia vida. Finalmente, también es oportuno destacar que varios tribunales constitucionales también han reconocido que en materia de derechos sociales se debe garantizar un mínimo vital que impida que una vulneración a esos derechos afecte la dignidad de las personas, entre los que cabría citar a la Corte Constitucional Colombiana y al Tribunal Constitucional Federal Alemán. Así, esta Primera Sala entiende que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando una afectación a éstos afecta la dignidad de las personas. De esta manera, los tribunales caso por caso deberán valorar si una afectación a un derecho social es tan grave que puede afectar la dignidad de las personas y si ese fuera el caso, deberán declarar que se viola el núcleo esencial del derecho y ordenar la inmediata protección del mismo.[.]". De lo transcrito se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se viola el núcleo esencial de los derechos sociales cuando una afectación a éstos daña la dignidad de las personas. Por lo que -señaló- los tribunales caso por caso deben valorar si una afectación a un derecho social es tan grave que puede afectar la dignidad de las personas y si ese fuera el caso, deberán declarar que se viola el número esencial del derecho y ordenar la inmediata protección del mismo. Asimismo, adujo que existe una distinción entre los distintos niveles de protección de los derechos sociales: "(i) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de una vulneración; (ii) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho; y (iii) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas" Dicho lo anterior, debemos decir que el Pleno de la Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. La dignidad humana se concreta en términos básicos, en el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. Conforme a lo anterior, en el caso es posible afirmar que la omisión de las responsables de incluir al menor quejoso en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, afecta el núcleo esencial del derecho a la salud de la peticionaria del amparo. Lo anterior, de acuerdo a los estudios y opiniones realizados por la comunidad médica internacional, que apuntan a que algunas de las vacunas ya aprobadas, resultaron extraordinariamente eficaces y seguras para la población infantil y por ello, la American Academy of Pediatrics exhorto a los adolescentes y adultos a vacunarse contra el COVID-19, tan pronto como puedan. Sobre todo, a raíz de los aumentos de casos causados por la variante Delta del virus, la cual, según los datos clínicos, ha resultado más contagiosa, se propaga a una velocidad alarmante e infecta a más niños. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, estableció que en la actualidad, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE) de la OMS ha llegado a la conclusión de que la vacuna de Pfizer/BioNTech es apropiada para personas de 12 años en adelante; que por ello, esa vacuna se puede ofrecer a los niños de 12 a 15 años que corren un mayor riesgo de contraer una forma grave de COVID-19, junto con otros grupos prioritarios en la vacunación. Expuesto el anterior contexto, a juicio del suscrito, la omisión de incluir al menor quejoso en la estrategia de vacunación, supone una infracción al núcleo esencial de su derecho a la salud, en la medida que como se dijo anteriormente, la falta de inoculación, la hace más susceptible a la infección de la Covid-19, en la variante Delta, que como se ha dicho, tiene una alta transmisibilidad y en últimos días ha demostrado afectar también de forma grave a los menores de edad. Sobre todo, porque la vacunación solicitada reduce ampliamente el riesgo de que de éste cause síntomas y tenga consecuencias para la salud de la parte quejosa; además, porque los objetivos de la vacunación contra la COVID-19 están orientados a: 1) prevenir la muerte; 2) evitar la hospitalización; y 3) reducir la transmisión del virus. Aunado a lo anterior, la vacunación infantil toma relevancia si se considera que en el contexto actual tanto nacional como internacional, en últimas fechas, se han reportado con mayor frecuencia en notas periodísticas casos clínicos de covid-19 que involucra a menores y que incluso, han reportado su muerte, con motivo de la variante delta: Bajo ese orden, si la vacunación solicitada por el menor quejoso, tiene como propósito principal evitar la posibilidad de contraer la enfermedad y reducir al mínimo, los riesgos de hospitalización y muerte con motivo de dicho padecimiento; es incuestionable que, la omisión de las responsables de incluirla en el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, afecta el núcleo esencial de su derecho a la salud. CONSTATACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Con relación a la apariencia del buen derecho, un asomo provisional a la constitucionalidad de los actos reclamados, nos permite afirmar que en el caso se actualiza la misma, en atención a que como ya se dijo, en el sistema jurídico mexicano se constata la existencia de un marco constitucional y convencional, que disponen la obligación del Estado Mexicano, de: Proteger el derecho a la salud de todos los niños; Cumplir con la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Cumplir la obligación de satisfacer el derecho a la salud de los niños y las niñas; Cumplir la obligación de adoptar las medidas pertinentes para reducir mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; y, Cumplir la obligación de adoptar las medidas pertinentes para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas. ACREDITAMIENTO DEL PELIGRO EN LA DEMORA. Por lo que hace al peligro en la demora, la aplicación de dicho biológico se hace apremiante porque como ya quedó asentado: La infección de la Covid-19, en la variante Delta, tiene una alta transmisibilidad y en últimos días ha demostrado afectar también de forma grave a los menores; La vacunación solicitada reduce ampliamente el riesgo de que de que el virus cause síntomas y tenga consecuencias para la salud del quejoso, tales como su hospitalización y muerte; y, Porque en el contexto actual tanto nacional como internacional, en últimas fechas, se han reportado con mayor frecuencia en notas periodísticas casos clínicos de covid-19 que involucra a menores y que incluso, han reportado su muerte, con motivo de la variante delta. Adicional a los aspectos vitales antes mencionados, porque la Secretaría de Educación Pública, en el boletín 179, ha dejado abierta la posibilidad que las instituciones educativas inicien en el ciclo escolar 2021-2022, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en un sistema opcional que contempla la impartición de clases en forma presencial. PONDERACIÓN SIMULTÁNEA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, FRENTE AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. Por último, con relación a los aspectos de no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, se considera que en el caso el decretamiento de la medida cautelar solicitada por los accionantes del amparo, no sigue perjuicio al interés social, en la medida que de concederse la suspensión no se evidencía que se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive un provecho concreto y generalizado, y menos aún que se obstaculice la satisfacción de una necesidad pública. De la misma forma, tampoco se contravienen disposiciones de orden público, ya que el efecto para el que se está concediendo, no afecta derechos de la colectividad, ni propicia un mal público y tampoco impide la satisfacción de una necesidad pública. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la tesis consultable en la página 185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, volumen 72, Sexta Parte, registro: 254979, de título: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN. No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad.". Así como la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial del Federación, Séptima Época, Tribunales Colegiados del Primer Circuito, volumen 72, Sexta Parte, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro: 254980, de rubro: "SUSPENSIÓN. PRUEBA DEL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL. Si bien el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la suspensión se decretará cuando, entre otros requisitos, se satisfaga el de que no se siga perjuicio al interés social, debe estimarse que si ese perjuicio no es evidente y manifiesto, las autoridades deben aportar al ánimo del juzgador los elementos de prueba y datos necesarios para acreditar que el otorgamiento de la suspensión sí lesionaría al interés público, pues de lo contrario, indebidamente se arrojaría sobre la parte quejosa la carga de la prueba de un hecho negativo.". EFECTOS Dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 129, 131, 138, 139 y 147, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina conceder la suspensión definitiva para el efecto que las autoridades responsables, dentro del ámbito de sus competencias, lleven a cabo las medidas necesarias para que se aplique a favor del menor quejoso Fabián Vázquez Yáñez, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-coV2, prevención del COVID-19 en México y se le aplique la segunda dosis de la vacuna que conforme a las autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponda por su rango de edad. En el entendido que, lo determinado en esta suspensión no desconoce la facultad de las responsables, para que en el caso que así lo consideren, determinen discrecionalmente, tomando en cuenta las condiciones específicas de salud, de edad y físicas de la parte quejosa, si es candidato a la aplicación de algún biológico en específico de acuerdo al tipo y a la farmacéutica que lo distribuye, así como a la modalidad y dosis en su aplicación. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Único. Se concede a Fabián Vázquez Yáñez, la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable precisada en la consideración primera de esta interlocutoria, en virtud de lo precisado en la diversa consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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