Fabian Ruiz García

Expediente 220/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
220/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Fabian Ruiz García

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de abril de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar el legajo de pruebas señalado como Tomo I, el cual fue formado con las constancias remitidas por las responsables; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio presentados por el secretario de Acuerdos y Proyectos adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y su actuario notificador, con residencia en esta ciudad. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Del análisis integral de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado al tribunal responsable y a su actuario notificador, consiste en: 1. La fecha señalada para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos dentro del juicio de origen 429/2021. 2. La omisión de realizar la notificación a las partes de la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos. Ahora bien, del contenido del oficio que se atiende, que al tener la característica de documentos públicos se les confiere eficacia probatoria plena, en mérito de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme lo establece el artículo 2, se advierte que se debe sobreseer en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". Del precepto legal transcrito se infiere que no es posible entrar al estudio de constitucionalidad del acto reclamado, cuando en el procedimiento de donde emana se genera un cambio de situación jurídica por virtud del cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio de amparo sin afectar la nueva situación jurídica. Esto es, la referida causa de improcedencia se produce, por regla general, cuando concurren los siguientes supuestos: I. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. II. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emita una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. III. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. IV. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.". Ahora bien, dicha causa de improcedencia se actualiza en la especie, toda vez que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el que se señalaron las doce horas del diecisiete de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, ello en el expediente laboral 429/2021, del índice del tribunal responsable, cuya existencia se corrobora con la copia certificada del acuerdo en comento, allegado por la autoridad responsable, al rendir su informe justificado. Asimismo, del oficio y anexo de cuenta, se conoce que mediante audiencia de diez de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por celebrada la audiencia en su etapa de pruebas y alegatos, de igual manera, se advierte la comparecencia de las partes al momento de celebrarla. Ahora bien, respecto al acto reclamado atribuido al actuario notificado -omisión de notificar a las partes de la fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos-, ha fenecido de igual manera, ya que tal omisión fue consumada, toda vez que del oficio de cuenta que se atiende, las partes acudieron a la celebración de la audiencia. Conforme a ello, es claro que convergen los supuestos establecidos en los puntos referidos con anterioridad, esto es, porque los actos reclamados de referencia emanan de un procedimiento judicial en materia de trabajo. Asimismo, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se emitió una actuación que cambió la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud de los actos que reclamó en el amparo. Así, no podría decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por tanto, dada la determinación que antecede y en aras de favorecer la pronta impartición de justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, con el fin de no retrasar el procedimiento del juicio de origen y el expediente en que se actúa, se estima innecesario celebrar la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos y el actuario notificador del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, así como para los efectos legales a que hubiere lugar. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Legajo de prueba. Debido a la voluminosidad de las documentales anexas al informe de cuenta, se ordena formar por separado un legajo de pruebas que se identificará como Tomo I. Digitalización de constancias. Ahora bien, de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, hágasele del conocimiento de las partes que el cuaderno de pruebas que se ordenó formar en párrafos precedentes, no resulta procedente su digitalización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes dada su voluminosidad, por lo que quedan a su disposición en el expediente impreso en el local de este juzgado, a fin de que se impongan de su contenido. Vista. En consecuencia, se ordena dar vista a las partes para el uso de su derecho y hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Fabián Ruiz García, contra el acto atribuido al magistrado Instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, y otra autoridad responsable. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con treinta y dos minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se les reclaman, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Se reserva proveer respecto a la existencia de terceros interesados, hasta en tanto obren en autos los informes justificados. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Téngase proporcionando correo electrónico y número telefónico a la parte quejosa, para establecer el contacto pertinente en caso de que este juzgado lo crea necesario. 12. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión, por no haberse solicitado. 13. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 14. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y presuncional; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. 15. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza los usuarios AlonsoHernandez y JESUSCONTRERAS, para consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones por la referida vía. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En este apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento que realiza la parte promovente, en el sentido de proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el usuario de referencia, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo del dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 16. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 17. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 18. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 19. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 20. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 21. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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