Fabian Sebastian Chable Maay
Expediente 331/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fabian Sebastian Chable Maay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1852-V, del Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas que en dos tomos adjuntó a su informe de ley correspondientes a los expedientes 781/2017-V y 228/2017 de su índice.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Asimismo, devuélvase al Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, dos anexos consistentes en copias certificadas de los expedientes 781/2017-V y 228/2017 de su índice, mismos que remitió como justificación a su informe de ley, asimismo, se le solicita acuse recibo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos al escrito de Gerardo de J. Barredo Alcocer, Defensor Público Federal del hoy quejoso, y en atención a lo que solicita, expídanse a su costa copias simples de las constancias que señala y entréguensele por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a estos autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, del que se advierte que el siete de mayo de la presente anualidad, la responsable llevó a cabo la audiencia relativa al incidente no especificado SD228/2017 y sus acumulados SD 493/2018 y SD 494/2018 promovido por la Defensa Pública Federal a favor del aquí quejoso. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo consistió en la omisión por parte de la autoridad de no dictar sentencia interlocutoria en el expediente SN228/2017 para el efecto de si se le otorgaba el beneficio de libertad preparatoria. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión por parte de la autoridad de dictar sentencia interlocutoria dentro del expediente SN 228/2017 de su índice para el efecto de si se otorgaba al hoy quejoso el beneficio de libertad preparatoria previsto en los numerales 540, 541, 542 y 543 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con los diversos 84, 85 y 87 del Código Penal Federal. Sin embargo, como se mencionó, del oficio de cuenta suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, se desprende que el siete de mayo de dos mil dieciocho, la responsable emitió resolución el incidente no especificado SD 228/2017 y sus acumulados SD 493/2018 y SD 494/2018 promovido por la defensa pública federal del aquí quejoso en la cual se advierte de sus puntos resolutivos lo siguiente: PRIMERO. Es procedente, pero infundado el incidente no especificado para acceder a los beneficios de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional, en su modalidad de semilibertad, planteado a favor del sentenciado FABIÁN SEBASTIÁN CHABLÉ MAAY, respecto de la pena privativa de libertad impuesta en la causa penal 50/2013 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, por los motivos y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de esta resolución. SEGUNDO. Es procedente y fundado el beneficio de la libertad anticipada en favor de FABIÁN SEBASTIÁN CHABLÉ MAAY; sin embargo, por el momento no es posible declarar extinta la pena impuesta en el proceso judicial 50/2013 del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida y, ordenar su inmediata libertad, por los motivos expuestos en la parte final del considerando CUARTO. Documental que por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Juez responsable, emitió la resolución correspondiente solicitada, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de emitir la resolución interlocutoria respecto al beneficio de la libertad preparatoria del hoy quejoso, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado de la resolución correspondiente al incidente no especificado relativo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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